La Suprema Corte de Justicia bonaerense dejó firme un fallo que considera que los repartidores de Rappi tienen un vínculo laboral con la empresa de mensajería y ratifica la aplicación de una multa millonaria.

El máximo tribunal bonaerense rechazó los recursos de la empresa y dejó firme la sanción económica de más de 16 millones de pesos.

Esta decisión judicial puede ser recurrida por razones constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario o un recurso de queja, eventualmente.

La Suprema Corte bonaerense no se pronunció sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazó los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada, con lo que dejó firme el fallo anterior de un tribunal laboral platense donde se reconoció la relación laboral.

La sentencia definitiva, que contó con el voto unánime de los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria y Sergio Torres, de la Suprema Corte provincial, y con el voto de la jueza ad hoc María Florencia Budiño, de la Casación bonaerense, para completar la integración.

En el caso intervino el Ministerio de Trabajo provincial, que determinó que la compañía tecnológica evadía obligaciones laborales al no registrar a las personas que operan como repartidores a través de su aplicación.

La nueva ley de modernización laboral considera que los trabajadores de plataformas no tienen una relación de dependencia con las empresas. Pero la aplicación de esta ley fue suspendida por fallos judiciales.

De todos modos, este caso de Rappi que resolvió la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires es anterior a la vigencia de la nueva ley de modernización laboral.

El origen del conflicto se remonta al momento en que la autoridad administrativa del trabajo provincial llevó a cabo inspecciones para verificar las condiciones de los repartidores.

Tras estos relevamientos en la vía pública, el Estado intimó a Rappi a presentar la documentación laboral exigida legalmente en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo ubicada en la ciudad de La Plata.

A pesar de haberse presentado en el expediente y constituir un domicilio inicial en esa ciudad, la empresa no puso a disposición de los funcionarios esos documentos, lo que derivó en que el Ministerio de Trabajo bonaerense le labrara un acta de infracción y ordenara el auto de apertura de un sumario.

Durante el transcurso de ese sumario, Rappi realizó un nuevo descargo y constituyó un domicilio legal distinto en San Isidro, pero terminó con los plazos probatorios vencidos sin haber producido las pruebas.

Ante la preclusión del período probatorio y el cierre de la investigación, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la resolución 1858/21.

A través de esta medida, “se le impuso a la compañía multinacional una severa multa de $16.426.800 pesos, amparada en infracciones a los artículos 52, 128 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, y normativas relativas a riesgos del trabajo y registro de empleo.

Ese monto corresponde al año 2021, cuando se impuso la multa.

Frente a la sanción, Rappi acudió a los estrados judiciales e interpuso un recurso de apelación, al argumentar que se habían violado sus garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio y el de propiedad.

La firma cuestionó el accionar de los inspectores, consideró que las actas administrativas debían declararse nulas por la forma en que fueron redactadas, al dar por asumida de antemano la existencia de una relación laboral.

Uno de los ejes de la defensa empresaria radicó en negar el vínculo de dependencia. La compañía sostuvo reiteradamente que los repartidores en su tarea no presentaban las notas características de una relación de trabajo, y que el Ministerio de Trabajo carecía de facultades para determinar si eran o no dependientes de la firma, pues dijo la empresa, esa es una “tarea exclusiva de los jueces”.

A su vez, Rappi tachó a la resolución administrativa de arbitraria e infundada, y exigió una morigeración o reducción de la multa al considerar que superaba los parámetros del Pacto Federal del Trabajo.

Sin embargo, el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la apelación y confirmó lo decidido por la autoridad administrativa.

Los magistrados del tribunal argumentaron que el “Estado provincial tiene una potestad indelegable para ejercer la función de policía del trabajo”.

En respuesta a las quejas sobre los controles callejeros, el tribunal validó estas prácticas al esgrimir el convenio 81 de la OIT, y dijo que “la modalidad de inspección fue totalmente adecuada puesto que los repartidores no prestan sus servicios en ningún lugar físico propiedad de la empresa, sino directamente en la vía pública».

Los jueces laborales advirtieron que privar al ministerio de la facultad de interpretar las leyes laborales para fiscalizar o imponer infracciones generaría la “parálisis y esterilidad” absoluta de sus funciones estatales.

Ante el revés, Rappi elevó la causa mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

Respecto a la nulidad, el máximo tribunal determinó que los argumentos de la compañía solo evidenciaban una disconformidad por supuestos errores de juzgamiento, lo cual es ajeno a un recurso extraordinario de nulidad.

El juez Soria habló de una falencia técnica de los abogados de Rappi. Indicó que en lugar de desarrollar una crítica razonada de la sentencia del tribunal de La Plata, la firma se limitó a transcribir extensamente y reiterar los mismos planteos que ya había presentado en etapas previas.

Esta técnica de transcripción fue insuficiente para revertir los argumentos del tribunal del trabajo platense, dijeron los magistrados, que no se pronunciaron sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazaon los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada.

No obstante, quedó firme el fallo anterior que señalaba que la prestación de los servicios de reparto estaba probada y que para el Tribunal Laboral N°2 de La Plata revisten una relación laboral.

Finalmente, la Corte descartó cualquier posibilidad de reducir la multa de 16,4 millones de pesos. Avaló el cálculo administrativo basado en el Pacto Federal del Trabajo, el cual ponderó cinco incumplimientos de carácter “muy grave” sobre un total de 75 trabajadores afectados, y ató los valores a porcentajes del salario mínimo, vital y móvil.

