INTERNACIONAL
Ecuador maniatado por el crimen organizado: extorsiones, amenazas a periodistas y la tasa de asesinatos más alta de la región
Desde Quito
“Que hubo gonorrea (un término que se usa como insulto). Me mandaron hacer un trabajito contigo. 3… 2… 1 pum”. El mensaje, acompañado por un emoji de un arma de fuego, llegó al WhatsApp de un reconocido periodista ecuatoriano, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad.
“No es el primero. Yo simplemente los bloqueo y denunció al número desde donde se mandó la amenaza”, contó a TN este periodista que vive con cuidado permanente por temor a la violencia del crimen organizado que se ha apoderado del Ecuador. El país, tomado por el narcotráfico y una guerra entre bandas rivales, celebrará este domingo un crucial balotaje entre el presidente saliente, Daniel Noboa, y la candidata correísta de la Revolución Ciudadana, Luisa González.
La amenaza recibida por un periodista ecuatoriano (Foto: captura)
El periodista vive en Quito, donde la seguridad es superior a la del puerto de Guayaquil, bastión de los grupos criminales y centro de la ola de violencia que convirtió al país en el más violento de la región.
Casi al mismo tiempo que recibía el mensaje, a su hija mayor le entraba una llamada de un número desconocido con una advertencia de la compañía telefónica local de que provenía de una línea con denuncias de extorsión y estafas. Así se vive hoy en el Ecuador.
Ecuador, un país en “guerra” contra el crimen organizado
El temor de los ecuatorianos por la violencia se palpa en cada conversación. El país tiene una tasa de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la mayor de la región, según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación sobre las amenazas a la seguridad nacional de América Latina y el Caribe. Como comparación, la Argentina tiene un índice de 3,8.
Al asumir el poder, Noboa le declaró la guerra al crimen organizado, sacó el ejército a las calles y puso en marcha un plan de “mano dura” que encarceló a miles de sospechosos después de que un grupo comando asaltó un canal de TV en Guayaquil y mantuvo como rehenes a varios periodistas durante una transmisión en vivo, en enero del año pasado. Meses antes, fue asesinado el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, en plena campaña para las elecciones de fines de 2023.
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Desde entonces, el país vive bajo una declaratoria de “conflicto armado interno” y en estado de excepción en varias provincias, en especial en el corredor costero con epicentro en Guayaquil y en la vecina ciudad de Duran, considerada la más violenta del país.
Noboa, que aspira a su reelección por otros cuatro años, le pidió ayuda a Donald Trump para luchar contra este flagelo y dejó abierta la posibilidad del regreso de bases militares estadounidenses en el país, tras su cierre durante el gobierno de Rafael Correa (2007/17). Incluso, el gobierno contrató como asesor de seguridad al polémico empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, ahora llamada Academi, con varias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irak.
“Ecuador es la principal plataforma logística del tráfico de cocaína de la región andina. Esta interdependencia con los mercados de consumo, ha llevado a la proliferación de grupos criminales y su disputa para el acceso y control de mercados. Esto explica el incremento de la violencia por el poder criminal evidenciado en el Ecuador en los últimos años, sumado a la ausencia de capacidades del Estado para contrarrestar esta problemática”, dijo a TN el experto Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Cuáles son los grupos que controlan el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador
Jorge Paladines, experto en temas de narcotráfico y crimen organizado, debió dejar el país por las continuas amenazas recibidas en los últimos meses. En diálogo telefónico con TN, dijo que Ecuador no solo está afectado por el narcotráfico, sino también por el crimen organizado en general. El principal problema hoy es la extorsión.
“Esto es lo que padecen cientos de miles de habitantes y ha generado una migración, un desplazamiento forzoso. La gente tiene miedo de seguir viviendo en territorios regenteados por estas organizaciones criminales que están dispersas, pero tienen presencia en toda la costa”, indicó.
