La noticia del asesinato del fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de la causa por la toma de TC Televisión ocurrida hace ocho días y seguía otros casos críticos vinculados al narcotráfico, conmocionó este miércoles a Ecuador. Las autoridades nacionales expresaron sus condolencias, condenaron «toda forma de violencia» y sostuvieron: «Los ecuatorianos estamos juntos y unidos».

hizo recrudecer el conflicto que viven los gobernantes y las fuerzas de seguridad con las bandas vinculadas al narcotráfico y la corrupción.

El Gobierno que conduce el presidente Daniel Noboa se expidió por el crimen de Suárez, que hizo recrudecer el conflicto que viven las autoridades y las fuerzas de seguridad con las bandas vinculadas al narcotráfico y la corrupción.

«Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos y ratificamos el fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia», dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en un video difundido por las redes sociales oficiales.

Loffredo relacionó el crimen con las acciones que desarrollan las Fuerzas Armadas y la Policía contra los grupos de delincuencia organizada que la semana pasada desataron una espiral de violencia en varias cárceles del país y en las calles de ciudades a escala nacional.

El funcionario remarcó en su discurso «el fuerte compromiso del Gobierno Nacional de apoyar a las instancias de la administración de justicia» en su accionar contra la delincuencia y la violencia.

«Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza», aseguró el titular de la Defensa Nacional.

El fiscal Suárez llevaba numerosos casos del narcotráfico y acababa de lograr la detención de un prófugo por corrupción, en el marco de una causa conocida como Metástasis.

Si bien luego del golpe comando al canal de TV se había mostrado sin custodia, un día antes de su homicidio -tras la detención de Daniel Salcedo en Panamá- había solicitado a las autoridades protección y resguardo, ya que consideraba que su vida corría peligro.

Suárez no fue la primera víctima que ocurre en el país con autoridades que luchan contra las bandas dedicadas al crimen organizado.

Al menos otros dos fiscales fueron asesinados el año pasado en Guayaquil y en su área metropolitana, como ocurrió con los magistrados Édgar Escobar y Leonardo Palacios, mientras que el juez Nelson Yánez, en la amazónica Lagro Agrio, corrió la misma suerte.

Las amenazas a los funcionarios del aparato de Justicia de Ecuador alcanzaron a la fiscal general, Diana Salazar, quien en junio de 2023 denunció haber recibido mensajes intimidatorios desde números telefónicos desconocidos y aparentemente procedentes del extranjero.

Además, Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, de Quito, fue acribillado en diciembre de 2022 en la capital ecuatoriana y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron en marzo de 2023 atentados similares donde lograron salvar sus vidas.

Durante el transcurso del pasado año se incrementaron los atentados contra autoridades ecuatorianas, entre ellos políticos, en el contexto electoral de los comicios locales y luego en los generales, donde se vivió la campaña más violenta de la historia de Ecuador.

El 9 de agosto el país atravesó uno de los momentos más violentos, con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial acribillado cuando terminaba un acto partidario en Quito. Por este caso, seis personas quedaron detenidas.

También fueron asesinados en estos últimos meses concejales, funcionarios municipales y líderes vecinales en una sucesión de crímenes que teñido de sangre a todo Ecuador, con alrededor de 45 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes.