Pasaron cuatro días desde que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dijo que “hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea Presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar” y, aunque el Gobierno debió reconocer después que esas auditorías, en realidad, ya se hacen, el tema quedó empastado con las duras críticas que hace meses se lanzan contra la educación superior estatal: eso del adoctrinamiento curricular y los empleados “ñoquis”, o –tras las multitudinarias marchas de este martes–, aquello de que solo es una comunidad que llora “lágrimas de zurdos”. Para separar los tantos, un repaso sobre cómo se hacen las auditorías a las universidades nacionales y hasta qué punto habría que reforzarlas.

Si hay que separar conceptos “enchastrados” es porque los temas en danza tienen naturaleza muy distinta. Una cosa es que la comunidad universitaria esté denunciando que no puede funcionar con el mismo presupuesto que en 2023, y esto provoque cuestionamientos desde el Gobierno –justos o injustos– sobre lo que las instituciones hacen con el dinero que reciben. Otra muy distinta, que el Presidente emita afirmaciones del estilo de que la educación pública “ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”. No son esas apreciaciones las que deberían movilizar las auditorías, ni tampoco las auditorías (o la falta de ellas) las que deberían mover afirmaciones como esas.

Las auditorías a las universidades, ante todo, revisan el uso del presupuesto transferido desde el Estado nacional, explicó a Clarín, una fuente que pidió reservar su nombre y actualmente trabaja en la Auditoría General de la Nación. Empapada de estos temas, aclaró que “se hace un análisis de riesgo y se ven las cuestiones críticas, como el uso del presupuesto, las compras y contrataciones y el manejo del personal. Por el impacto que estos ítems implican en el gasto, son temas que tenemos que atender. Algunas veces (no siempre, aclaró) se analizan cuestiones de gestión académica.

Hasta acá suena razonable, pero el problema es que si uno hace una búsqueda online de todos los informes emitidos por la AGN en la última década (2014-2023, por determinar un plazo posible), verá que no superan la docena. Si se miran todos los informes sobre universidades nacionales desde el 2000, no hay más de 25. En promedio, no mucho más de uno por año. El número de universidades nacionales en Argentina es 57.

Veamos qué dice la ley 24.156, de 1992, sobre la forma de auditar la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional (incluyendo a las universidades nacionales). El artículo 7 expresamente determina que “la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (Sigen) serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente”.

En palabras de Jesús Rodríguez, ex presidente de la AGN hasta diciembre del año pasado, “se parte de un principio fundamental, y es que todo recurso público debe ser auditado de manera interna y externa. Los órganos rectores para esas tareas son la Sigen y la AGN”.

Ahora bien, ¿cuál es el papel de la Sigen en todo esto y por qué la AGN emite pocos informes? O más bien, ¿son pocos?

La AGN es un organismo muy prolijo en materia de acceso a la información pública y cualquiera puede leer online las auditorías de los últimos 25 años. Son informes “no vinculantes”, es decir que solo se advierten problemas y se dan recomendaciones sobre cómo mejorar.

Si bien la tendencia internacional de los organismos de control es a balancear las críticas con puntos “a favor”, nada de ese espíritu parece haber calado en la Argentina. Casi todas los informes de auditoría que este medio pudo leer (al menos sobre universidades nacionales) plantean diagnósticos duros, muchas veces relacionados a desprolijidades importantes en la organización administrativa y los balances.

Sin embargo, como se decía, a diferencia del informe de una ecografía, que quizás diría “no se vio tal cosa” o “estructura dentro de los parámetros normales”, en estos casos, solo se resalta lo negativo porque el propósito de estos informes es buscar zonas de riesgo; apuntalar lo problemático. Como los informes son accesibles y son días en que la crítica barata sale fácil, hay que decir que sería por lo menos equivocado desprender de esos textos la inexistencia de aspectos virtuosos en los organismos auditados.

En cuanto al bajo número de informes de la AGN, se explica por dos razones. La primera es metodológica.

La AGN trabaja ex post (locución latina que significa “después del hecho”; lo contrario a las auditorías “concomitantes” –al hecho– que hace la Sigen). Ahora bien, no solo mira los papeles del organismo en cuestión una vez terminado el período que pretenden auditar, sino que ese “objeto de estudio” funciona como una “muestra” del todo. Es una metodología que sigue parámetros internacionales para los organismos de control externos.

