INTERNACIONAL
Félix Savón buscando comida en un basurero, un exboxeador con artrosis sin respaldo y el sistema cubano que «recicla personas»
Félix Savón, tricampeón olímpico de boxeo, fue filmado hace unos días mientras buscaba comida en un basurero de Cuba. La escena, difundida el 11 de octubre, reavivó el debate sobre el abandono estatal a los deportistas retirados de la isla, entre ellos el boxeador Leonardo Winter Echeverría.
Según detalla el Periódico Cubano, Winter Echeverría integró el boxeo competitivo cubano durante la década de 1980. Hoy vive en Banes, Holguín, con una artrosis en la rodilla que le dificulta caminar y asegura no recibir respaldo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).
207 combates sin respaldo institucional
Su historia salió a la luz a través de un video difundido en redes sociales por el perfil Cuba Independiente y Democrática (CID), movimiento opositor que documentó su testimonio.
En la grabación, el expúgil recuerda que disputó 207 combates y sumó alrededor de 150 victorias a lo largo de su carrera. También menciona haber enfrentado a figuras destacadas del boxeo nacional, aunque no identifica a todos sus rivales.
Winter Echeverría participó además en torneos internacionales en Venezuela y Guyana, donde obtuvo al menos un triunfo dentro del sistema deportivo cubano. Esa trayectoria contrasta, según su relato, con la falta de atención que recibe en la actualidad por parte del INDER.
La denuncia sobre la precariedad de los exatletas cubanos describe un patrón reiterado: deportistas que representaron al país en competencias internacionales y que, tras el retiro, quedan sin cobertura médica ni económica estatal, obligados a subsistir con pensiones mínimas o con la ayuda de terceros.
CID cerró su publicación con una frase de la propia grabación: “Los hombres que fueron no se pueden olvidar”. Hasta el momento no existe una respuesta pública del INDER sobre la situación particular de Winter Echeverría, ni datos que confirmen si solicitó asistencia por los canales institucionales.
Otros exboxeadores que denunciaron precariedad
El caso del residente en Banes guarda semejanzas con el de Gaspar Casamayor Álvarez, exboxeador de Santiago de Cuba. Su precariedad fue documentada por Periódico Cubano en marzo pasado.
Pese a contar con una credencial que lo identifica como “Gloria Deportiva”, Casamayor Álvarez se vio obligado a vender objetos personales y pedir ayuda económica para alimentarse, según consignó el diario.
Ariel Hernández, doble campeón olímpico de boxeo, relató por su parte que la remuneración recibida por sus resultados internacionales no cubría sus necesidades. El expugilista explicó que tuvo que trabajar como custodio tras abandonar la competición.
A ese listado se suman otros nombres difundidos en los últimos meses. El excampeón mundial Bernardo Comas, de 65 años, vive en Camagüey con demencia senil y una pensión de 8,000 pesos cubanos mensuales.
El exboxeador Félix Lemus cultiva la tierra para sobrevivir con poco más de 3.000 pesos al mes, de acuerdo con CiberCuba, sitio de noticias cubano.
En abril de 2025, el exlanzador Omar Ajete criticó durante una transmisión televisiva las condiciones de atención a los deportistas retirados en Pinar del Río. Su intervención quedó interrumpida cuando abordaba las deficiencias del apoyo institucional.
El video de Savón y el reclamo en octubre
La página de Facebook BoxeoCubano publicó el clip de 17 segundos donde se ve a Savón responder a quien lo filmaba desde un automóvil: “Recogiendo comida, comida para comer”. La grabación superó el millón de reproducciones en un día, según registró CiberCuba.
El comediante Limay Blanco localizó al tricampeón olímpico y le entregó alimentos, dinero en efectivo y una Biblia donados por su iglesia. El encuentro, también difundido en video, disipó las dudas sobre la identidad del hombre filmado.
El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, emigrado de la isla en 2018, reaccionó ante CiberCuba: “Todos los deportistas fueron cifras útiles mientras producíamos resultados. Una vez retirados, se acabó el negocio para ellos”.
Bruzón amplió ante el medio que el sistema deportivo cubano “recicla personas, exprime almas y descarta” a quienes dejan de ser útiles, y responsabilizó del trato a quienes gobiernan la isla desde 1959.
El INDER ha negado en reiteradas ocasiones que exista una desatención institucional generalizada, aunque no presentó pruebas concretas de la asistencia que brinda a sus antiguos atletas, según reportó CiberCuba. Hasta ahora, ni el organismo ni las autoridades deportivas cubanas emitieron una respuesta pública sobre el caso de Winter Echeverría ni sobre el de Savón.
