El caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset continúa sumando protagonistas en ese país tras las conocidas renuncias de los ministros de Relaciones Exteriores e Interior así como los viceministros de estas carteras que obligó al Gobierno al nombramiento de nuevos jerarcas.

En esta ocasión el abogado Alejandro Balbi fue citado por la Fiscalía de Uruguay para declarar en calidad de testigo por la expedición de un pasaporte a Marset mientras se encontraba en los Emiratos Árabes y con el que logró escapar de ese país, un procedimiento que defendió como legal.

«Hay una sola coincidencia: en la legalidad del otorgamiento del pasaporte a esta persona. Queda claro que mi actuación fue dentro de la normativa, reconocido por todos, y a pesar de estas desavenencias políticas que hubo, que soy ajeno porque no soy funcionario ni integro ningún partido político», dijo a la prensa tras retirarse sin ofrecer más declaraciones.

Sin embargo, el abogado de Balbi, Juan Fagúndez, coincidió con Balbi en la legalidad de la expedición del pasaporte de Marset y que su defendido sostuvo una reunión con la exvicecanciller Carolina Ache para consultarle sobre el estado del envío de la valija diplomática con los pasaportes hacia los Emiratos Árabes.

«La mayoría de los pasaportes que tramita Cancillería pueden llevar 6 o 7 días porque se entregan los días jueves, en este caso se hizo el miércoles la parte de Policía Técnica y el jueves se imprimió y salió este día», explicó.

El pasado miércoles el semanario local Búsqueda publicó una nota en la que apuntó que el Gobierno «intentó ocultar a la Justicia» mensajes que tiempo atrás intercambiaron Ache y el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, sobre el caso de Sebastián Marset.

Publicó, además, audios de comunicaciones telefónicas entre el entonces canciller Francisco Bustillo y Ache en las que el ministro «le sugirió que perdiera su teléfono».

En agosto de 2022, Ache negó «cualquier participación» en el trámite de expedición y entrega en Emiratos Árabes Unidos de un pasaporte a Marset.

Pocos días después en una comparecencia ante el Senado, Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendieron que la entrega de dicho documento fue un «trámite administrativo» y no político.

En diciembre de ese año, Ache presentó su renuncia como vicecanciller de Uruguay.

En ese sentido, el entonces canciller Francisco Bustillo renunció a su cargo, horas después de que se difundieran antiguos audios de una llamada que mantuvo con la exvicecanciller Carolina Ache.

La prensa local difundió la carta de renuncia de Bustillo, en la que remarcó «que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte» y que no tuvo participación en dicha instancia.

Agregó que Ache «descontextualizó conversaciones y obró de mala fe», al tiempo que puntualizó: «Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente».

Tras las distintas renuncias, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, afirmó que los ministros y viceministros que presentaron la renuncia durante la semana «no tiene responsabilidad legal» en la expedición del pasaporte de Marset quien se encuentra prófugo de la Justicia de Paraguay y Bolivia.

«Tengo la íntima convicción de que tanto el ministro del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Bustillo y Carolina Ache (exviceminstra de Relaciones Exteriores) no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte el cual ustedes han informado», afirmó en una conferencia de prensa.

Lacalle Pou insistió en que tiene «la tranquilidad» de que todos los exministros «sabrán defender su honor y su persona» ante la Justicia uruguaya.