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INTERNACIONAL

El ataque de Hamas: mal preparado y en quiebra, Líbano teme una guerra con Israel

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Los socorristas libaneses llegan al lugar de un bombardeo israelí en camiones vetustos y sin equipos de protección, un ejemplo que ilustra la falta de preparación en un país lastrado por una larga crisis y que teme una escalada del conflicto entre Israel y Hamas.

«Estamos en primera línea y, sin embargo, no tenemos equipo para protegernos y salvar a la gente», afirma Anis Abla, jefe de la defensa civil de Marjayoun, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Israel.

En su oficina prefabricada, afirma no tener los medios para comprar cascos o chalecos antibalas para su equipo de 37 personas, la mayoría voluntarios.

Desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los tiroteos son casi cotidianos en la frontera. Hezbollah proiraní y sus aliados afirman bombardear Israel en solidaridad con Hamas, pero hasta el momento, los enfrentamientos son limitados.

En medio del colapso económico que se vive desde hace cuatro años, Líbano teme verse arrastrado directamente al conflicto. El país no está preparado para afrontar una guerra, por lo que los voluntarios y las ONG tienen que llenar el vacío con recursos limitados.

«Si estalla la guerra, es posible que no podamos proporcionar suficiente agua a nuestros camiones (para combatir incendios, ndlr) o alimentos para nuestros equipos», dice Alba.

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Teniendo en cuenta que el Estado se encuentra en quiebra y sólo puede proporcionar electricidad durante pocas horas al día, las bombas de agua apenas funcionan y, por lo tanto, los camiones de bomberos tienen un acceso limitado al agua, explica Hussein Fakih, jefe de defensa civil de la región sur de Nabatiyé, donde se encuentra Marjayoun.

«Nuestro vehículo más reciente tiene unos treinta años», se lamenta Fakih, y añade que los camiones de bomberos se averían con regularidad. «Si la situación empeora (…) no podremos cumplir con todas nuestras tareas».

Una mujer llora a Ali Kourani, de 16 años, quien murió en lo que los residentes dijeron que fue un ataque con aviones no tripulados israelíes en su ciudad natal de Yater. Foto ReutersUna mujer llora a Ali Kourani, de 16 años, quien murió en lo que los residentes dijeron que fue un ataque con aviones no tripulados israelíes en su ciudad natal de Yater. Foto Reuters

Los enfrentamientos transfronterizos dejaron al menos 62 muertos en Líbano, según un recuento de AFP, la mayoría de ellos combatientes de Hezbollah, y obligaron a casi 29.000 personas a huir de sus hogares.

A unos kilómetros de Marjayoun, Hasbaya acogió a cientos de desplazados, de los cuales 150 fueron instalados en un hotel que no se ha terminado de construir, según el alcalde de la localidad, Lalbib al-Hamra.

Los miedos

Las autoridades locales, que carecen de todo, tuvieron que recurrir a envíos de dinero de libaneses en la diáspora, a asociaciones y a donantes para rehabilitar el hotel y proporcionar a los desplazados colchones, comida y medicamentos, explica el alcalde.

«Mi mayor temor es que se repita el escenario de 2006, pero peor», dice al-Hamra.

«Actualmente el Estado libanés no está preparado para afrontar este tipo de calamidad», asegura.

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En 2006, una guerra entre Hezbolá e Israel dejó más de 1.200 muertos en el Líbano, principalmente civiles, y 160 muertos en Israel, soldados en su mayoría.

El gobierno interino elaboró un plan de emergencia y se están llevando a cabo conversaciones para «garantizar que la comunidad humanitaria contribuya» a su financiamiento, según el Primer ministro Najib Mikati.

Mikati aseguró el lunes a AFP que está haciendo todo lo posible «para que el Estado y sus modestos medios estén preparados» en caso de conflicto.

El ministro de Salud, Firas Abiad, destacó que el Líbano enfrenta obstáculos sin precedentes. Su cartera necesita de 30 a 40 millones de dólares para el plan de emergencia que elaboró, y agrega que «Líbano hace todo lo posible para aumentar su nivel de preparación», a pesar de tener recursos «mucho más limitados».

