POLITICA
Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina: “El acuerdo con el Mercosur es una señal muy fuerte, le da previsibilidad al inversor”

Erik Høeg llegó a la Argentina en septiembre de 2025 para liderar la embajada de la Unión Europea. De nacionalidad danesa, con amplia trayectoria como diplomático y un pasado reciente como representante en Colombia, ahora enfrenta uno de los momentos más intensos de la relación bilateral en décadas.
En 24 horas entrará en vigencia de manera provisional el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones y la resistencia de países como Francia. “Son 700 millones de personas, que representan el 30% del producto interno global y cerca del 35% del comercio global», aseguró Høeg, que la semana pasada recorrió yacimientos de cobre y litio en San Juan junto a representantes de 12 embajadas. Los minerales críticos están en el radar de Europa.
Entrevistado por Infobae, el diplomático analizó el impacto inmediato en ambos bloques regionales del convenio, explicó por qué Europa mira a Vaca Muerta con más urgencia que nunca y señaló qué aspectos de la economía argentina observan las empresas europeas para invertir: “Uno de los mayores obstáculos actualmente es el riesgo país, que sigue siendo elevado”, aseguró.
Este escenario geopolítico inédito, con precios del petróleo disparados por el cierre del Estrecho de Ormuz, tensiones entre Washington y aliados europeos y empresas chinas con fuerte presencia en yacimientos que Europa busca asegurar en el país y en la región, ocupa buena parte de su tiempo. Al mismo tiempo, ultima los detalles para celebrar el Día de Europa (el 9 de mayo) con una serie de actividades en CABA: una carrera solidaria en los Bosques de Palermo, un concierto en el Teatro Colón y una exposición en el Museo Fernández Blanco.

El acuerdo entrará en vigor el 1 de mayo. ¿Qué expectativa tiene Europa?
El acuerdo comercial entra en funcionamiento pleno desde esa fecha. Hay detalles legales y técnicos por ajustar: temas tarifarios, certificados, cuotas, importadores que tienen que entender cómo opera el nuevo sistema. Pero lo central es que, después de más de 25 años, tenemos el área de libre comercio más grande del mundo: 700 millones de personas, que representan el 30% del producto interno global y cerca del 35% del comercio global. Liberaliza comercio, servicios e inversiones. Y crea un marco de estabilidad, que es prioritario para los inversores. Argentina ha tenido ciclos económicos con altibajos, algo conocido, y este acuerdo establece condiciones en las que el inversor puede confiar en estabilidad regulatoria a mediano y largo plazo.
¿Qué sectores argentino cree que pueden beneficiarse más rápido?
El sector agropecuario, sin dudas. Argentina es muy competitiva ahí y tiene una agroindustria relevante. Ya se exporta a la UE, pero ahora el 99% de todos los productos ingresarán sin aranceles. En algunas áreas hay cuotas, pero la UE otorgó las cuotas más amplias que haya concedido en un acuerdo de libre comercio: carne bovina, carne aviar, maíz. También productos cítricos, pesca y acuicultura presentan potencial destacado. Además, el acuerdo define productos con indicación geográfica, que reciben protección especial y efecto premium en el mercado europeo: vinos del Valle de Uco, mieles del Chaco. En San Juan me hablaron del aceite de oliva y pistachos, que ya se exportan pero tienen aún más mercado en Europa.

