POLITICA
El Vaticano reunirá a sindicatos, empresas y movimientos populares en una nueva cumbre con León XIV
A casi 12 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el Vaticano será sede del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur, que reunirá en Roma a representantes sindicales, empresariales, eclesiales, comunitarios y de organismos internacionales. El papa León XIV recibirá a los participantes en una audiencia privada el 12 de septiembre, en el Palacio Apostólico.
La reunión se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre en la Casa Generalizia de La Salle, sobre la Vía Aurelia 476. La convocatoria propone una agenda de cooperación entre actores del Norte y el Sur del continente americano, con debates sobre inteligencia artificial, empleo, cuidados, adicciones, transición energética y protección de los territorios.
La delegación argentina contará, entre otros dirigentes, con el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo. También participará Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el grupo de los trabajadores.
Las “tres T” del papa Francisco
El nuevo encuentro se inscribe en una línea de diálogo que el papa Francisco inició el 28 de octubre de 2014, cuando recibió en el Aula del Sínodo a referentes de movimientos populares de los cinco continentes. Aquella cita puso en el centro la consigna de las tres T: tierra, techo y trabajo. Para Francisco esa no era una consigna más.
• Tierra: el acceso a un territorio para vivir y producir, con especial atención a campesinos, pueblos originarios y comunidades afectadas por el despojo o la degradación ambiental.
• Techo: el derecho a una vivienda digna y a condiciones adecuadas de hábitat, servicios e integración urbana.
• Trabajo: empleo con salario justo, derechos laborales y protección social, como vía para sostener a las familias y participar plenamente en la vida comunitaria.
En septiembre de 2024, durante la conmemoración por el décimo aniversario de ese primer encuentro, Francisco definió esos principios como “derechos sagrados” y sostuvo que los sectores populares tenían un papel central en la construcción comunitaria y en la demanda de justicia social.
El pontífice argentino vinculó esa agenda con la desigualdad, la precarización laboral, el acceso a la vivienda, el endeudamiento, los efectos de la tecnología y la crisis ambiental. También pidió a los movimientos que actuaran dentro de la no violencia y que sostuvieran formas de organización capaces de responder a las necesidades de sus comunidades.
La conmemoración de 2024 incluyó un simposio promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Allí participaron referentes sociales y eclesiales que repasaron el recorrido iniciado una década antes.
La continuidad de esa agenda quedó expuesta en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se realizó en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera reunión mundial de esas organizaciones con León XIV, luego de la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025.
En la audiencia del 23 de octubre, León XIV afirmó que eligió su nombre en referencia a la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, —la encíclica se publicó el 15 de mayo de 1891, su título en latín significa “De las cosas nuevas”— y propuso analizar las “cosas nuevas” desde las periferias. Ante los participantes, sostuvo que la tierra, el techo y el trabajo eran derechos por los cuales “vale la pena luchar”.
El Papa también expresó su respaldo a las organizaciones de base y señaló que su tarea no se limita al reclamo, sino que incluye respuestas concretas ante la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda y la exclusión. “Estoy dentro, estoy con ustedes”, manifestó ante representantes de distintos continentes.
La declaración final de aquel V Encuentro reclamó el respeto de los derechos vinculados con las tres T y planteó demandas sobre trabajo digno, justicia ecológica, derechos de los migrantes, igualdad de género, paz y soberanía sobre los bienes comunes. El documento también advirtió sobre el impacto de los conflictos armados, la desigualdad económica, la precariedad laboral y la degradación ambiental.
El IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti reunirá a centrales sindicales como la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la AFL-CIO, el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la UTEP.
También asistirán representantes de organizaciones empresariales, entre ellas la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas (Uniapac).
La lista incluye a la OIT, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), redes eclesiales, universidades, fundaciones y empresas como Microsoft.
Los organizadores, entre ellos la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el CELAM, la USCCB y la OEI, buscarán presentar acuerdos y acciones en seis áreas. La agenda contempla inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética con protección de los territorios.
El papa León XIV plantea que la inteligencia artificial debe estar subordinada a la persona, la dignidad humana y el bien común. Sus principales conceptos son los siguientes:
• La inteligencia artificial es una herramienta, no un reemplazo de las personas. Puede colaborar con tareas complejas y aportar beneficios sociales, pero no debe reducir, sustituir ni despojar a las personas de su identidad, sus libertades fundamentales o su trabajo.
