Las órdenes de detención dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por la Corte Penal Internacional (CPI) se suman a las de otros líderes, como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el expresidente de Sudán Omar al Bashir.
El pasado 20 de septiembre, el gobierno de Israel objetó de forma oficial la jurisdicción del CPI para enjuiciar crímenes de guerra en Gaza, así como la legalidad para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
Era la respuesta dada por el ejecutivo de Jerusalén al fiscal general de la CPI, Karim Khan, quien solicitó autorización el 20 de mayo a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes cometidos en la Franja de Gaza.
En marzo de 2024, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Moscú ha negado reiteradamente las acusaciones y, de hecho, no reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya (Países Bajos).
El ex presidente de Sudán Omar al-Bashir (1993-2019) es el otro jefe de Estado sobre el que la CPI mantiene una orden de detención viva. Es buscado por crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio en Darfur (Sudán) desde 2009. La decisión de la CPI fue rechazada por la Unión Africana, la Liga Árabe, el Movimiento de Países No Alineados y los gobiernos de Rusia y China.
La Fiscalía de la CPI tiene abierta también una investigación formal contra Venezuela desde noviembre de 2021, después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el país bolivariano a partir del 12 de febrero de 2014.
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Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
No obstante, el 6 de septiembre de 2024, una treintena de ex mandatarios iberoamericanos y los expresidentes del Gobierno español Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy pidieron a la Fiscalía de la CPI «la captura y detención inmediata» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.
En busca y captura se halla Said al Islam Gaddafi, que fue primer ministro de facto del régimen libio bajo la presidencia de su padre, Muammar Gaddafi. Said es buscado por crímenes de lesa humanidad tras las manifestaciones populares de Libia en febrero de 2011.
El ex jefe de Estado de Costa de Marfil Laurent Gbagbo (2000 y 2011) fue el primer presidente en estar bajo custodia de la CPI, una vez detenido y extraditado a La Haya. La CPI lo juzgó por asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución cometidos entre 2010 y 2011. En marzo de 2021 fue absuelto.
La CPI juzga crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad y sus sentencias comprometen los países. Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak no reconocen su jurisdicción.
Elon Musk, el multimillonario consejero delegado de Tesla y SpaceX, ex candidato presidencial republicano y fundador de la empresa biotecnológica Roivant Sciences, se convirtió en una de las estrellas del futuro gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Y ya tiene preparado el plan para un drástico recorte de gastos y empleados del Estado.
Musk afirmó este miércoles que como futuro responsable de «eficiencia» del Estado prevé recortes masivos de funcionarios, supresiones de subvenciones y desregulación, en un artículo publicado en el Wall Street Journal.
El hombre más rico del mundo dijo que apunta a cientos de miles de millones de dólares en gastos gubernamentales, incluidos los fondos para la radiodifusión pública y los grupos de planificación familiar Planned Parenthood, así como a la burocracia que representa una «amenaza existencial» para la democracia estadounidense.
El fundador de Tesla y SpaceX afirmó que junto con su colega empresario Vivek Ramaswamy, leal a Trump, trabajarían para reducir las regulaciones federales y hacer importantes recortes administrativos y de costos.
«Somos empresarios, no políticos. Serviremos como voluntarios externos, no como funcionarios o empleados federales», escribieron Musk y Ramaswamy.
«Cuando el presidente anule miles de tales regulaciones, los críticos alegarán extralimitación ejecutiva. De hecho, estará corrigiendo la extralimitación ejecutiva de miles de regulaciones promulgadas por decreto administrativo que nunca fueron autorizadas por el Congreso», afirmaron.
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Despidos masivos y un ahorro de 500.000 millones
Musk y Ramaswamy agregaron que una reducción en las regulaciones allanaría el camino para «reducciones masivas de personal en toda la burocracia federal». El objetivo, según ellos, es recortar más de 500.000 millones de dólares en gastos gubernamentales.
«Con un mandato electoral decisivo y una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte Suprema» el nuevo departamento de eficiencia gubernamental «tiene una oportunidad histórica para realizar reducciones estructurales en el gobierno federal», opinan.
A pesar de la ambiciosa agenda, los planes para desmantelar programas tropezarán muy probablemente con la oposición de políticos, incluso republicanos.
Aun así, Musk y Ramaswamy citaron una serie de decisiones de la Corte Suprema que, según ellos, justifican los recortes, y estiman que el uso de decretos para recortar regulaciones no aprobadas por el Congreso es «legítimo y necesario».
Esperan haber terminado para el 4 de julio de 2026.
Musk se ha convertido en un aliado cercano de Trump en los últimos meses. Se gastó más de 100 millones de dólares en impulsar su candidatura presidencial y encabezó actos en el estado crucial de Pensilvania.
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Como sus empresas tienen distintos grados de interacción con el gobierno estadounidense y extranjeros, su nuevo puesto plantea interrogantes sobre un conflicto de intereses.
El millonario nacido en Sudáfrica invitó a Trump a ver un vuelo de prueba de su empresa SpaceX el martes en una señal de lazos cada vez más estrechos entre ambos, pero podrían surgir fricciones en el futuro.