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Gritos, forcejeos e insultos entre la oposición y legisladores oficialistas en la comisión por Malvinas

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El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.

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Juan Grabois, a los gritos e insultos contra diputados libertarios en la Comisión de Defensa

En un encendido discurso, la diputada del FIT intentó exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, que cuestionaba su posición.

En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos. El conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó el tucumano Gerardo Huesen, quien, a los gritos, acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.

El enfrentamiento entre Grabois y Jairo Guzmán
El enfrentamiento entre Grabois y Jairo Guzmán

Grabois y Huesen quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los diputados, algunos de los cuales intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

El incidente de Grabois en Diputados, filmado por Lilia Lemoine
El incidente de Grabois en Diputados, filmado por Lilia Lemoine

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La Justicia postergó la elección de la UTA, el gremio de los colectiveros, tras detectar irregularidades en el padrón

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La elección de autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó formalmente postergada. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este miércoles que los comicios previstos para el 7 y 8 de octubre no podían realizarse válidamente en las condiciones actuales, debido a las irregularidades detectadas en el padrón, la distribución de las mesas y la oficialización de las listas.

En ese marco, la resolución —a la que accedió LA NACIÓN— ordenó “retrotraer el proceso electoral” del sindicato de los colectiveros a la etapa “de presentación de listas y avales”, fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre. En tanto, rechazó la suspensión, así como dejó vigente la integración de la Junta Electoral Central y de las juntas electorales locales, aunque con la fiscalización permanente por parte de un veedor judicial, que será el abogado Matías Cremonte, para acceder a registros, bases de datos y documentación y controlar las distintas etapas del proceso.

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La decisión fue adoptada a partir de la causa iniciada contra la UTA y la Junta Electoral por parte de la opositora Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, actual jefe de la seccional Mar del Plata, y patrocinada por el abogado Leandro Recalde. En sus fundamentos, los jueces remarcaron que el tribunal había intentado inicialmente que las anomalías fueran corregidas por el propio órgano electoral, pero concluyeron que los grises persistieron y, en algunos casos, se agravaron.

“La consecuencia de lo expuesto resulta tan delicada como ineludible”, sostuvo el fallo de la Sala I, antes de concluir que así “el acto eleccionario no podría celebrarse válidamente” los días que estaban jugados inicialmente. El fallo fue firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez.

La noticia impactó en un escenario caliente en la UTA, donde el oficialismo pretende, a través de la Lista Celeste y Blanca, que el actual secretario general, Roberto Fernández, revalide por quinta vez su cargo al frente del poderoso gremio. La judicialización previa del estatuto, a su vez, ya había ampliado el juego electoral a otros rivales. Entre ellos se anotaron el exoficialista Alberto Patiño (Lista Marrón) y el trotskista Claudio Gómez (Lista Bordó), además de Escriba, cuya candidatura representa una continuidad de la antigua facción opositora a Fernández que supo liderar el dirigente Miguel Bustinduy.

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Un padrón cuestionado

Uno de los principales focos de la resolución está puesto sobre el padrón electoral. La Cámara detectó 2870 exclusiones procesadas entre junio y agosto, todas bajo la causal genérica “Cese Laboral (despido, renuncia, etc.)”, sin consignar la fecha de finalización del vínculo. El dato resulta relevante porque la normativa preserva durante seis meses la afiliación y el derecho a votar de los trabajadores desvinculados.

Además, en la “Revisión de Reclamaciones” el tribunal constató más de 500 altas individualizadas solicitadas por la Lista Celeste y Blanca y más de 1000 exclusiones adicionales, sin la documentación necesaria ni la audiencia previa prevista para las tachas. Para el nuevo proceso, ordenó que las altas cuenten con respaldo documental y que las bajas indiquen causa y fecha de extinción, mientras que ninguna tacha podrá resolverse sin audiencia previa del afiliado.

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Alberto Patiño, Maximiliano Escriba y Claudio Gómez, los retadores de Fernández en la UTA

La Cámara también cuestionó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas: once superaban los 600 votantes y algunas los 1000, mientras que cuatro tenían 1 solo elector y otras once no superaban los 4, lo que podía afectar el secreto del sufragio. La nueva organización deberá fijar un máximo de 600 electores por mesa, únicamente en los lugares establecidos en la convocatoria, y agrupar a quienes pertenezcan a establecimientos con pocos votantes.

En paralelo, se detectaron mesas ubicadas fuera de los lugares previstos y una resolución de la Junta Electoral que consignaba erróneamente los comicios para “el 7 y 8 de diciembre”, en lugar de octubre. El tribunal también observó que las boletas habían sido confeccionadas y enviadas a imprenta sin la conformidad previa de cada agrupación. En adelante, los modelos deberán ser aprobados por los apoderados al menos 48 horas antes de la impresión y las boletas deberán estar en poder de la Junta diez días antes de la elección.

La reapertura del proceso permitirá además que la Lista Negra, que seguía excluida en seis seccionales, vuelva a presentar o reformular sus nóminas durante los diez días hábiles establecidos por la Cámara.

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La resolución fijó pautas específicas para San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, La Plata y Chaco, se dispuso aperturas para incorporar nuevas candidatas para cumplir con los requisitos de representación femenina, y se habilitó una urna complementaria para votos observados de afiliados pasivos, afiliados incorporados después del 24 de abril con antigüedad discutida y personas que figuren como fallecidas hasta verificar su situación.