Francia, entre otros países, votó en contra en el Consejo de la UE. El Parlamento Europeo derivó el acuerdo al Tribunal de Justicia. ¿Cómo planean gestionar esa resistencia?
Está clarísimo que para la UE el sector agrícola tiene sensibilidades. Hay razones históricas. Nosotros también queremos tener una base sólida de producción agrícola. Hay países donde este sector tiene mucha fuerza en la economía, Francia es uno de ellos. Ha habido inquietudes y oposición, pero consideramos que, una vez en vigor, se evidenciarán todos los efectos positivos y que las posibles inestabilidades que genera no son tan graves como parecía. El Parlamento Europeo presentó el acuerdo ante el Tribunal de Justicia para que analizara su constitucionalidad, en relación a la división de poderes en los Estados miembros. Habitualmente, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses. Puede resolverse antes, por ser un caso político. Esperamos que en dos años haya mayoría en el Parlamento Europeo para la ratificación total.
Argentina fue el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo. ¿Qué peso tiene ese gesto para la UE?
Fue un gesto superimportante para nosotros. Demostró que el Gobierno argentino priorizó el acuerdo en la agenda legislativa. Sin la ratificación de al menos un país del Mercosur, no era posible implementarlo el 1 de mayo. Argentina fue el primero en completar todos los pasos legales, y lo más relevante fue el amplio nivel de respaldo en las dos cámaras. En el Senado fue aplastante, con 62 senadores que votaron a favor. Pocas veces se ve tanto consenso en la política argentina. Esta señal indica que incluso un gobierno de otro perfil estaría a favor.
¿Cuál es el nivel de inversión de la UE en la Argentina y qué señales necesita el capital privado para llegar al país?
En este momento, la Unión Europea, sus 27 países, son el inversionista más grande de la Argentina. Eso mucha gente no lo sabe. El 40% de toda la inversión directa en la Argentina es europea, del stock. Tenemos alrededor de 800 empresas que tienen una permanencia aquí desde muchos años, también muchas que han vivido los altibajos, conocen la economía, crean buen empleo con altos estándares sociales y medioambientales.
¿Qué necesitan? Necesitan un marco regulatorio estable, política macroeconómica previsible. En este momento, uno de los riesgos, de los obstáculos es el riesgo país, que sigue siendo demasiado alto. Necesitan también, obviamente, libertad de repatriar sus beneficios en las operaciones. Más allá del aspecto comercial, este acuerdo ofrece reglas que perduran en el tiempo y también comprometen a futuros gobiernos. Eso otorga previsibilidad a quien ya está en Argentina, como a quienes buscan expandirse. Lo mismo ocurre con el proceso de acceso a la OCDE, que introduce estándares internacionales de transparencia, y con el RIGI, que asegura incentivos y estabilidad regulatoria, clave ante posibles cambios de gobierno.
¿Cuál es la estrategia de la UE para competir con la presencia de China en la Argentina y en la región?
No lo veo necesariamente como una confrontación con China. China, al igual que Estados Unidos, procura asegurar suministro de minerales críticos, metales y fuentes de energía. Nosotros obviamente queremos que haya una cancha de juego limpia, que se compita con los mismos parámetros. Buscamos que las reglas sean iguales para todos y evitar prácticas fuera de mercado o ajenas a los estándares de la OCDE. Dicho esto, sí hay un contexto geopolítico que influye en cómo actúa la UE. China prácticamente monopoliza tierras raras —galio, germanio— y se ha evidenciado en los últimos años que eso es un desafío. Estamos intentando diversificar al máximo. Además, esta competencia genera producción que antes no existía: Argentina tiene los mismos recursos que Chile —líder mundial en cobre— pero aquí no se habían explotado del mismo modo. Eso empieza a cambiar.

En el marco una creciente conflictividad internacional, ¿cuán importante son los minerales críticos de la Argentina?
Nosotros hemos aprendido unas lecciones de los últimos años, que incluyen también la guerra de Ucrania. Hasta hace pocos años, el gran proveedor de gas natural y petróleo para la UE era la Federación Rusa. Esto se está acabando por motivos obvios. Nosotros hemos hecho varios paquetes de sanciones después que Rusia empezó la gran agresión. Hace tres años se firmó un acuerdo entre Argentina y la Unión Europea, y un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos. Tenemos un programa de cooperación que se llama Global Gateway, donde estamos invirtiendo en medidas que apoyan la inversión europea en el sector. San Juan es un área donde hay yacimiento importante de cobre, tenemos litio. Las empresas europeas están muy metidas en el tema o con inversión existente.
Obviamente, los últimos acontecimientos en el golfo Pérsico, en el estrecho de Ormuz, con el petróleo que va a las nubes, refuerza esta tendencia. Por eso ahora se ven actores europeos más activos que antes en firmar contratos de largo plazo con gas natural líquido de Vaca Muerta; ya se firmaron con empresas alemanas, italianas, con la misma lógica de diversificar, con buscar proveedores amigos. Eso aplica tanto para minerales críticos —cobre, litio— como para gas y petróleo.
¿Considera que el gobierno argentino está dando los pasos correctos para atraer inversión europea?
Considero que sí. El acuerdo de libre comercio es en sí mismo un paso relevante y una señal clara al mundo. Crea condiciones de confianza y previsibilidad. Lo que observamos ahora es cómo se implementan los compromisos asumidos. El diálogo con las autoridades argentinas es fluido. Valoramos que, dentro de un marco de reglas claras, existan mecanismos —tribunales y comités— para resolver disputas. Este acuerdo fortalece la idea de libre comercio basado en reglas entre estados.
POLITICA
Senado, en vivo: las últimas noticias sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el régimen de Zonas Frías

