POLITICA
Expulsión de extranjeros: cómo funcionaría el decreto que firmó Milei contra aquellos que critiquen a la Argentina

El decreto 681/26, firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete en pleno, modifica la ley de Migraciones y establece penas de prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de extranjeros que “propaguen mensajes de odio”. Es, según distintos funcionarios, la “respuesta necesaria” a la “campaña anti-argentina”.
Tal como informó , la inspiración del decreto provino del asesor presidencial Santiago Caputo y fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cercana a la secretaria general Karina Milei, la que se ocupó de llamar a distintos ministros para interiorizarlos del decreto y viabilizar su firma, según contaron cerca de los funcionarios que recibieron las llamadas, aunque cerca de la ministra (horas después de publicada la nota) afirmaron que Monteoliva “no llamó a nadie”.
Fuentes con acceso a la “cocina” del decreto explicaron a que la idea es fijar “un criterio más estricto y restrictivo en materia migratoria, incluido el otorgamiento de visas”. La letra del DNU hace mención a la propia Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema, que comentan que “toda nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía y esencial a su propia conservación la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio”.
La dirección de Migraciones, hoy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es la encargada del pedido de visas, en su mayoría provenientes de países de Asia, Medio Oriente y África, que no tienen acuerdos bilaterales con la Argentina, trámite del que están exentos la mayoría de los países de América y Europa.
Según fuentes oficiales, será Migraciones la encargada de aplicar este nuevo criterio, ya que –estimaron- “es lógico que antes de otorgar una visa se haga un análisis de información” que suministra el interesado. “Esto no tiene nada que ver con posturas políticas, salvo que seas un extremista”, se atajó la fuente oficial.
En relación a la “campaña anti-argentina”, y en medio de los fuertes roces diplomáticos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Milei sostuvo el domingo pasado que Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos eran los responsables de su financiación. El canciller Pablo Quirno coincidió en la existencia de la campaña y afirmó que el Gobierno “sabe” de dónde salieron los posteos hirientes, aunque evitó precisar el origen.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló el martes la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España y cualquier parte del mundo hablen de la Argentina como un país racista claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo, aunque tampoco precisó qué participación tuvieron los gobiernos de Lula da Silva y el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien incluso rechazó las acusaciones de manera pública.
El exasesor del Ministerio de Defensa, Nicolás Promanzio, cercano a las Fuerzas del Cielo, insistió en la existencia de una campaña “antiargentina” de desinformación coordinada desde Brasil, el Reino Unido y Medio Oriente en las últimas semanas”, con el objetivo de dañar al gobierno de Milei, que “lidera la nueva ola política en la región”. Ese fue el espíritu que guio el decreto publicado hoy, que entrará en vigencia mañana.
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POLITICA
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno acelera negociaciones con aliados para blindar en Diputados el DNU sobre la Ley de Tierras

El Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para blindar el DNU 70/2023 en el Congreso después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivara los intentos opositores para rechazar el decreto en Diputados. En la Casa Rosada reconocen que el tema volvió a generar una dificultad política, pero consideran que tienen margen para negociar durante los próximos meses.
“El DNU lo vamos a blindar. Ya arrancamos los contactos con bloques y gobernadores para que acompañen”, aseguran en el Ejecutivo. La estrategia apunta principalmente a evitar que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024, condición necesaria para que el decreto pierda vigencia bajo el régimen actual.
La Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado expresamente por las dos cámaras. El Senado votó contra el 70/2023 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones, pero la Cámara de Diputados nunca completó ese procedimiento. Por eso, el decreto continúa vigente en los puntos que no fueron modificados posteriormente por leyes o decisiones judiciales.
El nuevo movimiento se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal concluyó que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción en los términos planteados.
Noticia que está siendo actualizada.
Gobierno, ley de tierras, DNU
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Gritos, forcejeos e insultos entre la oposición y legisladores oficialistas en la comisión por Malvinas

El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.
La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.
En un encendido discurso, la diputada del FIT intentó exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, que cuestionaba su posición.
En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos. El conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó el tucumano Gerardo Huesen, quien, a los gritos, acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.

