POLITICA
Envalentonados
Si Javier Milei no quiere que vuelva el kirchnerismo, en modo envalentonado, no debería minimizar la sucesión de errores que el Gobierno viene cometiendo desde su intento de relanzamiento. Porque no son pocos, ni pequeños.
Desde la inoportuna inclusión del capítulo de “extranjerización de la tierra” hasta la aplicación del decreto referido a los “prácticos” (precipitada decisión que estuvo a punto de provocar una catástrofe en el comercio exterior por vía marítima).
Desde el intento de liberación del precio de los libros hasta la eventual modificación de la ley de farmacias, que permitiría la oferta de medicamentos de venta libre en quioscos y supermercados.
Y, por supuesto, Milei debería computar, como un error político propio, el de la falta de empatía con los morosos que tomaron deuda el año pasado, y que ahora no la pueden pagar.
Porque es cierto que se trata de un problema entre privados. Sin embargo, el estado podría usar herramientas para ayudar tanto a los deudores como los acreedores y sin gastar un solo peso.
De hecho, el Banco Nación y el Banco Ciudad, junto a otros bancos privados, ya lo están haciendo. ¿Cómo? ofreciendo una mejor refinanciación para que las deudas puedan ser saldadas en plazos más extensos.
Pero ya ni siquiera importa si toda la culpa del revés en el Senado fue del ministro Sturzenegger, quien habría aprovechado su privilegiado vínculo con Milei para introducir, en el paquete de una misma ley, cuestiones propias de la batalla cultural, pero que no son urgentes. Tampoco importa si también habría que endilgar a Patricia Bullrich cierta falta de impericia para convencer a los senadores aliados.
Lo que sí se acaba de confirmar, en las últimas horas, es que no se presentará ningún otro proyecto de ley que le sirva al kirchnerismo para soñar con el regreso, sin antes contar con doble clic de Karina Milei y Diego Santilli. Porque con los últimos errores, los kirchneristas están envalentonados, y van por más.
Hay para todos los gustos. Por ejemplo: el “impresentable todo terreno”, Gregorio Dalbón, queriendo transformar los errores del Gobierno en una jugada maestra de Kicillof, Cristina Kirchner y en especial, Sergio Massa, quien, dicho sea de paso, está llamando a medio mundo para “vender su gran hazaña”, titulada “a este golpe contra el Gobierno lo di yo”.
El posteo de Dalbón no tiene desperdicio. Tampoco tiene desperdicio este tuit de Cecilia Moreau: “Que descansen, largo día”. Porque incluye un viejo video de Massa, cuando parece que levanta una botellita vacía, de plástico, de agua mineral, con la fuerza de la mente.
Es muy interesante, también, destacar a Nancy Pazos, contando “la obra maestra” que le adjudicó a José Mayans, Juliana di Tulio y, de nuevo “¡oh sorpresa!» a Sergio Massa, para explicar porqué se le torció la mano al oficialismo.
Tampoco iba a dejar de colgarse de esta supuesta victoria nuestro falso che guevara, Juan Grabois, acotando: “El frente unido, el pueblo movilizado y las organizaciones sociales consiguieron algo histórico”
Además se sumaron, cuando no, los chicos grandes de Gelatina, subiéndose al caballo del campeón, con la frase: “Tenés que ser muy pelotudo para ser Gobierno y que se te caiga esta ley”.
¿Tiene relevancia política lo que diga Pedro Rosemblat y su compañero, o el señor Grabois? No.
Sin embargo, dejan al descubierto algo que es innegable: más allá de la hipocresía y de la doble vara del kirchnerismo, el gobierno, evidentemente, metió la pata. Y fuerte. El que mejor lo viene explicando es Luis Juez, con una dura autocrítica incluida: “Defendimos mal el debate de la Ley de Tierras”.
“Nos faltó inteligencia”, dijo el senador y enseguida remató: “Los campeones del relato instalaron un título horrible y con la consigna de ‘la patria no se vende’ nos acorralaron”, tiene toda la razón.
Una vez más, el Gobierno quedó acorralado por los “campeones del relato”. Justo por ellos, los mismos que no dijeron ni “a” sobre Lázaro Báez y sus 415.000 hectáreas “adquiridas” en la Patagonia. Los mismos que no dijeron absolutamente nada sobre la instalación de una base china en Neuquén. La misma base que te mostramos en La Cornisa, en exclusiva, allá por 2015, cuando el kirchnerismo tenía bajo 7 llaves el convenio secreto que había firmado con ese país.
