LA PAZ.- El Congreso de Bolivia autorizó este martes al presidente Rodrigo Paz a desplegar las Fuerzas Armadas en las calles del país y le otorgó la facultad de declarar el estado de emergencia en medio de la crisis social y los bloqueos de carreteras que azotan al país del Altiplano.

La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados, donde se abrogó la Ley 1341, que regula los Estados de excepción, y pasó al poder Ejecutivo para su promulgación.

El Poder Legislativo tomó esta decisión en el inicio de la cuarta semana de protestas impulsadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales en rechazo de la política económica liberal del Gobierno.

Además, exigen aumentos salariales y responsabilizan a la administración de Paz por la distribución de combustible de mala calidad que, según denunciaron, dañó miles de vehículos.

La norma recibió el apoyo de dos tercios de la Cámara baja, que sesionó de manera virtual. En las consideraciones, antes de la votación, cada diputado tuvo un media hora para justificar su voto, que fue nominal. Cada legislador expuso sus criterios respecto a la norma, tanto a favor como en contra.

Según informó el medio boliviano El Deber, la Cámara de Diputados se constituyó en cámara revisora ya que el Senado había dado el visto bueno del proyecto el pasado 24 de mayo.

Manolo Rojas, diputado del bloque del Partido Demócrata Cristiano (PDC), defendió la eliminación de la norma y sostuvo que el país atraviesa un momento de alta conflictividad que requiere una respuesta más firme del Estado.

“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, declaró el legislador luego de la votación.

A partir de la reconstrucción consignada por El Deber, la mayoría de los discursos de los diputados apuntaron a responsabilizar al expresidente Evo Morales como el principal articulador de la crisis que vive el país. Varios de los legisladores pidieron que, al margen de la ley, se defina de una vez la aprehensión del exmandatario.

Rojas también cuestionó las limitaciones que, a su criterio, impone la Ley 1341 al Poder Ejecutivo. “La ley 1341 fue creada para quitarle prerrogativas constitucionales a nuestro presidente”, afirmó. “¿Cómo quieren que los paceños reaccionemos a conductas de violencia? ¿Con florcitas, con pañuelitos blancos? No.”, remató en clara alusión a los sectores movilizados.

Por último, el legislador redobló la apuesta y sentenció: “Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas”.

El proyecto aprobado este martes apuntaba a derogar la denominada “ley Eva Copa”, aprobada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Esa normativa reglamentaba artículos de la Constitución vinculados al estado de excepción y establecía límites al uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.

Como consecuencia del estado de crisis profunda en que se encuentra Bolivia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su preocupación y consideró lo que viene sucediendo en aquel país como acciones orientadas a desestabilizar el gobierno del presidente Paz.

La Justicia falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en su pedido de dar marcha atrás a la Resolución 42/26 del gobierno nacional, que disponía la cesación de la prestación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Tras la medida publicada en abril, los empleados estatales habían denunciado un intento de “desmantelamiento” del organismo para justificar más de 700 despidos.

Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín acató la medida cautelar que presentó el gremio, en la que exigía que las autoridades del INTI se abstengan de aplicar la resolución. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Es un triunfo para los estatales”, celebró en sus redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó y definió a la cautelar como un “avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.

En tanto, apuntó contra el Gobierno: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”.

A mediados de abril, el Gobierno dio de baja más de 900 servicios que el INTI prestaba y aclaró que se trataba de una medida en consecuencia de la “baja demanda”. La resolución, además, fue impulsada en el marco de los recortes que el Ejecutivo establece sobre el organismo desde 2024.

Tal como informó , los casi 1000 servicios que fueron suprimidos tenían que ver, entre otros, con ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).

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