El modus operandi es conocido. Los criminales exigen el pago de una “vacuna” (impuesto) a comerciantes y ciudadanos para garantizarles su seguridad. La ola de asesinatos que vive el país empuja a los ecuatorianos a caer en las garras de estos grupos.
En Ecuador no existe una macrocriminalidad, sino una microcriminalidad más difusa, pero letal. “Casi en cada esquina uno puede encontrarse con una organización criminal que forma parte de una federación criminal”, comentó Paladines.
Integrantes de Las Fuerzas Armadas de Ecuador realizan operativos de control en la ciudad de Guayaquil ((Foto: EFE)
En ese universo, hay tres grandes federaciones: Los Choneros, Los Lobos y los Tiguerones.
“Los Choneros tienen su eje en la costa central de Ecuador. Los Tiguerones son fuertes en sectores populares de Guayaquil más marginalizados y en el norte de Ecuador, mientras Los Lobos luchan por los mismos espacios costeros y tienen gran proyección en la sierra”, enumeró el experto.
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El cartel con mayor crecimiento ha sido el de Los Lobos, que ha expandido sus negocios hacia la minería ilegal. “La violencia se expande con el abastecimiento de explosivos, coches bomba y tecnología militar”, dijo.
Todos estos grupos dominan las distintas cárceles y tienen vastas conexiones con organizaciones internacionales, en especial colombianas y los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Pero también con grupos europeos como la N´drangheta (mafia calabresa) y bandas criminales de los Balcanes, en especial albaneses.
Para Renato Rivera, “los grupos criminales no solo controlan las rutas de la cocaína, sino también han logrado cooptar instituciones locales como municipios y han establecido diversos modelos de Gobernanza criminal a través de las extorsiones. Es bajo esta relación, que vemos el incremento de los homicidios y la baja capacidad de respuesta del Estado”.
El gobierno de Noboa se empeña en afirmar que su política contra la inseguridad ha dado buenos resultados, pero el experto es escéptico.
“La declaratoria de conflicto armado interno y los estados de excepción no tienen resultados efectivos en la reducción de criminalidad. Si bien el gobierno aduce una reducción de los homicidios en 2024 de 15%, en tres meses de 2025 se evidencia un incremento de 70% de los homicidios en comparación al año anterior”, señaló.
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Paladines afirmó que la causa de la penetración criminal en el Ecuador hay que buscarla más en la “desestructuración social” del país y menos en factores ideológicos. Por ello, afirmó. “Es necesario quitarle la base social al narcotráfico, reduciendo el reclutamiento a largo plazo de ´soldados´ de estos grupos violentos”.
Hoy, paradójicamente, ambos candidatos presidenciales coinciden en que es necesario responder con “mano dura” al avance de la criminalidad, aunque se diferencian en la estrategia a seguir.
Noboa busca la cooperación de Trump y el asesoramiento de polémicas empresas privadas de seguridad como la de Prince, que viene amenazando con irrumpir en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Luisa González, desde la izquierda, rechaza ese acercamiento con la Casa Blanca y clama por una política de “mano dura con justicia social”.
Entre la continuidad de Daniel Noboa o el regreso al correísmo de la mano de Luisa González, este domingo el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de elegir el rumbo de un país que cambió en forma dramática en los últimos años. El dilema vuelve a ser derecha o izquierda, la misma encrucijada que une hoy a toda América Latina.
Ecuador, Daniel Noboa
Costos y beneficios
Regreso al punto de partida
El presidente Donald Trump, a la izquierda, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Ala Oeste de la Casa Blanca, el 7 de abril pasado. Foto AP
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FIRST ON FOX: A Senate Republican wants to build a paper trail of former President Joe Biden’s autopen usage with the end goal of calling more hearings, passing legislation or amending the Constitution to best address «a mentally incapacitated president.»
Sen. Eric Schmitt, chair of the Senate Judiciary Subcommittee on the Constitution, is requesting special access under the Presidential Records Act to a trove of Biden-era documents and memos that chronicle his usage of an autopen.
