INTERNACIONAL
Exmandataria de la Cicig solicita levantar el antejuicio al juez Jimi Bremer

Claudia González presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Jimi Bremer, a quien atribuye cinco posibles delitos por las decisiones adoptadas en el proceso penal que enfrenta por abuso de autoridad.
La exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) busca que se investiguen presuntas vulneraciones a sus derechos, después de que un grupo de expertos de Naciones Unidas calificara de arbitraria su detención de 2023.
La petición fue entregada este lunes 21 de septiembre ante la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial, en la Torre de Tribunales.
El expediente pasó al Juzgado Quinto Penal, que deberá inhibirse y trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia, encargada de decidir si da curso al levantamiento de la inmunidad del magistrado.
González pretende que Bremer sea investigado por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia. La abogada sostiene que las actuaciones judiciales la dejaron en una situación de indefensión para resolver su situación legal.

“Todas las acciones en mi contra, mi detención y todas las vulneraciones de derechos humanos que se dieron dentro de mi proceso tienen que ser investigadas por el Estado de Guatemala”, afirmó González al explicar los fundamentos de la acción.
Las actuaciones cuestionadas durante el proceso penal
La denuncia apunta a los aplazamientos de audiencias, la reserva aplicada al expediente y el rechazo de la mayor parte de las pruebas de descargo ofrecidas por su defensa. González cuestionó también que se le imputara abuso de autoridad, al sostener que nunca ejerció como funcionaria pública.
“Yo no fui funcionaria, nunca fui funcionaria pública, entonces tampoco cabría el tema de levantar un proceso penal por el delito de abuso de autoridad”, señaló. Sobre la audiencia para presentar pruebas, añadió: “Rechazó casi toda mi prueba; o sea, me dejó en estado de indefensión total”.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que la captura de González y la privación de su libertad vulneraron sus derechos fundamentales y debían ser investigadas por el Estado de Guatemala.
En prisión durante 82 días
González fue detenida el 28 de agosto de 2023 tras un allanamiento en su vivienda y permaneció 82 días en prisión preventiva en el centro militar Mariscal Zavala. La Sala Primera de Apelaciones le concedió posteriormente medidas sustitutivas al considerar que la prisión carecía de fundamentación suficiente.

La audiencia de primera declaración se realizó nueve días después de la captura, pese a que la legislación fija un plazo máximo de 24 horas. El caso fue declarado bajo reserva, lo que restringió el acceso a la información sobre el proceso.
Las suspensiones incluyeron ausencias del Ministerio Público, excusas de jueces, demoras para presentar actos conclusivos y postergaciones de las audiencias de ofrecimiento de prueba. La etapa intermedia se extendió durante más de un año, con interrupciones atribuidas también a exceso de trabajo y a presuntas presiones externas.
El 18 de marzo de 2025, Bremer resolvió enviar a González a juicio. Dos meses después, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal suspendió la audiencia de inicio porque el Ministerio Público no compareció y fijó el debate para el 12 de mayo de 2027, al alegar que no contaba con otra fecha disponible por la carga de trabajo.

La denuncia de Blanca Stalling y el origen del expediente
El proceso contra González se originó en una denuncia de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, fallecida en noviembre de 2025, quien acusó a la abogada por las indagaciones que realizó en 2017 mientras trabajaba para la Cicig.
La exmagistrada había sido investigada por presunto tráfico de influencias luego de que el exjuez Carlos Ruano la denunciara. Ruano sostuvo que Stalling intentó influir para que dejara en libertad a su hijo, Otto Molina Stalling, procesado en un caso de corrupción.
Aunque González actuó bajo el amparo de la Cicig, la Fiscalía sostiene que no tenía facultades para investigar a funcionarios judiciales. La acusación quedó exclusivamente a cargo del Ministerio Público que, en ese entonces, estaba bajo la dirección de Consuelo Porras, sancionada en 43 países.
Abogados Sin Fronteras Canadá y la defensa de González exigieron al Estado de Guatemala cumplir la resolución de Naciones Unidas y reparar las vulneraciones denunciadas. La organización afirmó que la persecución penal se relaciona con la labor de la abogada en la comisión, un organismo de Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 200 estructuras corruptas dentro del Estado.
El juez Bremer y los antecedentes de sanciones internacionales

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez es titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y ha intervenido en procesos contra exfiscales, abogados, periodistas y antiguos operadores de justicia. Entre sus resoluciones figuran autorizaciones de diligencias y allanamientos vinculados a investigaciones contra exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Bremer fue incluido en listas de sanciones de la Unión Europea y del Gobierno de Estados Unidos, incluida la Lista Engel, bajo señalamientos de atentar contra la democracia y el Estado de derecho. La solicitud de González busca que la Corte Suprema de Justicia determine si puede ser investigado por las decisiones que tomó durante su proceso.
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INTERNACIONAL
Uruguay busca equiparar a ciudadanos naturales y legales por ley: “Que el país termine de abrazarte”

El gobierno de Yamandú Orsi enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para igualar a los ciudadanos naturales uruguayos de los ciudadanos legales y que ambos puedan tener nacionalidad, informó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Esta iniciativa surgió por el reclamo de organizaciones sociales, que alertaron que tenían algunos problemas prácticos por la interpretación que se hace de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. En particular, los mayores inconvenientes se generaban en la expedición de los pasaportes.
La Constitución de Uruguay establece dos categorías: los ciudadanos naturales –nacidos en territorio uruguayo o hijos de ciudadanos naturales nacidos en el extranjero– y los ciudadanos legales –quienes, habiendo nacido en el extranjero, adquieren la ciudadanía–.

