Antes de que termine este 2025, los españoles podrían trabajar menos por el mismo sueldo. Es la intención del anteproyecto de ley que este martes aprobó el gobierno de coalición de Pedro Sánchez para reducir la jornada laboral. Pero ahora deberá sortear una serie de escollos.

Por ahora, no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente para que el Congreso lo apruebe. Y el sector empresarial, por su parte, tampoco lo ve con buenos ojos.

La medida, que podría beneficiar a doce millones y medio de trabajadores, apunta a disminuir el límite de 40 horas semanales de trabajo -que fue fijado en 1983- a treinta y siete horas y media. Es decir que, de lunes a viernes, en España se trabajaría media hora menos por día y por la misma plata.

Aprobado este martes por el Consejo de ministros, el anteproyecto es la medida estrella de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Como referente de Sumar, el partido minoritario en la coalición de gobierno, Díaz lleva un año negociando con los sindicatos y tratando de convencer a la patronal.

Según la ministra, España vivió este martes “un día histórico”.

“Necesitamos reformas como ésta, que son reformas cotidianas y hablan de las cosas pequeñas -dijo Díaz en la conferencia de prensa a la que el gobierno convoca todos los martes, luego de la reunión de gabinete-. (Son reformas que) entran en las casas de los españoles y las españolas y hacen que la vida real cambie. Hoy es un día histórico.”

El anteproyecto postula, además, el control digital del horario laboral, para evitar las horas extra que numerosas personas realizan y que algunas empresas o empleadores no contabilizan.

E introduce el derecho a la desconexión según el cual, ningún empleado podrá ser contactado fuera de su horario de trabajo ni durante los fines de semana.

“Esta norma es hija del diálogo social, once meses de trabajos en la mesa de diálogo social”, dijo Díaz, satisfecha y entusiasta.

Sin embargo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que es el equivalente de la UIA en Argentina, lamentó: “Siempre estaremos de acuerdo con el diálogo social, pero no con el monólogo social -dijo-. No compartimos lo que se va a aprobar hoy (por este martes)”.

Yolanda Díaz apuesta a que la reducción de la jornada laboral se convierta en realidad antes de fin de año.

Y no esconde su optimismo: “Esta norma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado -aclaró este martes-. Creo que va a ser un debate parlamentario más sencillo de lo que parece”, auguró la ministra de Trabajo.

“El éxito de una negociación tiene que estar rodeado de silencio -confesó-. Nos hemos reunido con todas las formaciones políticas, excepto con Vox.”

“Patética”, calificó la medida la vocera parlamentaria de Vox, Pepa Millán.

“La reducción de la jornada laboral se trata de un capricho más de Yolanda Díaz que se lo concede Sánchez -opinó este martes desde el Parlamento-. Porque la ministra y vicepresidenta tiene una necesidad constante de estar en el foco y que se hable de ella. Entonces ahora se ha sacado de la manga lo de la reducción de la jornada laboral, una decisión unilateral, sin contar con los empresarios que son los que van a sufrir principalmente las consecuencias de todas estas medidas”.

Desde Junts per Catalunya, el partido independentista del ex presidente catalán Carles Puigdemont, ya anticipan que no será sencillo que la reducción de la jornada laboral sea aprobada, en el Congreso, tal como la presentó el gobierno en su anteproyecto.

Desde finales de 2023, cuando pactó con Pedro Sánchez darle sus votos para que el secretario general del PSOE se garantizara su reelección como presidente, Puigdemont mantiene en vilo el apoyo o el veto a cada propuesta del gobierno.

El catalán, que huyó de España luego de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña en 2017, aún espera que se resuelva la interpretación -en manos de los jueces- de la ley de amnistía que le obligó a aprobar a Sánchez. Su demorada aplicación todavía no le permite a Puigdemont regresar a casa sin riesgo de ser detenido.

Por eso, y por las varias condiciones que su partido le impuso a Pedro Sánchez a cambio de permitirle que siga sentado en el Palacio de la Moncloa, Junts consiguió que una proposición suya para que el jefe del gobierno se someta a una cuestión de confianza sea admitida en el Parlamento.

La cuestión de confianza, según la Constitución española, es un recurso y una decisión exclusiva del presidente. Ninguna institución ni grupo parlamentario puede imponérsela desde afuera.

Sin embargo, Junts consiguió que el PSOE -el partido que gobierna- acepte debatir en el Congreso si Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza o no. El resultado de esa votación, sea a favor o en contra, no tiene ninguna implicancia jurídica para Sánchez.

Esa sesión, en la que el independentismo catalán sólo apunta a desgastar la figura del jefe del gobierno, podría celebrarse a fines de febrero o principios de marzo.