Tocumen S.A., sociedad estatal que administra la principal terminal aérea de Panamá, prepara un proceso internacional para entregar a una empresa privada la operación de los aeropuertos de Río Hato y David, las dos terminales regionales con mayor potencial turístico del país.

El gerente de la empresa estatal, José Ruiz, adelantó que un mismo operador administraría ambas instalaciones durante diez años.

El proyecto será presentado a finales de septiembre en una feria internacional de aeropuertos en Lima, Perú, según adelantó Ruiz. En esas fechas, la ciudad albergará WAGA 2026, encuentro mundial organizado por ACI-LAC y ACI World.

Ruiz explicó, durante una entrevista en el programa Infoeconomía, que Tocumen divulgará en Perú un documento preliminar con las características generales del proyecto. La recepción de propuestas está prevista para noviembre y el cronograma establece como objetivo seleccionar al nuevo operador en enero de 2027.

El esquema no será una concesión, como se había planteado inicialmente, sino un contrato de operación y mantenimiento por diez años. Tocumen conservará el control de los aeropuertos y continuará pagando sus gastos, mientras la empresa seleccionada deberá administrarlos, atraer vuelos y desarrollar su actividad comercial.

Las condiciones definitivas dependerán de las propuestas recibidas. Algunos participantes podrían ofrecer asumir una mayor proporción de los costos operativos u otras responsabilidades dentro del contrato.

La decisión no estará determinada únicamente por una cifra económica, sino por el plan que genere mayores beneficios para las terminales y sus zonas de influencia.

“Esto no es un tema de plata, sino de qué nos van a ofrecer y qué resulta mejor para nosotros”, afirmó Ruiz. La evaluación considerará la capacidad de cada participante para incrementar pasajeros, conseguir nuevas rutas y posicionar internacionalmente ambos destinos panameños.

Cuatro operadores internacionales ya manifestaron interés en participar: Houston Airports, Avports, Corporación América Airports y Manchester Airports Group. Ruiz indicó que se trata de organizaciones de gran tamaño, con experiencia en la administración y expansión de terminales de diferentes mercados.

El gerente destacó el conocimiento de Avports en el manejo de aeropuertos pequeños y medianos en Estados Unidos. Según explicó, la compañía ha administrado terminales que movilizaban alrededor de 100,000 pasajeros anuales y logró elevar su tráfico hasta un millón de viajeros o más en periodos relativamente cortos.

Corporación América Airports tiene experiencia en la operación de terminales en varios países, mientras Manchester Airports Group administra importantes instalaciones del Reino Unido. Houston Airports, por su parte, está relacionado con el manejo del sistema aeroportuario de esa ciudad estadounidense.

La operación de los aeropuertos regionales representa para Tocumen pérdidas anuales superiores a $6 millones, una carga que la empresa estatal continuará cubriendo bajo el nuevo modelo. Aunque el operador privado administrará Río Hato y David, Tocumen conservará ambas terminales y asumirá sus gastos, mientras se busca aumentar el tráfico y reducir progresivamente el déficit.

Ruiz explicó que inicialmente se evaluó concesionar los dos aeropuertos, pero el modelo fue descartado por la falta de interés del mercado internacional. El principal obstáculo es que las terminales pierden dinero, una condición que limita el atractivo de asumir completamente su administración, costos y riesgos comerciales.

La alternativa de operación y mantenimiento permitirá incorporar a una empresa especializada sin que Tocumen transfiera los activos. El operador deberá aprovechar el potencial turístico de Coclé y Chiriquí, establecer vínculos con aerolíneas y desarrollar servicios que permitan generar nuevos ingresos dentro de las instalaciones.

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, puede atender la demanda turística de las playas del Pacífico y las comunidades de Coclé, además de facilitar el acceso a El Valle de Antón. El Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David, representa una puerta de entrada para los destinos turísticos y productivos de Chiriquí.