Por eso, repetimos: el kirchnerismo no tiene ninguna autoridad moral para hablar del tema. Sin embargo, una cosa no quita la otra, porque para borrar al kirchnerismo del mapa político y obtener la reelección de Milei, el gobierno tendrá que afinar la puntería y no subestimar al adversario, o no darle de comer a gente como Eduardo Valdés, el mismo de la frase: “Bonadío, Stornelli, puf”. Resulta que ahora Valdés, apropósito de una definición poco feliz del canciller Pablo Quirno, escribió: “El canciller Quirno acaba de decir que un extranjero puede venir a la argentina y comprar un pueblo o una provincia entera. la patria no se vende ‼”
“Todos a la plaza”, y entonces, hacia allá fueron todos, incluidos el gobernador Axel Kicillof, vanagloriándose de que no lo detuvo ni el agua. Es que ya no sabe qué hacer para llamar la atención.
Tardaron segundos en recordarle a Kicillof que medio conurbano estuvo pasado por agua. Y que eso también es su responsabilidad.
Una vez más: no hay que pifiar, no hay que “darles de comer”, si no, cualquiera se envalentona.
Ahí la tenés, a Miryam Bregman, la gran líder del progresismo vernáculo, transformada en “la manaos” de cristina y máximo, acaba de proponer que, si gana, impulsará:
· Un impuesto a las grandes fortunas
· Otro impuesto a la vivienda ociosa
· Un impuesto extra a las petroleras y mineras
· Otro impuesto a los 4000 grandes terratenientes
Como se sabe, el gobierno apunta a todo lo contrario. Como también se sabe, hay mucha gente que apoya el rumbo y no quiere volver al pasado.
Por eso, acá va nuestra recomendación: más autocrítica, menos soberbia y más empatía al instalar temas tan sensibles. Porque se puede tener mucha razón, pero si no se comunica bien el objetivo, el tiro saldrá por la culata.
Y una cosa más: nunca subestimen a los campeones del relato. Porque, de esta manera, lo único que están haciendo es “envalentonarlos”.
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POLITICA
“Es mentira”: Patricia Bullrich ratificó sus críticas por Discapacidad y contradijo a Diego Santilli
La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.
La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.
En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.
“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.
Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.
Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso
La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.
En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.
“Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.
El oficialismo abrió una negociación con sus aliados
Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.
La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.
Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.
Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios
La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.
Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.
“Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.
Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.
La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.
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POLITICA
El 66% de las causas iniciadas en el fuero civil y comercial son reclamos contra obras sociales o prepagas
El fuero Civil y Comercial Federal va camino a convertirse, en los hechos, en un fuero de la Salud. Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas allí durante el primer semestre del año son amparos de salud. Es decir que casi siete de cada diez expedientes son reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales.
Fuentes del fuero aseguran incluso que para agosto de este año el porcentaje ya trepaba al 70%, lo que representa un fuerte incremento respecto a 2025, cuando los amparos de salud se ubicaban en torno al 45%.
“Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud”, asegura un funcionario judicial que mira con preocupación el aumento de casos.
Los datos consolidados por el Consejo indican que hasta el 30 de junio se habían iniciado en el fuero 7523 causas y que 4990 correspondían exclusivamente a este rubro. Muy detrás quedaron las materias que históricamente ocuparon al fuero, como el derecho marítimo, la propiedad intelectual, el transporte y otros conflictos comerciales.
El grueso de las presentaciones corresponde a problemas de afiliación: son trabajadores que, tras su jubilación, procuran evitar el pase a PAMI y buscan mantener su cobertura, con el mismo plan y cartilla.
No representan, en principio, grandes desafíos jurídicos. Fuentes judiciales señalan que la Corte Suprema (en los casos Albónico y Andrada) dejó en claro que el traspaso forzoso a PAMI es ilegítimo.
Pero muchas otras presentaciones corresponden a pacientes que golpean de urgencia la puerta de los tribunales y obligan a jueces a resolver pedidos de tratamientos puntuales, medicamentos costosos o el mantenimiento de algún enfermero o cuidador.
El fenómeno presiona sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de Cámara. tomó el último día hábil como botón de muestra para medir la capacidad de respuesta de la Justicia. De las 42 resoluciones despachadas este viernes 18 de septiembre en el fuero, 28 trataban sobre amparos de salud. Es decir, el 66%.
