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INTERNACIONAL

Cómo viven los asilados venezolanos en la embajada argentina: estuvieron sin luz, aislados y con restricción política

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La situación de los seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que están asilados en la embajada argentina en Caracas tomó un giro drástico tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar al cuerpo diplomático argentino.

Tras el izamiento en dicha sede de la bandera de Brasil, ese país cuida los intereses de Argentina, pero también exige para los seis disidentes determinadas pautas de conducta. Concretamente, que no hagan política mientras estén a resguardo del gobierno de Lula, como lo hacían antes de la partida de los diplomáticos argentinos.

El embajador Mariano Vergara y el encargado de negocios de Argentina en Caracas (centro) participan de la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado.

Por otra parte, luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera la semana pasada oficializar a través de la Cancillería que reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, las relaciones con el chavismo tomaron un curso de efectiva ruptura diplomática. Y la situación de los seis refugiados por este país quedó en el limbo y sin poder resolverse ahora. Un problema.

Diez días después de que Argentina cerrara su sede en Venezuela, los seis opositores viven bajo un clima de tensión y aislamiento, con una provisión irregular de electricidad y un resguardo que parece seguro porque lo tomó Brasil pero es inestable.

Por pedido del gobierno de Lula da Silva, el régimen le devolvió la luz a la residencia argentina este viernes. Se la había cortado a pocas horas de los comicios en que Maduro se proclamó ganador y Javier Milei no lo reconoció. También le retiraron las patrullas chavistas que la asediaban desde entonces.

Clarín pudo reconstuir la situación del grupo a través de distintas fuentes vinculadas a Venezuela, Argentina y Brasil, que seguirá resguardándolos pero no los asilará. Por eso, se seguirá insistiendo con que Maduro los deje salir hacia la Argentina o que uno o varios países los asile.

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El problema es que sobre ellos pende un pedido de detención de la fiscalía chavista. Los acusan desde antes del 20 de marzo, cuando entraron a la residencia argentina en Caracas, de complotar contra Maduro. Si pisan la calle serán detenidos.

La canciller Diana Mondino y el embajador de Lula da Silva en la Argentina, Julio Bitelli.La canciller Diana Mondino y el embajador de Lula da Silva en la Argentina, Julio Bitelli.

A principios de la semana pasada, tras las gestiones del vicecanciller Leopoldo Sahores con el embajador de Brasil Julio Bitelli que terminaron en el Planalto y un “sí” de Lula a resguardar los intereses de Argentian en la embajada y la residencia diplomática, la situación descomprimió una parte de la emergencia pero no del todo.

La ministra Diana Mondino y su jefe de Gabinete, Federico Bartffeld, recibieron al encargado de negocios de Argentina en Caracas, Andrés Mangiarotti, que en realidad ya está en Buenos Aires, pero sigue coordinando los asuntos de la embajada, aunque desde acá.

Mangiarotti responde directamente al subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara que estuvo al frente de la reunión de Cancillería con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la semana pasada. Organizada por su presidente, el senador de la Libertad Avanza Francisco Paoltroni, la reunión escuchó de Vergara, detalles de la crisis venezolana, de la negociación con Brasil y de la situación de los asilados.

Luego elaboraron un proyecto de declaración de la Camara promovido por Francisco Paoltroni, presidente de la Comisión. Esta concluye que el Senado “rechaza y manifiesta preocupación por la crisis provocada por el Gobierno de Nicolas Maduro al no respetar las reglas democráticas y los derechos humanos en la República de Venezuela, instando además a garantizar la libertad y el distema democrático en el país hermano”.

Según contaron los legisladores a Clarin, los asilados quedaron solos en la sede argentina del barrio de Mercedes, adonde Argentina ahora les paga una guardia privada de dos efectivos que se turnan para estar 24 horas. Este esquema se había mantenido durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la administración de Alberto Fernández la retiró.

Este diario supo que la cancillería brasileña, Itamaraty, dispuso que un funcionario de su embajada en Caracas, conducida por la embajadora, Glivânia Oliveira, se ocupe de los asuntos logísticos y necesarios de la embajada y de los asilados con los que sin embargo, Brasil ordenó no tomar contacto.

De hecho, supo este diario, ese asunto los tiene “sensibilizados”, pero así son las reglas del asilo para estas ocasiones. Son refugiados de Argentina.

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Los empleados venezolanos de Argentina que estaban trabajando allí antes de que se dispusiera la expulsión de los diplomáticos siguen estando allí. Son los que pagan los servicios y dan de comer a los asilados. Hay cuatro personas que los asisten: ama de llaves, cocinero y dos choferes que por las noches hacen de serenos.

Cinco de los seis asilados entraron a la residencia argentina el 20 de marzo de este año, y uno de ellos unos días después. Las personas que pidieron refugio son: Magalí Meda, la jefa de campaña de Corina Machado; Claudia Macero, jefa de prensa de la líder opositora y Pedro Urruchurtu, a cargo de las relaciones internacionales de ese espacio político. También están en la delegación argentina Humberto Villalobos, muy estrecho colaborador de Machado y un hombre clave en el grupo; Omar González, ex diputado por Vente Venezuela y Fernando Martínez Mottola, que no responde a Machado pero es una figura importante de la oposición.

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INTERNACIONAL

Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» en las elecciones de julio, denuncia un nuevo informe de la ONU sobre Venezuela

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Cuatro días después de lograr su renovación por dos años, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un contundente informe en que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» en las elecciones de julio.

El documento de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.

Las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

Policías motorizados durante enfrentamientos con manifestantes. Foto: AP / ARCHIVO

También asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

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"las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión", dice el informe. Foto: AFP«las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión», dice el informe. Foto: AFP

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades», indicó.

Detenciones y amenazas

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas «sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil», señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

En los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas. Foto: ReutersEn los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas. Foto: Reuters

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, «pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente», con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, «sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019».

Muchas de estas detenciones formaron parte de la «operación Tun Tun», diseñada para amenazar y «generar temor en la población», afirmó la misión.

En el marco de esa operación, se llegó a marcar con una X las casas de personas percibidas como opositoras, o se alentó a grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar a éstas mediante una aplicación de celular que se habilitó a tal fin.

Entre las violaciones de derechos humanos que destaca el informe figura la detención en el periodo postelectoral de 158 menores de edad «acusados de graves delitos como terrorismo», detenidos en la mayor parte de los casos sin informar a sus familiares o a abogados, por lo que permanecieron incomunicados durante días.

Muertes en las protestas

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El informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales, y señala que al menos ocho de esos incidentes mortales fueron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.

El informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad. Foto: ReutersEl informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad. Foto: Reuters

La misión también denunció numerosos casos de torturas y de violencia sexual, estos últimos no sólo contra detenidos sino también en mujeres y niñas que habían acudido a centros de detención para visitar a sus familiares.

Las torturas incluyeron «puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño», detalla.

«Las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la misión», concluye el documento.

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