In a letter to Secretary of State and Acting National Archivist Marco Rubio exclusively obtained by Fox News, Schmitt argued that creating a paper trail of key directives made toward the end of his presidency would help in «deciding which legislative remedy is most appropriate.»
TOP BIDEN AIDE ADMITS TO CONGRESS SHE DIRECTED AUTOPEN SIGNATURES WITHOUT KNOWING WHO GAVE FINAL APPROVAL
Neera Tanden, the former director of Biden’s Domestic Policy Council, testified for more than five hours Tuesday behind closed doors as part of House Republicans’ investigation into the former president’s mental acuity and his use of an automatic signature tool. (Getty Images)
«In particular, the increased use of the autopen to sign pardons, executive orders, and other documents as his Presidency progressed became a poignant symbol of President Biden’s mental decline and has created questions about the validity of those orders and pardons if President Biden did not direct the use of the autopen,» he wrote.
Schmitt requested access to a slew of documents, including memos about procedures for usage of the autopen, who was granted authority to use the autopen and emails from staff authorizing or requesting authorization for autopen usage.
SENATE HEARING ON WHO WAS ‘REALLY RUNNING’ BIDEN WHITE HOUSE KICKS OFF WEDNESDAY
Sen. Eric Schmitt, R-Mo., arrives for a Senate Judiciary Committee hearing in Dirksen building Tuesday, June 17, 2025. (Getty Images)
He also requested access to all White House records after Nov. 1, 2024, that refer or relate to presidential pardons; that prioritize briefing books, memos and decision memos for pardons; and, eventually, access to all White House records after Nov. 1.
«With that information, the subcommittee will be better positioned to ensure that any potential proposed amendment will be sufficiently comprehensive so as to address any plausible contingency concerning a mentally incapacitated President,» Schmitt wrote.
«It would be challenging enough to amend the Constitution once — much less more than once if it then subsequently turned out not all contingencies around presidential incapacity were adequately considered.»
Schmitt’s letter comes after the Senate Judiciary Committee’s hearing on Biden’s alleged mental decline while in office and how the autopen could have played a central role in his inner circle’s alleged attempt to skirt the Constitution while continuing to carry out the duties of the office.
EX-WHITE HOUSE OFFICIALS TO TESTIFY ON WHO ‘REALLY RAN THE COUNTRY’ DURING BIDEN ERA
President Donald Trump speaks with reporters while flying aboard Air Force One en route from Calgary, Canada, to Joint Base Andrews, Maryland, late Monday, June 16, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
It also explicitly mentions the closed-door, transcribed hearing with Biden’s former director of the Domestic Policy Council, Neera Tanden, conducted by the House Oversight Committee this week.
A source told Fox News Digital that during the transcribed interview, which lasted five hours, Tanden testified she had «minimal interaction with President Biden» in her role as staff secretary and that to obtain autopen signatures, she would send decision memos to members of Biden’s inner circle.
She said during the interview she was not aware of what actions or approvals happened between the time the memo was sent out and returned with approval.
However, Tanden’s opening statement, shared with Fox News Digital by her lawyer, Michael Bromwich, said that, as staff secretary, she was responsible for «handling the flow of documents to and from the President» and that she was authorized to direct that autopen signatures be «affixed to certain categories of documents.»
«We had a system for authorizing the use of the autopen that I inherited from prior Administrations,» Tanden said. «We employed that system throughout my tenure as Staff Secretary.»
She was later named director of Biden’s Domestic Policy Council and said she was no longer responsible for the flow of documents and was no longer involved in decisions related to the autopen.
«I would note that much of the public discussion on the subject matter of this hearing has conflated two very different issues: first, the president’s age and second, whether President Bident was in command as President,» she said. «I had no experience in the White House that would provide any reason to question his command as President. He was in charge.»
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Schmitt requested that access to the swathe of memos and communications be granted no later than July 16.