La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso para dar su informe de gestión el próximo 29 de abril ya se prepara, por estas horas, en la Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela, según confirmaron a fuentes del Ejecutivo.

Por un lado, un grupo se ocupa estrictamente con temas de gestión y, por otro, se armó una mesa que está abocada a las causas judiciales que involucran al gobierno, y al que apuntaron en sus preguntas desde diferentes espacios de la oposición.

Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al funcionario, su presentación ante la Cámara de Diputados constará de dos partes. Primero, la que está vinculada con su informe -estiman que se podría tener una extensión de media hora o cuarenta y cinco minutos-, que apuntará estrictamente a las cuestiones de gestión.

Luego será el turno de responder las preguntas que mandaron los legisladores. Llegaron más de 4800, pero en la Casa Rosada explican que ese número ya se redujo a 2100 por la cantidad de preguntas similares.

En lo que será la respuesta a buena parte de ellas ya trabaja el equipo de jefatura de Gabinete orientado a lo legal. Allí están englobados los casos por supuestos hechos de corrupción que acechan a la administración libertaria: el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la causa por la difusión de la criptomoneda $LIBRA y la investigación penal por enriquecimiento ilícito que involucra al propio jefe de ministros tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes.

En los despachos oficiales afirman que intentarán “abordar las inquietudes” de los opositores, pero no dan mayores precisiones. De hecho, respecto de la situación de Adorni, aventuran que analizarán cerca de la fecha de la convocatoria en Diputados “en qué punto está la causa” y a partir de eso se decidirá qué dirá el funcionario en el recinto. “Sobre la fecha se verá”, apuntan.

El ministro coordinador había eludido hablar o dar detalles sobre su patrimonio en la conferencia de prensa del 25 de marzo pasado -su última alocución pública-. En la Casa Rosada se muestran confiados en que la causa se terminará cayendo, pese al avance de la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, que recogió testimonios, y pidió el levantamiento del secreto bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para el entrecruzamiento de datos.

Hoy, reveló que Adorni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) la compra que hizo Angeletti, su mujer, de la vivienda en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Ese dato debía figurar en el anexo reservado de su presentación del año pasado. El funcionario recién lo agregó la semana pasada.

En Balcarce 50 insisten en que lo judicial formará parte de las respuestas a las preguntas y no del eje central del discurso de Adorni ante la Cámara de Diputados.

Pese a versiones que indicaron lo contrario, en la cúpula del poder dan por hecho que el presidente Javier Milei acompañará a Adorni al Congreso para presenciar su exposición en el recinto.

“No salimos a desmentir nada, porque no vale la pena, pero Javier va a estar ese día con Manuel”, subrayaron por estas horas en el palacio de Gobierno en referencia a versiones que dieron cuenta de que el mandatario no asistiría.

De concretarse la presencia del mandatario sería un nuevo respaldo a su jefe de ministros, en línea con lo que vino haciendo desde que comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.

El apoyo del jefe del Estado y de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se materializó a lo largo de los últimos casi cuarenta días en gestos públicos y mensajes en redes sociales. “Ni Karina, ni Javier le van a soltar la mano a Manuel”, repiten en Casa Rosada.

Para preparar su exposición, Adorni se valdrá, al menos de momento, de su propio equipo. La parte vinculada a la gestión estaría en manos de Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, y la de legales, en un equipo liderado entre otros por Federico Sicilia, secretario de Coordinación Legal y Administrativa, según consignó un estrecho colaborador de Adorni.

Para la primera parte se trabaja en coordinación con información que se les requiere a los distintos ministerios. Por lo pronto, en Balcarce 50 descuentan que las 4800 preguntas enviadas por los legisladores serán reducidas a menos la mitad, ya que consideraron que muchas estaban “repetidas”.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fue este lunes durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El titular de la Cámara Baja confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.

Respecto de la situación de Adorni, Menem envió un mensaje claro. “Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución”, enfatizó el titular de la Cámara baja, quien aludió a que los distintos bloques ya elevaron más de 4800 preguntas a ser respondidas por el funcionario. Todo un récord que, manifestó Menem, solo exhibe un intento de la oposición de desgastar al Gobierno.

Frentes de tormenta

El de $LIBRA fue el primer caso de presunta corrupción que sacudió al gobierno nacional, en febrero de 2025. Seis meses después estalló el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en marzo de este año comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de la atención mediática y como objeto de una investigación judicial.

Por los tres hay investigaciones penales en los tribunales federales de Comodoro Py. De todas ellas, la más avanzada es la de Andis, en la que ya hay una serie de procesamientos, entre ellos a su extitular y examigo personal del Presidente, Diego Spagnuolo.

La semana pasada, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron citar nuevamente a indagatoria a Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete yDaniel Garbellini, en el marco de una ampliación de la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la agencia.

La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Andis.

Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Desde que estalló el caso, el Gobierno intentó despegar a la hermana del Presidente o su mano derecha. De hecho, en la Casa Rosada consideraron que Spagnuolo era un “cuentapropista”.

La de $LIBRA es la causa que en febrero de 2025 dejó al propio presidente en el centro de la tormenta.

El 14 de febrero de 2025, el mandatario publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en la Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”.

En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo. El caso fue denunciado por la oposición y es objeto de una de las causas que hay contra el Gobierno en los tribunales de Retiro.

En tanto el caso de Adorni comenzó el 8 de marzo pasado, luego de que se conociera que su esposa había viajado a Nueva York en el avión presidencial. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”.