POLITICA
Fentanilo contaminado: procesaron a dos ex funcionarias por 90 muertes y les trabaron embargos por $500.000 millones

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a las ex máximas autoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) por su presunta responsabilidad en la causa por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, un expediente que hasta ahora vincula el caso con 90 muertes.
La decisión alcanzó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME. Kreplak las consideró, prima facie, partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales, una figura que en esta causa aparece asociada además con lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en otros paciente.
Además, el magistrado ordenó para cada una un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de bienes. Las dos seguirán en libertad, aunque continuarán sujetas a la prohibición de salir del país, deberán presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.
En ese contexto, el juez sostuvo que, aunque el ministro de Salud conocía aspectos generales del caso, no existen hasta ahora elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal. Según la resolución, las decisiones políticas que surgían de la cartera sanitaria apuntaban a impedir que las empresas continuaran operando y no a facilitar su funcionamiento. Kreplak diferenció así esa línea de acción de las demoras y omisiones que, de acuerdo con el expediente, se registraron en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El alcance
La resolución representa un avance en la investigación porque desplaza el foco más allá de quienes fabricaron y comercializaron los medicamentos cuestionados. Para Kreplak, también debe analizarse la actuación de las máximas autoridades estatales que tenían a su cargo el control sobre los laboratorios.
Según el fallo, las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y existían herramientas administrativas para impedir que ambas firmas siguieran operando en esas condiciones. En ese punto, el juez entendió que la inacción de las áreas responsables tuvo incidencia en la circulación de los productos.
El fallo fue especialmente duro con Mantecón Fumadó. El juez sostuvo que la entonces responsable del INAME “tenía pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios” y que contaba con facultades suficientes para adoptar medidas orientadas a resguardar la salud pública.
De acuerdo con la resolución, sus omisiones frente a advertencias formuladas por áreas técnicas del organismo y su conducta posterior no encontraron justificación en las declaraciones que brindó durante las indagatorias. El expediente destaca, además, el manejo de las llamadas cartas de advertencia, una herramienta administrativa clave frente a incumplimientos detectados durante inspecciones.
Kreplak señaló que Mantecón se apartó de los plazos reglamentarios para emitir la carta de advertencia correspondiente a Laboratorios Ramallo, mantuvo reuniones formales e informales con representantes de las empresas y “cajoneó” durante más de cuatro meses el proyecto de Carta de Advertencia contra HLB Pharma.

La diferencia entre ambas compañías ocupó un lugar central en la imputación. La carta dirigida a Ramallo fue firmada el 10 de febrero de 2025 y dispuso la inhibición de toda su actividad productiva. En cambio, la proyectada para HLB Pharma, que incluía de manera expresa una prohibición de comercialización, nunca llegó a firmarse.
Para el juez, ese punto fue determinante porque permitió que medicamentos elaborados en condiciones objetadas continuaran en circulación. En esa línea, afirmó que “no podía ya permitirse la circulación de nada” producido bajo parámetros semejantes a los detectados durante las inspecciones.
El procesamiento de Bisio, máxima autoridad de la ANMAT durante el período investigado, siguió una lógica semejante.
Según Kreplak, Bisio no podía desligarse de lo que ocurría en el INAME, ya que ese instituto dependía directamente de la ANMAT y ella conservaba facultades para intervenir frente a una eventual inacción de sus subordinados. El juez recordó, además, que fue la propia ex funcionaria quien firmó el 12 de mayo de 2025 la disposición que prohibió el uso y la comercialización del lote 31.202 de fentanilo HLB, cuando las muertes ya se habían verificado.
El acuerdo
Para Kreplak, la situación de Bisio era distinta. La ex titular de la ANMAT conocía las irregularidades y, además, actuaba como nexo entre las decisiones políticas del Gobierno y las áreas técnicas encargadas de ejecutarlas. Aun así, según el magistrado, mantuvo una actitud “pasiva y permisiva” que terminó favoreciendo la continuidad operativa de los laboratorios.
Uno de los episodios centrales ocurrió durante la reunión del 14 de enero de 2025. De acuerdo con la reconstrucción judicial, allí las máximas autoridades sanitarias acordaron con representantes del laboratorio postergar la emisión de las cartas de advertencia y dar tiempo para que la empresa iniciara correcciones internas. Al día siguiente, la firma envió al INAME un supuesto plan para subsanar las deficiencias detectadas en inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2024.

