Cuatro días después de lograr su renovación por dos años, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un contundente informe en que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» en las elecciones de julio.

El documento de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.

Las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades», indicó.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas «sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil», señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, «pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente», con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, «sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019».

Muchas de estas detenciones formaron parte de la «operación Tun Tun», diseñada para amenazar y «generar temor en la población», afirmó la misión.

En el marco de esa operación, se llegó a marcar con una X las casas de personas percibidas como opositoras, o se alentó a grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar a éstas mediante una aplicación de celular que se habilitó a tal fin.

Entre las violaciones de derechos humanos que destaca el informe figura la detención en el periodo postelectoral de 158 menores de edad «acusados de graves delitos como terrorismo», detenidos en la mayor parte de los casos sin informar a sus familiares o a abogados, por lo que permanecieron incomunicados durante días.

El informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales, y señala que al menos ocho de esos incidentes mortales fueron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.

La misión también denunció numerosos casos de torturas y de violencia sexual, estos últimos no sólo contra detenidos sino también en mujeres y niñas que habían acudido a centros de detención para visitar a sus familiares.

Las torturas incluyeron «puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño», detalla.

«Las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la misión», concluye el documento.