POLITICA
Grabois cruzó a Espert por redes después del descargo en la Justicia del exdiputado libertario: “Contate otro”
El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois cruzó este miércoles a José Luis Espert después de la ampliación del descargo del exlegislador en la Justicia por la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero a partir de su vínculo Fred Machado, acusado y condenado por lavado de dinero en Estados Unidos.
“¿La plata de un narco condenado no es plata sucia? Contate otro”, respondió Grabois a una serie de publicaciones en X hechas por Espert, quien este miércoles hizo un nuevo descargo en la causa por la que fue indagado a comienzos de julio luego de que se conociera una transferencia de 200.000 dólares de parte de Machado.
“Hoy presenté ante la Justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí todo, punto por punto, con documentos”, anunció Espert en las redes sociales.
Esa extensa publicación, que consistió en un hilo de 17 tuits, motivó una breve respuesta por parte de Grabois. “¿La plata de un narco condenado no es plata sucia? Contate otro”, arremetió el dirigente social ligado al kirchnerismo.
El caso
El vínculo de Espert con Machado se remonta por lo menos a las elecciones de 2019, en las que el economista compitió por la presidencia. Durante aquella campaña, utilizó aviones de empresas ligadas a Machado. En el escrito presentado este miércoles, el exlegislador dijo que el empresario lo acompañó solo en dos vuelos.
“¿Lavé para Machado? Ni un dólar volvió a él: el dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, gastado a mi nombre y con impuestos que pagué yo. Machado no recibió absolutamente nada», dijo Espert en otro tramo de su descargo.
Y añadió: “Mi descargo no pide un acto de fe, sino que cada afirmación remite a un documento del expediente. Reitero mi respeto por la Justicia y mi confianza en que, leída la prueba en su conjunto, mi situación será resuelta derecho”.
El fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, acusó a Espert de haber blanqueado los 200.000 dólares que recibió de Machado con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y a través de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El fiscal considera que el contrato fue una simulación. Uno de los elementos de prueba recabados es un audio que el propio Espert envió por WhatsApp en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado. Allí sostiene que al principio había entendido que el acuerdo iba a instrumentarse con el Estado de Guatemala, pero que finalmente se plasmó a través de una empresa de Machado. “De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo”, dice Espert.
El Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas declaró formalmente culpable a Federico “Fred” Machado por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico, en una decisión que consolida el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense. La orden fue firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III. Machado fue uno de los financistas de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.
La denuncia
Grabois fue en septiembre del año pasado denunciante de la causa que obligó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de ese año. El economista debió ceder el primer lugar en la lista de La Libertad Avanza (LLA), que ocupó finalmente el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Grabois había pedido a la Justicia que investigara si los movimientos de fondos de Espert “se correspondían con una maniobra de lavado de activos” al provenir de parte de “una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”.
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POLITICA
El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas
El reclamo argentino ante el Tribunal de Derechos del Mar que depende de Naciones Unidas por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas ya tiene día y hora de tratamiento. Por medio de un comunicado oficial, el tribunal fijó para los días 10 y 11 de noviembre la audiencia para escuchar los argumentos de la delegación argentina, que demanda a las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), integrantes del proyecto Sea Lion de explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las islas. El gobierno del Reino Unido, que defiende la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas, también formulará su descargo.
“El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K. Kamga, ha fijado los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)”, informó el tribunal en un comunicado publicado en su página web.
El texto recuerda que hace una semana, la Argentina presentó ante el Tribunal “una solicitud para la indicación de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con una controversia sobre la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental”.
La audiencia será abierta al público y se transmitirá en vivo a través del sitio web del tribunal, con sede central en Hamburgo, Alemania, y que integran 21 jueces.
Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, fue el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentó ante el tribunal. Lo hizo al vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion, llevan adelante las empresas en las aguas circundantes a las islas.
