La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en el Senado al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, referente de la seccional Gran Buenos Aires Oeste del tren Sarmiento. El encuentro estuvo centrado en los cuestionamientos sobre el estado de la red y las condiciones de seguridad del servicio, en medio de las crecientes advertencias de los trabajadores y organismos de control al Gobierno sobre el deterioro del sistema.

“La recepción fue muy buena. Me pareció que quedó muy preocupada con el estado de los trenes”, manifestó Sobrero a la salida del Congreso, donde valoró que la presidenta del Senado le concediera el encuentro al margen del antagonismo ideológico: “Esto no es una cuestión de diferencias políticas ni nada de eso, es querer evitar volver a tener una masacre como la de Once”, advirtió.

El sindicalista de la rama combativa añadió: “La reunión se extendió mucho más de lo que pensábamos, casi dos horas, porque también estuvimos planteando el tema del interior. El año pasado tuvimos 435 descarrilamientos”.

La audiencia buscó dejar un mensaje político, en el cual la vicepresidenta y el referente del ala dura de los ferroviarios —y antagónico tanto de las conducciones gremiales tradicionales como del gobierno de Javier Milei— coincidieron en la necesidad de dejar de lado las diferencias frente a la situación del sector. “Es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones en sectores productivos que requieren un estado eficiente de la red ferroviaria”, apuntaron desde el entorno de Villarruel.

En la presidencia del Senado argumentaron que “la vicepresidente recibió a un representante del sector ferroviario porque entiende que se trata de un área clave para la productividad y la logística del país”, y argumentaron que “en los últimos años hubo cientos de descarrilamientos y la conexión entre poblaciones hace a la construcción de la soberanía nacional”, por lo cual “las diferencias ideológicas no están por encima de los intereses del país”.

También con el PJ

Sobrero, por otro lado, se reunió con un grupo de senadores justicialistas encabezados por José Mayans, quienes le prometieron apalancar en la próxima sesión un pedido de informes sobre los fondos correspondientes a los trenes.

El sindicalista ratificó su intención de concretar una reunión con Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta. “Ya se la pedí, pero todavía no me la dio. Y espero que me la de porque quiero hablar con ella también”, marcó e indicó que continuará con las reuniones en el Senado junto a otros espacios en medio de lo que denuncia como una “situación límite”.

Según un reciente documento elaborado por la seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria, la línea Sarmiento atraviesa un proceso de deterioro marcado por la falta de mantenimiento, infraestructura obsoleta y la pérdida de personal especializado, una combinación que, advierte, incrementa el riesgo de un accidente grave. El informe sostiene que la declaración de la emergencia ferroviaria no se tradujo en obras ni en mejoras sustanciales, al asegurar que “la realidad en la vía es contundente: no ha ingresado un solo peso para obras o mantenimiento”.

El documento señala que aún permanecen en servicio cambios de vías de entre 60 y 70 años de antigüedad, rieles electrificados instalados en 1921, cableados y armarios eléctricos obsoletos, fusileras de 600 voltios sin protección y otros componentes cuya renovación se considera “de extrema urgencia”.

El diagnóstico se suma a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en un duro informe sobre la línea San Martín, que alertó sobre un aumento del 72% de los accidentes ferroviarios en 2024 respecto del año anterior y un incremento del 400% de los choques, semichoques y descarrilamientos por causas técnicas.

La AGN también advirtió que el presupuesto destinado al mantenimiento cubrió apenas el 43% de las necesidades en 2023 y el 29% en 2024. Ese escenario tuvo como antecedente el choque de dos formaciones ocurrido en mayo de 2024, a pocos metros de la estación Palermo, que dejó 60 pasajeros heridos y llevó al Gobierno nacional a declarar la señala emergencia ferroviaria.

“Lo primero que hay que hacer es cumplir con el decreto de 1200 millones de pesos que tendrían que venir al ferrocarril para pagar la deuda que tenemos, de 400 millones de dólares, y, aparte de eso, empezar a hacer todas las obras de seguridad que no se están haciendo, producto de que a los ferrocarriles no les está pagando a nadie”, dijo Sobrero, que acusó al Gobierno por “la desidia en la red ferroviaria” y de “no poner la plata que plantearon”.

Este miércoles, la reunión del dirigente ferroviario con el bloque de senadores justicialistas tuvo lugar cerca del mediodía, poco más de una hora antes que la de Villarruel, aunque cobró impulso una vez que ya había trascendido el encuentro con la vicepresidenta que —según Sobrero— fue la primera en atender su solicitud. Allí, además de Mayans, estuvieron el chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich y el bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro.

“Nos expresó su preocupación por la situación de los trenes, en el que miles de personas viajan muy mal todos los días, sobre la falta de inversión directa, el peligro de no tener prácticamente en condiciones las vías. Tienen que reducir prácticamente la velocidad del viaje. Nos comentó que hay trenes que ahora hacen en una hora y media, lo que hacían en 30 minutos, y que hay gente que se disgusta generalmente con el personal, lo que llega a agresiones inclusive”, comentó Mayans.

La jefatura de Gabinete envió al Congreso un “informe de avance” del presupuesto para el año próximo.

Sin cifras específicas, el informe ratifica que la política económica seguirá orientada al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la continuidad del superávit de las cuentas públicas.

El documento, al cual tuvo acceso , también anticipa que se priorizarán proyectos de inversión ya iniciados y aquellos vinculados con la generación de empleo, las exportaciones, la energía, el desarrollo tecnológico y el financiamiento externo.

El proyecto definitivo, con los cálculos por áreas, se enviará en septiembre. El informe aparece entonces como una “carta de intención” sobre las políticas conómicas.

Asimismo, informa que entre enero y mayo de 2026 la Administración Nacional registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,7 billones.

En paralelo, el Gobierno también remitió al Congreso la Cuenta de Inversión 2025, que constituye la rendición anual de la ejecución presupuestaria.

El mensaje detalla la administración de los recursos y gastos del Estado durante el ejercicio 2025, desarrollado bajo la prórroga del Presupuesto 2023 y su distribución mediante la Decisión Administrativa 3/2025.

Además, destaca avances en la modernización de los sistemas de presupuesto, tesorería y administración financiera, la digitalización de procesos, la simplificación de estructuras programáticas y la continuidad de herramientas de seguimiento de la ejecución física y financiera de las políticas públicas.