Polonia activó durante la madrugada de este lunes a sus fuerzas aéreas nacionales y aliadas ante una nueva ola de ataques rusos con misiles y drones contra Ucrania. Así lo informó el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas, que explicó que los vuelos de combate tuvieron carácter preventivo y se realizaron para garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional, especialmente en zonas cercanas a la frontera oriental.

“El largo alcance de la aviación de la Federación Rusa volvió a poner en marcha ataques con misiles contra territorio ucraniano”, señaló el comunicado.

“Estas acciones tienen un carácter preventivo y están orientadas a asegurar el espacio aéreo y proteger a la población, en especial en las regiones cercanas a la zona amenazada”, agregó el alto mando militar polaco.

Los incidentes ocurrieron mientras la mayor parte del territorio ucraniano permanecía bajo alerta aérea por ataques rusos durante la noche del domingo al lunes, según informaron las Fuerzas Aéreas de Ucrania y confirmó la agencia Reuters. La operación militar rusa incluyó el lanzamiento masivo de drones y misiles de crucero contra infraestructuras civiles en distintas ciudades ucranianas.

En Kiev, ocho personas resultaron heridas la noche del domingo tras un ataque con drones rusos, de acuerdo con el portal Ukrainska Pravda, que citó a las autoridades locales. Una de las víctimas se encuentra en estado grave. Según reportes oficiales, los daños materiales se concentraron en edificios residenciales del centro de la capital.

En otro ataque ocurrido ese mismo día en la región nororiental de Sumy, un dron ruso impactó contra un autobús civil, provocando la muerte de tres mujeres —de entre 66 y 78 años— y dejando a varios heridos. “El enemigo atacó un autobús con civiles mediante un dron”, indicó la fiscalía regional en Telegram, donde difundió imágenes del vehículo destruido. Las víctimas mortales fueron confirmadas por las autoridades locales, que denunciaron el uso sistemático de armamento contra blancos no militares.

Durante las últimas semanas, Rusia ha incrementado el uso de drones y misiles en ataques dirigidos a ciudades ucranianas, provocando numerosas víctimas civiles. El gobierno de Ucrania sostiene que estas ofensivas buscan generar terror y desgaste en la población, al tiempo que debilitan la infraestructura crítica del país.

En respuesta, Kiev ha intensificado también sus propias operaciones ofensivas en territorio ruso. En la región de Leningrado, al noroeste de Rusia, el gobernador Aleksandr Drozdenko informó que un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas tras un incendio causado por la caída de restos de un dron. El incidente fue atribuido a una operación ucraniana con vehículos aéreos no tripulados.

El conflicto sigue sin avances significativos en el plano diplomático. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha reiterado su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para buscar una solución al conflicto antes de que finalice agosto. Sin embargo, el Kremlin descartó recientemente que una cumbre de ese tipo esté próxima a concretarse.

“Rusia solo ha enviado a funcionarios de bajo nivel sin capacidad de decisión”, ha reclamado Kiev tras varias rondas de contactos internacionales. Según Ucrania, Moscú mantiene posiciones inaceptables en la mesa de negociación, como la exigencia de que Kiev renuncie a cuatro regiones ucranianas que Rusia afirma haber anexado en 2022. Para Zelensky, ceder esos territorios no es negociable bajo ninguna condición.

Mientras tanto, Ucrania ha intensificado sus llamados a los países occidentales para acelerar el envío de armamento y sistemas de defensa. El gobierno ucraniano insiste en que su capacidad de resistencia ante los ataques diarios depende del suministro sostenido de recursos militares por parte de sus aliados en Europa y América del Norte.

(Con información de AFP)

La negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto Reuters

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó al menos diez incidentes que obstaculizaron el libre ejercicio del periodismo durante la cobertura de la farsa electoral convocada por la dictadura de Nicolás Maduro este domingo 27 de julio.

Según la organización venezolana, los hechos se registraron en al menos cinco regiones del país, donde periodistas debidamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentaron restricciones, hostigamiento, censura y vigilancia por parte de funcionarios del régimen chavista y de miembros de mesa.

Uno de los patrones más frecuentes fue la obstrucción del acceso a centros de votación, especialmente en momentos en que candidatos acudían a sufragar.