El potencial de Río Hato comienza a reflejarse en su conectividad: la terminal recibió vuelos chárter procedentes de Ecuador y sumará operaciones desde Colombia en octubre, además de los servicios estacionales desde Canadá. Estos enlaces amplían el acceso directo de turistas a la zona de playas del Pacífico panameño.

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez fue inaugurado en 2013, luego de una inversión aproximada de $53 millones que incluyó la rehabilitación de la pista y la construcción de un túnel bajo la carretera Interamericana. La infraestructura fue diseñada para recibir aeronaves utilizadas en operaciones internacionales y vuelos chárter.

Durante ese mismo periodo también fue renovado el Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez, en Colón, mediante una inversión de aproximadamente $58.3 millones. Las obras comprendieron la reconstrucción y extensión de la pista, una nueva terminal, torre de control, calles de rodaje y una plataforma para operaciones comerciales.

Sin embargo, el aeropuerto de Colón seguirá un camino diferente al de Río Hato y David. Tocumen realiza los trámites legales para transferirlo a la Zona Libre de Colón, que posteriormente buscará un operador para reactivarlo y vincularlo con la actividad portuaria, logística y comercial de la provincia.

El Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico tampoco formará parte del nuevo contrato. La terminal continuará bajo la administración de Tocumen debido al crecimiento de sus operaciones, impulsadas por los vuelos comerciales de Wingo y las actividades del Servicio Nacional Aeronaval.

Además, funciona como terminal alterna cuando las operaciones en Tocumen se ven afectadas por condiciones meteorológicas adversas u otras circunstancias.

Ruiz cuestionó que Tocumen deba administrar simultáneamente la principal terminal aérea del país y varios aeropuertos regionales. A su juicio, cada instalación requiere una gestión enfocada en sus propios mercados, mientras Tocumen necesita concentrar mayores esfuerzos en su operación, expansión y papel como centro de conexiones regional.

corresponsal:Desde Panamá

El ransomware BlackCat -también conocido como ALPHV- es uno de los más maliciosos de la actualidad y ya opera en América Latina. El grupo de hackers rusos que lo conduce -con vínculos con el Kremlin- pide millones de dólares cada vez que logra penetrar la infraestructura de una empresa o una persona. El nombre de este grupo -que coincide con el del programa- ganó reputación entre las empresas de ciberseguridad del planeta.

“Desde su primera aparición en 2021, BlackCat se ha convertido en una de las formas más activas de ransomware. Se cree que una nueva variante llamada Sphynx funciona con una velocidad y una eficacia aún mayores. BlackCat está escrito en el lenguaje de programación Rust y es más difícil de eliminar que otros tipos de amenazas de ransomware”, explica la empresa Akamai, dedicada a servicios en la nube, la distribución de contenido y la seguridad informática.

El grupo, comandado por Nikolay Antonovich Toporkov, ya se mueve en América Latina. Las operaciones que realiza no suelen cobrar estado público: pero bancos, energéticas, mineras, redes financieras y demás corporaciones estratégicas -como así también gobiernos- están advertidas de su actividad.

Uno de los ataques más sonantes en los últimos años ocurrió en febrero de 2024. En esos días, BlackCat atacó Change Healthcare, una empresa tecnológica de United Healthcare, en los Estados Unidos. La compañía es una de las más importantes del ecosistema de salud norteamericano: ofrece una extensísima gama de servicios al sector, incluidos pagos y facturación, procesamiento de recetas y análisis de datos. El hackeo afectó a unos 190 millones de personas y duró una semana. Y se pagaron 22 millones de dólares de rescate en criptomonedas para los ciberdelincuentes. Pero el costo total fue muy superior: se calcula que alcanzó los 3 mil millones de dólares. El pago fue confirmado por Andrew Witty, su director ejecutivo, ante el Congreso de los Estados Unidos.

BlackCat orientó parte de sus ataques en América Latina hacia infraestructuras críticas, organismos públicos y compañías de alto valor. La organización utiliza un esquema de triple extorsión: cifraba los archivos de la víctima, robaba información confidencial y amenazaba con publicarla. En algunos casos, sumaba ataques de denegación de servicio distribuido -DDoS, por sus siglas en inglés- para aumentar la presión sobre las organizaciones afectadas.

