Hay planetas que no deberían existir tal como son. Rocosos, cubiertos de lava y pegados a su estrella, reciben una radiación tan intensa que cualquier cálculo convencional los daría por despojados de atmósfera. Pero ahí están, con sus envolturas gaseosas intactas, desafiando lo que la ciencia creía saber sobre los límites de los mundos capaces de albergar vida. Un equipo de la Universidad de Stanford encontró la explicación y la plasmó en un nuevo modelo que reescribe parte de la teoría planetaria vigente.

La incógnita giraba en torno al concepto conocido como costa cósmica, una frontera teórica que intenta establecer a qué distancia de una estrella un planeta rocoso puede conservar su atmósfera.

Algunos mundos de lava parecían contradecir esa frontera, porque orbitan más cerca de su estrella que el límite fijado y aun así retienen gases. Un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters plantea que la roca fundida de la superficie puede compensar la pérdida de gases hacia el espacio.

El hallazgo tiene peso para el estudio de los exoplanetas, los cuerpos celestes que orbitan estrellas distintas del Sol. La presencia de una atmósfera es el primer dato para evaluar si un mundo reúne condiciones que permitan sostener vida. El modelo no afirma que los mundos de lava sean habitables, pero ofrece un criterio claro para interpretar por qué algunos conservan aire pese a su cercanía con la estrella.

La lava como fuente de reposición de gases

La explicación se centra en el intercambio entre la atmósfera y la roca fundida. En los planetas de lava, el calor mantiene grandes extensiones de la superficie en estado líquido, y esa roca libera gases desde el interior hacia el aire, un proceso conocido como desgasificación.

Al mismo tiempo, la radiación estelar empuja esos gases hacia el espacio. El modelo elaborado por los investigadores evalúa ambos procesos, más el enfriamiento gradual de la roca. Según el comunicado de prensa de Stanford, los planetas del banco de arena cósmico son aquellos en los que la desgasificación equilibra la fuga de gas.

“Estos mundos de lava señalaban que había algo equivocado con el límite de la costa cósmica, pero encontramos una forma en que pueden conservar sus atmósferas al proponer un nuevo régimen más allá de él”, afirmó Barron Nguyen, estudiante de posgrado del laboratorio de Laura Schaefer en la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford, según el comunicado de prensa.

El banco de arena cósmico, nombre propuesto por el equipo, designa esa franja más allá del límite conocido donde ciertos planetas extremadamente calientes logran preservar su envoltura gaseosa gracias a la roca fundida de su superficie.

El valle sin aire, la región intermedia sin atmósfera

El trabajo también define una región intermedia a la que los investigadores llaman valle sin aire. Allí quedarían los planetas lo suficientemente cerca de su estrella como para que la radiación les quite la atmósfera, pero que se enfrían con demasiada rapidez tras su formación. Cuando la superficie se solidifica, los gases quedan atrapados bajo tierra y ya no pueden reponer los que se escapan.

A mayores distancias, en cambio, planetas más pequeños y fríos como Venus y la Tierra logran evitar que la radiación estelar elimine su atmósfera. Mercurio sería un caso intermedio: algo más lejos de su estrella que los mundos de lava, pero igualmente expuesto a condiciones que favorecen el enfriamiento y la pérdida de gases.

Schaefer, autora principal del estudio y profesora asistente de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford, señaló que determinar dónde trazar la frontera entre mundos sin aire y mundos capaces de mantener una atmósfera era una pregunta sin respuesta hasta ahora.

“El nuevo modelo amplía nuestra comprensión de este límite y de los factores que determinan dónde se ubica para estrellas y planetas específicos”, afirmó, según el comunicado de prensa.

55 Cancri e, el caso que desafió la costa cósmica

La necesidad de revisar la costa cósmica ganó fuerza con las observaciones de 55 Cancri e, una supertierra, es decir, un planeta rocoso más masivo que la Tierra, cuya órbita está unas 20 veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol y cuya masa es casi ocho veces la terrestre.

