Las encuestas mandan y estas dejaron saber que el derrumbe de 68 a 47 puntos en las encuestas tuvo como principal segmento social de fuga a los votantes originales de Javier Milei, aquellos que habían creído con sinceridad que el panelista estrella devenido en presidente cumpliría con sus promesas de combatir a la “casta”. Hoy tienen en claro que la “casta” eran los jubilados, los trabajadores, los beneficiarios de planes sociales, los trabajadores en general, los comedores populares, las pymes, los discapacitados y las provincias, sometidos al drama del empobrecimiento permanente y el desempleo. Esa constelación subalterna que componía gran parte de su universo inicial hoy lo ha abandonado. Quedaron, en cambio, como su sostén más firme, los votantes de Patricia Bullrich que se agregaron en la segunda vuelta electoral, por lo que resultó necesario convertirlos en “planeros” -por medio de la habilitación de vouchers escolares- y ahora salir a reconocer que la aplicación plena del mega DNU inconstitucional terminaría por liquidar sus bases sociales de sustentación. Culpar a las prepagas implicar recurrir a la lógica amigo-enemigo, que desde Carl von Clausewitz hasta Carl Schmitt, desde Joseph Goebbels hasta Ernesto Laclau, constituye la apelación habitual para quienes necesitan un discurso totalizador para tratar de evitar que su respaldo social se les escurra como arena entre los dedos. .

¿Si el mercado todo lo soluciona, por qué razón el estado -una organización peor que la mafia para el presidente- debe verse obligado a intervenir en la economía, para aminorar las consecuencias de la aplicación de la herramienta de acción que el mismo gobierno diseñó? ¿Cómo explicar que la gestión se niega a convalidar la libre negociación de salarios, en una pretendida economía de mercado? Pero, más aún, ¿cómo podrá seguirse apelando al combate contra la “casta”, cuando los senadores de todas las fuerzas políticas se autoasignaron un incremento salarial de más del 100 por ciento? La argumentación de Martín Lousteau para justificar ese incremento es reveladora: los senadores no podrían cobrar menos que un secretario de Estado, como Manuel Adorni o Karina Milei. Pero tanto uno como otro fueron ascendidos a rango ministerial, por lo que sus propios estipendios están en paralelo con los de la cámara alta. Y esto sin hablar de la contratación y designación serial de parientes de funcionarios y legisladores de LLA en cargos públicos. Ni qué decir del poder judicial, que nunca fue incluido en el discurso crítico de Milei. Parece increíble que el 48 por ciento de los argentinos no registre que la “casta” -en la que debe incuirse a los grandes empresarios amigos que ocupan con sus cuadros buena parte de las funciones estatales estratégicas y de las empresas del estado- ha sido la principal beneficiaria de la gestión actual, aunque aparente no verlo, por odio o por conveniencia.

Mientras que el gobierno va incrementando concesiones y recortes para conseguir la aprobación de la ley Combi, la amenaza de la depresión –ya no recesión- y la catástrofe consiguiente aguardan a la vuelta de la esquina. Si bien el oficialismo celebra la caída de los indicadores de inflación, el costo resulta exorbitante y signará el futuro oscuro de los argentinos. El FMI advierte los riesgos del estallido social y, mientras celebra en público los logros, recomienda atender las variables sociales y dotar de mayor “calidad” al ajuste, reinstalando el impuesto a las Ganancias sobre salarios desplomados por la motosierra y la licuadora de las que se enorgullecen los funcionarios públicos, que experimentan un goce incomparable al condenar a millones de argentinos al hambre y la indigencia. Desde Domingo Cavallo hasta Miguel Ángel Broda han insistido en la necesidad de una “corrección” del tipo de cambio, lo que en la práctica implica una nueva devaluación con impacto impredecible sobre los precios. Por algo el FMI aplaude en público pero no le abre la bolsa a Luis “Toto” Caputo: saben que el giro de divisas frescas tendrá como consecuencia una nueva fuga de capitales, como la que el actual ministro de Economía propició en 2018.     

En este contexto, la marcha universitaria, con apoyo de la CGT, los movimientos sociales y hasta los centros de estudiantes de universidades privadas se levanta como un muro amenazante para las políticas de saqueo, transferencias de riqueza y exclusión social que impulsa este gobierno. El gobierno, tal como es su característica, anunció un incremento ficticio del presupuesto universitario que en media hora quedó desmentido. La mentira tiene patas cortas y más del 80 por ciento se ha expresado en favor de la educación universitaria pública que siempre fue el orgullo nacional, pero también el canal para posibilitar la movilidad social ascendente.

¿Será la marcha universitaria el punto de inflexión para poner freno a la destrucción de la sociedad argentina? El 23 de abril no será un día más: el destino de los argentinos comenzará a definirse a partir de entonces. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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