El Gobierno de Brasil decidió endurecer las condiciones de reclusión en los presidios federales del país tras la «inusitada» fuga de dos presos de una cárcel considerada de «máxima seguridad», que puso a 300 agentes movilizados en una cacería sin pausa para recapturarlos.

El secretario de Políticas Penales del Ministerio de Justicia, André García, explicó en una rueda de prensa que, tras esas fugas, se decidió suspender las visitas en los penales federales y que los presos permanezcan en sus celdas durante los próximos cinco días.

Estas medidas fueron adoptadas después de que el miércoles dos presos escaparon de la cárcel federal de Mossoró, en el noreste del país, en lo que García calificó como «evento inusitado».

Se trata de la primera fuga registrada en una de las cinco cárceles federales del país, todas de «máxima seguridad» y en las que son alojados los presos considerados de «alta peligrosidad», en su mayoría miembros de organizaciones criminales.

De hecho, ambos prófugos están acusados de pertenecer al llamado Comando Vermelho, una poderosa banda narco de Río de Janeiro con ramificaciones a otra clase de delitos, que tiene tentáculos en varios países de Suramérica.

Los primeros indicios recabados por los investigadores señalan, según la prensa local, que los presos habrían robado algunas herramientas del patio de la penitenciaria donde se estaban realizando arreglos.

Con esas herramientas, ambos reclusos hicieron un agujero en el techo de la celda que ocupaban y escaparon al exterior para después correr un trecho y cortar el cerco perimetral del complejo.

Uno de los reclusos que escapó fue identificado como Rogério da Silva Mendonça, sobre quien pesan condenas a 74 años de cárcel. El otro es Deibson Cabral Nascimento, con penas establecidas en 81 años.

Ambos estaban en Mossoró desde septiembre del 2023, cuando fueron transferidos desde otro penal tras haber participado en una rebelión que concluyó con cinco muertos, tres de ellos decapitados.

García dijo que no podía «detallar» las acciones que la Policía realizaba para capturar a los prófugos, pero aseguró que se estaban empleando «todos los medios disponibles» y que incluso se dio aviso a Interpol, frente a la posibilidad de que los dos hombres pretendan salir del país.

Respecto a la fuga, García planteó dudas sobre los controles de vigilancia en el penal, y puso un manto de sospechas sobre el comportamiento de los guardias.

«Si los protocolos de seguridad se hubieran respetado, no habría posibilidad de que se produjera una fuga”, declaró el funcionario. “No descartamos ninguna de las posibilidades: relajación [de los vigilantes], facilitación [de la fuga por parte de los guardias] o lo que indique la investigación. No puedo decir nada más”, agregó García.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, precisó luego que en la búsqueda de los fugitivos participan 300 agentes de diversos cuerpos policiales, apoyados por tres helicópteros.

Anunció además que se determinó modernizar toda la infraestructura de seguridad de las cárceles federales, tras comprobar que algunas cámaras de vigilancia del presidio «no funcionaban adecuadamente».

Asimismo, se abrió una investigación a fin de establecer si hubo algún grado de complicidad interna para la fuga y también se «suspendió» de sus funciones a los directores del penal de Mossoró.

En Brasil, según datos oficiales, a fines de 2023 había 832.300 personas encarceladas, en un sistema penitenciario que sólo tiene capacidad para 600.000 detenidos, de los cuales unos 1.500 están recluidos en los penales federales.