Un juez de Nueva York le aplicó un fuerte golpe a Donald Trump este viernes con un fallo en un caso de fraude civil: lo encontró culpable de conspirar para manipular su patrimonio y le ordenó pagar una multa de 355 millones de dólares mientras que le prohibió ejercer el liderazgo de su empresa inmobiliaria por tres años.

El juez Arthur Engorn de Nueva York le impuso al magnate varios castigos que amenazan su imperio empresarial en momentos en que busca volver a la Casa Blanca. Es la segunda gran derrota de Trump en un tribunal en dos meses, después de un veredicto en enero en un caso de difamación presentado por la escritora E. Jean Carroll, de quien el magnate abusó sexualmente según falló un tribunal en un juicio previo. El jurado lo condenó a pagar entonces 83,3 millones de dólares.

Trump, que está en campaña para volver a la presidencia en las elecciones del 5 de noviembre, afronta aparte otros cuatro juicios penales. Siempre ha argumentado que es víctima de una persecución judicial, impulsada por los demócratas, para frenarle su regreso a la Casa Blanca.

Sin embargo, por ahora los fallos en su contra no impactan en las encuestas: lleva una mayoría aplastante en la primaria republicana y para las generales supera levemente a su competidor Joe Biden.

Además de la multa, el juez le impuso este viernes una prohibición de tres años que impide que Trump ocupe puestos de alto nivel en cualquier empresa de Nueva York, incluida la suya. También extendió ese castigo a los hijos adultos del ex presidente, Donald Junior y Eric Trump, durante dos años y les ordenó que pagaran más de 4 millones de dólares cada uno. Eric es el director ejecutivo de hecho de la Organización Trump, y el fallo pone en duda si algún miembro de la familia puede dirigir el negocio a corto plazo.

Trump apelará la multa, que podría ascender a 400 millones de dólares o más una vez que se sumen los intereses, pero tendrá que reunir el dinero o asegurar una fianza dentro de los 30 días.

El fallo no lo llevará a la quiebra, porque la mayor parte de su riqueza está inmovilizada en bienes raíces. Lo más probable es que el ex presidente también pida a un tribunal de apelaciones que detenga las restricciones que le impiden a él y a sus hijos dirigir la empresa mientras considera el caso.

Los expertos señalan, sin embargo, que es poco lo que el magnate puede hacer para evitar uno de los castigos más importantes del juez: extender por tres años el nombramiento de un monitor independiente que será los ojos y oídos de la corte en la Organización Trump, vigilando posibles fraudes y cuestionando las transacciones que parezcan sospechosas. La empresa ya tiene una supervisora, Barbara Jones, que los Trump obviamente detestan.

La fiscal general, Letitia James, había pedido incluso más castigo, reclamando que Trump fuera excluido permanentemente del mundo de los negocios de Nueva York.

En la demanda de 2022 que activó el juicio, James acusó a Trump de inflar su patrimonio para obtener un trato favorable de los bancos y otros prestamistas. Según ella, no eran simples fanfarronadas inofensivas del magnate, sino años de prácticas engañosas mientras amasaba un imperio multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que lo catapultaron a la riqueza, la fama y la Casa Blanca.

A pesar de que los prestamistas ganaron dinero con Trump, fueron las supuestas víctimas en el caso, y James argumentó que, sin el fraude, podrían haber ganado aún más. La sanción financiera refleja esa pérdida de ganancias, con casi la mitad de los 355 millones de dólares.

El juez dijo que encontró “evidencia abrumadora” de que Trump y sus allegados conspiraron intencionalmente para cometer fraude y sabían que estaban presentando documentos financieros falsos, derrotando así el argumento de la defensa que decía que el magnate desconocía el tema y que había confiado en sus contadores. Trump “sabía mucho de los hechos clave” que mostraban esos documentos fraudulentos, dijo.

También señaló que el ex mandatario republicano y sus defensores “negaban la realidad”. “Su completa falta de culpa y remordimiento bordeaba con lo patológico”, dijo. “Su constante rechazo a admitir su error…obliga a la corte a concluir que pueden seguir haciéndolo si no están judicialmente restringidos”, añadió.