Las víctimas
La resolución también incorporó información surgida de la última indagatoria de Mantecón, realizada el 31 de agosto. La ex funcionaria había dicho antes que en reuniones convocadas en el Ministerio de Salud participaban abogados penalistas y había prometido aportar sus identidades. Cuando Kreplak le preguntó específicamente por esos nombres en su última declaración, la ex directora omitió responder.
El expediente contabiliza hasta el momento 134 víctimas vinculadas con los hechos investigados, de las cuales 90 murieron, y registra 47 querellas. Al fijar los embargos, el juez también tomó en cuenta las eventuales indemnizaciones civiles, la cantidad de peritajes realizados y la magnitud económica que podría derivarse de la responsabilidad atribuida en la causa.
LOS ARGUMENTOS PARA PROCESAR A BISIO
En su resolución de 292 carillas el magistrado destacó los principales argumentos que pesaron para procesar a las dos máximas responsables de controlar que los laboratorios medicinales cumplan con las normas de buena fabricación y que sean seguros para la población.
Cargo y jerarquía: “Nélida Agustina Bisio, médica psiquiatra de formación profesional, ingresó a la planta de personal de la ANMAT cuando se creó el organismo en 1992. Fue designada su Directora Nacional el 27-12-2023, cargo que ocupó hasta el 5-1-26.”
Responsabilidad superior sobre el INAME: “De ninguna manera implica que su superior jerárquico, la Dra. Bisio, pudiera haberse desentendido o de hecho se hubiera desentendido de lo que ocurrió con estos laboratorios.”
Capacidad probada de actuar (contraargumento a su defensa): “La decisión de prohibir el uso y comercialización del lote 31.202 de fentanilo HLB al constatarse las muertes que estaba causando, del día 12-5-25, por medio de la Disposición ANMAT Nº 3156/25, fue adoptada únicamente por la Dra. Bisio. Sin intervención de Mantecón.”
Conocimiento efectivo de los hechos: “Se encuentra probado fuera de toda duda que Bisio tuvo conocimiento actual de cuanto acontecía en estos sucesos, al menos en sus aspectos más relevantes, incluso reconocido por la propia imputada.”
Rol de “polea de transmisión” política: “Se encuentra probado que la jefatura de ANMAT funcionaba como polea de transmisión de las decisiones políticas en la materia que se adoptaban desde el Ministerio, en sentido descendente, y de aporte de información para decidir políticamente, en sentido ascendente.”
Actitud pasiva y participación activa: “Pese a encontrarse en conocimiento pleno de las circunstancias relevantes del caso y de la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios sujetos a control del organismo a su cargo. No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.”
Participación en la reunión clave del 14.01.2025: “Las máximas autoridades del único organismo nacional competente para la vigilancia y control de la fabricación de medicamentos acordaron con el propietario de uno de los laboratorios que más alertas y reportes había recibido diferir la emisión de las cartas de advertencia y, en su lugar, conceder un tiempo suficiente para que el laboratorio diera inicio a las acciones correctivas internamente.”
Firma de la Carta de Ramallo sin obligación reglamentaria: “La demora en la firma de la Carta de Advertencia de Ramallo que, por otra parte, cuenta con la rúbrica de Bisio a pesar de no ser reglamentariamente necesaria, le resulta plenamente atribuible y, por lo tanto, las consecuencias delictivas que ello acarreó.”
Falta de firma de la Carta de HLB: “El apartamiento de los criterios técnicos y pautas procedimentales administrativas contaron con el consentimiento y participación de Bisio en su calidad de Administradora Nacional de la ANMAT.”
Insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario: “En ambos casos se verifica, efectivamente, un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario al cual se encontraba obligada como titular de la ANMAT.”
Mensajes atribuidos: se cita un chat: “Agustina: Que sea discreto la retirada a sus casas / Gabriela: Si. Van de a poco.”