«It is important for this subcommittee to have a clear picture of President Biden’s decision-making capacity at the end of his presidency and to know the extent to which members of his inner circle possibly usurped the President’s decision-making authority,» he wrote.
Fox News Digital’s Liz Elkind contributed to this report.
INTERNACIONAL
China confirmó el acuerdo sobre tierras raras y exportaciones con EEUU tras una nueva ronda de negociaciones en Londres
China y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo definitivo sobre la exportación de bienes estratégicos, incluidas las tierras raras, tras concluir su última ronda de negociaciones en Londres. Así lo confirmó este viernes el Ministerio de Comercio chino mediante un comunicado oficial, en el que informó que ambos gobiernos “mantuvieron una comunicación cercana” tras el encuentro y que “con aprobación, ambas partes confirmaron los detalles del acuerdo”.
El documento aclara que, como parte del entendimiento, “China revisará y aprobará las solicitudes de exportación de bienes controlados que cumplan con las condiciones con arreglo a la ley”, en una clara referencia a las restricciones impuestas por Beijing a principios de abril sobre la venta de minerales críticos como las tierras raras. Estos recursos son fundamentales para industrias clave, como la defensa, la tecnología avanzada o el sector automotriz.
A cambio, Estados Unidos se compromete a eliminar “una serie de medidas restrictivas” adoptadas contra China, aunque el comunicado no detalla cuáles serán levantadas ni en qué plazos. Esta medida corresponde a lo pactado en la conversación del 5 de junio entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump, que habilitó la reanudación de los contactos comerciales a nivel técnico.
“Se espera que EEUU y China encuentren un término medio y cumplan con los importantes consensos y requisitos alcanzados por los jefes de Estado”, señala el comunicado, refiriéndose al diálogo presidencial que facilitó la reactivación de las negociaciones formales en la capital británica.
La confirmación de este acuerdo por parte del gobierno chino se produce un día después de que Trump asegurara que “Estados Unidos firmó un acuerdo con China” en una declaración pública, aunque sin ofrecer precisiones. Según había adelantado el mandatario republicano a mediados de junio, el pacto incluye un arancel del 55 % impuesto por EEUU a productos chinos y un 10 % recíproco por parte de Beijing sobre bienes estadounidenses.
El acuerdo de Londres sella un marco de cooperación basado en el “consenso” alcanzado en la llamada presidencial, pero se mantenía pendiente de la ratificación final de ambos líderes. La firma llega tras una serie de tensiones renovadas, motivadas por acusaciones cruzadas de incumplimiento del pacto alcanzado en mayo en Ginebra, que dio origen a una tregua comercial de 90 días.
En el marco de ese entendimiento previo, China había reducido sus aranceles a productos estadounidenses del 125% al 10%, mientras que Washington rebajó los suyos del 145% al 30% sobre bienes chinos. Sin embargo, ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo: Beijing denunció restricciones estadounidenses sobre la exportación de chips de inteligencia artificial y software de diseño de semiconductores, así como medidas migratorias contra estudiantes chinos. Washington, por su parte, criticó las limitaciones chinas sobre la exportación de tierras raras.
La disputa comercial entre ambos países se intensificó desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con una renovada ofensiva arancelaria que reactivó la guerra comercial iniciada en 2018. Esta escalada ha derivado en una situación de embargo parcial, con efectos globales sobre cadenas de suministro y mercados estratégicos.
Con este nuevo acuerdo, China y Estados Unidos buscan desescalar las tensiones mediante compromisos mutuos en comercio y exportaciones clave. No obstante, aún queda por determinar cómo se implementarán las medidas anunciadas y si ambas partes cumplirán los plazos y condiciones fijados. Por ahora, el entendimiento representa un paso más en la volátil relación bilateral entre las dos principales economías del mundo.
(Con información de EFE y AFP)
Asia / Pacific,LIANYUNGANG
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