POLITICA
Hotesur-Los Sauces: se fijó la fecha para la audiencia preliminar del juicio contra Cristina y Máximo Kirchner
El Tribunal Oral Federal 5 convocó para el viernes 4 de septiembre, a las 10, a la audiencia preliminar en la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investiga a Cristina Kirchner y a sus hijos por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas.
El objetivo de la audiencia es delimitar la prueba y evitar dilaciones antes del debate oral, en un expediente que acumula años de investigación.
El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, rechazó el recurso de casación presentado por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido avanzar directamente al juicio oral sin esperar la culminación de las pericias contables.
Los magistrados consideraron inapropiado iniciar el debate con declaraciones indagatorias o testimoniales mientras permanecen pendientes medidas de prueba clave. En particular, aún falta entregar la segunda pericia contable sobre Los Sauces y el informe final comparativo con las tasaciones oficiales de los inmuebles.
La audiencia preliminar permitirá a las partes revisar la validez de la prueba acumulada, definir la lista de testigos y acordar un cronograma para el eventual juicio oral. Una vez aceptadas las pruebas, el tribunal podrá fijar la fecha definitiva del debate.
Entre los procesados figuran la expresidenta, su hijo Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, entre otros.
También fueron citados escribanos como Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz, el exgobernador santacruceño Carlos Sancho y los hijos de Lázaro Báez. La causa se centra en la hipótesis de que pagos de empresas vinculadas a Báez y López a las firmas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner habrían sido una pantalla para canalizar fondos de origen ilícito.
Este expediente se relaciona de manera directa con la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, donde se comprobó que los fondos públicos destinados a obras viales eran desviados a través de contratos simulados hacia las empresas de la expresidenta. Según la Justicia, estas maniobras no solo beneficiaron a Báez, sino que también enriquecieron a la familia Kirchner, utilizando Hotesur y Los Sauces para darle un marco legal al direccionamiento del dinero.
Concretamente, la acusación sostiene que a través de dichas empresas se emitían facturas a Austral Construcciones para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Según la fiscalía, Báez pagó más de 27 millones de pesos entre 2009 y 2013 a través de su firma Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate, mientras que otras empresas del Grupo Austral (también de Báez) generaron ingresos adicionales por 11 millones de pesos, muchas veces por habitaciones que no se ocuparon.
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Además, se les imputa el delito de dádivas por las operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, como funcionaria pública, y contratistas del Estado.
Las pericias ordenadas por el tribunal apuntan a determinar si esos movimientos respondían a operaciones reales o constituían una maniobra de lavado. Florencia Kirchner ya fue sobreseída en esta causa por ser menor de edad al momento de los hechos investigados.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno planea una reunión con bloques aliados para discutir el proyecto antes de su tratamiento en el Congreso
El Gobierno planea convocar a una reunión con bloques aliados y dialoguistas después de enviar al Congreso el paquete de medidas por Malvinas. La Casa Rosada quiere explicar los detalles de la iniciativa, escuchar propuestas y ordenar el recorrido parlamentario antes de avanzar con su tratamiento en Diputados.
En Nación anticipan que el encuentro se realizaría durante la próxima semana, una vez que el proyecto haya ingresado formalmente a la Cámara baja. La convocatoria buscará incluir a los principales espacios que habitualmente negocian con el oficialismo, entre ellos referentes del PRO, la UCR y bloques federales.
La decisión responde a una instrucción específica de Javier Milei. El Presidente pidió cuidar el vínculo con los aliados, evitar movimientos sorpresivos y transmitirles previamente los detalles del proyecto y de las medidas que pretende aplicar el Ejecutivo en torno al reclamo por las islas.
“Quiere que se trabaje bien y que no se los sorprenda”, sintetizan en el Gobierno. La orden es que el proceso avance de manera ordenada y sin generar fricciones innecesarias alrededor de un tema que la Casa Rosada pretende presentar como una política de Estado capaz de reunir apoyos transversales.
Ese criterio ya incidió en la última sesión de Diputados. En las conversaciones previas se evaluó la posibilidad de acelerar el paquete por Malvinas e intentar incorporarlo sobre tablas, pero la alternativa fue descartada para no incomodar a los sectores dialoguistas con una iniciativa cuyo texto definitivo todavía no conocían.
