La policía federal de Brasil informó el jueves que ha imputado al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por intentar un golpe de Estado para mantenerlo en el cargo tras su derrota electoral en las elecciones de 2022.

Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que según la policía federal deberían ser procesadas por «los crímenes de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal», según un comunicado.

Los resultados debían ser entregados el jueves al Supremo Tribunal de Brasil para ser remitidos al fiscal general Paulo Gonet, quien decidirá si está de acuerdo con las acusaciones y somete a juicio al expresidente o si desestima la investigación.

«El magistrado Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice«, dijo el ex mandatario de extrema derecha en un mensaje en la red social X.

El documento -difundido por la policía- cierra la primera fase de la investigación sobre los supuestos complots subversivos desarrollados por Bolsonaro junto a algunos de sus ministros y sus colaboradores más cercanos.

La solicitud de procesamiento para 37 sospechosos – cabeza y corazón de la anterior administración – fue enviada al juez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Alexandre de Moraes, quien, tras oír al fiscal general, decidirá si inicia el proceso y abre el juicio en el Tribunal Superior o remite el expediente a la policía para una mayor investigación. No se pidió el arresto de Bolsonaro.

Además de Bolsonaro, la solicitud incluye a los generales Walter Souza Braga Netto, ex candidato a vicepresidente en la lista de Bolsonaro para 2022, y Augusto Heleno, ex ministro del gabinete de seguridad durante el gobierno anterior. En la lista también figuran el ex jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIM) Alexandre Ramagem y el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto.

La investigación concluida se refiere a la participación en el ataque del 8 de enero a los edificios de la democracia en Brasilia, los complots para el golpe de Estado durante las elecciones presidenciales de 2022, incluido el expediente de los servicios de inteligencia paralelos, así como el plan para envenenar a Lula, Alckmin y Moraes.

«Entonces soy alguien a quien realmente tengo mucho que agradecer porque estoy vivo. El intento de envenenarnos a mí y a Alckmin no funcionó, estamos aquí», comentó Lula poco antes de entregar los documentos, que suman unas 800 páginas.

La última pieza de la investigación surgió a principios de esta semana, durante los días del G20, cuando fueron detenidos militares que ayudaban en la seguridad de la cumbre de líderes y jefes de Estado. «Un complot del que Bolsonaro – afirman los documentos – estaba al tanto»

Hace dos días, la Policía Federal de Brasil desmanteló una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que supuestamente planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022.

La policía detuvo a cuatro militares desplegados en la cumbre del G20 en Rio de Janeiro por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, informó una fuente de la Policía Federal a la AFP.

Los sospechosos de planificar un «golpe de Estado» para impedir la asunción de Lula y de prever su «homicidio» fueron «detenidos en Rio, donde participaban en la misión de seguridad de la reunión de los líderes del G20», detalló la fuente, que también informó del arresto de un policía.

El plan, informado por la fuerza de seguridad, incluía el asesinato de su compañero de fórmula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para «restringir el libre ejercicio del Poder Judicial».

Según informaron los medios brasileños este martes, el grupo quería «envenenar» a Lula y a Alckmin, y ahorcar al juez De Moraes.

El juez De Moraes, quien autorizó los arrestos, dijo que una investigación policial reveló que el complot golpista involucraba a personal militar entrenado en las Fuerzas Especiales del Ejército -un grupo conocido como «kids pretos»- y a un oficial de alto rango retirado.

“El objetivo era impedir la toma de posesión del gobierno legítimamente elegido y socavar el libre ejercicio de la democracia y la autoridad del poder judicial de Brasil”, indicó De Moraes en la orden.

“Estas acciones, que alcanzaron su punto máximo entre noviembre y diciembre de 2022, formaban parte de un plan más amplio para llevar a cabo un golpe de Estado”, añadió.

Un documento elaborado por la Policía Federal (PF) y difundido por De Moraes, señala que «fueron consideradas diversas condiciones de ejecución del ministro Alexandre de Moraes, inclusive con el uso de un artefacto explosivo y por envenenamiento en un evento oficial público«, según detalló el sitio de noticias G1.

El texto afirma además que se citaban los riesgos de la acción. «Los daños colaterales serían muy altos, la posibilidad de ‘captura’ sería alta y que la posibilidad de bajas (militares) sería alto», detalló G1.

«Para la ejecución del presidente Lula, el documento describe, considerando su vulnerabilidad de salud y la visita frecuente a hospitales, la posibilidad de utilizar envenenamiento o el uso de químicos para causar un colapso orgánico», describió la PF.

Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.

Las investigaciones de la Policía señalan que la operación ilícita dedicada al homicidio de Lula y Alckmin, llamada «Puñal verde y amarillo», estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022.

La fecha marcada era 45 días después de que la fórmula del Partido de los Trabajadores ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales por un ajustado margen del 51% de los votos, en una polarizada contienda que dejó afuera al ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Además, el plan criminal incluía la instalación de una «oficina de gestión de crisis institucional» que estaba pensada para ser integrada por los propios involucrados, y detallaba «los recursos humanos y militares necesarios» para efectuar el crimen, con «un alto nivel de conocimientos técnico-militares», según la Policía brasileña.

Los militares involucrados tenían formación en Fuerzas Especiales y preveían usar «técnicas operacionales militares avanzadas», además de instituir un «gabinete de crisis» que ellos mismos integrarían.