Las redadas masivas contra inmigrantes en California no solo desataron una violenta revuelta de la comunidad latina y la virtual militarización de Los Ángeles. También activaron un peligroso mecanismo con cuenta regresiva que más temprano que tarde golpeará a la economía local.

“El impacto se va a sentir en dos meses”, resumió a TN Oscar Galíndez, el vocero de la agrupación californiana “Un día sin Inmigrantes”.

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Las razias contra migrantes ilegales generaron una virtual estampida de trabajadores en algunos sectores de la economía californiana.

“Cuando los agentes migratorios fueron a los campos de Bakersfield no quedaron trabajadores en las quintas de frutas y verduras. Se perdió mucho dinero. La fuerza laboral de los migrantes es la que mantiene al estado de California”, dijo Galíndez.

El área agrícola de Bakersfield es considerada la más diversa y productiva del mundo. “Allí se sintió mucho” el impacto de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), confió el activista.

Un ejército de 15,7 millones de hispanos vive en California

Casi el 40% de la población total de California -de 39,4 millones de personas- es latina. Es decir, son un ejército de más de 15,7 millones de hispanos, la mayoría de ellos con sus papeles en regla, ya sea por haber nacido en los Estados Unidos o por haber normalizado su estatus migratorio. Pero se estima que miles son migrantes indocumentados.

Son ellos los que se desempeñan en el campo o en el área de servicios, en trabajos que el estadounidense promedio rechaza. Son esenciales para impulsar el crecimiento estatal. Por eso, según advierten activistas, las masivas redadas antiinmigrantes golpearán en forma directa el corazón de la economía local.

No solo el campo fue impactado. Ha habido redadas en centros laborales, como fábricas, restaurantes o hasta en un local de la cadena de ferretería y construcción Home Depot en la ciudad de Paramount. Allí se desató una de las protestas más violentas.

“Hace unos días los agentes migratorios llegaron a un taller de costura, cerraron el lugar y empezaron a chequear quiénes tenían el permiso para trabajar. A los que no lo tenían se los llevaban. Pero no solo eso. También detienen a la gente que camina en las calles y se topa con una patrulla de migración. Incluso, la Guardia Nacional detiene a personas y las entrega al ICE”, afirmó Galíndez.

Los arrestos no son aleatorios. Todo aquel con rasgos latinos corre el riesgo de ser abordado por agentes migratorios. A otros los esperan a la salida de los tribunales, donde los migrantes se acercan para cumplir su cita para renovar su estancia en el país o simplemente cumplir un trámite formal en su proceso de pedido de asilo o a través de un programa humanitario cancelado por Trump.

Cuáles son los sectores más afectados

California es uno de los estados más ricos del país. Pero las políticas implementadas por Trump están golpeando su economía. Primero fueron los aranceles que redujeron el tráfico en los puertos de Long Beach y Los Ángeles. Según informes privados, el puerto angelino está procesando un 25% menos de carga con el consiguiente impacto en la actividad laboral. Ahora, son las razias contra los migrantes los que están afectando los negocios.

“La realidad es que la economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra extranjera, y en California aún más”, dijo Nicholas Eberstadt, economista del American Enterprise Institute, un centro de estudios con sede en Washington. “En el país en su conjunto, nos acercamos a que uno de cada cinco puestos de trabajo esté ocupado actualmente por alguien nacido en el extranjero. En California, la cifra es más bien de uno de cada tres”, dijo el experto, en un informe publicado por Los Ángeles Times.

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Los especialistas advirtieron que la escalada de las redadas migratorias impactará de lleno en la economía californiana, en especial en sectores como la construcción, el ocio y la hotelería, la salud y la agricultura. Allí se concentra el trabajo inmigrante, documentado o no.