• La tecnología no equivale a inteligencia ni a sabiduría. El acceso a enormes volúmenes de datos no reemplaza la capacidad humana de discernir, buscar la verdad, establecer vínculos y dar sentido a la vida.
• La evaluación debe ser integral. León XIV sostiene que el impacto de la inteligencia artificial debe medirse según el desarrollo integral de la persona y de la sociedad: bienestar material, intelectual y espiritual, junto con el respeto por la diversidad cultural de los pueblos.
• La decisión moral no puede automatizarse. Los sistemas pueden simular razonamientos y tomar decisiones técnicas, pero no poseen conciencia, discernimiento ético ni capacidad de construir relaciones auténticas.
• Hace falta regulación local y global. El Pontífice reclama marcos de gobernanza que superen los criterios de utilidad, velocidad o eficiencia, y que se basen en la dignidad inherente y las libertades fundamentales de cada persona.
• Advierte sobre la desigualdad y la concentración de poder. La inteligencia artificial puede favorecer la igualdad, pero también puede utilizarse para beneficios particulares, concentración de riqueza, conflictos y agresiones. La pregunta central es quién controla la tecnología y con qué fines.
• Manifiesta preocupación por niños y jóvenes. León XIV alertó sobre las posibles consecuencias de estas herramientas en el desarrollo intelectual y neurológico de las nuevas generaciones. Considera que deben ayudar a la maduración y a la responsabilidad, no obstaculizarlas.
• Vincula la inteligencia artificial con una nueva revolución industrial. En sus primeras intervenciones como Papa, la ubicó entre los desafíos contemporáneos para la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo, en una referencia directa a la tradición social inaugurada por Rerum Novarum.
La encíclica Rerum Novarum es considerada como uno de los textos fundacionales de la doctrina social de la Iglesia. Abordó las consecuencias de la industrialización sobre los trabajadores, como los bajos salarios, las jornadas extensas, la precariedad y la falta de protección social.
En este texto, León XIII defendió varios principios: el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones o sindicatos; el derecho a un salario justo; la protección de las familias trabajadoras; la propiedad privada, junto con su función social; la responsabilidad del Estado de proteger a los sectores más vulnerables; y la necesidad de cooperación entre trabajadores y empleadores para evitar los conflictos sociales.
La audiencia del 12 de septiembre cerrará tres días de reuniones en Roma, donde la agenda social de los movimientos populares coincidirá con representantes del trabajo organizado, el sector privado, organismos multilaterales y la Iglesia.
El encuentro tendrá una conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre, a las 13 horas, en la Sala Stampa de la Santa Sede. Estarán el cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM); la presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Liz Shuler; el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), monseñor Daniel Flores; el cardenal Leonardo Steiner y monseñor Reginaldo Andrietta.
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POLITICA
Incomodidad y silencio en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros
Silencio, incomodidad y preocupación. Así reaccionó el gobierno de Javier Milei al fallo de la Corte Suprema que ayer quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al reponer la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo en los primeros días de la gestión libertaria y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado.
“Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda”, contestaron a desde un importante despacho oficial. Las fuentes advirtieron que, como efecto colateral, el fallo de la Corte “pone en riesgo el DNU” que incluía la derogación de la ley que limitaba la venta de tierras rurales, pero también un amplio abanico de temas, que van desde la nueva ley de alquileres, la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga y las privatizaciones de empresas públicas.
El riesgo, reconocieron en Balcarce 50, es concreto. El Senado, con una composición muy diferente a la actual, rechazó el decreto de Milei (ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger) el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente, ya que la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo. A partir del reciente fallo de la Corte, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del decreto “ya mismo”, y agregó: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamosen el recinto y que se vea quién es quién”, afirmó la legisladora de izquierda en su cuenta de X. Bregman, como otros diputados opositores, ya trabaja en alternativas para forzar una sesión especial e intentar voltear el DNU.
Según pudo saber , desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, ya comenzaron los contactos con los aliados de centro (Pro y gobernadores) para contrarrestar esos intentos. Cerca de Menem aclararon que “el fallo de la Corte es a favor del Gobierno” y evitaron referencias sobre el “timming” de los miembros del tribunal para expresarse sobre la ley de tierras.