Grabois y Huesen quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los diputados, algunos de los cuales intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

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fallo de la Corte Suprema,Conforme a
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Fundación Techo analizó el fallo por la Ley de Tierras: “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia”

La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras al revocar una resolución que había favorecido al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. El tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para pedir la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y no resolvió el planteo de fondo.
Juan Maquieyra, integrante de la ONG Techo, se refirió al fallo y reclamó que el Gobierno incluya recursos para obras de integración sociourbana en el presupuesto que analiza el Congreso. Según planteó en Infobae Al Mediodía, la falta de partidas para barrios populares coincide con una norma que eliminó restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte Suprema revocó una resolución favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El tribunal no definió la constitucionalidad de fondo del decreto: consideró que la organización demandante no tenía legitimación para solicitar la inconstitucionalidad de esa norma.
Maquieyra cuestionó el alcance de la decisión. “A mí me parece insólito meterse a dejar a disponibilidad de cualquiera que quiera comprar la tierra argentina”, afirmó.
El representante de Techo sostuvo que la situación resulta contradictoria con los planteos oficiales sobre soberanía nacional y mencionó el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia ahora, cerquita de Malvinas”, expresó.
También anticipó que la organización seguirá de cerca las definiciones políticas posteriores al fallo. Para Maquieyra, la medida es “realmente grave”.
Urbanizar barrios populares
El foco central del reclamo de la ONG está en la ausencia de recursos para obras de agua potable, cloacas, electricidad y accesos en barrios populares. “No hay partidas para integración sociourbana”, afirmó Maquieyra sobre el proyecto de presupuesto.
El dirigente señaló que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar esas intervenciones, quedó “totalmente desfinanciado”. La entidad no plantea como condición conservar ese instrumento, sino asegurar recursos para las obras mediante el mecanismo que el Gobierno considere.
“Si el Gobierno quisiera hacerlo por otro mecanismo que no sea el FISU, nosotros estamos para sentarnos en la mesa y conversarlo”, sostuvo Maquieyra. La organización presentó una iniciativa junto con Cáritas y bloques parlamentarios para declarar la emergencia de los barrios populares y garantizar financiamiento.

Según el integrante de Techo, más de diez bloques y cerca de 140 diputados acompañan la propuesta. El objetivo es sostener intervenciones en zonas donde las familias enfrentan déficits de infraestructura y servicios esenciales.
Un millón y medio de chicos vive con problemas de acceso a servicios
Maquieyra afirmó que 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con dificultades para acceder a servicios básicos. “Cuando abren la canilla del baño no saben si sale agua potable”, expresó.
También describió riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias y problemas de conectividad durante las lluvias. “Niños y niñas que cada vez que llueve mucho no pueden ir a la escuela”, afirmó.
Para Techo, esas condiciones afectan de forma directa las trayectorias educativas. Maquieyra cuestionó que se hable de inclusión y calidad educativa cuando algunos alumnos no pueden asistir a clases por el estado de los accesos a sus viviendas.
El representante de la ONG diferenció las transferencias de ingresos de las políticas de vivienda e infraestructura. Mencionó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la integración sociourbana como dos herramientas de alcance social que requieren continuidad.
Proyecto de Techo en el Congreso
Techo y Cáritas llevaron al Congreso un proyecto que prevé recursos graduales para las obras. Maquieyra sostuvo que la inversión requerida sería inferior al 1% del producto bruto interno (PBI).
“La propuesta no dice: ‘De un día para el otro meté los 20 mil dólares que hay que poner’”, explicó. Según indicó, el monto representa menos de la mitad de lo que recaudaría el Estado con cambios en el impuesto a las ganancias judiciales.
Maquieyra señaló que la iniciativa fue presentada ante funcionarios nacionales y que la entidad está dispuesta a discutir modificaciones al texto. “Esta no es una propuesta contra el Gobierno, esta es una propuesta a favor de un millón y medio de chicos”, afirmó.
El dirigente remarcó que el planteo busca asegurar agua potable, electricidad segura, condiciones de vivienda y accesos que permitan a los estudiantes asistir a la escuela aun cuando llueve.
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