El candidato que sea elegido presidente de Ecuador en las próximas elecciones tendrá un gran desafío: combatir la ola de violencia que ha sembrado la cotidianidad de los ecuatorianos de noticias sobre crímenes violentos, de extorsiones a negocios y de secuestros.

Las autoridades atribuyen esta situación, que se disparó hace cuatro años, a la acción del crimen organizado relacionado con el narcotráfico transnacional, un problema al que se han enfrentado por años otros países como México o Colombia, sin que hayan encontrado una solución definitiva para la pacificación de las calles.

Y así también como en territorios vecinos, a Ecuador le espera un camino largo, auguran analistas, ante las soluciones planteadas por los últimos tres gobiernos. Se han implementado medidas para contener situaciones violentas como las masacres en motines carcelarios o el repunte de asesinatos, pero las promesas de políticas de seguridad no han dado hasta ahora resultados consistentes.

Los ecuatorianos votan este domingo para elegir presidente, vicepresidente y los integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento). Entre los 16 candidatos a la presidencia, sólo dos tienen chances reales, el actual mandatario Daniel Noboa y su rival correísta Luisa González.

Las encuestas marcan sin embargo una estrecha diferencia entre ambos, y lo más probable es que haya una segunda vuelta, prevista para el 13 de abril. Recién allí se sabrá quién manejará los hilos del país por los próximos cuatro años. Y que deberá enfrentar el reto de combatir la criminalidad.

«Es un problema con el que vamos a tener que convivir”, dijo a The Associated Press el ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado Paco Moncayo, para quien contra la inseguridad de momento “no hay política de Estado”.

En enero de 2024, el presidente Noboa -quien se postula para la reelección en los comicios del próximo 9 de febrero-, declaró el conflicto armado interno luego de la fuga de la cárcel del mayor capo criminal y de la incursión de un grupo armado a un canal de televisión estatal mientras transmitía en vivo.

La medida dio paso al patrullaje conjunto de policías y militares en calles y carreteras y permitió desplegar uniformados dentro de algunas prisiones, convertidas en centros de mando criminal según la policía, pero no alcanzó para contener la inercia delictiva en el país.

Glaedys González, analista de seguridad de Crisis Group Bogotá, observó que las acciones del gobierno ecuatoriano “se han dado de forma reactiva para tratar coyunturas determinadas” y que este caso destaca por el “abrupto” incremento de la violencia y la presencia de bandas del crimen organizado.

Ecuador está entre dos grandes productores de cocaína -Colombia y Perú que lo utilizan como plataforma de tránsito y embarque de grandes cantidades de narcóticos al mundo, según la policía.

Erradicar la inseguridad implicará “un esfuerzo de largo plazo”, dijo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y mencionó que “Colombia ha durado décadas luchando contra este problema” mientras que “México ha aprendido a vivir con la violencia del crimen organizado”. Ecuador recién “está viendo el problema”.

“La violencia criminal es como el cáncer, el deterioro es muy rápido pero la recuperación es muy lenta”, dijo a AP el colombiano Hugo Acero, consultor internacional en seguridad.

Hasta 2019 Ecuador no había enfrentado una cotidianeidad plagada de asesinatos -incluso a plena luz del día- y tenía una tasa de 6,22 homicidios por cada 100.000 habitantes, así como un decomiso anual 79 toneladas de drogas.

El primer síntoma de que la violencia había penetrado en el país fue una masacre carcelaria en 2021 en la que 79 presos fueron cruelmente asesinados por sus compañeros. Le siguió una secuencia de motines y peleas en las prisiones que dejaron 591 muertos en el último lustro.

De las prisiones, según los últimos tres gobiernos, la criminalidad saltó a las calles hasta llegar en 2024 a 36,78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y 294 toneladas de narcóticos incautadas el año pasado, según cifras policiales.

Otros delitos que se dispararon son la extorsión y los secuestros, que pasaron de 379 y 204, respectivamente, en 2019 a 19.473 y 1.761 el año pasado.

Por ello, el ex canciller Luis Gallegos consideró que Ecuador “no va a poder ganar en solitario esta lucha, tiene que vincularse internacionalmente” y ejecutar acciones conjuntas “ante un problema que es transnacional” y que está alimentado por la gran demanda de drogas de Estados Unidos y Europa.

Tampoco ha habido “acciones eficaces del gobierno para neutralizar el poder financiero de estas bandas criminales”, dijo a AP el catedrático y analista de la Universidad Andina, Gustavo Isch.

El ex presidente Lenín Moreno (2017-2021) lidió con los primeros brotes de violencia en las cárceles decretando un estado de excepción en esos recintos sin lograr apaciguar el sistema penitenciario.

Su sucesor, Guillermo Lasso (2021-2023), convocó sin éxito a los grupos criminales a negociaciones de paz que tampoco surtieron efecto. Los motines y masacres continuaron desbordados y lo que al inicio ocurría en las prisiones de Guayaquil se extendió a otras de todo el país.

“No puede haber una solución a este problema sin que haya una transformación del Estado y de la acción del Estado”, dijo Isch. Para combatir la violencia es necesario “emprender cambios estructurales que demandan una fuerte y sostenida inversión a largo plazo”, agregó.

La situación económica no es la mejor para poner en marcha un plan integral de seguridad: el Estado sufre un abultado endeudamiento que limita los recursos para la educación, la salud y los servicios básicos y deberá destinar este año 9.000 millones de dólares para pagar intereses de su deuda externa, lo que equivale a una cuarta parte del presupuesto nacional.