El gobierno de Brasil comunicó este sábado su «gran preocupación» por las «denuncias de violaciones a los derechos humanos contra los opositores» al gobierno de Venezuela, un día después de la polémica investidura del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años.

«Aunque reconocemos los gestos de distensión por parte del gobierno de Maduro, como la liberación de 1.500 detenidos en los últimos meses (…), el gobierno brasileño deplora los recientes episodios de detenciones, amenazas y persecución de opositores políticos», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La reelección de Maduro en julio pasado es cuestionada por la oposición, que denunció fraude en esos comicios y reivindicó la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia, obligado luego a exiliarse por las amenazas del régimen de enviarlo a la cárcel por supuestos delitos electorales.

Brasil es uno de los tantos países que no han reconocido oficialmente la victoria del presidente chavista en los comicios de julio del año pasado, y ha solicitado la presentación de las actas de las elecciones, que nunca se han hecho públicas.

El gobierno del presidente socialdemócrata Luiz Inácio Lula da Silva envió, sin embargo, a una representante -su embajadora en Caracas- a la toma de posesión de Maduro.

«Brasil exhorta a las fuerzas políticas venezolanas a dialogar y buscar un entendimiento mutuo basado en el pleno respeto a los derechos humanos», subrayó el comunicado de la Cancillería.

Hasta este momento, el gobierno brasileño no se había pronunciado oficialmente sobre la nueva investidura de Maduro aunque el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, abordó el asunto en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Según una nota de la Presidencia francesa, ambos mandatarios coincidieron en pedir a Maduro que retome el diálogo con la oposición para que sea posible «la vuelta de la democracia y de la estabilidad» en ese país.

Brasilia anunció en la noche del viernes que la frontera entre Brasil y Venezuela fue cerrada hasta el lunes, «por decisión de las autoridades venezolanas».

El gobierno de Maduro también cerró la frontera con Colombia en la madrugada del viernes, aludiendo a un «complot internacional para perturbar la paz de los venezolanos».

Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, informó este viernes que su asociación ha registrado desde principios de año «49 detenciones con fines políticos en Venezuela».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien anunció que sigue «con gran preocupación» la situación en el país sudamericano, pidió la liberación de todos los «detenidos arbitrariamente».

Maduro desafió el viernes a gran parte de la comunidad internacional y asumió su tercer mandato consecutivo, en una escenificación con toda la pompa que la oposición tildó de golpe de Estado y Estados Unidos y la Unión Europea consideraron una «farsa».

A distancia, desde su exilio, González Urrutia, quien se considera presidente electo, ordenó a los militares «desconocer las órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder» y garantizar condiciones para su regreso al país con el objetivo de presionar por su investidura, una idea siempre vista como improbable por analistas.