La pelea entre Elon Musk y la Corte Suprema de Brasil alcanzó este viernes su punto culminante con la suspensión de la red social X, después de que el magnate ignorara las órdenes del tribunal en una investigación sobre noticias falsas.

Este viernes, tras la decisión anunciada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en una decisión que era esperada pero causó enorme revuelo en un país donde más de 20 millones de personas usaban hasta ahora esa red social, Musk expresó su furia en una larga serie de mensajes.

El millonario dueño de la ex Twitter calificó de «régimen opresivo» al gobierno de Lula Da Silva, llamó «pseudojuez» al magistrado de la Corte que bloqueó su red social y hasta hizo un guiño a Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre: aseguró que si gana la demócrata Kamala Harris, sucederá lo mismo en Estados Unidos.

Estas son las cinco claves del enfrentamiento entre el propietario de Tesla y SpaceX y el poderoso juez de la máxima instancia judicial brasileña, Alexandre de Moraes.

El caso se enmarca en una investigación que el Supremo lleva adelante desde julio de 2021 sobre la existencia de «milicias digitales» que buscan socavar las instituciones democráticas mediante la difusión de noticias falsas en redes sociales.

La Policía sospecha que se trata de una «organización criminal» con núcleos de «producción, publicación y financiación», que contaría con la participación de líderes políticos, cuyo objetivo final sería «atentar contra la democracia y el Estado de Derecho».

En este contexto, el Supremo ordenó a X eliminar varios perfiles vinculados a la extrema derecha liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro, investigado en otros casos por conspirar para un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, Musk se negó, y fue incluido en la investigación por obstrucción a la Justicia, organización criminal e incitación al crimen.

Es el juez encargado de la investigación. Fue fiscal, ministro de Justicia en el gobierno del liberal Michel Temer (2016-2018) y, desde 2017, es uno de los once magistrados de la Corte Suprema de Brasil.

De Moraes ha sido implacable contra los discursos de odio y antidemocráticos en internet, y ha insistido en que «la libertad de expresión no debe confundirse con impunidad para la agresión».

También está a cargo de las investigaciones sobre la invasión de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023, y la trama golpista para evitar la investidura de Lula, que tuvo lugar siete días antes.

Estas acciones lo han convertido en el principal enemigo del bolsonarismo y varios parlamentarios aliados del ex jefe de Estado han intentado destituirlo.

El conflicto comenzó cuando X se negó a eliminar los perfiles supuestamente golpistas. Sin embargo, la situación escaló por otros desencuentros.

El 17 de agosto, X cerró su oficina en Brasil ante el riesgo de que sus empleados fueran encarcelados por no cumplir con las resoluciones judiciales.

Al día siguiente, De Moraes embargó las cuentas bancarias de Starlink, otra empresa de Musk que ofrece servicios de internet vía satélite, para asegurar el pago de las multas impuestas a X.

Ya el 28 de agosto, el magistrado dio a Musk 24 horas para nombrar un representante legal de X en Brasil, bajo la amenaza de suspender las actividades de la red social, lo que finalmente ocurrió este viernes.

El Supremo notificó a Musk de esa decisión a través de X, algo inédito en Brasil.

En respuesta, Musk avisó que no cumpliría lo ordenado y lanzó una serie de publicaciones en esa red social acusando a De Moraes de ser un «criminal de la peor calaña» y «el dictador de Brasil», además de imponer la «censura» sin motivos aparentes.

La actuación de De Moraes ha generado división en el mundo jurídico. Algunos defienden una respuesta firme al desafío de Musk, mientras que otros cuestionan la forma en que se ha manejado el proceso.

Alexander Coelho, socio de Godke Advogados y especialista en Derecho Digital, señaló a EFE que, aunque es legítimo exigir el cumplimiento de las leyes, «los plazos cortos y las amenazas de cárcel» generan dudas sobre el respeto a las garantías procesales.

Por su parte, Acacio Miranda, doctor en Derecho Constitucional en el Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación, recordó que la ley exige a las redes sociales tener un representante en Brasil para cumplir con las decisiones judiciales y rechazó el argumento de «censura previa», pues las autoridades deben intervenir cuando alguien ataca «indiscriminadamente» a otros.

Con la suspensión, X perderá alrededor de 20 millones de usuarios activos en Brasil, que en enero pasado ocupaba la sexta posición entre los países más enganchados a la red social, detrás de Indonesia, Reino Unido, India, Japón y Estados Unidos, según datos de Statista.

Para hacer cumplir el fallo, el Supremo notificará a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador), que luego tiene un día de plazo para transmitir la orden a los proveedores de internet, quienes bloquearán el acceso a X en el país, algo que por motivos técnicos puede no ser inmediato.

Es posible que la pelea siga escalando en los últimos días.