“No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro”, afirmó otra voz del oficialismo, lejana al ala política que encabeza Karina Milei y que tiene a Martín y Eduardo “Lule” Menem como ejecutores principales.
La Corte desestimó ayer una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del decreto, que derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. “La Corte dice que la Asociación de Ex Combatientes no tiene legitimación para cuestionar el DNU como lo hace. Y que tampoco hay un caso judicial en curso, como una compra que haya generado un daño”, argumentaron fuentes judiciales con conocimiento del fallo.
Desde el oficialismo de la Cámara baja destacaron el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo al DNU completo. López se alejó hace un tiempo de sus laderos de la CC, “Si eso ocurre [por el rechazo al DNU], el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas. Es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”, advirtió el exlegislador. Un argumento que el Gobierno ya utiliza en el diálogo con partidos y mandatarios afines, mientras el Presidente desembarca en París con el objetivo de captar inversores y escenificar el apoyo de 13 gobernadores aliados.
El Gobierno había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Subido a la oalista y malvinera postmundial de fútbol, y sin consenso suficiente, el oficialismo debió modificar por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente. Ahora, en una posición incómoda, Menem se dispone a utilizar esa norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23, considerado vital para la Casa Rosada.
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POLITICA
Con diferencias entre LLA y la oposición, Diputados debate el proyecto que amplía las sanciones por explotación de recursos en Malvinas
En medio del viaje del Presidente Javier Milei a París, la Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
La estrategia del oficialismo es tener dos encuentros con invitados y, posteriormente, al finalizar la segunda reunión plenaria, programada para el 6 de octubre, firmar los dictámenes correspondientes, y llevarlos al recinto al otro día. La Libertad Avanza trabaja para convocar a una sesión especial para el 7 de octubre con una agenda que incluya el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
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“El tratamiento tendrá todo el tiempo que la importancia del tema lo requiera. Hay un consenso amplio en determinadas partes y en otras no tanto. La reunión informativa y la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo será de mucha utilidad para ir acercando posiciones”, señaló el salteño Carlos Zapata.
El titular de la estratégica comisión de Defensa confirmó la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional a partir del mediodía en el debate y estará abierto a escuchar propuestas de la oposición sobre otros invitados, siempre que sean para hablar sobre el tema del proyecto que está en tratamiento.
Puntos centrales
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.
Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
Contrapuntos con aliados
La iniciativa que aún no comenzó su tratamiento ya anticipa una fuerte discusión con sectores aliados como los desarrollistas del MID. El diputado Eduardo Falcone hizo referencia a algunos puntos del proyecto vinculados con cambios a las leyes de seguridad Interior o de Inteligencia y sus alcances a partir de los límites que marca la propia Constitución Nacional que “indica que los actos de guerra o las represalias militares pueden ser decididos solamente por el presidente, y con autorización del Congreso Nacional. El texto actual no contempla ninguna autorización del Congreso, ni para hundir un barco ni para derribar un avión hostil. Lo decidiría el presidente, quien puede delegar ese acto militar en el ministro de defensa, sin intervención del Congreso Nacional”.
El diputado oriundo de Chivilcoy tuvo un cruce por las redes sociales con el asesor presidencial Santiago Caputo sobre el rol que debe tener el Congreso nacional. Caputo le señaló al diputado que: “Creo que lo estás pensando solo limitado a la invasión de una aeronave o buque oficial de un Estado. En ese marco podría entenderse cierta competencia del Congreso debido a que la potestad de declarar la guerra (contra otro Estado) es del Congreso. Pero esto no es eso. Estamos hablando de “vectores” que en 99.99% son civiles. Salvo que estemos discutiendo la hipótesis de si es legítimo declarar la guerra a un agente no estatal en cuyo caso me encontrarás a favor y anti-en contra”.
El PJ por las banderas que flamearon en Malvinas
A 60 años del Operativo Cóndor, el diputado peronista Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks encabezaron este lunes en la Cámara de Diputados un acto homenaje a los 18 jóvenes argentinos que el 28 de septiembre de 1966 desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas e hicieron flamear allí la bandera argentina.
Valdés destacó la vigencia histórica y política de aquella acción y reivindicó la necesidad de mantener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. “Frente a tanto malvinero trucho que aparecen en estos días, homenajear a estos 18 patriotas es un orgullo y renovamos el compromiso de ¡Patria sí, colonia no! Nosotros denostamos a Thatcher y a Pinochet, las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
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Participaron del homenaje los excancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y los exministros Kelly Olmos y Nicolás Trotta.