El Senado sesiona este jueves con un temario centrado en dos proyectos que generan tensión política y abren interrogantes sobre los votos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.
La Cámara alta buscará modificar el texto que Diputados aprobó sobre el Banco Central, en particular el mecanismo de remoción de sus autoridades. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión.
También está previsto el debate sobre el nuevo régimen de subsidios. La propuesta sostiene beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance de la ampliación aprobada en años anteriores. La discusión llega al recinto con negociaciones abiertas y atención sobre el quórum.
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Presentan un proyecto para sancionar el abandono y maltrato a mascotas en la provincia de Buenos Aires

El diputado de la provincia de Buenos Aires Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas provincial e incorporar penas contra el abandono y el maltrato animal. La propuesta establece multas, arrestos de hasta 60 días y el retiro preventivo de mascotas que estén en peligro.
La iniciativa, impulsada por el legislador bonaerense de Hechos, contempla penalizar la falta de cuidados básicos, la permanencia en espacios inadecuados o encerrados en vehículos sin ventilación, y el abandono deliberado.
Según explicó Passaglia a , el proyecto busca cubrir un vacío legal en el Decreto-Ley 8031/73, la normativa contravencional vigente en la materia: “El Código de Faltas bonaerense no prevé ninguna sanción por maltrato animal, sólo menciona a los animales cuando representan un peligro para las personas o la propiedad, nunca para protegerlos”.
Frente a situaciones de riesgo manifiesto para la salud o la vida de las mascotas, la iniciativa faculta a los Juzgados de Faltas y a los agentes de control a ordenar el retiro preventivo con el auxilio de la fuerza pública. Los animales rescatados quedarán bajo el cuidado de “un profesional idóneo, una entidad pública competente, o una institución de protección animal (hasta tanto se resuelva la situación definitiva”.
Al ser consultado por este medio sobre la duración de la inhabilitación a los infractores a tener mascotas que establece el documento, el legislador detalló: “Es temporal, de 1 a 2 años, y solo se aplica como sanción por el menoscabo de la integridad de animales de compañía y el abandono”.
El texto también agrega un apartado al régimen contravencional para sancionar acciones como pintarles el pelo, aplicarles sustancias tóxicas o provocarles sufrimiento y estrés.
A su vez, el proyecto crea un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del sistema provincial y permite a los jueces cambiar las multas económicas por donaciones o tareas comunitarias en entidades de protección.
Respecto a la aplicación de la norma y el presupuesto necesario en las comunas, Passaglia remarcó: “La Provincia no necesita adherir presupuesto para implementar el proyecto. Serán los Municipios, a través de sus Juzgados de Faltas, lo que tendrán los gastos ejecutivos de las inspecciones y traslados”.
En el mismo sentido, sobre la articulación con las organizaciones protectoras y los costos del sistema, el diputado sostuvo: “Para la ejecución del procedimiento es necesario la articulación con las ONG´s que ya hacen este trabajo, muchas veces sin el apoyo del Estado provincial porque hay situaciones que la actual ley no contempla».
“El financiamiento surge del propio proceso, mediante las sanciones. Nuestro proyecto incrementa las penas y los casos considerados de explotación y maltrato animal. Pero no crea ninguna nueva dependencia estatal ni requiere incorporación de personal”, detalla al respecto.
Sobre el trámite parlamentario en las comisiones y el alcance de la propuesta, Passaglia señaló: “Estamos iniciando las conversaciones, aún está en comisión tanto en diputados como en senadores”.
Asimismo, ante la pregunta por una posible proyección nacional agregó: “Si funciona en la Provincia de Buenos Aires, puede servir como modelo para que otras provincias incorporen sanciones y medidas de protección similares. Cada jurisdicción tendría que adaptar su propio Código de Faltas, pero la experiencia puede impulsar una discusión más amplia sobre cómo fortalecer la protección animal en todo el país”.
El ejemplo de la gestión en San Nicolás
El legislador citó la experiencia previa desarrollada en el municipio de San Nicolás —fue intendente de allí—, donde y realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas y articularon denuncias, inspecciones y rescates. Al respecto, indicó: “En San Nicolás tuvimos una gran respuesta de parte de la comunidad en general y con el apoyo de las organizaciones protectoras de animales logramos intervenir en casos muy diversos siempre con buen resultado.
El Municipio realiza el procedimiento de inspección, rescate y sanción, mientras que son las ONG las que determinan el hogar final de la mascota rescatada. Las sanciones sirven para financiar el proyecto y mantener los animales a salvo de los malos tratos”.
Finalmente, el diputado concluyó sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio nacional: “si el sistema funciona en la provincia de Buenos Aires, se sumaría al antecedente de la Ciudad y daría más fuerza al pedido de reformar la Ley Nacional 14.346. La ley fue sancionada hace más de 70 años y no contempla expresamente todas las situaciones de maltrato que hoy se denuncian”.
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Diputados: la Comisión de Salud dictaminó la creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo

La Comisión de Salud dictaminó la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs), que tomó como base el proyecto de la diputada nacional Silvana Giudici (LLA). “A partir de esta ley nunca más en la Argentina los medicamentos de alto riesgo como el fentanilo llegarán al brazo de los pacientes sin dejar una huella trazable y verificable”.
Ante la crisis sanitaria que produjo el fentanilo contaminado en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo el año pasado, con un saldo de más de 100 muertos. Tras el caso, la Cámara baja creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, que Giudici integró y cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.
Este debate comenzó el 8 de septiembre y el dictamen incluyó también los proyectos de los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (UxP), y las propuestas de Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Marcela Pagano (Coherencia) y las exdiputadas Danya Tavela (UCR) y Mónica Fein (Socialista).
Silvana Giudici expresó: “Los responsables de esta crisis sanitaria están presos, los dueños de HBL Pharma son criminales y como tales deberán pagar su pena, las vidas lamentablemente no vuelven, pero el Congreso hoy se pone a la altura de las circunstancias y en lo que le compete refuerza el marco regulatorio para que cualquier evento adverso detectado en el sistema hospitalario sea aislado, investigado y neutralizado en tiempo real” finalizó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires.
Postura de UxP
Desde la oposición fundamentó la postura de Unión por la Patria (UxP) la diputada Victoria Tolosa Paz: “Con esta ley buscamos que ningún medicamento de alto riesgo pueda quedar fuera del radar del Estado: saber de dónde salió, por dónde pasó, a qué institución llegó y a qué paciente se administró. Si aparece una sospecha de contaminación, que la información circule inmediatamente y el Estado pueda inmovilizar el lote en todo el país antes de que haya más personas afectadas”.

Mientras que Pablo Yedlin agregó: “La propuesta original de la legisladora Silvana Giudici fue modificada y ampliada por varios bloques, avanzando en la dirección correcta, pero está muy lejos de ser la solución adecuada”, explicó el diputado nacional Pablo Yedlin, integrante de la Comisión.
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Yedlin sostuvo que “será difícil de cumplir en las condiciones actuales en que se encuentra ANMAT que es la autoridad de aplicación. ANMAT no tiene ni los inspectores, ni el equipamiento informático, entre otras falencias, que son responsabilidad del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones”.
La presencia de familiares
En el debate en la Comisión de Salud, hicieron uso de la palabra algunos familiares de las víctimas. “Reducir el tema a la trazabilidad solamente es un error, la Comisión del Fentanilo hizo muchos más aportes que no están siendo tenidos en cuenta”, explicaron.
“Si aprueban una ley a la medida de sus conveniencias políticas o sectoriales, sepan que no estarán protegiendo a la población. Estarán siendo cómplices de la desprotección y del silenciamiento al que nos vienen sometiendo”, destacó Daniel Oviedo, papá de Daniel Sebastián Oviedo, fallecido por el fentanilo adulterado el 17 de mayo de 2025 en el Hospital Italiano de la Plata.
Desde el bloque Coherencia, la diputada Marcela Pagano, les pidió perdón a los familiares de las víctimas “como parte del Estado ya que llegamos muy tarde, porque las pérdidas que sufrieron son irreparables”.
La norma dictaminada
El proyecto indica el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública.
La propuesta establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los fármacos inyectables parenterales (intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros) y de sus materias primas. Exige un registro digital en cada etapa: importación, producción y distribución. El registro llega hasta la administración efectiva, vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.
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La norma crea también un Protocolo de Eventos Críticos de Salud. Ante sospechas de contaminación o eventos adversos, obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. También fija una Alerta Sanitaria Inmediata, con aviso a nivel nacional y bloqueo preventivo de los lotes sospechosos en un máximo de seis horas.
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