Las estadísticas citadas por el diario son contundentes. Los extranjeros representan un tercio de todos los trabajadores en restaurantes y almacenes californianos; alrededor del 40% en atención médica domiciliaria y guarderías infantiles; casi el 50% en empresas de transporte y alojamiento; y el 60% en servicios de jardinería y limpieza de edificios, según datos de la Oficina del Censo de 2022.

Expertos alertan además que las redadas desmovilizaron a los migrantes que se reunían en determinados sitios públicos a esperar que llegaran pequeños contratistas en búsqueda de trabajadores eventuales, en especial en el rubro de la construcción.

“Esto será un gran problema. La pregunta es cuándo empezará a afectar. Si se necesitan trabajadores y no están, eso realmente retrasa la obra y aumentará los costos. En algunos casos, los proyectos no se llevarán a cabo. Habrá proyectos para los que no se presenten ofertas”, dijo el economista Dean Baker, del Centro de Investigación Económica y Política.

Pero no solo la construcción está en la mira. La industria textil del centro de Los Ángeles emplea a 15.000 trabajadores en el llamado Distrito de la Moda. Allí se diseña, se fabrica, se vende ropa y se emplean a migrantes indocumentados.

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De hecho, el viernes pasado hubo una razia en un almacén de Ambiance Apparel, un fabricante, importador y mayorista de Los Ángeles de ropa informal. “Hay muchas fábricas de ropa que dependen de muchos inmigrantes. Y estoy seguro de que muchas de esas personas no tienen documentos. Si estas medidas represivas continúan, algunas de esas personas serán deportadas. Es casi seguro que si no tuvieran acceso a la mano de obra inmigrante, estarían en la ruina”, dijo Baker.

Pero hay otro punto clave. Los migrantes actúan como una balanza en el número de población de California, que vive un fenómeno decreciente por la mudanza de muchos de sus habitantes a otros estados en los últimos años. La llegada incesante de migrantes compensó la falta de mano de obra.

En concreto, las redadas están provocando un grave riesgo de colapso económico. Según una investigación de la American Economic Review, titulado “Inmigración, innovación y crecimiento” y citada por Los Ángeles Times, la deportación de todos los inmigrantes indocumentados provocaría una caída de 970 dólares en el salario promedio anual de California en cinco años.

The chairman of a key Senate panel is claiming victory against former President Joe Biden’s student loan plans as part of President Donald Trump’s «one big, beautiful bill.»

«The Biden administration was attempting to forgive student loans for people who willingly took on the loan and required the taxpayer, including people who never went to college and would never make what the person who took the loan would ever have the hope to make,» Senate Health, Education, Labor, and Pensions (HELP) Committee Chairman Bill Cassidy, R-La., told Fox News Digital.

«So we end that transfer of that student loan on the taxpayers, and that’s probably our biggest savings.»

Cassidy’s committee released its portion of the Trump agenda bill late on Tuesday.

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A press release for the legislation said it «ends Biden’s student loan schemes that transfer debt onto the 87 percent of Americans who chose to not go to college or already paid off their loans» and «also prevents future Democrat administrations from implementing schemes.»

The bill specifically takes aim at Biden’s expansion of Borrower Defense to Repayment regulations and Closed School Discharge regulations, which Republicans have held up as costly policies that shift federal student loan borrowers’ burdens onto other taxpayers.

Various versions of Biden’s plans had previously been struck down in court.

The bill would also eliminate federal Grad PLUS loans, a program used by graduate-level and professional students to pay for their studies, which can be used for graduate students’ entire cost of attendance.

It would instead keep in place a $20,500 annual limit for Federal Direct Unsubsidized Loans on graduate degrees, capped at $100,000 total, excluding undergraduate loans. For professional degrees, it keeps a $50,000 annual unsubsidized loan limit and a $200,000 total cap.

The legislation is also aimed at cracking down on taxpayer funding subsidizing degrees from lower-performing universities.

Colleges that see people with undergraduate degrees earn less than the typical high school graduate in their state, or graduate programs where attendees then earn less than the normal bachelor’s recipient, would be blocked from federal student loan programs.

