Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada por disimular sus diferencias con la Iglesia en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, la relación entre el gobierno de Javier Milei y los prelados sigue sumando focos de tensión. En las últimas horas, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reiteró su preocupación por la eliminación de los límites a la venta de tierras a extranjeros y reclamó velar por “la defensa del territorio”.

Fue después de que la Corte Suprema de Justicia restituyera la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, del inicio del Gobierno, que contemplaba esa liberalización.

A través de un comunicado, la Iglesia apeló a la “responsabilidad” de legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades de la Justicia para que velen “por la defensa de la tierra y el cuidado de la Nación”. De inmediato, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se hizo eco del pronunciamiento y lo difundió a través de sus redes sociales.

Las autoridades eclesiásticas recordaron que en junio pasado habían manifestado su inquietud sobre el avance del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso. La iniciativa apalancada por la gestión de Milei incluía una reforma a la ley de tierras.

En ese momento, el área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y Cáritas Argentina habían difundido una carta con duros cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo. Dijeron que el proyecto atentaba contra la soberanía territorial y alimentaria, los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos, advirtiendo que la tierra no debe tratarse como “una mercancía” o “un simple recurso económico”.

El documento fundamentó su posición en la Doctrina Social de la Iglesia –incluyó citas del Papa León (Magnifica Humanitas), San Juan Pablo II y Francisco (Laudato Si’)- para recordar el principio del destino universal de los bienes y destacar el valor cultural e identitario que la tierra posee para las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, las organizaciones firmantes pidieron facilitar el acceso a la vivienda y advirtieron sobre la necesidad de consensuar marcos jurídicos equilibrados para los alquileres.

En ese marco, la Iglesia exhortó a los legisladores a guiar el debate priorizando el bien común, la justicia social y los derechos de las futuras generaciones por encima de intereses particulares o financieros.

Finalmente, a principios de agosto, el oficialismo debió retirar el capítulo de la extranjerización de tierras de la ley de propiedad privada, al constatar que era imposible sumar los votos necesarios para aprobar ese punto.

Otros focos de tensión

En los últimos días, el Gobierno enfrentó duras críticas de las autoridades de la Iglesia. El viernes pasado, en medio de los preparativos para la visita de León XIV, que llegará al país el 8 de noviembre próximo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que el Sumo Pontífice se encontrará con una Argentina “en crisis”, dividida por “la grieta” y en “donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

García Cuerva también dijo que “hay un porcentaje alto de pobres” y lamentó que en el país “no haya oportunidades”.

El mensaje del arzobispo renovó las tensiones entre la Iglesia y la gestión de Milei. Fue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y hombre cercano a Luis Caputo, quien salió a cuestionar los dichos de García Cuerva. “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió en redes sociales.

El titular del Palacio de Hacienda le dio retuit al mensaje de Núñez, pese a que en la cúpula del Gobierno afirman que no quieren confrontar con los obispos cuando falta un mes para la llegada de León XIV a la Argentina.

El domingo, después de la multitudinaria peregrinación a Luján, García Cuerva llamó a dejar de lado la violencia y la indiferencia.

“Queremos curar los vínculos entre nosotros. Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran y parece que están infectando el corazón del pueblo”, consideró el arzobispo porteño en su discurso frente a los asistentes de la 52ª edición de la tradicional caminata de 60 kilómetros.

En el último tiempo, los obispos han cuestionado los recortes de fondos en discapacidad, han blanqueado su preocupación por la situación de los morosos o reclamado por el proyecto de ley que regula las apuestas online.

Ayer, integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina presentaron un documento con inquietudes y propuestas ante funcionarios del Ministerio de Salud frente a la crisis en discapacidad. A sabiendas de que el Papa recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas, el Ejecutivo aceptó armar una mesa de diálogo con los obispos para discutir las problemáticas en el área.