Pero muchos libaneses han perdido la confianza en la capacidad de su país para protegerlos.

Entre ellos, Ali Khalil Awada, de 74 años, refugiado en el hotel de Hasbaya con su esposa en una habitación estrecha y apenas amoblada.

Ya fue desplazado de su pueblo fronterizo de Khiam varias veces durante la guerra civil (1975-1990), la ocupación israelí del sur (1978-2000) y la guerra de 2006.

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Pero esta vez «es la peor», según él.

«Nuestro estado está muerto… y nuestra economía se ha ido», lamenta. «No tenemos ni siquiera los medios de comprar un pan».



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INTERNACIONAL

Nicolás Maduro ahora insulta a Canadá porque sancionó a altos funcionarios del chavismo

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El gobierno de Nicolás Maduro sigue con su política de insultar a los países que condenan y sancionan a los altos cargos venezolanos, unos 312 hasta ahora, por haber cometido delitos de corrupción, lavado de dinero, represión, violación de los derechos humanos, narcotráfico y destrucción de la democracia y las libertades.

El último país en recibir el chorro de insultos chavistas ha sido Canadá, cuyo gobierno decidió sancionar a 5 magistrados y fiscales del Ministerio Público venezolano, que han promovido y avalado el fraude electoral de las presidenciales del 28 de julio, por las que Maduro se juramentará el 10 de enero en su tercera reelección.

Los cinco funcionarios sancionados por el gobierno de Justin Trudeau son: Caryslia Rodríguez: Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan Carlos Hidalgo Pandares: Juez del TSJ, Rosalba Gil Pacheco: Integrante del Consejo Electoral Nacional (CNE), Edward Miguel Briceño Cisneros: Juez TSJ y Luis Ernesto Dueñez Reyes: Fiscal.

Delcy Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Maduro respondió así a las sanciones de Canadá: «Es un gobierno que no camina sino que se arrastra».

Rodríguez expresó que «es Canadá un gobierno que no camina sino que se arrastra sobre sus codos y rinde pleitesía ante quienes los humillan, hacen circo frente a sus opresores. Nosotros nos ocuparemos de la libertad y la independencia. Nosotros somos Bolívar en historia viva. Que ese título nos lleve a la independencia y la dignidad nacional».

Por su lado la cancillería venezolana emitió un comunicado en el que expresa su rechazo “de manera contundente las medidas extorsivas en contra de funcionarios venezolanos que pretende imponer Canadá”

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En el texto, señala que la nación canadiense con esta acción confirma una vez más su «papel servil» como esclavos de los intereses imperiales de Estado Unidos. Al mismo tiempo que catalogan de ilegales las medidas contra los funcionarios legítimos de la nación, por lo que, aseguran que esto no es más que, un intento fallido de presionar a Venezuela mostrando la humillación y el descrédito de Canadá.

El gobierno canadiense condenó por su parte que el régimen de Maduro lo acuse de actuar como «un peón disminuido y subordinado» al gobierno norteamericano.

En un comunicado, la ministra de Exteriores Mélanie Joly declaró que las sanciones contra los cinco funcionarios venezolanos señalan que «Canadá no se quedará quieta mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano».

Joly dijo que es necesario que los venezolanos negocien una solución pacífica a la crisis en la que se encuentra sumida el país y que Canadá está lista para trabajar con la región para apoyar ese diálogo.

«Pero también estamos preparados para usar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costes a los que buscan prevenir la expresión total de los derechos democráticos venezolanos», añadió.

Las sanciones congelan los activos que los sancionados venezolanos puedan tener en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano, o canadienses en el extranjero, mantengan relaciones económicas con los sancionados.

Los 5 magistrados del fraude electoral forman parte de los 312 funcionarios venezolanos han sido sancionados desde 2017 por los Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtensteins, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Bosnia Herzogovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA, más los señalados por las Naciones Unidas de violación de los derechos humanos.

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