En el estado Lara, reporteros de varios medios fueron impedidos de ingresar al centro electoral donde votó Henri Falcón, aspirante a la alcaldía del municipio Iribarren. La entrada fue controlada por personal militar, que permitió únicamente un acceso breve y vigilado a camarógrafos y reporteros gráficos, excluyendo al resto de los comunicadores.

En el estado Bolívar, los periodistas Félix Requena, de Los Tubazos y Qué Pasa Venezuela, y Edwin Rosal, del Correo del Caroní, fueron objeto de hostigamiento mientras cubrían el acto de votación de un candidato en el Colegio Nazareth de Puerto Ordaz. Miembros de mesa les impidieron tomar fotografías del momento del voto y argumentaron, sin base normativa, que solo se podía registrar gráficamente a alcaldes o gobernadores, pero no a candidatos. Además, los funcionarios procedieron a grabarlos y fotografiarlos, acusándolos de ser “saboteadores” del proceso electoral. “Solo estábamos documentando la jornada. Lo que hicieron fue un intento claro de intimidación”, denunció Requena.

En el estado Cojedes, la periodista Pilar Guerra, acreditada por Qué Pasa Venezuela y Mango Noticias, fue detenida en la entrada del Liceo Creación Limoncito. Un efectivo del Plan República le exigió su cédula de identidad para verificar su credencial, aunque esta ya había sido emitida por el CNE. Finalmente, se le negó el ingreso sin justificación legal. Según el SNTP, este tipo de restricciones evidencian prácticas discriminatorias y arbitrarias.

Otro caso de censura ocurrió nuevamente en Lara. El equipo del diario El Impulso fue obligado a eliminar material fotográfico captado en el Colegio La Salle de Barquisimeto. La orden provino de un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), pese a que la coordinadora del centro había autorizado previamente la cobertura. El sindicato calificó el hecho como una “acción de censura clara y sin fundamento legal”.

Restricciones similares fueron reportadas en los estados Aragua y Zulia. En centros electorales como la Escuela Básica Nacional Santa Rita (Aragua) y los centros 19 de Abril, Josefina de Acosta y Luis Beltrán Ramos (Zulia), periodistas fueron impedidos de entrar aun contando con acreditación oficial. En la mayoría de los casos, los impedimentos fueron impuestos por personal militar o autoridades de mesa, sin que existiera una normativa que lo justificara.

En Nueva Esparta, un periodista local fue impedido de grabar tomas de apoyo en las inmediaciones del centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Colegio Madre Guadalupe, en el municipio Maneiro. La acción fue ejecutada por un efectivo militar, mientras patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encontraban presentes en los alrededores del recinto.

Los incidentes documentados por el SNTP reflejan un patrón generalizado de obstrucción, discrecionalidad y vigilancia hacia la prensa. “La arbitrariedad y la censura se han convertido en mecanismos sistemáticos de control durante las jornadas electorales”, advirtió el sindicato.

La jornada se desarrolló además en un entorno digital afectado por bloqueos sistemáticos a medios de comunicación. De acuerdo con datos del programa VE Sin Filtro, entre enero de 2016 y enero de 2025 se registraron 1.335 eventos de bloqueo digital en Venezuela, de los cuales 949 siguen activos. Estas restricciones afectaron a 134 portales, incluidos 60 medios digitales.

A este entorno se suma la exclusión deliberada de medios independientes del proceso de acreditación por parte del CNE. Numerosos portales digitales, tanto regionales como nacionales, fueron marginados del registro oficial, lo que limitó su capacidad de cobertura en el terreno. La medida refuerza un entorno mediático cerrado, con escaso acceso a fuentes oficiales.

Las condiciones institucionales también restringen las posibilidades de la prensa para verificar información o canalizar denuncias ciudadanas. En muchos casos, los periodistas no reciben respuesta a solicitudes formales, lo que agrava la opacidad del proceso.

El SNTP concluyó que el silenciamiento forzado, la censura y la intimidación ejercidas durante estas elecciones perjudican no solo a los periodistas, sino también a la sociedad venezolana y al derecho ciudadano de acceder a información verificada.