La estrategia contrasta con los choques que el oficialismo acumuló durante los últimos meses con antiguos socios parlamentarios. La oposición consiguió esta semana imponer emplazamientos en las discusiones por endeudamiento familiar y Discapacidad, con acompañamientos de sectores que en otras votaciones respaldaron al Gobierno.
En la Casa Rosada creen que Malvinas ofrece una oportunidad para recomponer esa dinámica. “No debería haber inconvenientes”, aseguran en el Ejecutivo sobre la aprobación del proyecto. El cálculo oficial es que los votos estarán y que existe margen para incorporar modificaciones que no alteren los objetivos centrales de la iniciativa.
POLITICA
El frente que Milei no logra cerrar: la emergencia en discapacidad tensiona a los aliados y condiciona las negociaciones del Gobierno
La política de discapacidad se convirtió en un frente de batalla recurrente para el gobierno de Javier Milei. Desde el año pasado, el oficialismo atravesó siete votaciones adversas en el Congreso −incluida la insistencia contra un veto presidencial−, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
El tema también genera cortocircuitos con aliados. Desde Pro y la UCR hasta gobernadores que suelen acompañar al oficialismo. Incluso la Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario de León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense.
Para la oposición es todo ganancia. No solo los aglutina cuando escasean temas en común, sino que quiebra la cohesión del gobierno con sus socios.
Quedó en evidencia esta semana en Diputados. Javier Milei venía de celebrar la centralidad que había adquirido su anuncio sobre la cuestión Malvinas, pero la oposición le marcó la cancha con una sesión para impulsar la discusión de una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.
Para desactivar la sesión, el oficialismo primero abrió el debate en comisiones y después intentó persuadir a aliados y gobernadores para que no dieran quorum. Pero frente a la inminencia de una derrota, los libertarios cambiaron de estrategia y terminaron por acompañar los emplazamientos impulsados por la oposición.
En LLA calificaron la jugada de “brillante”, al argumentar que consiguieron imponer el cronograma que habían promovido originalmente, además de excluir del debate los proyectos con costo fiscal.
“Votaron lo que Milei vetó”, replicó una diputada peronista.
No fue la primera vez que el Gobierno quedó en minoría por este tema. La emergencia fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, ninguno en contra y los libertarios ausentes.
Después del veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado completó el rechazo al veto con 63 votos contra siete.
En ese recorrido, sectores de Pro y la UCR que inicialmente habían acompañado al Gobierno se fueron desmarcando.
En diciembre hubo otro revés: Diputados rechazó un capítulo entero del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.
La pelea judicial
El conflicto derivó después en la Justicia. A través del decreto 681/2025, el Gobierno promulgó la ley de emergencia, pero suspendió su aplicación con el argumento de que no contaba con fuentes claras de financiamiento.
Familias y prestadores presentaron amparos y llegaron a solicitar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la aplicación de sanciones económicas al jefe de Gabinete en caso de incumplimiento. Finalmente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.
La disputa, sin embargo, continúa. Las familias reclaman una nueva prórroga porque sostienen que todavía está pendiente el cumplimiento del artículo 13, que establece una compensación a prestadores por la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó contemplada en las actualizaciones por inflación.
También reclaman incorporar a la base del nomenclador −que fija y actualiza los honorarios de los prestadores de los servicios como transportistas, terapias y centros de día− alrededor de un 30% que, según sostienen, quedó pendiente durante los primeros meses sin indexación.
El Gobierno desconoce estos reclamos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada libertaria Silvana Giudici durante la última sesión y citó un fallo de la Cámara Federal de San Martín.
Esa resolución establece que la ejecución de la ley “se encuentra en curso”. El oficialismo interpreta que la emergencia se está cumpliendo y que no corresponde prorrogarla; las familias, los prestadores y la oposición sostienen que los pagos todavía no fueron completados.
Aliados y gobernadores
Incluso Pro y la UCR reclamaron al Gobierno precisiones sobre los pagos pendientes. Los radicales le reprocharon al oficialismo el cambio de estrategia y no ocultaron su malestar por haber quedado descolocados frente a su acuerdo con la oposición.
Pro manifestó su malestar a través de un comunicado. Pidió públicamente un “cronograma claro de pago a los prestadores”. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, repitió el reclamo en el recinto.
También se desmarcaron gobernadores cuyos diputados suelen acompañar al Gobierno. Entre ellos, Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba.