En 2024, el telescopio espacial James Webb detectó que 55 Cancri e posee una atmósfera densa. En los meses siguientes, nuevas observaciones sumaron otros mundos de lava con envolturas gaseosas espesas, casos que la costa cósmica no lograba explicar. Distinguir qué planetas tienen atmósfera y cuáles no es el primer paso para investigar la habitabilidad planetaria, según sostuvo Nguyen en el comunicado de prensa.

El equipo aguarda que las próximas campañas de observación de exoplanetas permitan comprobar si el concepto de banco de arena cósmico ayuda a precisar, para estrellas y planetas concretos, cuáles pueden generar y conservar una atmósfera.

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El Gobierno de Guatemala anunció este día un operativo conjunto para liberar los bloqueos de carreteras que dificultan la distribución de combustible, mientras aseguró que el país cuenta con existencias suficientes de gasolina y diésel para satisfacer la demanda nacional. La medida fue ordenada por el presidente Bernardo Arévalo ante interrupciones viales que afectaron el transporte, el traslado de insumos y la circulación de la población.

El sistema de abastecimiento ha respondido durante 25 años a crisis ocurridas en distintas partes del mundo sin que Guatemala haya registrado desabastecimiento, sostuvo el ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios. El funcionario pidió evitar las compras de pánico y afirmó que las autoridades despejan las rutas para que los cargamentos lleguen a las estaciones de servicio.

La falta de combustible en algunos expendios no responde a una escasez nacional, sino a las restricciones para movilizar los productos hasta determinados puntos de venta. “Hay combustible y se está despejando las vías para que llegue el abastecimiento a todas las estaciones de servicio”, expresó Barrios.

Catorce puntos bloqueados en diez departamentos

Las autoridades reportaron 14 puntos con la circulación interrumpida en 10 departamentos y municipios al inicio de la jornada. Algunas rutas de transporte suspendieron temporalmente sus servicios en zonas consideradas críticas.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, advirtió que los bloqueos impedían el paso de trabajadores, estudiantes, pacientes que requieren atención médica y vehículos de emergencia. También afectaban el traslado de alimentos, medicamentos y combustibles, con pérdidas para miles de familias y pequeños negocios.

Villeda sostuvo que la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica, pero señaló que ese derecho no puede ejercerse mediante la anulación de las libertades de otras personas. “Bloquear vías y perjudicar al resto de la población es algo muy distinto”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional activaron una operación conjunta para liberar los bloqueos que permanecían activos. La Policía Nacional Civil debía aplicar sus protocolos con diálogo, uso gradual y proporcional de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

La intervención policial, explicó el ministro, no busca impedir las protestas pacíficas, sino restablecer la circulación y asegurar el libre tránsito. Los manifestantes recibieron un plazo de 30 minutos para liberar voluntariamente las carreteras.

La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución de debida ejecución que ordenó liberar los bloqueos aún instalados durante las horas siguientes. Villela anunció que quienes fueran encontrados bloqueando vías serían arrestados y puestos a disposición de los tribunales, mientras que los vehículos utilizados para interrumpir la circulación quedarían confiscados.

Dos agentes heridos durante la liberación de una ruta

Uno de los operativos se desarrolló en Cuyotenango, donde fueron heridos de bala dos policías durante la liberación de un bloqueo. Los agentes fueron evacuados por vía aérea y permanecían internados en un centro de salud.

El ministro de Gobernación consideró que el uso de armas de fuego contra los agentes descartaba el carácter pacífico de esas acciones. Reconoció que existe descontento por el aumento de los combustibles, aunque sostuvo que la situación está vinculada con un conflicto internacional y que el Gobierno busca mecanismos legales para atenderla.

Las autoridades también liberaron bloqueos en El Boquerón, en el departamento de San Marcos, y en Los Esclavos, Santa Rosa. Según Villeda, las rutas hacia la costa sur y el occidente del país quedaron habilitadas tras esas intervenciones.

