En el tramo final del Mundial de Fútbol 2026 en el que Argentina defenderá el título ante la selección española, avanza la causa judicial que vincula a la financiera Sur Finanzas con la AFA y genera novedades en el abultado expediente a cargo del juez federal Luis Armella, que impulsa la fiscal Cecilia Incardona.

En las últimas horas volvió a ser indagado Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, esta vez en representación del “Fideicomiso Reconstrucción Banfileña”; como ya hizo en su primera declaración indagatoria, negó todo tipo de responsabilidad en los delitos que se le imputan, entre otros, integrar una red ilegal junto al responsable de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo—amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia— para lavar activos en el fútbol criollo.

En la causa sólo falta tomar declaración indagatoria a Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del Club Atlético Banfield durante los años que se cometieron los presuntos delitos que se investigan.

Después del acto procesal defensivo, previsto para el 5 de agosto, la fiscal estará en condiciones de emitir su dictamen sobre los imputados y el magistrado estará en condiciones de evaluarlo y de dictar los procesamientos o falta de mérito de los imputados.

La defensa de Spinosa

La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte, mediante la cual se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes de fútbol y se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio, bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.

Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.

El eje del planteo defensivo de Spinosa es que la fiscalía tomó “piezas sueltas de una operatoria compleja y las reconstruyó como si pertenecieran a un esquema simple, lineal y clandestino”, cuando la realidad que surge de la propia documentación acompañada es radicalmente distinta.

La defensa identifica cuatro bloques de negocios cuestionados —el contrato con Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, dos mutuos con Sur Finanzas Group S.A. y una operatoria de sponsoreo con sociedades del mismo grupo— y los analiza uno por uno para demostrar que cada uno tuvo existencia real, respaldo documental e inserción institucional dentro de la vida orgánica del club.

Para los abogados del imputado, Diego María Olmedo y Hernán Guaita, la acusación que pesa sobre el ex presidente de Banfield no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la fiscalía no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club.

El escrito concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.

El descargo también cita el acuerdo de rescisión y reconocimiento de deuda de septiembre de 2024 (Anexo T), que vuelve a dejar constancia de la constitución del fideicomiso en 2012, su aprobación en 2013 y sus sucesivas renovaciones. La defensa concluye que “la utilización del fideicomiso no oscurece el circuito; lo explica. No lo aparta de la institucionalidad; lo inserta en ella. Y no revela clandestinidad; revela que el Club operaba a través de una herramienta creada, debatida, aprobada y sostenida durante años”.

La defensa también cuestiona la lógica fiscal que extiende a Banfield la ilicitud atribuida al grupo Sur Finanzas y a su titular, Maximiliano Ariel Vallejo: “una cosa es la hipótesis penal construida respecto de Vallejo y de las sociedades de su entorno, y otra distinta es la valoración concreta de cada operación celebrada con terceros” sostiene.

Otro de los ejes que la defensa intentó desmontar es la operatoria de sponsoreo con sociedades del universo Sur Finanzas, que la fiscalía presentó como una cobertura formal para justificar flujos económicos sin causa real.

Spinosa presentó documentación en la que se acreditaría la existencia de una oferta de sponsoreo emitida por Sur Finanzas Group S.A. el 12 de diciembre de 2022, documentación cartular con canjes de cheques, facturación y previsión de prestaciones publicitarias concretas.

Más allá del análisis operación por operación, el descargo construye un argumento jurídico-penal de fondo: la imputación no individualiza ninguna conducta personal de Spinosa. “La imputación no logra mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales que regían la celebración y ejecución de estas operaciones”, sostiene el escrito.

La defensa apunta que la acusación proyecta sobre el ex directivo del club deportivo ubicado en la zona sur del Conurbano Bonaerense una sospecha derivada, esencialmente, de la posición institucional que ocupaba. Pero afirma que “el derecho penal de acto exige individualizar conductas personales concretas y no permite suplir esa exigencia con inferencias asentadas, de modo meramente reflejo, en el cargo ocupado o en la firma de instrumentos que aparecen incorporados al circuito formal del Club”. Ese déficit, señala el escrito, “constituye, precisamente, una de las debilidades estructurales más evidentes de la imputación formulada”.