La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades relacionadas con hidrocarburos en ese territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”, el Gobierno afirma que le asiste al país el derecho de presentarse ante un tribunal independiente y que este defina sobre el asunto sin abordar la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año, desde 1965, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas -entre ellas, ciudadanos británicos- deben considerarse motivadas por razones políticas”.
Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.
Desde la Cancillería dejaron trascender a que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion.
Experimentados diplomáticos consultados por advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática. Afirman que “Gran Bretaña aún tiene un peso importante en los organismos internacionales” y que alguna mención del tribunal en relación a la “autodeterminación” de los pobladores de las islas (que decidieron formar parte del Reino Unido en un referendum de 2013) puede impactar directamente en el reclamo argentino de soberanía.
Si bien el tribunal atendió la demanda argentina de manera inmediata, se trata del primer paso en un proceso cuya definición -con el fallo del tribunal- puede demandar largos meses, especificaron fuentes diplomáticas.
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POLITICA
La suba del Riesgo País profundiza la interna del Gobierno y crece la presión para suspender las PASO
El riesgo país de Argentina alcanzó 710 puntos básicos al comienzo de la jornada bursátil de este martes. El indicador elaborado por el JPMorgan se encuentra en su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado. El Gobierno mira con atención a esta cifra, porque refleja el nivel de credibilidad que puede instalar en los mercados sobre la capacidad de pago de su deuda. Y esas expectativas están estrechamente ligadas a cómo puede desempeñarse La Libertad Avanza el año próximo.
Los títulos soberanos argentinos denominados en dólares acumularon una baja promedio de 6% durante el último mes, con retrocesos superiores a 7% entre los bonos de plazos más extensos. La referencia de JP Morgan avanzó unas 35 unidades hasta las 10:15 y encadenó ocho ruedas consecutivas de alzas. El indicador mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar.
En el equipo económico afirman que este indicador crece por dos factores centrales. Uno de estos es externo. Afirman que hay una situación internacional que genera fuertes shocks hacia la Argentina, siendo el principal la suba de tasas en mercados de referencia (como Estados Unidos, Europa o Japón), que incentiva a los inversores a refugiarse en esos activos y no en los mercados emergentes, que en un contexto de volatilidad global producto de los múltiples conflictos (bélicos o comerciales) se vuelven menos atractivos.
Pero quienes trabajan en el Palacio de Hacienda afirman que hay un componente interno y eminentemente político que afecta a la medición del banco estadounidense. El Gobierno todavía no logró la suspensión de las PASO que está incluida en la Reforma Política; para los jugadores financieros, este es un dato de importancia.
Por un lado, si el oficialismo logra hacerlo tendrá capacidad de aplazar la incertidumbre electoral de agosto hacia octubre, dando más posibilidades a la economía para una eventual recuperación y, así, a que se incrementen las chances de que Javier Milei sea reelecto. Por el otro, el Gobierno no puede promover esa reforma sin antes acordar con los espacios aliados y los gobernadores. El mercado miraría con intranquilidad que La Libertad Avanza no realice acuerdos tácticos porque se multiplicarían los competidores contra el oficialismo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los principales impulsores al interior del Gobierno de acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores, lo que supondría que La Libertad Avanza debería menguar sus intenciones de jugar fuerte en las elecciones provinciales. Esto colisiona con el armado que vienen desplegando los responsables del partido político nacional, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, que consideran que ese pedido hace mella en su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que propicie un incremento del caudal electoral.
En ese dilema de cómo podría incidir, o no, un acuerdo político reside la interna que hoy en día atraviesa al círculo chico de funcionarios de la Casa Rosada. Quienes se posan del lado de Caputo son su sobrino y asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich; mientras que Karina Milei es quien todavía no bajó el martillo para decidir sobre cualquiera de los dos lados. “Mientras la situación siga así, se interpreta que le está dando la razón a los Menem. Son una minoría muy intensa”, dicen sus detractores.