Persistían cierres en el sur, sobre la avenida Petapa, y en el norte, desde la zona 18 hasta el municipio de Río Hondo. También se mantenía un bloqueo cerca del centro comercial Mundo Maya, en Petén, mientras las fuerzas de seguridad intervenían ante un intento de cierre en la calzada Roosevelt, en dirección a Antigua Guatemala.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, informó que el Ejército de Guatemala activó sus tres fuerzas, 23 comandos operativos y sus medios disponibles para respaldar a la seguridad pública. La participación militar fue solicitada por el Ministerio de Gobernación como apoyo interinstitucional para levantar los bloqueos.

Sáenz indicó que los soldados actuarían bajo los protocolos establecidos, con disciplina, prudencia y respeto a la Constitución y a las leyes. “Cada soldado actuará con disciplina, prudencia y respeto”, aseguró el ministro, quien calificó de inadmisibles las acciones que impiden a la población acudir a hospitales, centros educativos o lugares de trabajo.

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Twenty-five years after nearly 3,000 people were killed on Sept. 11, families waiting to see the accused plotters brought to justice are confronting another extraordinary possibility: They may still never see a verdict.

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A military judge has scheduled alleged 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed and three co-defendants to go on trial June 5, 2028, nearly 27 years after the attacks. But the date remains tentative, and a recent ruling barring prosecutors from using statements Mohammed made to FBI agents has underscored the legal obstacles still threatening the case.

«It’s like an open sore, and that sore gets even more hurtful when we get to anniversaries,» John Ryan, former chief of department with the Port Authority Police who spent nine months working on the recovery operation at Ground Zero, told Fox News Digital.

JUDGE THROWS OUT KHALID SHEIKH MOHAMMED’S 9/11 CONFESSION IN ALREADY LONG WAIT FOR TRIAL

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Ryan is among the victims’ families and first responders who have watched the prosecution drag through years of litigation over evidence obtained after the defendants were subjected to torture in CIA custody, a collapsed plea agreement, repeated changes in military judges and a mountain of unresolved pretrial motions.

«It’s like an open sore, and that sore gets even more hurtful when we get to anniversaries,» John Ryan, former chief of department with the Port Authority Police who spent nine months working on the recovery operation at Ground Zero, told Fox News Digital. (Fox News Digital)

«Here we are 25 years later, and I’m still involved in this aspect of that here because we still have not convicted or taken to justice the five people that are being held at Guantánamo Bay,» Ryan, who later became a commander with the FBI-led Joint Terrorism Task Force, said. «The planners, KSM and the others that are in custody, are awaiting trial.»

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Mohammed and three other defendants have been held by the U.S. for years without facing trial for their alleged roles in the plot that killed nearly 3,000 people. A fifth defendant, Ramzi bin al-Shibh, is being handled separately after being found mentally incompetent to stand trial.

Khalid Sheikh Mohammed, the accused mastermind of the Sept. 11, 2001, terror attacks, has been held at Guantánamo Bay since 2003. (AP)

A military judge recently barred prosecutors from using statements Mohammed made to FBI agents in 2007, finding that the statements were tainted by the coercive treatment he had experienced in U.S. custody. The government chose not to appeal the ruling, saying an appeal could jeopardize the June 5, 2028, trial date.

The judge set the trial 18 months after the prosecution’s proposed January 2027 start to give the defense and government time to work through a long list of unresolved legal disputes. He is the fifth military judge to oversee the case since the defendants were arraigned in 2012.

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For families who lost loved ones on Sept. 11, the years of delay have become another part of the trauma.

I LOST MY WIFE ON 9/11; PLEASE LET THIS 25TH ANNIVERSARY BELONG TO THE FAMILIES

Sean Passananti, whose father was killed on the 100th floor of the North Tower, said the passage of time has made the case feel increasingly detached from the scale of the crime.

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«It feels really like a twilight zone and unbelievable that we have to fight for justice for the worst terrorist attack that ever happened on our soil,» Passananti said. «It doesn’t feel real. It’s unexplainable.»

SON WHO LOST FATHER IN 9/11 ATTACKS SHARES POWERFUL LESSONS 25 YEARS LATER: ‘I’M STILL HERE’

Passananti said he has attended the memorial ceremony every year but one since the attacks.