ARGUMENTOS PARA PROCESAR A MANTECÓN FUMADÓ
Posición funcional determinante: “Mantecón Fumadó integraba una de las piezas centrales del poder de policía sanitario del Estado Nacional a cargo del registro, control, fiscalización y vigilancia de la calidad y sanidad de los medicamentos y productos médicos.”
Omisión de sus deberes: “Como tal, tenía a su cargo, para la época de los hechos investigados en autos, adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para conjurar el riesgo sanitario no permitido utilizando, para ello, los criterios y procedimientos administrativamente reglados. No lo hizo.”
Contribución al riesgo: “Con su obrar contribuyó, antes de la fabricación del fentanilo contaminado, a que el laboratorio continuara operando sin impedimentos pese a las graves y persistentes irregularidades que venían siendo observadas; y, posteriormente, a que el laboratorio pudiera liberar al mercado este potente opioide sintético producido en pésimas condiciones de esterilidad”.
Conocimiento acreditado y omisión deliberada: “A pesar de haber tomado conocimiento de las serias irregularidades detectadas en el funcionamiento del laboratorio, con conocimiento de sus pésimos antecedentes y teniendo sobre su escritorio la opinión de las áreas técnicas subordinadas de su propio organismo en ese sentido, omitió adoptar las medidas preventivas y correctivas amplias y graves que correspondía”.
Sustitución de medidas reglamentarias por reuniones informales: “De forma plenamente consciente -aunque con explicaciones triviales y contradictorias- dejó vencer los plazos administrativos para hacerlo (dos días hábiles) para, en su lugar, concertar una reunión con los responsables de facto de los laboratorios en las oficinas de la ANMAT, demorando finalmente la adopción de medidas concretas y limitándolas notoriamente en su alcance.”
Carta de Advertencia de HLB nunca firmada: “La Carta de Advertencia de HLB Pharma Group nunca se firmó. De hecho, su trámite quedó paralizado en la Dirección del INAME por varios meses sin ningún tipo de movimiento. Se ‘cajoneó’.”

Demora deliberada en la publicidad de la Carta de Ramallo: “La demora en dar publicidad a la Carta de Advertencia de Ramallo recién suscripta el 10.02.2025, diez días hábiles más tarde de esta última fecha, en el sitio web institucional de la ANMAT -tal como manda la normativa aplicable-, fue producto de una decisión deliberada de Mantecón Fumadó como máxima responsable del INAME.”
Antecedente de conducta similar: Se cita un chat de 2023: “Maiorano: Le recordaste a Mantecón q no publique?… Ariel Cons: No le puedo recordar, fue lo pactado en la reunión”.
Contradicciones en su declaración indagatoria: “Se le preguntó específicamente cuáles eran los plazos y medidas que debía observar para cumplir fielmente los reglamentos, no supo responder. Esta omisión, la de 48 horas prevista reglamentariamente, recién pudo aportarla en su segunda declaración indagatoria, y luego de tres escritos de descargo.”
Elemento subjetivo (dolo): “contaban con acabado conocimiento de los riesgos que con sus conductas generaban, cuando estaban en condiciones de emprender la conducta debida que les hubiera permitido evitar la concreción del peligro no permitido y, a la postre, del resultado típico”.
Con la resolución del magistrado, la causa suma quince procesados. Los primeros trece eran los responsables y directivos de los laboratorios Ramallo S.A y HLB Pharma, propiedad de Ariel García. De ellos, tres están presos, otros tres en prisión domiciliaria y los otros siete en libertad mientras dura el proceso. El mismo beneficio que, hasta ahora les fue concedido a las dos ex funcionarias.
POLITICA
Malvinas: el Gobierno presentó un reclamo en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion

A fines de septiembre, el Gobierno había intimado al Reino Unido a que impidiera el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Ese período terminó ayer y la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Alemania, a través de una presentación de la Cancillería.
El Gobierno anunció, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Explicó que el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
POLITICA
Con poco margen, el Gobierno busca acelerar acuerdos para evitar las sesiones extraordinarias: dudas en el Senado

