El fiscal federal Gerardo Pollicita aceptó la explicación que dio Manuel Adorni sobre la mejora en el tren de vida que experimentó desde el momento en que asumió en el gobierno de Javier Milei. Dijo que no tiene cómo rebatir que los gastos por cientos de miles de dólares que el exfuncionario hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, siempre según su relato, había mantenido a escondidas hasta junio pasado.

Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, cuando Adorni modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes de ser funcionario. Ante la Justicia, tres meses después, lo desarrolló con más precisiones y añadió que había guardado esos fondos sin declararlos al fisco, mientras vivía “como si no los tuviera”.

La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relató haber elegido siempre la informalidad. Priorizó eludir la acusación más grave, a costa de casi autoinculparse de evasión impositiva. Pollicita, de hecho, pidió que el caso pase al fuero penal económico.

Adorni dijo que compró bitcoins con ahorros no bancarizados ni declarados, a desconocidos con los que se encontraba en lugares públicos; que los vendió a otros compradores anónimos que le pagaron en efectivo (uno de ellos, de acuerdo con su relato, le dio en mano, el 5 de agosto de 2017, 296.785,46 dólares), que él y su mujer guardaron todo el dinero (que llegó a sumar 565.000 dólares) en su departamento durante años, hasta que, por razones de seguridad, se vieron obligados a usar parte de esos fondos.

Sostuvo que el giro se dio cuando él asumió como funcionario, para mudarse (“al encontrarse en el primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio”, dice el escrito presentado para explicar la mudanza a Caballito); también, para comprarse una casa de fin de semana (decisión que tomaron después de que Adorni sufrió un “altercado” en la “vía pública”, cuenta el texto).

La operación de venta del 5 de agosto de 2017 es la más llamativa porque, de acuerdo con lo que sostiene Adorni, un desconocido le pagó casi 300.000 “dólares billete” en algún lugar no revelado “sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno”. Años después de esas supuestas operaciones, Adorni se mostraba en público escéptico sobre las inversiones cripto y daba una cronología distinta sobre cómo descubrió el mundo del bitcoin.

Adorni afirmó que, en total, fueron ocho las billeteras con las que operó. ¿Cómo justificó que efectivamente eran suyas? Presentó un acta en la que un escribano dejó asentado que constató que el exfuncionario tiene las claves privadas para operar con esas billeteras, que hoy están vacías, y se ofreció a entregar esas claves si la Justicia se las pedía. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero el acta es de septiembre de este año. Lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario, cuando fueron las operaciones.

El fiscal verificó que puede firmar con las claves de las 8 direcciones, aunque señaló en su dictamen que no hay forma técnica de atribuir esas direcciones a una persona específica en el momento en que se hicieron las operaciones investigadas. Consigna también que es imposible rastrear a los responsables de movimientos de hace más de diez años, porque en esa época no había obligación de identificar a los usuarios y los plazos de conservación de datos de las plataformas ya vencieron.

Pollicita entiende que, como todo eso no puede ser corroborado ni desmentido, está obligado a aceptar la versión del exjefe de Gabinete. Le dio por válida así la justificación que le reclamó la Justicia a Adorni luego de meses de investigación que mostraron que había mostrado un salto apreciable en sus bienes y gastos.

Con su planteo de “incompetencia” de la justicia federal penal, Pollicita dejó claro que, a su juicio, en esta causa no tiene más líneas a seguir para determinar si Adorni cometió un delito de corrupción.

Las operaciones cripto, paso a paso

En un nuevo gesto de rebeldía, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dijo que buscará tratar el proyecto de ley para prevenir la ludopatía, una iniciativa que el oficialismo mantiene frenada hace dos años en la Cámara alta y que está a punto de perder el estado parlamentario.

De esta manera, Bullrich se alinea con el pedido de la Iglesia para que el Senado trate la ley y vuelve a tensionar el vínculo con el presidente Javier Milei.

“Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites”, afirmó a través de su cuenta en la red social “X”.

Cuando faltan dos días para que el papa León XIV llegue al país, la senadora dijo que “la ludopatía infantil no es un juego”. “Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos”, apuntó.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, pero desde entonces permanece frenada en la Cámara alta y está cerca de perder estado parlamentario.

La llegada del Papa dio nuevo impulso al reclamo, que ahora combina gestiones en el Congreso con una campaña pública para evitar que el proyecto quede archivado.

Ayer, la jefa de la bancada libertaria en el Senado había hecho una férrea defensa de la libertad de prensa como valor republicano, en otro contraste con Milei.

Horas después, Bullrich volvió a mover sus fichas. Dijo que el Senado tratará el proyecto con la ludopatía en el Senado. Lo hizo luego de que la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzara una petición en Change.org para reclamar la sanción de la ley.

La oposición también había presionado en vísperas del viaje papal. El lunes último, un grupo de diputados encabezado por Victoria Tolosa Paz, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, solicitó una reunión con las autoridades de las tres comisiones del Senado que tienen el expediente bajo su órbita.

La carta, dirigida a los libertarios Ivanna Arrascaeta (Salud), Nadia Márquez (Legislación General) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales), lleva también la firma de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, una de las principales impulsoras de la iniciativa, y de otros diez diputados, en su mayoría de Unión por la Patria (UP).

Los legisladores advierten que dejar caer la media sanción supondría interrumpir un proceso que involucró a cinco comisiones de Diputados, reunió 28 proyectos y recibió aportes de 48 especialistas. Su eventual caducidad obligaría a reiniciar el trámite parlamentario y demoraría la respuesta legislativa a una problemática que los firmantes consideran urgente.

La presión de la Iglesia

La Iglesia argentina viene reclamando una regulación más estricta del juego online, especialmente por su impacto entre niños y adolescentes. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar que el Senado avanzara con la sanción.

Ahora, ante la llegada de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a involucrarse mediante una petición pública que busca reunir adhesiones y evitar que el proyecto quede archivado.

Los ejes de la media sanción