Más allá de algún matiz, todas las decisiones de la Justicia fueron favorables a los pacientes.
Sistema en tensión
“La judicialización es la punta del iceberg, el síntoma. Pero el problema es otro. La judicialización funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario”, advierte la directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, Marisa Aizenberg.
La especialista tiene una mirada crítica sobre la respuesta que ofrecen las empresas del sector a los reclamos de pacientes que luego recurren a la Justicia. La planteó este sábado durante el encuentro metropolitano de Salud Pública en la facultad de Ciencias Médicas de la UBA y, luego, en diálogo con .
Al mismo tiempo, sostiene que el sistema se encuentra “absolutamente fragmentado” y que resulta difícil establecer reglas generales para 24 jurisdicciones, en las que conviven financiadores y prestadores sometidos a regulaciones diferentes.
Del otro lado, las prepagas ponen el foco en la siempre continua expansión del paquete de prestaciones mínimas y en la ausencia de reglas claras que establezcan un tope en la cobertura.
“Salen cautelares de todo tipo, todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad”, se queja un importante actor de ese ecosistema. “Incluso la cobertura geriátrica. Todo eso produce un desfinanciamiento del sistema, que deriva en una peor atención”, agrega la misma voz.
En esa línea, en una columna publicada en , el director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, Hugo Magonza, señaló que, cuando no existen reglas explícitas, la asignación de recursos termina desplazándose hacia la judicialización. Y marcó que el sistema está atravesado por “una verdad incómoda”: la imposibilidad de financiar “todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad”.
A ese argumento se suma el impacto de la caída del trabajo registrado. Menos empleo formal se traduce, invariablemente, en una reducción del padrón de afiliados. Y si bien con ello también disminuyen las obligaciones de cobertura, el proceso va acompañado de un fuerte aumento de los costos, impulsado por los avances tecnológicos y la aparición de medicamentos de alto precio, que desafían cualquier previsión presupuestaria, advierten en el sector.
La especialista en derecho y salud Aizenberg reconoce que los números de las prestaciones están ajustados y que falta un criterio definido respecto de dónde establecer el límite de las coberturas. “Ese criterio, sin embargo, no puede ser estrictamente financiero porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera”, advierte.
“Es cierto que la queja está motivada. Creo que la cuota no les alcanza, en algunos casos. Entonces sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años”, señala. El diagnóstico compartido es que, en materia de salud, no se entra en el fondo del asunto.
Promesa
El Gobierno detectó el problema y ensayó una respuesta con un programa que cumplió su primer año a principios de este mes: Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es una instancia optativa que busca evitar que el contrapunto entre el paciente y la financiadora escale a los tribunales.
Según datos oficiales, el programa cuenta con casi 2000 mediadores capacitados especialmente y, durante su primer año, alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.
Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud ponen como ejemplo el caso de una mujer que reclamaba una internación cuyo costo rondaba los $6 millones mensuales. En la segunda audiencia de mediación, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo de alrededor de $2 millones mensuales.
Sin embargo, los números del Consejo señalan que el mecanismo todavía no logró contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial, según acreditan las estadísticas del Consejo. “Está bien encaminado, hay que darle tiempo”, apuntan en la Justicia.
Fuentes del fuero aseguran que la crecida responde también al auge de las redes sociales. Allí, la posibilidad de litigar ante los incumplimientos ganó mucha publicidad, con abogados cada vez más especializados. También señalan que la estrategia de las empresas del rubro no es obtener fallos favorables en la Justicia, sino que un porcentaje de casos no alcancen la judicialización.
columna publicada en LA NACION,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
La Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores aliados a un foro de inversiones en París mientras negocia el Presupuesto 2027
En medio de las negociaciones por los distintos proyectos legislativos que busca aprobar el oficialismo, la Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores dialoguistas para que acompañen a Javier Milei en su viaje a París para celebrar una nueva edición de la Argentina Week.
El foro ideado por la Cancillería para atraer inversiones extranjeras al país se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa. En ese escenario, tal como lo hizo en Nueva York, el Gobierno quiere mostrar mayor amplitud política en un momento donde además está en plenas negociaciones con las provincias para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.
En la carpeta del oficialismo, las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.
Según pudo saber TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, e incluye a 15 mandatarios invitados. “Todavía no está cerrada”, aclararon desde Balcarce 50.
Hasta el momento, la convocatoria incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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