«What we’ve got was a situation where people can borrow more money than they can effectively pay back, and that destroys their life, leaving them with a debt burden which keeps them unable to do other things in life. And there’s at least some sense that universities offering these programs know that’s the case. And so we attempt to fix that,» Cassidy said.

«So we have provisions that would say that if the degree being acquired does not end up paying more, the person receiving that degree doesn’t get more on average than a person who did not get that degree, then the federal government is not going to lend them money.»

Sen. Bill Cassidy, a Republican from Louisiana and chairman of the Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee, spoke with Fox News Digital about the bill. (Bloomberg via Getty Images)

To encourage more people to pursue non-collegiate degrees, the bill would also establish a Workforce Pell Grant. Pell Grants are currently aimed at low-income students pursuing bachelor’s degrees and are generally not repaid.

«For example, a student gets a commercial driver’s license. They’re going to go out and make $100,000 a year after a couple of years of driving, I am told. And so we want to enable those people to accomplish that,» Cassidy said.

Foreign income would be taken into account when evaluating Pell Grants, while farm and small business assets would not, under the GOP bill. Those and several other measures in the legislation would add up to roughly $300 billion in taxpayer savings, Cassidy said.

Senate Republicans are currently working through their version of Trump’s massive agenda bill, which passed the House late last month.

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Republicans are using the budget reconciliation process to pass a sweeping bill advancing Trump’s agenda on taxes, immigration, energy, defense and the national debt. They are also working to use it to bring down the national debt – nearing $37 trillion – with the aim of cutting $1.5 trillion in federal spending.

Reconciliation allows the party in power to completely skirt the minority, in this case Democrats, by lowering the Senate’s threshold to advance from 60 votes to 51. The legislation must adhere to a specific set of rules, however, including measures that deal with the budget, taxation, or the national debt.

Both the House and Senate must agree to identical versions of the bill before it gets to Trump’s desk for a signature. The House’s version passed 215 to 214, and leaders there have implored the upper chamber to change as little as possible.

Cassidy acknowledged there were some changes made but was optimistic about how they’ll be met in the House.

«There’s several things, but one thing I think that they’re going to like is that we do fully fund the Pell Grant program. You know, we address the shortfall there. And so I think they’re going to like it,» he said.

«It’s going to give low-income students access to career education. We need those kind of career type jobs to make sure that all this manufacturing and construction has a workforce to address it. And so we think it helps the needs of society. We think it helps the needs of the student.»

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House and Senate GOP leaders had previously set a goal of having a bill on Trump’s desk by the Fourth of July.

Cassidy declined to comment on whether that was a feasible benchmark but argued that lawmakers should be ready to extend that timeline – and possibly shrink their summer recess – to get the final product.

«As far as I’m concerned, the most important thing is to get it right. So if there is a delay, the president said it today – if there is a delay, that’s not that big of a deal. The most important thing is we get it right,» he said.

Cada año, se producen más de 1.200 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, una cifra que refleja tanto el avance tecnológico como el desafío ambiental que implica la rápida obsolescencia de estos dispositivos. En este contexto, un grupo de investigadores de la Universidad de Tartu, en Estonia, desarrolló un método para convertir teléfonos viejos en pequeños centros de datos. Esta propuesta, según informó la universidad, busca reducir los desechos electrónicos y fomentar prácticas de sostenibilidad tecnológica.

El coste estimado para adaptar cada dispositivo es de casi 10 dólares, lo que convierte esta solución en una alternativa económica para el reaprovechamiento de tecnología descartada.

La fabricación masiva de dispositivos electrónicos, en especial teléfonos inteligentes, conlleva un alto consumo de energía y recursos naturales. Además, sus procesos de producción y distribución generan importantes emisiones de CO2.