Incompatibilidad entre acusación y documentación

El descargo dedica un capítulo entero a demostrar que la hipótesis acusatoria choca de frente con la prueba documental del propio expediente. “La acusación no niega la existencia de los documentos; lo que hace es prescindir de su verdadero contenido. Y ese es, precisamente, su defecto más grave”.

La defensa señala que el expediente contiene “contratos, anexos, actas, certificaciones notariales, facturas, cheques, balances, aprobaciones asamblearias y constancias bancarias”, y que sobre esa base “la valoración penal no puede edificarse sobre intuiciones, sospechas globales o extrapolaciones tomadas de otros contextos”.

La conclusión que la defensa extrae de ese análisis es que “cuanto más se observan los instrumentos, las aprobaciones, las certificaciones, los movimientos y la secuencia institucional de los actos, menos plausible resulta la idea de una acción dolosa y clandestina”. Y agrega que el derecho penal “no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos”.

Ahora será el turno de la valoración del juzgado y la fiscalía para después resolver sobre su situación procesal.

La causa se originó en mayo de 2024. Gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a empresarios vinculados con la pareja de la exfuncionaria Marta Soneira. Se trata de la exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco. La mujer también fue procesada.

La decisión del juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, alcanzó también a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira señalado como beneficiario indirecto de la operación. El procesamiento también se extendió a empresarios ligados con Cian: Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón.

El magistrado rechazó las acusaciones por lavado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Carbajal, exdiputado nacional de la UCR, avanzó en la denuncia que presentó en mayo de 2024 el actual gobernador Leandro Zdero a través de Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales. En el expediente interviene el fiscal Carlos Amad, que fue quien solicitó las medidas.

Lo que está bajo la lupa de la Justicia es la adjudicación supuestamente irregular de tierras fiscales. Se trata de cuatro campos rurales en el Departamento Almirante Brown, con una superficie total de 3.635 hectáreas.

El detalle es que dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone. Además, una de 623 hectáreas y otra de 512 hectáreas fueron entregadas a Pochón.

Los tres empresarios mantendrían relaciones comerciales con Cian. El vínculo se daría a través de empresas dedicadas a la producción agropecuaria. El magistrado entendió, a su vez, que Soneira debería haberse apartado del proceso debido al nexo de su pareja con los otros implicados.

Las sospechas de la investigación se centran en la posible existencia de informes de inspección idénticos elaborados el mismo día. También se analizan traslados y extravíos de documentación institucional clave. Además, existirían presuntos beneficios otorgados a empresas vinculadas con Cian, incluyendo subsidios y exenciones impositivas.

Capitanich está en foco dado que, como gobernador, firmó los decretos que avalaron las adjudicaciones.

“Utilizan la Justicia como herramienta de persecución”

Tras la decisión de la Justicia Federal, el exmandatario chaqueño salió al cruce. “Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado”, anticipó.

“Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”, señaló. Como razón para esto, puntualizó: “La adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad”. Luego, cuestionó el accionar de la Justicia Federal al remarcar: “Y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos”.

“Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional”, mencionó. Estas instancias intermedias son las encargadas de “verificar la legalidad de cada acto”. La normativa chaqueña exige que, al ser lotes de más de 300 has, debe haber un decreto rubricado por el gobernador.

“Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente”, consignó.

Capitanich destacó: “Durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra”. Esa acción pública “permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia”, resaltó.

“Resulta incongruente, inconsistente y temerario – razonó – pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución”, alegó.

Por último, expresó: “Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretendan criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.

“¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa”, remató.

Después de los cambios en el Gabinete, Patricia Bullrich dejó a un lado las discusiones internas, dio un giro y se puso espalda con espalda con los Milei. Eligió un enemigo en común, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que terminó de ubicarse como opositora. Y en la Casa Rosada, conformes con el repliegue, le devolvieron el gesto.

Los chats de ayer de la (autodenominada) “socia” de PRO contra Victoria Villarruel y el mensaje nocturno responsabilizando a la vice por la postergación del debate sobre el polémico proyecto de propiedad privada en el Senado fueron muestras de la estrategia de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta de volver a sintonizar con la dupla presidencial.

En el entorno de Bullrich, lejos de hacer un mea culpa por la forzada dilación, dijeron que el oficialismo fracasó por un combo de razones, entre las cuales descartaron cualquier error de cálculo propio y apuntaron principalmente a Villarruel. Según dijeron, por sus “fuertes operaciones” para que no hubiera quórum (cosa que finalmente se consiguió, y por eso se pudieron votar los pliegos de jueces).

