La rebelión lanzada por el crimen organizado en Ecuador constituye una alarmante advertencia al gobierno recién llegado sobre dónde debería estar el poder real. Y lo que puede suceder si no le resulta claro el mensaje. Al presidente Daniel Noboa esta circunstancia lo expone a dos desafíos principales.

Uno de ellos es personal y a la vez político, depende de cómo maneje esta batalla la posibilidad de lograr su reelección en 2025. El mandatario, que asumió en noviembre pasado, está cumpliendo el tramo final del mandato de Guillermo Lasso.

Aquel presidente renunció para evitar ser derribado en un juicio político manipulado, entre otros, por el populista Rafael Correa quien, desde su autoexilio en Bruselas se montó ahora del peor modo en esta crisis descalificando a Noboa como un “improvisado” al frente de un “Estado fallido”.

El otro desafío es más importante y engarza con una novedad de a retazos que se observa en la región. Aparecen límites que el electorado y la superestructura política y económica comienzan a ejercer frente a estas mafias y la corrupción. Un status quo que pierde músculo.

Novoa unió esos dos propósitos al enviar a los militares a la calle para combatir a los cárteles, una medida de una complejidad extraordinaria cuyo éxito en absoluto está garantizado.

Para ello el presidente caracterizó como enemigos trasnacionales a las mafias, de modo que los uniformados encuentren sentido a operar contra este antagonista. No es un delito doméstico, sino es el país el que está siendo atacado. Un significativo mensaje en la formulación para un vecindario que sufre el mismo estigma y donde puede comenzar a multiplicarse la militarización de las ciudades tomadas por las mafias.

Es posible imaginar la controversia que puede producir esta construcción en países donde en el pasado el pretexto de la ofensiva terrorista acabó en la amputación de derechos civiles y la propia legalidad por parte de los militares. En esa dimensión sobrevuela también el modelo salvadoreño de Nayib Bukele con el peligroso criterio de que los medios se justifican por el propósito.

El gobierno ecuatoriano no entra en esos debates. Debería. Busca recuperar la iniciativa. Al revés que Lasso cuando declaró también como terroristas a estas mafias, Noboa logró un apoyo unificado del Congreso. Pero se trata de un camino de riesgos y dudas, además, sobre quién o quiénes están de cada lado.

Esa dificultad explica la advertencia del mandatario a jueces y fiscales sobre que serán considerados terroristas si se complotan con el crimen organizado. El comentario apunta a la llamada “Metástasis”, nombre adecuado para una investigación que reveló los nexos entre los narcos y el funcionariado nacional que incluía a toda la escalera de justicia y seguridad.

Vale recordar que este capítulo del drama ecuatoriano comenzó con la fuga de la cárcel del líder mafioso Adolfo Macías, jefe de la banda de los Choneros, similar a los Monos en Rosario, uno de los delincuentes más peligrosos del país. Este sujeto cumplía una condena de 34 años. Huyó cuando desde el gobierno le filtraron que iba a ser derivado a una cárcel de máxima seguridad.

Hay un incidente previo revelador. Después del asesinato en agosto del candidato anticorrupción, el periodista Fernando Villavicencio, se ordenó aislar a Macías en un ala de la misma prisión que ocupaba en Guayaquil. Duró poco. En instantes un juez ordenó que sea devuelto a su calabozo desde donde dirigía las operaciones de la banda.

Nada de qué sorprenderse. Se calcula que un cuarto de las 36 prisiones de Ecuador están en manos de estas organizaciones que, como denunció el propio Villavicencio, distribuían montañas de dinero en sobornos sin detenerse en jerarquías.

Los Choneros funcionan asociados al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Vale recordar que el ex presidente derechista de ese país, Felipe Calderón, en la segunda mitad de los años 2000 también lanzó a los militares contra los narcos. Pero chocó contra una pared. Muy pronto descubrió que la tropa estaba infiltrada, incluido el propio zar antidrogas.

Al igual que en Ecuador hoy, el Estado mexicano había perdido el control de las cárceles devenidas en bases de operaciones de las mafias. Esa deformación tiene un punto culminante con La Catedral, la prisión más sofisticada de Colombia, en Antioquia, que construyó el célebre narco Pablo Escobar. Había previsto hasta un helipuerto para sus movimientos.

Noboa es un dirigente de centro derecha sin pasado político propio (su padre fue cinco veces candidato presidencial), hijo de una familia de magnates bananeros, que tejió una sociedad electoral compleja con un partido de centro izquierda dura, Revolución Ciudadana, y el conservador Social Cristiano.

Ese conjunto heterogéneo se sostuvo en la necesidad de recuperar en Ecuador la estabilidad que a su vez resuelva el principal problema de una economía en decadencia, sin capacidad de acumulación y atravesada por profundos abismos sociales que no resolvió la dolarización.

La contradicción económica siempre explica los movimientos de la política, en especial cuando no es atendida. El estancamiento amplifica el camino de las bandas que en estos países reclutan a sus “soldados” entre los sectores de la sociedad abandonados por el Estado.

El narcotráfico y la corrupción constituyen un problema central para aquellas ambiciones de normalidad y crecimiento. De ahí la necesidad de removerlos o al menos limitarlos. Así ha sucedido en el vecino Paraguay que llegó a merodear niveles de estado fallido hasta que su establishment comprendió la urgencia de un giro que abriera un panorama de mayores posibilidades.

De modo que, aún con márgenes altos de corrupción, el país logró organizarse aunque el peligro no ha desaparecido. En Paraguay están asentados los principales cárteles de la droga brasileña, pero no al extremo de controlar el país.

Guatemala es otro ejemplo a considerar de estos nuevos aires. Cuando los ecuatorianos, con mucho voto joven, eligieron el 20 de agosto pasado a Noboa, quien no aparecía en las encuestas, el mismo día lo guatemaltecos lo hicieron por otro ausente en los pronósticos, el diplomático Bernardo Arévalo, un socialdemócrata que hizo campaña contra la corrupción generalizada y y el crimen organizado que devora al país.

Arévalo jurará este 14 de enero con un apoyo consistente de la comunidad internacional, de Washington en particular. Ese respaldo lo protegió de una oleada de intentos para derrocarlo antes de asumir por parte del gobierno saliente del opaco Alejandro Gimmattei, su fiscalía general y otros funcionarios aliados de las mafias.

El aval de EE.UU., también en Ecuador, tiene un sentido práctico. Una mejora en estos países, que bloquea la corrupción y el delito organizado, permitiría reducir en su origen el aluvión de migrantes que golpea en la frontera del Río Grande en busca de un espejismo de salvación alimentado por las carencias que dejan atrás.

Noboa debe entender que la militarización, aun si resulta efectiva, será solo parte de ese todo distorsionado. Debe recuperar el control no solo de las cárceles, también del puerto de Guayaquil que mueve sin registro 300 mil containers cada mes, los portales de la droga al mundo.

Un dato sencillo para calibrar el tamaño del desafío lo brinda el hecho de que, por ejemplo, el equipo judicial que rastrea transacciones bancarias sospechosas ha carecido históricamente de fondos a extremos de indigencia tales de ni poder hacer fotocopias. La potente mano de la mafia.

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