La carta magna no habla de nacionalidad, pero se entiende que quienes tienen nacionalidad uruguaya son los que la Constitución considera ciudadanos naturales. Y no se cree que son nacionales los legales.
Con este proyecto de ley interpretativo de la Constitución, lo que el gobierno busca es que los ciudadanos legales también sean considerados nacionales uruguayos.
“Muchos de estos ciudadanos al adquirir la ciudadanía uruguaya se ven obligados a renunciar a su nacionalidad de origen porque hay países que no reconocen la doble nacionalidad. Por ende quedan prácticamente en una situación de apátridas”, explicó Díaz el viernes 9, en conferencia de prensa.

Si se aprueba el proyecto de ley, pasarán a ser nacionales y uruguayos tanto los ciudadanos legales como los naturales.
Díaz sostuvo que el artículo 2 del referido documento también resuelve la problemática planteada con los menores de edad, mediante una habilitación para que accedan a la Carta de Ciudadanía a través de sus representantes legales, que luego deberán ratificar cuando cumplan la mayoría.
Son entre 16.000 y 20.000 personas que se encuentran en esta situación, informó Díaz, en base a datos de la sociedad civil. Una de las organizaciones que presentó este reclamo fue la ONG Todos somos uruguayos.
“Podemos hablar de 1.000 formas en la que esto nos impacta, pero la principal que nos afecta a todos es el sentido de pertenencia. Es hacer vida, echar raíces en este lugar, en este país, trabajar y buscarse una mejor vida acá, pero que haya algo del país que no termine de abrazarte”, comentó Adriana Ovalle, integrante de esta organización, en el programa Puesta a punto de Canal 12.

Ovalle comentó que el proceso para obtener la ciudadanía legal en Uruguay es “justo y robusto”, e incluye varias etapas pero no tiene el final que esperan porque no pueden decir “somos uruguayos”.
Uno de los problemas se da con los menores de edad, que tienen que esperar unos 20 años para iniciar el trámite de la ciudadanía. “Estamos hablando de niños que no conocen otra tierra que no sea Uruguay y son considerados extranjeros”, explicó.
“Hemos sabido de casos de niños que no han podido ser abanderados por ser extranjeros. Por suerte este tipo de casos son pocos, pero no deja de ser la infancia de un niño que se ve afectada por algo completamente aleatorio”, expresó.

Otro ejemplo que mencionó Ovalle es el de una futbolista de Peñarol que fue convocada a la Selección Uruguaya y no pudo porque era menor de edad y extranjera.
La integrante de la organización señaló que el lugar de nacimiento es “completamente distinto” al concepto de nacionalidad y relató que la inclusión de estos conceptos en el pasaporte les genera inconvenientes.
“Si en el campo de nacionalidad ponés el lugar de nacimiento va a saltar error cuando lo pasás por la máquina (…) Se han visto casos que acusan a la persona de un documento falso y eso no se refleja necesariamente en la realidad de la persona que tiene el pasaporte. Estamos expuestos a la arbitrariedad del agente migratorio”, comentó.
Representantes de la sociedad civil Todos Somos Uruguayos reunidos recibieron con agrado ley interpretativa de la Constitución
pasaporte
INTERNACIONAL
Americans clash over Supreme Court expansion as fight over 9 justices heats up: ‘Let’s pack it now’