La oficialización definitiva de las listas deberá completarse antes del 30 de octubre, la definición de las mesas será el 1° de diciembre y el escrutinio definitivo y la proclamación deberán concluir antes del 29 de diciembre.




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Tras el fallo de la Corte, el Gobierno acelera negociaciones con aliados para blindar en Diputados el DNU sobre la Ley de Tierras

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El Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para blindar el DNU 70/2023 en el Congreso después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivara los intentos opositores para rechazar el decreto en Diputados. En la Casa Rosada reconocen que el tema volvió a generar una dificultad política, pero consideran que tienen margen para negociar durante los próximos meses.

“El DNU lo vamos a blindar. Ya arrancamos los contactos con bloques y gobernadores para que acompañen”, aseguran en el Ejecutivo. La estrategia apunta principalmente a evitar que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024, condición necesaria para que el decreto pierda vigencia bajo el régimen actual.

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La Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado expresamente por las dos cámaras. El Senado votó contra el 70/2023 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones, pero la Cámara de Diputados nunca completó ese procedimiento. Por eso, el decreto continúa vigente en los puntos que no fueron modificados posteriormente por leyes o decisiones judiciales.

El nuevo movimiento se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal concluyó que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción en los términos planteados.

Noticia que está siendo actualizada.

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Gobierno, ley de tierras, DNU

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Fundación Techo analizó el fallo por la Ley de Tierras: “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia”

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La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras al revocar una resolución que había favorecido al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. El tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para pedir la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y no resolvió el planteo de fondo.

Juan Maquieyra, integrante de la ONG Techo, se refirió al fallo y reclamó que el Gobierno incluya recursos para obras de integración sociourbana en el presupuesto que analiza el Congreso. Según planteó en Infobae Al Mediodía, la falta de partidas para barrios populares coincide con una norma que eliminó restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

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La Corte Suprema revocó una resolución favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El tribunal no definió la constitucionalidad de fondo del decreto: consideró que la organización demandante no tenía legitimación para solicitar la inconstitucionalidad de esa norma.

Maquieyra cuestionó el alcance de la decisión. “A mí me parece insólito meterse a dejar a disponibilidad de cualquiera que quiera comprar la tierra argentina”, afirmó.

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El representante de Techo sostuvo que la situación resulta contradictoria con los planteos oficiales sobre soberanía nacional y mencionó el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia ahora, cerquita de Malvinas”, expresó.

También anticipó que la organización seguirá de cerca las definiciones políticas posteriores al fallo. Para Maquieyra, la medida es “realmente grave”.

Urbanizar barrios populares

El foco central del reclamo de la ONG está en la ausencia de recursos para obras de agua potable, cloacas, electricidad y accesos en barrios populares. “No hay partidas para integración sociourbana”, afirmó Maquieyra sobre el proyecto de presupuesto.

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El dirigente señaló que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar esas intervenciones, quedó “totalmente desfinanciado”. La entidad no plantea como condición conservar ese instrumento, sino asegurar recursos para las obras mediante el mecanismo que el Gobierno considere.

“Si el Gobierno quisiera hacerlo por otro mecanismo que no sea el FISU, nosotros estamos para sentarnos en la mesa y conversarlo”, sostuvo Maquieyra. La organización presentó una iniciativa junto con Cáritas y bloques parlamentarios para declarar la emergencia de los barrios populares y garantizar financiamiento.

La Corte Suprema revocó una resolución favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas y mantuvo la derogación de la Ley de Tierras contemplada en el DNU 70/2023 - crédito Corte Suprema de Justicia

Según el integrante de Techo, más de diez bloques y cerca de 140 diputados acompañan la propuesta. El objetivo es sostener intervenciones en zonas donde las familias enfrentan déficits de infraestructura y servicios esenciales.

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Un millón y medio de chicos vive con problemas de acceso a servicios

Maquieyra afirmó que 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con dificultades para acceder a servicios básicos. “Cuando abren la canilla del baño no saben si sale agua potable”, expresó.

También describió riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias y problemas de conectividad durante las lluvias. “Niños y niñas que cada vez que llueve mucho no pueden ir a la escuela”, afirmó.

Para Techo, esas condiciones afectan de forma directa las trayectorias educativas. Maquieyra cuestionó que se hable de inclusión y calidad educativa cuando algunos alumnos no pueden asistir a clases por el estado de los accesos a sus viviendas.

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El representante de la ONG diferenció las transferencias de ingresos de las políticas de vivienda e infraestructura. Mencionó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la integración sociourbana como dos herramientas de alcance social que requieren continuidad.

Proyecto de Techo en el Congreso

Techo y Cáritas llevaron al Congreso un proyecto que prevé recursos graduales para las obras. Maquieyra sostuvo que la inversión requerida sería inferior al 1% del producto bruto interno (PBI).

“La propuesta no dice: ‘De un día para el otro meté los 20 mil dólares que hay que poner’”, explicó. Según indicó, el monto representa menos de la mitad de lo que recaudaría el Estado con cambios en el impuesto a las ganancias judiciales.

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Maquieyra señaló que la iniciativa fue presentada ante funcionarios nacionales y que la entidad está dispuesta a discutir modificaciones al texto. “Esta no es una propuesta contra el Gobierno, esta es una propuesta a favor de un millón y medio de chicos”, afirmó.

El dirigente remarcó que el planteo busca asegurar agua potable, electricidad segura, condiciones de vivienda y accesos que permitan a los estudiantes asistir a la escuela aun cuando llueve.

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