El Operativo Cóndor fue llevado adelante el 28 de septiembre de 1966 por 18 jóvenes encabezados por Dardo Cabo. El grupo desvió hacia las Islas Malvinas un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Gallegos y, una vez en las islas, desplegó siete banderas argentinas y rebautizó Puerto Stanley como Puerto Rivero. A seis décadas de aquella acción, el homenaje en el Congreso buscó recuperar la memoria de sus protagonistas y reafirmar la continuidad del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Malvinas Argentinas, debate, Javier Milei
POLITICA
Sorpresivo ataque de Malena Galmarini contra Martín Guzmán tras sus críticas a Milei: “¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“
La senadora provincial Malena Galmarini cuestionó duramente al exministro de Economía de la Nación Martín Guzmán luego de que criticara las declaraciones en las que el presidente Javier Milei, entre otras cosas, reivindicó el modelo económico de Arabia Saudita con respecto al petróleo.
“Es genial que un señor que se fue un fin de semana por Twitter (ahora X) ahora quiera explicar qué hay que hacer. Dos años después de gestión y no sabía que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) era del Estado. No sabía que él mismo enviaba el dinero para las obras. Dejen de venderse. Dejen de darle aire. ¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“, escribió la funcionaria en su cuenta de la red social.
Este miércoles por la mañana, Guzmán respondió a las acusaciones de la senadora de la Provincia de Buenos Aires. “Ay, Malena Galmarini, el país cada día más dañado por un Presidente al que algunos ayudaron a que ocupe la Casa Rosada y usted en esta. Es obvio que lo que dice de AySA es una mentira bastante patética”, consideró.
Y sumó: “Como es obvio que es más importante que nos dediquemos a frenar la barbarie de un Gobierno que está destruyendo el tejido productivo de una gran parte de nuestra sociedad. Prefiero ocuparme de eso y ayudar a construir un programa económico para el 2027″.
Guzmán —antecesor de Sergio Massa en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández— se había referido a los dichos de Milei durante una entrevista con LN+. “Si yo le hablo de Arabia Saudita, se piensa en petróleo, intensivo en capital. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en Arabia Saudita? Diez millones. ¿Y cuántos hay en el sector petrolero? 200 mil”, introdujo el mandatario y agregó: “Cuando se toma esa actividad, se generan los empleos de esa actividad y los de los que son los insumos. Pero hay una parte que se está omitiendo y que es la más importante de todas, que es los empleos que genera la riqueza”.
“Cuando usted tiene más plata en el bolsillo la va a gastar en otro lado, o la va a ahorrar y va a generar inversión en otro lado. Por eso es emblemático el caso de Arabia Saudita. Derrama, porque hay diez millones de puestos de trabajo, es un barril de petróleo gigante”, destacó Milei.
Al ser consultado al respecto durante una entrevista en Cenital, Guzmán consideró que el análisis del jefe de Estado “no tiene ningún sentido”. “No sabe de lo que está hablando, no estudió el caso. En Arabia Saudita, en el año 2018, el actual príncipe, quien gobierna el país, convocó a los grandes ricos en un hotel millonario. Esas reuniones en las que no podés decir que no… Quedaron detenidos hasta que entregaron la plata. Les sacó la riqueza y les dejó un poco; hizo una redistribución de riqueza brutal para invertir en obras públicas”, explicó Guzmán sobre la situación en el país de Medio Oriente.
“(Milei) habla de una cosa que no tiene idea en Arabia Saudita. La transformación económica que busca dar ahí con métodos que fueron esos, no tiene ningún sentido”, ratificó.
Este comentario fue el que despertó la bronca de Galmarini. Minutos más tarde, a la defensa del exfuncionario se sumó Guillermo Hang, secretario de Comercio Interior durante la gestión de Guzmán al frente de Economía. “Pareciera que Malena Galmarini no entendió la explicación y que su odio personal se impone”, escribió en respuesta al posteo de la esposa de Massa.
“Es mentira lo que dice de AySA, era imposible no saber que era del Estado Nacional porque en el primer mes de gestión ya nos estaba llamando al Ministerio de Economía (MECON) para pedir plata”, acusó. En ese momento, el organismo nacional era dirigido por Galmarini.
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