De acuerdo con la Universidad de Tartu, los usuarios cambian sus teléfonos cada dos o tres años, incluso cuando estos aún funcionan correctamente. Aunque algunos se reciclan, muchos terminan en vertederos, agravando la crisis del desperdicio tecnológico.

El avance constante de la tecnología deja obsoletos a los modelos anteriores en poco tiempo, dificultando un cambio de hábitos de consumo. Si bien modificar el comportamiento de los usuarios sería una solución más sostenible, los investigadores reconocen que esta transformación cultural es compleja. Por eso, encontrar alternativas que prolonguen la vida útil de los dispositivos resulta clave para disminuir su impacto ambiental.

Ante este escenario, el equipo liderado por Huber Flores, Ulrich Norbisrath y Zhigang Yin, del Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad de Tartu, junto a Perseverance Ngoy, del Instituto de Tecnología, y colaboradores internacionales, propone reutilizar teléfonos antiguos como centros de datos compactos. Según detallaron, estos dispositivos pueden adaptarse para procesar y almacenar información de forma eficiente.

El proceso es de bajo costo: casi 10 dólares por teléfono, incluyendo los materiales necesarios. Esta accesibilidad permite su implementación en distintos entornos. Flores, profesor asociado de Computación Pervasiva, explicó: “La innovación a menudo comienza no con algo nuevo, sino con una nueva forma de pensar sobre lo antiguo”.

Las posibles aplicaciones de estos centros de datos reciclados son diversas. En zonas urbanas, podrían instalarse en paradas de colectivos para recolectar datos sobre el flujo de pasajeros en tiempo real, lo que facilitaría ajustar rutas y frecuencias del transporte público. De acuerdo con la universidad, este tipo de uso demuestra cómo la tecnología reutilizada puede integrarse en infraestructuras ya existentes para mejorar la eficiencia de los servicios.

Los prototipos también fueron sometidos a pruebas en condiciones extremas. En un experimento destacado, el sistema fue utilizado bajo el agua para monitorear especies marinas. Tradicionalmente, esta tarea requiere la intervención de buzos que registran videos para su análisis posterior.

En cambio, el prototipo automatizó el proceso, permitiendo contabilizar especies directamente en el entorno submarino. Este resultado evidenció que los teléfonos reciclados pueden funcionar en escenarios exigentes y ofrecer soluciones innovadoras para la investigación científica y ambiental.

El desarrollo del prototipo incluyó modificaciones técnicas enfocadas en la seguridad y la sustentabilidad. En primer lugar, se retiraron las baterías de los teléfonos, reemplazándolas por fuentes de alimentación externas, lo que evitó posibles fugas químicas asociadas al deterioro de las baterías.

Luego, los dispositivos se ensamblaron en grupos de cuatro, utilizando carcasas impresas en 3D. Esta configuración permitió crear una unidad funcional y compacta, lista para su reutilización. La Universidad de Tartu subrayó que este método favorece el uso de componentes ya existentes y reduce la necesidad de fabricar nuevos equipos, en línea con prácticas de economía circular.

El equipo de la universidad resalta la necesidad de replantear el destino de los dispositivos obsoletos. Norbisrath, profesor asociado de Ingeniería de Software, por su parte remarcó: “La sostenibilidad no se trata solo de preservar el futuro, se trata de reinventar el presente, donde los dispositivos de ayer se convierten en las oportunidades del mañana”. Reflejando una visión orientada a convertir los desafíos medioambientales en soluciones tecnológicas responsables.

Los resultados del proyecto demuestran que los teléfonos inteligentes antiguos pueden tener un nuevo propósito como infraestructura digital eficiente.

Con recursos mínimos y un enfoque creativo, estos dispositivos cobran una segunda vida útil, reduciendo el desperdicio electrónico y aportando valor en múltiples áreas. Como concluyó Norbisrath, reinventar el presente mediante la reutilización tecnológica es un paso fundamental hacia un futuro más sostenible.