El juez Ariel Lijo rechazó este lunes el pedido de la defensa de Diego Spagnuolo para suspender el peritaje de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida, destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones que dieron origen a la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos, avanzará pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.

La causa investiga presuntas irregularidades en ANDIS, donde Spagnuolo está procesado como jefe de una asociación ilícita. La defensa había solicitado la nulidad de la convocatoria al peritaje por entender que la orden “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”.

Sus abogados sostuvieron que obligar a Spagnuolo a entregar una muestra de voz lo convertiría en “objeto de prueba” sin su consentimiento y que las grabaciones presentan dudas técnicas, posibles ediciones y eventuales manipulaciones con inteligencia artificial.

En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN. Recordó además que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.

“Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, sostuvo el juez.

Como alternativa, el fiscal Franco Picardi propuso utilizar como material a peritar las grabaciones de cuatro entrevistas recientes del imputado en medios como Neura, La Nación +, Border y El Observador.

El ida y vuelta con el peritaje

“Los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, dijo oportunamente a TN el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro. Además, agregó que “más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.

Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.

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El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.

La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.

Diego Spagnuolo, Agencia Nacional de Discapacidad, Justicia

Hernán Cappiello,Conforme a

La legisladora Bárbara Rossen presentó este lunes un proyecto de ley para integrar al barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex Villa 1-11-14, a la estructura de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los sectores populares más importantes que hay en el territorio porteño y buscarán mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Esta iniciativa nació después de un trabajo que llevaron a cabo vecinos e instituciones barriales junto con la parroquia Madre del Pueblo, que a través de su párroco Martín Durán Christian logró enviar el proyecto a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y fue impulsada por Rossen.

En diálogo con Infobae, el párroco señaló que “es una deuda histórica del barrio” y que en esta oportunidad se llevaron a cabo reuniones con los vecinos para tener sugerencias que se puedan aplicar a esta iniciativa. “El mismo proyecto que estaba formulado, se le fueron haciendo algunos cambios”, aclaró.

Un detalle no menor es que esta zona está comprendida por la ex Villa 1-11-14 y otros sectores que lo transformaron en uno de los barrios de emergencia más grandes que hay en la ciudad. Es más, según un censo de 2018 realizado por el gobierno porteño, viven más de 12 mil familias en apenas 4 mil viviendas. Sin embargo, el párroco de la Iglesia Madre del Pueblo señaló que en la actualidad manejan cifras superiores: “Tenemos que actualizar los datos a través de otras fuentes de información”.

El barrio comprende la zona que está delimitada por las avenidas Varela, límite del Club Daom, Coronel Esteban Bonorino, Riestra, Presidente Torres y Tenorio, las calles José Barros Pazos, Agustín de Vedia, Coronel Martiniano Chilavert, deslinde entre la parcela 20 y la Fracción A con la Fracción 34 c de la Manzana 2T Sección 44 y las avenidas Gral. Francisco Fernández de la Cruz y Perito Moreno.

El nombre del padre Rodolfo Ricciardelli no es menor, ya que se trata de un cura que misionó entre los más pobres de esa zona desde el año 1968 y luego fue designado párroco de la iglesia “Santa María Madre del Pueblo”, la primera fundada en una villa de emergencia por Monseñor Jorge Vernazza.

Justamente, Durán Christian explicó que decidieron presentarlo este 13 de julio, ya que es la fecha en la que falleció el cura. Se trató de un clérigo que eligió esa comunidad para vivir y se comprometió con sus causas reivindicativas de dignidad y justicia desde el 1 de abril de 1999, cuando por entonces integraba el Equipo Pastoral en las villas de emergencia. Junto a Vernazza y un grupo que los ayudaba, formaron la cooperativa de viviendas “Madre del Pueblo” con la que asistieron a la construcción de varios barrios en el gran Buenos Aires, posibilitando el acceso a una vivienda digna a muchas familias.

Cuando murió, el entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio —después Papa Francisco— presidió la misa exequial. El féretro fue trasladado a pie hasta el cementerio y sus amigos, compañeros y vecinos el 13 de julio de 2010 lo exhumaron para depositarlo en el templo desde donde realizó su servicio pastoral.

Según pudo saber este medio, la intención es realizar un plan de integración socio-urbana con la creación de viviendas nuevas, mejorar las casas que ya están construidas y fortalecer la infraestructura como los equipamientos.

Así, el desarrollo del proyecto estaría a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y serían los encargados de hacer un diagnóstico, diseñar y llevar a cabo las obras de infraestructura básica como agua, luz, cloacas y pluviales. Para llevarlo adelante se conformarán una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat y una Mesa de Gestión Participativa (MGP), dos órganos fundamentales que funcionarán en el barrio para que cada obra y norma urbanística se decida de manera consensuada.

“Construir vivienda es una obligación del Estado y un derecho constitucional para todos los habitantes de la Ciudad. Las soluciones sostenibles tienen que incluir a todos y para eso hay que tener en cuenta las distintas necesidades”, aseguró la legisladora Rossen.

En tanto, durante su discurso en la última sesión en la Legislatura porteña, sostuvo: “No hay política de vivienda. Construir viviendas es obligación del Estado y es un derecho constitucional. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la política? ¿Qué están pensando hacer para resolver la situación angustiante de los inquilinos? No alcanza con empapelar una ciudad de cielo que somos la ciudad más linda del mundo. Tenemos que ser una ciudad más justa del mundo y estamos cada vez más lejos“.

El proyecto establece que las obras de infraestructura deberán planificarse con un horizonte de veinte años, contemplando estudios demográficos y proyecciones poblacionales. La iniciativa prohíbe expresamente los desalojos forzosos y establece que cualquier relocalización debe ser adecuada y consensuada. Además, fija un cupo mínimo del 30% de trabajadores y trabajadoras residentes del barrio para las obras que se emprendan, como mecanismo de promoción del empleo local.

En materia de soluciones habitacionales, la iniciativa define que toda solución será única y definitiva, y deberá cumplir condiciones mínimas: servicios de infraestructura sanitaria y eléctrica en funcionamiento, dimensiones acordes a la cantidad de ocupantes, condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, y tenencia segura del inmueble. Las modalidades contempladas incluyen la adjudicación de viviendas nuevas dentro o en las inmediaciones del barrio, el mejoramiento de la vivienda existente, créditos para la compra fuera del barrio y permutas entre titulares de derecho. La normativa excluye expresamente la locación o las transferencias monetarias como soluciones válidas, salvo en el caso específico de los créditos de compra.

El proyecto incorpora también criterios ambientales: todas las obras del Proyecto Integral de Reurbanización (PIRU) deberán contar con el Certificado de Aptitud Ambiental conforme a la Ley N° 123 de la Ciudad. Asimismo, promueve la futura vinculación del barrio con la estación fluvial del Riachuelo a través de las avenidas Bonorino y Varela, como parte de las estrategias de integración urbana y turística de la zona, una vez que las condiciones ambientales del curso de agua lo permitan. El IVC quedará obligado a remitir un informe anual a la Legislatura sobre el avance del proceso, con rendiciones de cuentas trimestrales en el marco de la MGP.

Para determinar quiénes serán los beneficiarios del proceso, la autoridad de aplicación deberá cruzar la información del censo de 2018 con el Registro de Inquilinos No Censados y datos provenientes de organismos educativos, centros de salud, programas sociales y otras bases de datos públicas vinculadas a la residencia efectiva en el barrio. El IVC tendrá derecho de preferencia en caso de que algún grupo familiar exprese su voluntad de vender la vivienda adjudicada, y deberá destinar las unidades adquiridas a familias del barrio registradas.