Por ejemplo, podrían decidir revisar cierta facultad de cierta universidad (o toda una universidad) en tal período, que podría incluir varios años, un trabajo que llevará a los auditores “diez meses de trabajo de campo”, explicó la fuente consultada. En la práctica, el grupo de empleados de la AGN asignado para la tarea revisará toda la documentación significativa que emitió el organismo auditado en el período objetivo. Ese trabajo muchas veces es presencial, en el propio edificio de la institución auditada.

Pero, dado que “el Estado nacional es muy amplio y profuso, y así son también las universidades nacionales, se parte de la base de que no se puede auditar todo y se trabaja mucho con análisis de riesgo para priorizar unas situaciones sobre otras. Es imposible auditar todo”.

Ese “riesgo” no implica necesariamente denuncias sobre el funcionamiento del organismo en cuestión, sino que podría relacionarse al presupuesto que maneja, el número de alumnos que tiene u otras variables. “Se intenta, por supuesto, no siempre priorizar las mismas variables, porque si no siempre se harían auditorías en los mismos lugares”, explicó la persona consultada.

Dado que además de auditorías se hacen informes de seguimiento “que son muy importantes, porque revisan si el organismo modificó alguna cuestión de lo que ya se había observado años antes”, parecería importante poder auditar un poco más de lo que se hace. O, por lo menos, hacer más informes de seguimiento.

Sin embargo, según se pudo averiguar (y esta es la segunda razón por la que se emiten pocos informes), el equipo dedicado a las universidades nacionales (que depende de la “Gerencia de control de gestión del sector no financiero”) cuenta con menos de 20 personas por todo concepto.

Ese número dificulta auditar varias casas de estudio a la vez. Esto sin entrar en el problema de si los informes que se emiten son (o no) tomados en cuenta por las instituciones auditadas y los legisladores del Congreso que los reciben. Ellos son los destinatarios naturales del trabajo de la AGN.

Hace unos días Clarín informó que, antes de dejar el poder, el entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini buscó “blindar” a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir las auditorías de la Sigen. Esto fue en noviembre de 2022, a través de una resolución en la que ratificó que el monitoreo externo de los gastos de la UBA y demás universidades nacionales debía hacerlo solamente la AGN

El tema es simple: la AGN depende del Poder Legislativo y hace auditorías “externas”, y la Sigen, que depende del Poder Ejecutivo, hace auditorías “internas”.

Desde siempre, las universidades nacionales –al menos la UBA y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lo confirmaron– rechazan ser controladas por la Sigen, con el argumento de que el organismo natural que las debe auditar es la AGN. A la vez, remarcan que ellas mismas hacen también sus propias auditorías internas (en efecto, emiten informes que pueden verse online). En la práctica pareciera que de algún modo se “reemplazan”, así, las que tendría que hacer la Sigen. Ser inspeccionadas por el Poder Ejecutivo, aclaran, vulneraría el principio constitucional de autonomía universitaria.

Ese argumento tampoco puede desestimarse, si hubiera un contexto de potencial amenaza a la tan importante autonomía de las universidades. Por lo menos, la cuestión de quién debe conducir la Sigen y con qué mecanismo de elección serían elegidas sus autoridades, es una polémica irresuelta y de larga data. De hecho, la Sigen no tiene la misma reputación que la AGN.

Consultado por este tema, Jesús Rodríguez explicó que no está en nada de acuerdo con esa posición. Por un lado, enfatizó que sin dudas “debe haber presupuesto y recursos suficientes para las universidades”, y criticó con fuerza al Gobierno actual: “Milei tiene la conducta de Alberto Fernández: gobierna sin presupuesto del Congreso, por decisión propia, de modo que puede manipular el destino de los recursos públicos de manera discrecional y arbitraria”. Así “nadie puede planificar nada y hay total incertidumbre sobre los recursos disponibles”.

Pero no le dio la razón a las instituciones nacionales de educación superior en cuanto a las auditorías internas. De hecho, consideró que las de la Sigen, al ser concomitantes (o sea que se realizan “durante” el hecho), serían fundamentales para mejorar todo el sistema.

Contra lo que habían explicado desde la UBA y la UNLP, el ex director de la AGN opinó que “las universidades no dependen del Congreso sino que el Congreso les da presupuesto, como a todo el mundo. No dejarse auditar por el Ejecutivo con ese argumento es mala intención. Es evitar el control e implica una búsqueda de opacidad”.

En síntesis, concluyó: “Las universidades deben recibir recursos lógicos, pero obligatoriamente deben ser auditada en forma interna y externa. Hay un principio de transparencia que debe estar garantizado. Así que la mirada propositiva es justamente que haya presupuesto suficiente, pero, también, control, transparencia e integridad de los funcionarios y universidades”.