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) contabiliza alrededor de 2.500 usuarios residenciales beneficiados con la condonación de sus deudas y cerca de 250 personas y empresas que acudieron voluntariamente a regularizar irregularidades en sus sistemas de medición del consumo eléctrico, como parte de las medidas impulsadas para ordenar las finanzas.
Las cifras fueron dadas a conocer por el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, quien explicó que ambos procesos muestran un incremento en la participación de los usuarios que buscan resolver sus compromisos pendientes con la estatal y corregir anomalías en la medición de la energía que consumen.
Según el funcionario, este mecanismo está orientado a personas que mantenían obligaciones pendientes con la institución y que pueden acogerse a las disposiciones establecidas para el alivio de sus deudas.
En paralelo, la ENEE registra cerca de 250 regularizaciones voluntarias de personas naturales y empresas que presentaban algún tipo de irregularidad en sus sistemas de medición eléctrica.
Panting explicó que quienes se presentan voluntariamente pueden corregir su situación sin recibir castigos ni multas, por lo que instó a los usuarios que todavía tienen anomalías en sus instalaciones o equipos de medición a aprovechar el período habilitado por la normativa.
La diferencia entre ambos procedimientos radica en que la condonación está dirigida a usuarios residenciales con deudas pendientes, mientras que las regularizaciones voluntarias buscan corregir irregularidades en los sistemas de medición del servicio eléctrico.
Reducir irregularidades
Uno de los componentes del proceso impulsado por la ENEE apunta a la identificación y corrección de anomalías en los equipos utilizados para registrar el consumo de electricidad.
Estas irregularidades pueden estar vinculadas con sistemas de medición que no reflejan correctamente la energía utilizada por los abonados.
La institución busca incentivar que los usuarios se acerquen por iniciativa propia para solucionar cualquier situación pendiente, en lugar de esperar a que se desarrollen procesos de inspección o detección de anomalías.
El funcionarionreiteró que el plazo para acogerse a este beneficio se mantiene vigente hasta finales de 2026. Durante ese período, las personas y empresas que tengan problemas con sus sistemas de medición podrán presentarse ante la estatal para regularizar su condición sin exponerse a multas ni castigos.
El llamado también busca que los abonados mantengan actualizada su situación ante la empresa eléctrica y contribuyan a mejorar los registros de consumo, un aspecto relevante para la facturación y la administración de los recursos del sistema energético.
La participación voluntaria es uno de los elementos que la ENEE busca fortalecer, dado que las diferencias entre la energía suministrada, la registrada por los medidores y la facturada inciden en los resultados financieros de la institución.
Ordenamiento de la medición
Otro de los procesos anunciados por Panting corresponde a la revisión y ordenamiento de los sistemas de medición eléctrica de 215 alcaldías del país.
El funcionario indicó que los trabajos ya comenzaron y comprenden municipalidades ubicadas en las categorías C y D contempladas en la legislación vigente.
Esta iniciativa se desarrolla mediante la coordinación de la ENEE con la Secretaría de Gobernación y Justicia y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), con el propósito de avanzar en la revisión de las condiciones de medición del servicio eléctrico en las corporaciones municipales.
La incorporación de las alcaldías al proceso representa otro componente del ordenamiento que la estatal pretende extender a distintos sectores de sus usuarios, incluyendo instituciones públicas y consumidores residenciales y empresariales.
En el ámbito institucional, Panting destacó la aprobación anticipada del reglamento del Comité de Conducción, un instrumento relacionado con el proceso de reorganización del sector eléctrico.
Según explicó, este avance se concretó antes de los plazos previstos en la ley, lo que permite desarrollar las siguientes etapas del proceso con mayor planificación y precisión.
La aprobación del reglamento constituye uno de los pasos administrativos para orientar las acciones de ordenamiento, establecer mecanismos de coordinación y dar seguimiento a las medidas que se ejecutan en el sector energético.
La recuperación financiera de la ENEE constituye uno de los principales desafíos de este proceso, debido a la necesidad de mejorar sus ingresos, reducir las pérdidas y fortalecer la administración de los recursos provenientes de la prestación del servicio eléctrico.
EXCLUSIVE: President Donald Trump may be briefed on sprawling cartel networks and massive drug seizures, but sometimes it’s the story of a single American crime victim that captures his attention, a White House official told Digital.
The official described how Trump can shift from discussions about major criminal organizations to an individual harmed by crime, pressing officials about what more the federal government can do to protect everyday Americans.
«I could be talking about very grand cartel stuff, which he’s very interested in,» the official said, explaining that the president may instead focus on one person hurt by criminal activity.
