El Tribunal Supremo de Israel infligió el lunes un duro revés al primer ministro Benjamin Netanyahu al invalidar una disposición clave de la controvertida reforma judicial impulsada por su gobierno, en plena guerra contra Hamas en la Franja de Gaza.

El proyecto, anunciado en enero de 2023 después de que Netanyahu regresara al poder de la mano de una coalición integrada por la extrema derecha, desencadenó uno de los movimientos de protestas más importantes de la historia de Israel.

Pero la reforma quedó relegada a un segundo plano tras el inicio de la guerra contra Hamas el 7 de octubre.

El conflicto se desató tras el ataque de comandos islamistas en el sur de Israel, que dejó cerca de 1.140 muertos, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en las últimas cifras oficiales israelíes

En respuesta, el Estado hebreo lanzó una devastadora ofensiva en Gaza, que ha dejado hasta ahora 21.978 muertos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, según Hamas, que gobierna la Franja.

La decisión del Tribunal Supremo volvió a colocar el tema en primera plana. La medida invalidada preveía privar al Poder Judicial del derecho a decidir sobre la «razonabilidad» de las decisiones del gobierno o de la Knésset, el Parlamento israelí.

Ocho de los 15 jueces del tribunal votaron a favor de invalidar la norma, indicó el Ministerio israelí de Justicia en un comunicado.

Tras la decisión de la Corte, el ministro de Justicia, Yariv Levin, acusó al tribunal de «arrogarse todos los poderes».

«Los jueces toman en sus manos todos los poderes, que en un sistema democrático se reparten de forma equilibrada entre los tres poderes» del Estado, escribió Levin, artífice de la controvertida reforma judicial, en Telegram.

Levin, número dos del gobierno nacionalista de Netanyahu, criticó que la decisión se tomara «en plena guerra (en la Franja de Gaza), lo que va en contra de la unidad necesaria en estos días para el éxito de nuestros combatientes en el frente».

El partido de Netanyahu, el Likud, fustigó también el calendario de esta decisión.

Es «lamentable que la Corte Suprema haya decidido publicar su veredicto sobre un debate social en Israel mientras soldados de derecha e izquierda combaten y arriesgan sus vidas» en Gaza, dijo.

El jefe de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid, celebró la decisión y juzgó que la Corte había «cumplido fielmente su función de proteger a los ciudadanos de Israel».

El fallo «pone fin a un difícil año de conflictos que nos desgarraron por dentro y que provocaron la peor catástrofe de nuestra historia», escribió Lapid en la red social X, refiriéndose al ataque del 7 de octubre.

El tribunal decidió además que tenía la autoridad de invalidar una ley fundamental «en los raros y excepcionales casos en los cuales el Parlamento rebasa su autoridad».

Las leyes fundamentales cumplen el papel de la Constitución en Israel.

La reforma judicial desencadenó un amplio movimiento de protestas con decenas de miles de personas manifestándose casi cada sábado en numerosas ciudades del país, incluido Tel Aviv.

Según el gobierno de coalición -que reúne a partidos de derecha, extrema derecha y formaciones ultraortodoxas- la norma busca corregir un supuesto desequilibrio al reforzar el poder de los diputados sobre el de los magistrados.

El gobierno de coalición es el más derechista en la historia de Israel.

Los detractores de la reforma, en cambio, acusan a Netanyahu, juzgado por corrupción, de querer usar la reforma para suavizar una eventual condena en su contra, lo que el político niega.

Israel no tiene Constitución, ni el equivalente a una cámara alta del Parlamento, y la doctrina de la «razonabilidad» se ha usado precisamente para que los jueces puedan determinar si un gobierno sobrepasa sus prerrogativas.