“No es cierto que todos lo sabían. Pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía”, dijo este viernes Angel Gabilondo, el defensor del Pueblo, durante la presentación del informe que el Congreso le encargó sobre los abusos sexuales cometidos por la Iglesia católica y por instituciones religiosas en España.

Es el primer informe oficial sobre la pederastia en la Iglesia española y, aunque no da cifras precisas, incluye una encuesta a partir de la cual se puede estimar que casi medio millón de españoles admite haber sufrido abuso sexual en el ámbito eclesial.

Para numerosas víctimas de estos delitos sexuales, sin embargo, “ni el informe ni las cifras son suficientes”.

El documento, que propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas y que una ley determine que estos delitos sexuales no prescriben, no especifica la cantidad de personas que han pasado por el infierno del abuso.

Pero sí incluye una encuesta, realizada por una empresa conocida que suele medir la intención de voto en las elecciones -GAD3-, con datos que podrían extrapolarse a todo el país.

Sobre un total de 8.013 encuestados, el 1,1 por ciento reconoce que la agresión sexual que padeció fue en el ámbito religioso y el 0,6 por ciento detalló que el agresor fue un sacerdote o un religioso.

A nivel nacional, estos porcentajes representarían a unas 440.000 personas agredidas o violadas dentro de la Iglesia o en instituciones religiosas y unas 240.000 víctimas directas de sacerdotes abusadores.

Esas cifras corresponden a hombres y mujeres mayores de 18 años. “Saben que en España hay aproximadamente 8.200.000 menores -dijo Gabilondo- y 47 millones y pico de habitantes (en total). El que quiera hacer las extrapolaciones, que las haga”.

“Entre los objetivos no estaba llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente de personas afectadas”, se justificó el defensor del Pueblo.

“Tender a una estimación de un número de víctimas a través de su testimonio supondría pasar por alto el respeto absoluto a la voluntad de las víctimas, el silencio de muchas de ellas y, por otro lado, ignorar que algunas han desaparecido como consecuencia del paso del tiempo”, agregó.

“Ese cálculo es en base a víctimas vivas. Lo demoledor es que habría que añadir las que ya no están vivas. Esa sí sería una cifra brutal”, dice a Clarín el escritor Alejandro Palomas, víctima de abusos cuando era un nene.

Palomas fue violentado por un religioso del colegio La Salle de Premià de Mar, en 1975, y logró transformar ese trauma en literatura. Su último libro, Esto no se dice, narra una infancia destrozada por agresiones sexuales y acoso escolar.

“Pusimos como límite el ámbito en el que hubiera testimonios -aclaró el defensor del Pueblo respecto del período que abarca el informe-. Hay alguna víctima que es de los años ’40, pero el grueso de las víctimas fue abusado entre 1970 y 1990. Formalmente es desde 1970 hasta la actualidad, pero nunca excluimos a nadie que viniera de una fecha anterior”.

La encuesta revela, además, que el 11,7 por ciento de los entrevistados confesó haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Y que un 3,3 por ciento aclaró que ese abuso se produjo en el ámbito familiar.

La Conferencia Episcopal Española, por su parte, anunció que el lunes analizará el informe presentado por Gabilondo en una asamblea plenaria extraordinaria que fue convocada con el único propósito de estudiar el documento.

La máxima institución de la Iglesia en España -la integran los obispos de todas las diócesis de España y de Andorra y está bajo la autoridad directa del papa Francisco- encargó su propia auditoría a un estudio de abogados de Madrid, Cremades & Calvo Sotelo, que debía entregar sus conclusiones hace meses y aun no lo hizo.

A principios de octubre, los obispos plantearon a Cremades que tenía un plazo de diez días para dar a conocer la auditoría pero el estudio, que formó una comisión internacional, ya anticipó que no habrá resultados hasta fin de año. El argentino Juan Pablo Gallego, el abogado que logró la encarcelación del cura Julio César Grassi hace más de 20 años, integra esa comisión investigadora.

El defensor del pueblo le entregó este viernes el informe, de casi 800 páginas, a la presidenta del Congreso, Francina Argemengol.

“Una respuesta necesaria”, se lee en la tapa. “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”, es el subtítulo.

“Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”, dijo Gabilondo en una rueda de prensa en el Congreso, luego de haber entregado el informe.

“Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más, o de otro modo, para evitarlo”, subrayó.

“He leído el informe. Es un informe en el que no hay sorpresas. Y no tenía tampoco sentido porque el defensor del Pueblo no tiene poder coercitivo para obligar a las instituciones religiosas, a las diócesis, a los obispados, a que abran sus archivos para que podamos saber qué hay ahí adentro, de qué estaban al corriente y de qué no”, dice Alejandro Palomas.

En charla con Clarín, Palomas considera que “aquí ha habido una ocultación de pruebas. En nuestro lenguaje sería así. Ellos (los obispos) se niegan a colaborar y no entiendo cómo es posible que permitamos que se nieguen a colaborar. No me entra en la cabeza”.

“No se ha investigado el encubrimiento de la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática -enumera el escritor-. Sólo se han limitado a entrevistar a algunas víctimas. Pero no han revisado los archivos canónicos ni las instituciones religiosas donde han sucedido los hechos”.

Para Palomas, el informe “es de una calidad pésima en comparación con la de otros Estados, como por ejemplo Australia o Irlanda. Muchas víctimas ya advertimos que esto sucedería. Y que el único modelo eficaz era el de una Comisión de la Verdad con poderes coercitivos de investigación. El tiempo nos ha dado la razón.”

“La investigación española ha sido un gatillazo y una decepción”, resume.

Respecto de la no prescripción de este tipo de delitos sexuales: “El informe habla de la ‘impresciptibilidad’. Creo que la imprescriptibilidad en los delitos sexuales a menores debería ser así porque las secuelas no prescriben nunca”, dice Palomas que lo vivió en carne propia.

Y sobre la reparación monetaria a la que alude el defensor del Pueblo, aclara: “La factura de la retribución económica la tienen que pagar los obispos y no el contribuyente”.

Desde Bruselas, donde cumple compromisos de agenda de la Unión Europea, el presidente en funciones Pedro Sánchez celebró el informe del defensor del Pueblo Gabilondo.

“Hoy nuestro país es un poco mejor”, dijo Sánchez.

“Es un hito en la historia de la democracia del país. Porque ha habido durante muchos años mucha gente que ha sufrido por no poder denunciar, explicarse, visibilizar dramas humanos”, agregó.

“Creo que es un día muy importante para nuestro país, porque hoy nuestro país es un poco mejor. Somos mejores porque se ha dado a conocer la realidad que todos saben, de la cual nadie hablaba”, insistió el presidente en funciones.

Palomas no opina lo mismo. “Esta investigación no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición -afirma el escritor-. Es una oportunidad de oro perdida.”