El Gobierno procura disimular el malestar con la Iglesia. Por caso, hoy el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la gestión económica de Milei y evitó polemizar con García Cuerva. Dijo que al Presidente tampoco le gusta “la foto” sobre la situación social en el país y que es un “humillante” que la Argentina haya un 32% de pobreza, lo que vinculó a la política económica de las últimas décadas.

“Recibimos una Argentina donde más del 50% de la gente estaba debajo de la línea de pobreza. Gracias a la gestión de este gobierno sacamos a mucha gente de la pobreza”, apuntó Ravier.

El vocero dijo que en la administración de Milei están convencidos de que la mejor manera de reducir los índices de pobreza es cuidando el equilibrio fiscal, desregulando la economía y combatiendo la inflación.

“Estamos a mitad de camino y vamos a seguir sacando a gente de la pobreza”, agregó.

Con un ojo en la Corte Suprema, ante la posibilidad de que el máximo tribunal vuelva a expedirse sobre la Ley de Tierras, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados evalúa incluir un capítulo o una resolución que limite la venta a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora debe tratar la Cámara baja.

La maniobra parlamentaria, encabezada por Martín Menem, busca desactivar a toda costa la megasesión que la oposición convocó para el jueves 15 de octubre, en la que no solo se propone avanzar contra el DNU 70/23, sino también prorrogar la emergencia en discapacidad y llevar al recinto una respuesta a la creciente morosidad y el endeudamiento familiar.

Según pudo saber de fuentes parlamentarias, representantes del bloque libertario se reunieron esta mañana para comenzar a darle forma a la iniciativa, si bien no es la única que barajan para desandar la embestida opositora.

Si bien el oficialismo se jacta de que los bloques críticos no cuentan con los números para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, aumenta la presión de gobernadores y aliados para que el Gobierno avance con una alternativa que restablezca los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Todo ello convive con la reciente decisión de la Corte Suprema de convocar a dos conjueces para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras. En particular, la ONG ambientalista había presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del megadecreto de Javier Milei, que derogó la norma y, con ella, los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Tal como publicó , la Cámara Federal de La Plata consideró el planteo conexo a la causa iniciada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que perseguía el mismo objetivo.

Sin embargo, la asociación instó al máximo tribunal a aclarar si lo resuelto en el fallo también alcanza a su amparo. Sostiene que su planteo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes por invocar una legitimación diferente.

En ese sentido, el pedido de aclaratoria reclama “que se precise” si el fallo de la Corte de la semana pasada “produce algún efecto” sobre su expediente. “En su caso, cuál es su alcance, teniendo especialmente en consideración que los actores de autos han invocado títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim, que no han sido objeto de pronunciamiento”, advirtieron desde la ONG.

En caso de hacer lugar al planteo de la asociación, la Corte deberá decidir, junto con los dos conjueces designados por sorteo, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, si devuelve el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si es el propio máximo tribunal el que resuelve la medida cautelar.

Suspicacias

Esta última opción genera suspicacias entre algunos diputados opositores, que hablan de un posible “salvataje” de la Corte al Gobierno, justo cuando la oposición presiona con una megasesión si los libertarios no dan señales de ir marcha atrás con la reciente derogación de la Ley de Tierras.

Es así que desconfían de cualquier intención de Menem de incluir una contrapropuesta para limitar la ley de tierras en un proyecto legislativo. “Eso sería el plan b”, señalan los mismos.

Otra de las variantes que circularon en los últimos días era la de sumar el tema al proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre Malvinas. En el oficialismo lo descartaron de plano. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, alegaron, para evitar que la venta de tierras vuelva a quedar atravesada por la discusión sobre soberanía.

En cualquier caso, ya sea a través de una resolución de la Justicia o de una iniciativa propia, la intención del bloque libertario sería impedir la sesión del jueves y evitar que coincida con la foto de la marcha universitaria. En paralelo, buscaría trasladar las discusiones sobre morosidad y discapacidad al 21 de octubre, en una convocatoria impulsada por el propio oficialismo con el objetivo de esquivar el golpe política y retomar la agenda que le impuso la oposición.