Una figura identificada con la promoción de la cultura y la búsqueda de puentes y caminos de encuentro para superar enfrentamientos, en el campo político y en otras manifestaciones de la vida del país, fue el doctor Guillermo V. Lascano Quintana, cuyo fallecimiento causó un profundo pesar entre quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

Con distintas iniciativas y en frecuentes tertulias contribuyó a resaltar los valores cívicos, a lo que sumaba un compromiso activo en favor de los principios republicanos, aún en tiempos complejos para la vida del país.

Había nacido en 1943. Abogado, especializado en la rama del seguro, y con una fuerte vocación por la participación política, no en sentido partidario sino más institucional, impulsó la participación de hombres y mujeres en organizaciones de la sociedad civil. Se desempeñó como subsecretario del Interior entre 1982 y 1983, durante el gobierno de facto de Reynaldo Bignone, en la etapa previa a la recuperación de la democracia.

Fue durante varios años presidente del Club del Progreso, la institución porteña creada en 1852, un año antes de la sanción de la Constitución de 1853, como un aporte para ayudar a sentar las bases de los acuerdos que permitieron encauzar el país en la senda del desarrollo, después de décadas de estériles confrontaciones.

En su gestión como presidente del club y en las distintas funciones que desempeñó en sucesivos períodos, Lascano Quintana promovió la revalorización de la historia política y la cultura argentina. Dedicó varios años de su vida a destacar la consolidación de esta institución, creada por Urquiza tras la batalla de Caseros, en un contexto de enfrentamientos profundos, que produjeron muertos, cárcel y exiliados. Al respecto, más de una vez señaló que “los difíciles momentos que atravesamos deben ser un estímulo para renovar nuestro compromiso con la patria y sus instituciones”.

En sintonía con los ideales del Club del Progreso, cultivó el ánimo de “amigar a los argentinos” y procurar reducir el clima de enfrentamiento que enturbió la realidad política en los últimos veinte años. Fueron valiosos sus aportes en el ámbito de la cultura. Su labor fue reconocida por agrupaciones políticas e instituciones de la sociedad civil, como el Partido de la Ciudad, que le entregó un diploma de “vecino distinguido”.

Lascano Quintana fue profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ejerció la profesión en forma independiente. Fue coautor del libro “Contrato de seguros”, sobre su especialidad. Integró la comisión directiva de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros y del Club de Abogados de Seguros.

Fue, además, fundador y primer director del Instituto de Derecho de Seguros del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos aires. Participó en congresos en la Argentina y en el exterior y publicó trabajos en revistas jurídicas, como El Derecho y otras de alcance internacional.

Consustanciado con los valores cristianos, ha sido miembro de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuya misión esencial es sostener obras del Patriarcado Latino de Jerusalén, en Tierra Santa.

CÓRDOBA.- Las autoridades nacionales apelaron la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja que obliga a regularizar en 72 horas las deudas con prestadores de discapacidad de PAMI e Incluir Salud. El magistrado confirmó a que concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que significa que “la cautelar sigue vigente” mientras se espera que se expida la Cámara Federal. Además, se mantiene la medida porque el Gobierno “está en mora”.

EL fallo de Vaca Narvaja tiene diez días y es la respuesta a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos cordobeses.

El juez estableció un “máximo de 72 horas” para que el Gobierno nacional cumpla con la orden. La cautelar tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales. La medida apunta a proteger a quienes cobran pensiones no contributivas y a los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD); busca asegurar la continuidad de servicios esenciales que, según plantean los amparistas, están “en riesgo por la falta de pagos”.

En su resolución, Vaca Narvaja enfatiza que las “demoras crónicas” y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un “riesgo inminente” para quienes deben recibir esas prestaciones.

“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala la resolución.

Pasajes de larga distancia

Respecto del pasaje gratuito en colectivos de larga distancia para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer, el Gobierno nacional salió al cruce de las publicaciones de que podrían cortarse a partir de la resolución 28/2026 que eliminó el sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros, por lo que ahora estas compañías deben absorber el costo total de los viajes.

A través de la Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que: “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis”. Añadió que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “va a seguir controlando que lo cumplan. Lo que se elimina es el subsidio que el Estado les pagaba a las empresas por esos pasajes. Con el nuevo régimen de libertad tarifaria, ya no corresponde que el Estado les compense ese costo. Ahora las empresas lo absorberán”.

Frente a la medida, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) señaló que la medida “llega en pleno litigio judicial, con una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones de pesos y una intimación de la Justicia federal pendiente de cumplimiento”.