El expresidente estadounidense Donald Trump se convertirá este lunes en el primero de la historia de su país en sentarse en el banquillo de la justicia por un proceso penal. El juicio comenzará temprano con la selección del jurado, un momento que en otras causas suele asomar como un mero trámite aunque en este caso ya cuenta con una fuerte carga política.

Trump afronta el juicio por unos pagos irregulares de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016 y que no se airease una relación extramarital que el magnate tuvo con ella en 2006, cuando no había entrado todavía en política. Su enjuiciamiento se produce en momentos en que el líder republicano es el candidato de su partido para las próximas del 5 de noviembre.

Los doce miembros del jurado, como es habitual en cualquier proceso judicial, deberán demostrar que no tienen literalmente prejuicios sobre el acusado ni ideas preconcebidas que puedan nublar su veredicto, algo difícil con una personalidad tan divisiva como la de Trump.

La selección del jurado puede llevar hasta dos semanas, en las cuales los potenciales miembros deben pasar el escrutinio de la defensa y de la Fiscalía, que investigarán por ejemplo si alguno de ellos ha participado como voluntario en campañas en favor o en contra del magnate, pero también por cuestiones más difíciles de calibrar como si sus sentimientos hacia el acusado pueden influir en sus decisiones.

El diario The New York Times aseguraba hace unos días que la Fiscalía prefiere a jurados con estudios universitarios, a los que se presuponen opiniones progresistas y más cercanas al Partido Demócrata, y por ende más severos hacia el expresidente republicano.

Por el contrario, la defensa apostará por ciudadanos procedentes de cuerpos de seguridad como la policía y los bomberos -donde abundan las sensibilidades conservadoras- y hasta trabajadores de limpieza, así como personas que hayan tenido alguna experiencia negativa con el sistema judicial.

No es casual que el pasado 28 de marzo, el mismo día en que el Partido Demócrata reunía en Nueva York a Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton para un evento de recaudación de fondos, Trump optara por contrarrestarlos con su presencia en el funeral del agente de policía Jonathan Diller, muerto por un disparo a quemarropa en el enésimo incidente armado en la Gran Manzana.

En una ciudad en principio desafecta a Donald Trump -el Partido Demócrata siempre arrasa en Nueva York-, el tema de la inseguridad está siendo profusamente explotado por el candidato republicano, que no duda en vincular la violencia armada con la ola de inmigración y las políticas -de la ciudad y del país- de tolerancia con los recién llegados.

Al juez que llevará el caso más mediático de la década, Juan Merchan (de origen colombiano), no le ha temblado la mano a la hora de decretar una orden mordaza contra el mismo Trump, una herramienta relativamente común en el sistema judicial estadounidense que consiste en prohibir a un acusado los comentarios públicos sobre los implicados en su proceso. La medida impone a Trump abstenerse de hacer comentarios sobre los testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la corte, así como a sus familiares. Esa misma orden fue ampliada el 1 de abril para incluir al propio juez y sus familiares, así como al fiscal Alvin Bragg.

El expresidente había estado jugando con fuego al atacar en su red Truth Social a Loren Merchan, hija del magistrado, quien -escribió- “gana dinero trabajando para ‘atrapar a Trump’” y de su padre dijo que era “un verdadero y certificado ‘hater’ (alguien que odia) opuesto a Trump y que sufre un caso severo de síndrome de locura” contra él.

Merchan, como otros magistrados que han fallado contra Trump, son parte, según él, de una conspiración izquierdista radical que ha desatado contra el trumpismo una “caza de brujas”, la expresión preferida con la que Trump se presenta como víctima del sistema.

La presión judicial sobre Trump afecta también a su patrimonio, puesto que afronta importantes gastos en abogados y ha sufrido ya dos fracasos por la vía civil en un juicio por difamación y otro por fraude en su empresa, en los que solo las fianzas para poder apelar le han costado más de 300 millones de dólares.