WHITE HOUSE HIGHLIGHTS ‘STEEPEST’ EVER DECLINE IN US CASUALTIES FROM CARTELS AMID BOAT STRIKES
The official said Trump receives regular briefings that include photographs of narcotics seized by federal agents. While the president takes pride in successful enforcement operations, the official described his reaction as quickly turning to the amount of work still ahead.
The president’s response to the photographs, according to the official, is to ask what more can be done to stop the flow of drugs into American communities. Trump also pressed for federal agencies to work together as the administration seeks to dismantle entire criminal organizations rather than simply arrest their leaders as agencies have done in the past.
That approach is at the center of a campaign that has brought together more than 20 federal agencies under the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative.
According to figures provided by the White House, the task forces made nearly 12,000 arrests during fiscal year 2026, seized approximately 161 metric tons of drugs, $482 million in criminal assets and nearly 13,000 weapons.
ICE ARRESTS MORE THAN 100 ALLEGED GANG MEMBERS IN SINGLE WEEK, INCLUDING VIOLENT MS-13, TDA SUSPECTS: DHS
The administration also reported 676 criminal organizations disrupted in figures provided to Digital. The task forces have 6,585 active investigations, including more than 1,000 targeting major drug kingpins and 814 targeting designated Foreign Terrorist Organizations.
The task force operates nationwide, bringing together federal law enforcement agencies with hundreds of state, local and international partners. Its public website, HSTF.gov, outlines the initiative’s mission, participating agencies and enforcement efforts targeting cartels, transnational gangs and other criminal organizations.
Behind those numbers, the official described an effort to break down longstanding divisions among federal law enforcement agencies that previously pursued overlapping investigations with varying degrees of cooperation.
DOJ TOUTS HUNDREDS OF GUN, DRUG ARRESTS AS ST LOUIS SURGE OPERATION ENDS: ‘VIOLENCE IS NOT INEVITABLE’
The official said more than 1,800 cartel-related narcotics task forces previously operated across the country, with varying degrees of coordination.
Agencies including the FBI, DEA and Homeland Security Investigations (HSI) could pursue overlapping targets, occasionally competing to bring indictments first.
Interagency disagreements sometimes left investigations stalled for years, the official said.
Under the new approach, the National Coordination Center brings together the Departments of Justice and Homeland Security, with support from military and intelligence partners, to resolve conflicts and coordinate investigations across jurisdictions.
DRUG CARTEL KINGPIN AMONG TARGETS IN SWEEPING TRUMP CRACKDOWN ON ALLEGED MEXICAN CORRUPTION NETWORK
«Now we’re all indicting together,» the official said.
Rather than focusing exclusively on high-value targets, investigators are pursuing the transportation networks, distributors, collectors and money launderers that keep criminal enterprises operating.
The official explained that taking down a cartel leader does not necessarily dismantle the organization because others can quickly assume leadership.
«There’s five more people ready to step up as soon as we take out one,» the official said.
A sweeping federal investigation into the Trinitarios gang in Massachusetts illustrates the kind of coordinated law enforcement effort the administration is pursuing.
In June, federal prosecutors announced racketeering conspiracy charges against 26 alleged gang leaders, members and associates in connection with five murders and 19 attempted murders.
The announcement brought the total number of Trinitarios members charged in related investigations over two years to 56. Prosecutors alleged the gang’s involvement in 11 murders and 30 attempted murders since 2017.
Court documents describe chapters operating in the Boston area whose members allegedly engaged in drug trafficking, kidnappings and witness intimidation. Investigators also alleged the gang recruited minors attending local schools, sometimes using younger members to conceal weapons or serve as lookouts.
The investigation involved HSI, the FBI, DEA, ATF and state and local law enforcement partners. The investigation began before the HSTF initiative, and the charges remain allegations against defendants who have not been convicted.
The task force’s reach also extends to drug trafficking operations moving narcotics across state lines.
In Louisiana, federal prosecutors announced five cases involving more than a dozen defendants and hundreds of kilograms of narcotics.
Near Breaux Bridge, investigators discovered approximately 147 kilograms of methamphetamine concealed inside modified ice cream freezers. In another case near Lafayette, authorities found approximately 100 kilograms of cocaine hidden inside an 18-wheeler’s cab.
The White House official also pointed to Tren de Aragua, the Venezuelan criminal organization that drew national attention during the 2024 presidential campaign, as an example of the administration’s broader strategy.
Digital extensively covered allegations of Tren de Aragua activity at apartment complexes in Aurora, Colorado, including accounts from local officials and residents who described violence and intimidation.