En Ecuador, el grupo atacó en abril de 2022 al Municipio de Quito. La ofensiva afectó trámites ciudadanos y dejó expuesta documentación financiera y legal. El episodio fue uno de los primeros casos atribuidos a ALPHV contra una entidad gubernamental de América Latina.

Brasil apareció de forma recurrente entre los cinco países con más infecciones de BlackCat a nivel global, de acuerdo con informes de firmas de ciberseguridad. En México, los reportes documentaron ataques contra más de una docena de empresas industriales y manufactureras, lo que mostró el interés del grupo por organizaciones que dependen de sistemas operativos y cadenas de suministro.

Pero uno de los casos más sonados ocurrió en -paradójicamente- un “aliado protegido” por Rusia: Cuba. Ocurrió casi en simultáneo con el ataque a Change Healthcare. Pero en este caso, los rusos vinculados al Kremlin fueron por una de las más importantes instituciones financieras de La Habana. La Corporación CIMEX y su filial financiera Fincimex fueron los objetivos de Toporkov y sus hackers.

CIMEX es el conglomerado estatal de empresas más grande de la isla. Depende del Grupo de Administración Empresarial SA (más conocido por sus siglas, GAESA), los jerarcas militares que controlan de facto la economía de la isla. Opera en casi todos los sectores bajo el tutelaje uniformado: comercio minorista, combustibles, gastronomía, servicios, finanzas, turismo y transporte. Todo pasa por CIMEX (es decir, GAESA, los militares del régimen).

Fue por eso que muchos de los jerarcas cubanos mostraron su ira contra Rusia -aunque contenida- cuando desde Moscú les dijeron que no tenían nada que ver con ese ataque. La suma fijada como extorsión también se aproximó a las dos decenas de millones de dólares que fueron a las manos de los hombres de Toporkov. El régimen nunca informó lo ocurrido a la opinión pública. Pero hubo consecuencias drásticas: destituyeron a Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Finanzas, a Manuel Sobrino Martínez, ministro de Industria Alimentaria y a Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia y Tecnología. Todos afuera del estado. Al primero, además, lo condenaron a prisión perpetua. Lo acusaron de espionaje.

Cuando sospecharon de los actores detrás de BlackCat el Kremlin intentó cubrir a Toporkov. Dijo que en su lugar el responsable había sido Oleg Nefedov, líder de BlackBasta, otra red -también rusa- que ya estaba desarticulada. Nadie creyó del todo la explicación que dieron funcionarios del embajador de Rusia en La Habana, el camarada Viktor Koronelli. El diplomático es muy conocido en América Latina: estuvo destinado en Chile, México y Argentina.

En La Habana se preguntan cada vez más seguido hasta cuándo pueden continuar confiando en Moscú. Los generales más veteranos saben que los días están contados y que solo les queda reposar en ellos. Pero las dudas surgen entre oficiales más jóvenes. Creen que los rusos los engañaron y que prefirieron encubrir a sus hackers antes que honrar sus compromisos con su socio histórico. Otros, más indulgentes, prefieren dudar: ¿son ineptos o encubridores?

Mientras tanto, BlackCat continúa operando en América Latina. Lo hace con la misma estructura pero en escalas menores. El Departamento de Justicia norteamericano abrió una investigación que avanza no solo en los Estados Unidos sino en toda la región. Una recompensa, además, está pendiente para quien pudiera aportar datos.

X: @TotiPI

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FIRST ON FOX: The CEOs of four companies, including Flock Safety, are being called to testify before a Senate panel next week as lawmakers look to crack down on AI-powered surveillance camera tracking Americans’ movements, Digital has learned.

A number of lawmakers and several governors have called for investigations into alleged privacy violations regarding the handling of images and data generated by AI-backed surveillance cameras.

The Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Counterterrorism will hold a hearing titled «Always Watching: Flock’s Nationwide AI Surveillance Network» on Sept. 23.

THREE NEW COMPANIES FACE JOSH HAWLEY’S INVESTIGATION INTO AI SURVEILLANCE AND VEHICLE TRACKING

«Americans do not surrender their privacy rights when they drive to work, drop their kids off at school, or go to church,» subcommittee Chairman Sen. Josh Hawley, R-Mo., told Digital in a statement. «I’m investigating these companies to determine WHO has access to hundreds of millions of Americans’ data – and what they’re doing with it.»

Garrett Langley, CEO of Flock Safety, Rick Smith, CEO of Axon Enterprise Inc., Greg Brown, CEO of Motorola Solutions, and Filip Kaliszan, CEO of Verkada, have all been invited to testify before the committee.

Digital reached out to the four companies invited to testify.

AI-powered surveillance cameras have been heavily scrutinized by lawmakers over concerns that the cameras track individuals’ movements without reason, regardless of whether a crime is being committed.

FORMER PENTAGON AI CHIEF WARNS FLOCK CAMERAS COULD CREATE ‘CHINA-LIKE SURVEILLANCE STATE’ IN THE US

A number of politicians have taken action against the devices, with Florida Gov. Ron DeSantis ordering the removal of all license plate reader cameras from Florida state roads and Texas Gov. Greg Abbott ordering all state agencies to stop spending state money on Flock Safety cameras.

Flock Safety cameras, along with other similar brands and technology, use artificial intelligence to automatically track and identify vehicles and license plates for local law enforcement use. Nationwide concern has grown about whether the AI-backed system should be allowed to track the movement of vehicles without a warrant or the consent of drivers.

FLOCK SURVEILLANCE SPREADS ACROSS THE SOUTH AS RED-STATE LAWMAKERS SEEK TO AX ‘1984’-STYLE TRACKING TOOLS

A total of about 120,000 Flock Safety cameras are operating in the U.S. in every state except Alaska.

Opposition to Flock Safety cameras has created an unlikely political overlap, with Republicans and far-left activists criticizing the technology for very different reasons. Republican lawmakers have largely centered their objections on privacy rights, government overreach and warrantless surveillance, while socialist and communist organizers have incorporated the cameras into broader campaigns opposing artificial intelligence, law enforcement, immigration enforcement, data center development and what they describe as an emerging «police state» or «AI surveillance state.»

LICENSE PLATE CAMERAS ARE TRACKING DRIVERS EVERYWHERE

President Donald Trump told reporters on Monday that he supports the idea of Flock Safety cameras «because of law enforcement» and the aid AI-powered cameras provide to police and local law enforcement.

Over the last year, several far-left organizations tied to a network funded by Shanghai-based tech businessman Neville Roy Singham have organized local opposition to Flock Safety cameras while simultaneously campaigning against new data center projects. Meanwhile, President Donald Trump and other Republican leaders have continued to champion data center construction as part of the administration’s broader technology and infrastructure agenda.

FIRST ON FOX: ‘NO KINGS’ PROTEST NETWORK BEHIND FIGHT AGAINST AI DATA CENTERS AND FLOCK CAMERAS

The Party for Socialism and Liberation’s Denver chapter teamed up with Indivisible and the far-left Sunrise Movement in May to promote a public forum focused on the alleged link between data centers and mass surveillance, contending that both exist to serve billionaires instead of everyday communities.

TEA PARTY FOUNDER LAUNCHES NATIONWIDE ‘DATA CENTER REVOLT’ AGAINST AI DATA CENTER EXPANSION

The Party for Socialism and Liberation’s Tucson chapter joined «deFLOCK Tucson» and the «No Desert Data Center Coalition» on July 25 for a gathering dubbed «It’s ALL Connected,» held at the Global Justice Center on E. 26th Street.

Event advertisements posed a question about what mass surveillance, data centers and electricity have in common, responding with a single message: «IT’S ALL CONNECTED.»

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