En los bloques provinciales explican que hay también un problema presupuestario: cuando las prestaciones no son cubiertas a nivel nacional, parte de esa demanda termina en hospitales e institutos provinciales. Para los gobernadores, por lo tanto, la discusión tiene un impacto directo sobre sus distritos.
Muchos gobernadores buscarán revalidar su mandato y no les hace gracia pagar el costo político del ajuste con el que Milei se vanagloria.
La causa Andis
Esta puja legislativa que derivó en los tribunales fue catalizada por otra causa radicada en Comodoro Py, donde se investiga al poder por posible corrupción.
Ese expediente indaga sobre presuntos sobreprecios y direccionamientos de licitaciones en la ex-Andis, actualmente reconvertida en la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Es decir, mientras el Gobierno se negaba a cumplir con los pagos a los prestadores de servicios de discapacidad fijados por la emergencia, la Justicia investigaba −e investiga− posibles maniobras de funcionarios para sobrefacturar y quedarse con un porcentaje de la diferencia.
Esta investigación salpica a la hermana del Presidente, así como a su círculo más cercano.
La semana pasada, el fiscal federal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller, víctima del atentado por el que está detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor de Milei. Beller sostiene que Cerimedo le contó que Karina Milei está involucrada en los presuntos hechos de corrupción que se investigan y asegura que cuenta con grabaciones que lo prueban.
La declaración de Beller fue fijada para el 23 de septiembre y será por videoconferencia. Es otro frente abierto del Gobierno en materia de discapacidad que podría complejizarse.
La causa comenzó a mediados del año pasado tras la filtración de audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Andis, hablaba de presuntas irregularidades en el organismo y hacía referencia a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
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Tras reunirse con el Papa, uno de los líderes de la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo
Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que la central obrera no descarta una medida de fuerza si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Las declaraciones las formuló este domingo, un día después de participar en la audiencia en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.
El encuentro, celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano al cabo de tres jornadas de debate en Roma, reunió a dirigentes sindicales, empresarios, académicos y referentes de movimientos populares de todo el continente. La delegación argentina incluyó a Jerónimo y a Gerardo Martínez, también de la CGT y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros referentes gremiales y sociales.
Antes de la audiencia papal, la delegación cegetista entregó al Pontífice un documento con un diagnóstico sobre la realidad argentina: pérdida de puestos de trabajo, endeudamiento familiar y deterioro de los ingresos previsionales. Jerónimo explicó que el formato protocolar de las audiencias con el Papa no permite abordar en profundidad situaciones nacionales particulares, por lo que optaron por trasladar el planteo por escrito.
El dirigente sindical destacó que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la construcción del diálogo y la negociación entre sectores con intereses distintos. “En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos desde Roma. Según el gremialista, la preocupación más extendida entre la población es la pérdida del empleo y el temor a quedar sin trabajo.
Jerónimo vinculó el endeudamiento familiar con el programa económico oficial
El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno respecto de los hogares endeudados. Para Jerónimo, atribuir ese problema a relaciones entre privados implica desconocer la responsabilidad de las decisiones económicas oficiales. En ese marco, sostuvo que la agenda sindical mantendrá una doble línea: resistencia frente a las políticas que afectan al mundo laboral y búsqueda de instancias de negociación para discutir soluciones.
El Papa, por su parte, instó en su discurso a cultivar una “cultura de la negociación” y convocó a que el progreso de la época “no deje nuevas ruinas a su paso”, según recogió Vatican News. León XIV subrayó que los grandes desafíos sociales “requieren responsabilidad compartida” y que el diálogo forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, no de una actividad secundaria.
La visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un capítulo sindical concreto: la reunión con la CGT quedó fijada para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación también de representantes del empresariado y los movimientos sociales.
Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano este sábado donde los líderes cegetistas Jerónimo y Martínez plantearon al Pontífice la solicitud de ese encuentro institucional en suelo argentino. La agenda papal también incluye actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Jerónimo también fue consultado sobre una posible medida de fuerza antes de que finalice el año: “Es algo que nunca descartamos”, afirmó, aunque aclaró que no es la salida que la central considera prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo, y planteó que la respuesta debe surgir de un acuerdo para resolver los problemas estructurales y generar empleo.
La conducción de la CGT prevé reunirse durante la próxima semana para definir los pasos a seguir. La evolución del conflicto dependerá, según anticipó Jerónimo, de si el Gobierno habilita una instancia para abordar los reclamos sindicales.
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