Trump subsequently made Aurora a recurring focus of his criticism of the Biden administration’s border policies.
The official recalled Digital’s reporting on the controversy and argued that the administration’s coordinated enforcement campaign has weakened the gang’s ability to operate openly in the United States.
«I’m not saying they’re completely gone here, but they are so on their heels because we have this concerted effort taken,» the official said.
«You don’t see them bragging in the social media anymore,» the official added.
In May, the Justice Department announced charges against more than 25 defendants in a nationwide Tren de Aragua crackdown spanning six federal judicial districts. Authorities reported seizing more than 80 firearms, approximately 18 kilograms of narcotics and more than $100,000.
The official described the crackdown as an example of the administration’s effort to pursue criminal organizations at multiple levels, rather than concentrating solely on their leaders.
The administration is seeking to apply that same approach to more deeply established criminal networks, including the notorious Sinaloa Cartel.
The official said the task force’s ultimate objective is not simply accumulating arrests or celebrating drug seizures, but reducing the ability of criminal organizations to threaten Americans.
For Trump, the official said, even major seizures can serve as reminders of the work still ahead. The president may take pride in enforcement results, but the official described his attention as quickly turning to how much more needs to be done to stop narcotics from reaching American communities.
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INTERNACIONAL
Francia enfrenta una nueva jornada de protestas: hay decenas de escuelas bloqueadas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía
La jornada de huelga general convocada en Francia este jueves para protestar por el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos dio lugar a algunos incidentes desde primera hora de la mañana en París, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Desde antes de las 8 de la mañana hora local, se registraron choques de manifestantes con la policía en la Puerta de Vincennes, al este de la capital francesa, con algunas detenciones.
Sindicatos convocaron para este jueves manifestaciones en todo el país para reclamar aumentos salariales y una mejora del poder adquisitivo, en una movilización que prevé reunir a trabajadores del sector público y privado, así como a estudiantes, jubilados y agricultores.
Las autoridades esperan que participen entre 500.000 y 700.000 personas fuera de París y entre 40.000 y 80.000 en la capital.
Tras manifestaciones marcadas por violencia y enfrentamientos con las fuerzas del orden, en particular el 17 de octubre, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70.000 policías y prometió una respuesta de “extrema firmeza” ante posibles incidentes.
El 17 de octubre, las protestas estuvieron marcadas por disturbios y saqueos, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad y prohibir manifestaciones en el centro de las ciudades.
Reclamos por salarios, justicia fiscal y servicios públicos
Francia atraviesa un clima de creciente malestar social, con el poder adquisitivo en el centro de la escena y la presidencia de Emmanuel Macron bajo presión en sus últimos meses de mandato.
Los sindicatos reclamaron una revalorización del salario mínimo, aumentos salariales generales, mayor justicia fiscal y la defensa de los servicios públicos. El contexto es de fuerte ajuste fiscal de cara a los presupuestos de 2027 y suba de precios de los combustibles, lo que golpea el bolsillo de la población.
Un barómetro publicado el miércoles por varias organizaciones, incluida la CFDT, reveló que una de cada dos personas en Francia tiene dificultades para llegar a fin de mes.
“No vamos a poner fin a las manifestaciones con medidas de seguridad, sino respondiendo a las reivindicaciones”, advirtió Sophie Binet, líder del sindicato CGT, que contabilizó 260 marchas en todo el país.
La líder del sindicato CFDT, Marylise Léon, comparó la jornada con las masivas protestas de 2023 contra el aumento de la edad jubilatoria, mientras que la dirigente ecologista Marine Tondelier sostuvo que Macron “termina su mandato como ha gobernado: solo contra todos”.
Estudiantes exigen más recursos para la educación y bloquearon decenas de colegios secundarios en todo el país. Según el Ministerio de Educación, los bloqueos afectan a 81 de los 3700 secundarios de Francia. Sin embargo, sindicatos estudiantiles hablan de 1000 colegios afectados.
Acusaciones de “giro autoritario” y nuevas protestas en agenda
El endurecimiento de la respuesta oficial, con más efectivos y restricciones a las marchas, fue criticado por asociaciones de jueces, abogados, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron un “giro autoritario” para acallar las voces disidentes.
La indignación social promete extenderse: los chalecos amarillos llamaron a una concentración el sábado en la plaza de la Concordia de París, pese a la prohibición, y junto a sindicatos y organizaciones de varios países europeos (Bélgica, España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido) preparan manifestaciones coordinadas contra el costo de vida para fines de noviembre.
Francia, París, protestas
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