As lawmakers spar over whether to expand the U.S. Supreme Court beyond nine justices, Americans interviewed by Digital on Capitol Hill had competing views on whether the nation’s highest court needs a shake-up at all.
«If it’s not broken, don’t fix it,» Tim from Washington, D.C., told Digital.
«If you had more justices, you could have more differing opinions there,» Derek, also from Washington, said. «So you’d have to have more of a consensus on whatever they’re voting on.»
The debate comes after a Republican-backed constitutional amendment to permanently fix the court at nine justices failed in the House in September, falling short of the two-thirds majority required for passage.
MORNING GLORY: DSA DEMOCRATS’ RADICAL PLAN TO RESHAPE AMERICA STARTS WITH THE SUPREME COURT
Democratic lawmakers have also introduced proposals to reshape the court, including legislation to expand its membership, establish term limits and impose additional ethics requirements.
» If we’re gonna change the size, we need to do it now,» said Carl from Texas. «If you’re going to pack the court, let’s pack it now.»
One person Digital spoke with questioned the motives behind efforts to increase the number of justices.
«I think those who want to increase the size, maybe just have a bias to it, if it be Republican or Democrat,» Tim said about the idea of expanding the number of justices. «I say just leave it as it is, man.»
JOHN YOO: THE LEFT’S SUPREME COURT PANIC COLLAPSES UNDER THE WEIGHT OF THE FACTS
Democrats have become increasingly angry over many of the court’s votes, and many have alleged their rulings to be rooted in politics rather than law.
«The more people weigh in, the more accurate the results would be, right?» an interviewee said.
One also argued that while he would be in favor of potentially expanding the Supreme Court, it would be dependent on how many additional justices were to be added.
«It depends on how much more they add,» Derek said. «One or two more doesn’t seem like it’s that much, but if they’re like, ‘Double it.’ Well, starting to just kind of go overboard at that point.»
REPUBLICANS SOUND ALARM OVER HIDDEN MIDTERM STAKES THAT COULD RESHAPE SUPREME COURT FOR DECADES
Several proposals by Democrats have been introduced to reshape the court, including legislation from Rep. Al Green, D-Texas, to expand the bench from nine to 13 justices, and a separate measure from Rep. Ro Khanna, D-Calif., to establish 18-year terms of active service for newly appointed justices.
«I think that more substantial change would be putting in term limits,» Mark from Washington, D.C., said. «The size would allow for the next several presidents to appoint more people. I don’t know that it changes the political bent of the current situation, whereas a term limits might be more effective.»
Other Democratic proposals would impose enforceable ethics standards and require greater transparency surrounding the court’s emergency rulings, often referred to as its «shadow docket.»
Republicans argue Democrats’ proposals to overhaul the Supreme Court are a reaction to the party’s anger at rulings not being in their favor.
LIBERAL JUSTICE HAMMERS SUPREME COURT FOR FAST-TRACKING EMERGENCY DOCKET CASES
House Republicans sought to permanently cap the court at nine justices, casting their proposed constitutional amendment to reject Democratic efforts to expand the court.
It failed to secure the required two-thirds majority needed to pass the House. Amending the Constitution would then also require a two-thirds majority vote in the Senate and then ratification by three-fourths of the states.
Article III, Section 1 of the Constitution establishes the Supreme Court but does not specify how many justices should serve on it, leaving Congress with the authority to determine its size.
Congress initially established six seats under the Judiciary Act of 1789. The court’s size changed several times throughout the 19th century, reaching as many as 10 justices before Congress established the current nine-justice structure in 1869.
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INTERNACIONAL
Iglesia Católica uruguaya ratificó la agenda de León XIV en el país tras el anuncio de su operación por un nódulo pulmonar

La Iglesia Católica de Uruguay confirmó que la agenda prevista por el Vaticano para la visita del papa León XIV se mantiene incambiada, de momento, pese al anuncio del pontífice de este domingo de que será operado para que le extirpen un nódulo que tiene en el pulmón.
La llegada a Uruguay, prevista para dentro de 25 días, dará comienzo a una gira por América Latina que se extenderá hasta el 17 de noviembre y que incluye las llegadas a Argentina y Perú.
“La agenda de su Viaje Apostólico a Uruguay, previsto del 6 al 8 de noviembre, se mantiene sin cambios por el momento, y continúan los preparativos para recibirlo”, comunicó la Iglesia Católica de Uruguay en sus redes sociales.

“La Iglesia en Uruguay se une en oración por el Santo Padre, quien será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Con cercanía y afecto, invitamos a todas las comunidades, parroquias, movimientos y fieles a rezar por el buen desarrollo de la intervención y la pronta recuperación del Papa León XIV”, agregó su mensaje.
El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días. La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus.
León XIV, de 71 años y papa desde mayo de 2025, explicó desde la ventana del Palacio Apostólico que los médicos detectaron el nódulo durante controles recientes. Según indicó, la lesión está circunscrita y fue localizada en una etapa temprana.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, llamó a rezar por el pontífice y se refirió a su agenda en el país.
“Los planes siguen tal cual. Obviamente todos rezamos por la salud del papa. Confiamos que irá todo bien, se recuperará y podrá estar acá en la fecha prevista”, dijo Sturla en una rueda de prensa.
El cardenal detalló que el papa siempre viaja acompañado de su médico personal y de otros integrantes del equipo de salud. “Entiendo que habrá que tener algún cuidado y se nos indicará en los próximos días. Estaremos muy atentos a eso, pero confiamos que irá todo bien y que seguimos adelante”, expresó Sturla.

Tampoco se modifican los planes de la iglesia uruguaya para la llegada del papa. Para esta semana está previsto que se habilite el registro de las entradas –que serán gratuitas– para eventos que serán masivos, como la celebración en el Estadio Centenario. Además, la institución pondrá a la venta números de rifa para financiar una visita que tendrá un costo cercano a los tres millones de dólares.
Días atrás, el mismo Sturla había reconocido que el papa quedará “extenuado” tras uno de los días de su agenda en el país.
El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. A las 17.30 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.
El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice. Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Se espera que varios argentinos lleguen hasta allí.
De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.
El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.
corresponsal: Desde Montevideo
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