Karina Milei acaba de empoderar a Diego Santilli, que se transformó en el principal interlocutor con los aliados amarillos, además de Cristian Ritondo en Diputados. Y dio varias señales de que planea intervenir de manera personal o por medio de alfileres propios en el Congreso, como se vio con las convocatorias de los diputados y senadores violetas en Balcarce 50 o la visita de la hermana presidencial a la Cámara baja, fotos mediante.

Bullrich, apuntan en el planeta libertario, corre riesgo de quedarse sin lugar en el oficialismo mientras juega a plantarse frente a los Milei y analiza pros y contras de sus posibles destinos políticos. Uno de ellos es ser candidata a vice en la búsqueda de la reelección, pero si los Milei ya no confían en ella, puede llegar a costarle que le aseguren ese puesto. Un lugar por el cual hay otros competidores como, dicen aunque ellos lo nieguen, Martín Menem o Sandra Pettovello.

La caída de la sesión no sólo fue un fracaso para el Gobierno sino que se festejó como un triunfo en el kirchnerismo y el PJ, que salieron a apropiarse de la derrota oficialista. Y los festejos en el campamento enemigo generaron una oleada de ira en el oficialismo. Aún así, en la Casa Rosada evitaron cualquier tipo de cuestionamiento en contra de Bullrich. “Podría haber sido peor”, se limitó a decir un funcionario anoche, sobre la sesión. En el karinismo se cuidaron de criticarla, pero no la defendieron. Mientras que en el sector de Santiago Caputo se comprometieron un poco más: dijeron que “por supuesto” no la culpaban, sino a Villarruel.

Por la noche, en la Bolsa de Comercio, Milei habló del traspié senatorial por encima y sin referencias puntuales: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”, dijo vagamente, en aparente referencia a la oposición.

No es extraño ni nuevo que elijan cuidarla. En la etapa de los cruces por Adorni, Karina se dejó cuestionar por Bullrich sin tomar represalias, en una actitud muy ajena a sus tajantes costumbres políticas. A pesar del malestar con sus desmarques, como es ya box populi, los Milei sostienen el vínculo con Bullrich cueste lo que cueste mientras necesitan de su respaldo como líder del sector “republicano” de los votantes, en especial, y seguir para sumar adhesiones en las próximas elecciones.

Usar a Villarruel como chivo expiatorio de los traspiés en el Senado es un clásico de La Libertad Avanza. De hecho, así lo hicieron en cada tropiezo: desde el financiamiento a las universidades hasta los pliegos de jueces hasta los vetos presidenciales fueron colocados en los hombros de la vice. Que, sin dudas, terminó de transformarse en un miembro más de la oposición.

Cerca de Bullrich también se defendieron con otros argumentos: la escasez de senadores propios y el faltazo de dos soldados de LLA. “Se prefirió pasarlo para estar más tranquilos”, dijeron en el bloque violeta, para bajarle el dramatismo a la derrota.

Y pasaron una cuota de la factura a uno de los principales autores del proyecto de reforma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Tendremos más tiempo para seguir analizando las dudas. Es real también que había dividendos de Sturzenegger con algún tema”, deslizaron.

Cerca de Villarruel se defendieron y aseguraron que Bullrich filtró el diálogo sobre la postergación de la deuda para “quedar bien con la Rosada” porque, según aseguraron, perdió manejo sobre el bloque. “Le tienen controlado el bloque desde el Ejecutivo, si hasta van los funcionarios a la sesión”, dijeron. Se referían a la presencia de Ignacio Devitt en los palcos del recinto, ayer, mientras los senadores debatían los pliegos de los jueces.

“Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, dijo la Vicepresidenta en X ayer por la tarde. Pero no negó el contenido de la conversación que circuló durante la jornada.

De fondo está la discusión sobre el futuro de Bullrich. En la Casa Rosada le prometen la vicepresidencia, pero ella no está segura de querer ese lugar. Tampoco se decide por la Ciudad, mientras Karina Milei sopesa la posibilidad de generar un acuerdo, o no, con Jorge Macri.

Por lo pronto, la secretaria general gestó un encuentro con legisladores porteños propios en la Casa Rosada para hablar de la agenda de CABA, donde deslizó fuertes críticas contra la gestión. Bullrich no fue de la partida.