La insistencia del Palacio de Hacienda es tal que afirman que “con un acuerdo político con la oposición y fundamentos macroeconómicos el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos” y que “no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico”. “Hay que seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central”, afirman.
El cálculo que hacen en la Casa Rosada
Santilli es el funcionario que lidera las conversaciones con los gobernadores y espacios opositores para movilizar la Reforma Política. En su despacho afirman que hay 36 votos en total que podrían estar disponibles si se consigue el visto bueno de los Milei para avanzar a acuerdos concretos.
Hay 21 senadores que son propios de La Libertad Avanza, mientras que 10 son de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO, 1 de Despierta Chubut y 1 de La Neuquinidad. El desafío está en todos los bloques. En el espacio radical hay bancas que responden de manera directa a gobernadores y otros que no tienen una correspondencia con el oficialismo de sus provincias, pero con los que se podría hablar igual.
En el partido amarillo también hay dudas si habilitarle la herramienta electoral sin contraprestación, pero en el Gobierno dicen que la senadora Andrea Cristina se posicionará como le diga el gobernador Ignacio Torres. Lo mismo afirman para el caso de Edith Terenzi, de esa misma provincia pero quien tiene su monobloque. Por último, Santilli mira a la senadora Julieta Corroza, quien responde de manera directa a los designios del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
“Después de eso solo nos queda negociar un voto. Basta con conseguir a algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz. Si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar”, afirma una fuente en estricta reserva.
Aunque se habló de que la Reforma Política se podía tratar a fines de octubre o principios de noviembre, en el Gobierno ahora se extienden algo más con los plazos y le quitan dramatismo a la demora. “Hasta el 10 de diciembre hay tiempo”, afirman, aunque no son pocos los funcionarios que ya reconocen que se podrían extender las sesiones ordinarias hasta finales de año o, simplemente, llamar a sesiones extraordinarias, lo que habilitaría a que solo se discutan las iniciativas que se propongan desde la Casa Rosada.
South America / Central America,Government / Politics
LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof enfrentará un nuevo paro docente el próximo jueves en la provincia de Buenos Aires, después de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazara la última propuesta de mejora salarial y llamara a una medida de fuerza de 48 horas.
Las primeras 24 horas de paro tendrán lugar el jueves, en tanto otras 24 horas quedarán con fecha a definir, según informó la FEB tras un congreso extraordinario que tuvo lugar este martes.
La protesta involucra a unos 60 mil afiliados del segundo gremio en relevancia en este territorio, por lo que el alcance será parcial. Los otros gremios que integran el Frente de Unidad Docente aceptaron la propuesta de Kicillof y no van al paro.
“El Congreso Extraordinario de la FEB decidió rechazar la propuesta salarial del 6% presentada por el Gobierno provincial y definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, resolviendo que el primer día de la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves, quedando las 24 horas restantes a definir”, informó esa federación este medio día.
“La oferta, recibida el pasado viernes, fue puesta a consideración en toda la provincia, donde las bases definieron sus mandatos y hoy los congresales, por amplia mayoría, ratificaron el rechazo por considerar la propuesta insuficiente. Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”, informó el gremio.
Esta Federación ya realizó otras cuatro medidas de fuerza en lo que va del ciclo lectivo en curso: hizo paro el 2 de marzo, el 30 de junio y el 1° y el 15 de octubre, según se precisó.
El 1° de octubre la medida no fue por reclamo salarial: tuvo por fin visibilizar agresiones contra docentes.
A la nueva protesta se sumará la línea disidente de Suteba que se referencia como Suteba Multicolor. Este espació calificó la propuesta de recomposición salarial como “miserable” y el jueves marchará a la Dirección General de Cultura y Educación.
Los números de la provincia
La oferta provincial consta de un incremento del 6%, dividido en dos tramos: 3% en octubre y 3% en noviembre sobre la base del sueldo de septiembre, junto con el compromiso de reabrir la discusión en diciembre.
Los primeros en aceptar la suba fueron el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Buenos Aires (AMET); la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
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