Con tan solo siete semanas restantes de actividad, el Gobierno se fijó la misión de lograr aprobar en el Congreso no solo la eliminación de las PASO, sino también el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas que todavía esperan su tratamiento, y el objetivo es lograrlo antes de que finalice el periodo normal para evitar tener que convocar a extraordinarias, aunque todo dependerá del apoyo de los aliados.
Este martes será un día clave para el oficialismo en el camino para conseguir esa meta, ya que comenzará a analizar el respaldo que tienen los principales proyectos y el avance de las negociaciones con las provincias.
Por un lado, a partir de las 13:00, volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, después de dos semanas sin verse debido a distintos problemas de agenda, para planificar la estrategia parlamentaria.
“Esta vez, a priori, no se invitó a ningún ministro, vamos a ser los de siempre. La idea es hablar de Soberanía Nacional, del Presupuesto y de la sesión del 15. Y después saldrán, como siempre, algunos temas de gestión o de política”, anticipó a Infobae uno de los integrantes de este grupo.

La referencia es al intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para debatir iniciativas vinculadas con discapacidad y la morosidad, además del Decreto 70/2023 que volvió a la agenda a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que, primero, habilitaron el artículo que estableció la venta ilimitada de tierras a extranjeros y, después, dictaron una cautelar para frenarlo.
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viene trabajando desde hace varios días para impedir que el kirchnerismo llegue al número necesario para que comience la discusión en el recinto.
Una de las movidas que hizo fue la de convocar a otra sesión para el 21 de octubre en la que se van a tratar todos estos mismos temas, pero con textos que fueron elaborados por el Poder Ejecutivo o sus aliados.
Al mismo tiempo, la cúpula libertaria empieza a poner a prueba los principios de acuerdo con los gobernadores: mientras negocian los términos para las elecciones del año que viene, les reclaman que acompañen en el Congreso la eliminación de las PASO y el Presupuesto.
En Balcarce 50 consideran que la primera de esa medida tendría que ser sancionada completamente antes de que termine el periodo ordinario, incluso por las presiones de la Cámara Electoral Nacional, que ya advirtió que necesitará tiempo para adaptar el sistema a todos los cambios que plantea la denominada reforma política.

En cuanto a la ley general de ingresos y gastos, los cálculos del oficialismo es que la propuesta tenga dictamen antes del 7 de noviembre, previo a la llegada del papa León XIV, y llevarlo a votación el 17. De esa manera, si no hay ningún imprevisto en el medio, habría tiempo para que la iniciativa pase al Senado y se apruebe antes del verano.
Este martes, irá a la Cámara baja a explicar y defender el texto el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el Marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch.
Según pudo saber este medio, el diputado oficialista tiene previsto responder el pedido que hicieron algunos bloques aliados para que el Ejecutivo especifique de dónde sacará el dinero para hacer frente a las partidas para el proyecto de discapacidad que redactó el Ministerio de Salud.
En algunas conversaciones informales, Guberman ya les aseguró a los representantes de esos bloques que “la plata siempre estuvo“, ya que surge del superávit con el que cuenta la administración nacional.

“Yo le cuestioné eso. Si hubiera estado todo, ¿cómo se explica el escándalo que hubo en su momento? La propia Patricia Bullrich dijo que sintió que la estaban tomando de boluda”, cuestionó un legislador que no siempre vota en sintonía con La Libertad Avanza.
En el círculo más íntimo de la secretaria general, Karina Milei, creen que no hubo malas intenciones ni picardías de quienes, dentro del propio Gobierno, estaban en contra de las negociaciones con los otros espacios.
“Lo habíamos redactado hace tiempo, mucho antes de que comenzaran esas conversaciones, y simplemente nos olvidamos de cambiar esa parte del texto. Yo confío en que no pasó nada más que eso”, argumenta una persona de peso dentro del partidos
Además de la hermana del Presidente, Menem y Bullrich, de la mesa política participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
En el encuentro se van a poner en consideración los avances en el vínculo con las provincias que viene llevando principalmente “El Colo”, que esta semana podría recibir a más gobernadores en su oficina.
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POLITICA
El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.
El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.
Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.
Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.
La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.
El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.

El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.
En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.
Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.
Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.
Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.
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