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«I wish I wasn’t here, obviously, but I feel like I have to be here every year,» he said.

Sean Passananti, whose father was killed on the 100th floor of the North Tower, said the passage of time has made the case feel increasingly detached from the scale of the crime. (Fox News Digital)

Dennis McGinley, whose older brother Danny worked on the 89th floor of the South Tower, said the delays have kept his family from closing a painful chapter.

«President Trump has a unique, historic opportunity here to be a hero, be our champion, finally close the books on this American nightmare, which is now becoming an American embarrassment,» McGinley said.

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McGinley described the families’ grief as an injury that keeps reopening.

«It is like the wound never healed, and every year we get salt poured back into that wound,» he said.

Ryan said he lost 37 police officers he had worked with during his career, along with civilian colleagues at the Port Authority. After the recovery operation, he moved into counterterrorism work. He said he expected the 9/11 case to remain part of his professional life, but not for this long.

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«The fact is that they’ve all admitted their involvement. It’s not a question of guilt. It’s just a question of the process and the fact that the process has taken 25 years,» Ryan said.

The case has been moving through the military commissions since the defendants were arraigned in 2012. By then, Mohammed had already spent nearly a decade in U.S. custody.

He was captured in Pakistan in 2003 and held for years at CIA «black sites,» where he was subjected to harsh interrogation techniques, including repeated waterboarding.

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Mohammed and the other defendants were transferred to Guantánamo in 2006.

The treatment of the defendants in CIA custody has become one of the central obstacles in the prosecution.

Defense attorneys have argued that statements obtained after the defendants were tortured cannot be considered voluntary. Prosecutors have argued that later statements made to FBI agents by a «clean team» should be admissible.

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The recent ruling excluding Mohammed’s 2007 FBI statements dealt another blow to that effort and highlighted a problem that has followed the case for years: whether prosecutors can separate evidence gathered later from the coercive interrogations that came before it.

The case has also been disrupted by changes in judges, the coronavirus pandemic and a failed plea agreement.

In 2024, the defendants reached plea agreements that would have required them to plead guilty in exchange for life sentences rather than face the death penalty. Then-Defense Secretary Lloyd Austin withdrew the agreements, prompting another round of litigation. A federal appeals court later blocked the defendants from entering guilty pleas under the withdrawn deals.

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Years earlier, the Obama administration had tried another route.

In 2009, the administration announced that Mohammed and four other defendants would be prosecuted in federal court in Manhattan. That plan was abandoned after fierce opposition from New York officials and lawmakers who raised security and logistical concerns.

The case was moved back to the military commissions at Guantánamo, where it has remained.

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The delays have left the accused plotters aging at a detention complex that has cost taxpayers hundreds of millions of dollars while producing no verdict in the 9/11 case.

Dennis McGinley, whose older brother Danny worked on the 89th floor of the South Tower, said the delays have kept his family from closing a painful chapter. (Fox News Digital)

The criminal prosecution is separate from the civil lawsuit that 9/11 families have brought against Saudi Arabia, although the two proceedings intersect in the families’ broader search for a full accounting of the attacks.

The military commission is focused on whether Mohammed and the other defendants planned and carried out the terrorist operation. The civil case examines whether Saudi government employees or agents helped two hijackers establish themselves in the United States.

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A trial in the civil case could force testimony and the release of evidence that families believe may clarify how the plot was supported before the attacks. The Saudi-related allegations, however, are not the charges at issue in the Guantánamo prosecution.

Ryan said the passage of time means the case now spans two generations of victims’ families: people who were children when the attacks happened and are now adults and older parents and grandparents who fear they may never live to see a verdict.

If the current schedule holds, the proceedings would begin June 5, 2028, almost 27 years after the attacks and 16 years after the defendants were arraigned.

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«Our justice system isn’t designed to work that late,» Ryan said. «It’s designed to produce justice in a fair time. And the emphasis needs to be on the victims as opposed to the five enemy combatants.»

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