Al menos 20 personas murieron este miércoles en un punto de distribución de ayuda humanitaria en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, según informó la Fundación Humanitaria de Gaza en un comunicado.

La organización, respaldada por Estados Unidos e Israel, señaló que la tragedia se produjo durante una aglomeración descontrolada en la zona de reparto. “Nuestra comprensión actual es que 19 de las víctimas fueron pisoteadas y una fue apuñalada en medio de una avalancha caótica y peligrosa”, detalló la fundación.

El incidente ocurrió en un contexto de emergencia humanitaria en el enclave palestino, donde miles de personas dependen de la asistencia internacional para acceder a alimentos, agua y atención médica. La distribución irregular de ayuda y la presión de la población afectada han provocado situaciones similares en otras zonas del territorio.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales por parte de las autoridades locales ni informes adicionales sobre las circunstancias específicas que desencadenaron la estampida. Tampoco se ha informado si las víctimas eran civiles desplazados, residentes locales o voluntarios.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó el martes que al menos 875 palestinos han muerto en las últimas seis semanas tras recibir disparos mientras intentaban acceder a comida o ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

De ese total, 674 fallecieron cerca de centros de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), una organización respaldada por Estados Unidos e Israel, según precisó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“Al menos 875 personas han sido asesinadas en Gaza cuando intentaban obtener comida, de las que 674 fueron asesinadas en los alrededores de centros de la GHF”, indicó Thameen al Kheetan, portavoz del ACNUDH, durante una rueda de prensa.

Las cifras, actualizadas al 13 de julio, fueron recopiladas por la oficina dirigida por Volker Türk a partir de “fuentes fiables, incluidas fuentes médicas, de Derechos Humanos y organizaciones humanitarias”.

El portavoz subrayó que estos datos están aún en proceso de verificación, en un contexto marcado por las restricciones de acceso al enclave debido al bloqueo israelí. “La falta de acceso total a la Franja de Gaza complica el proceso de verificación”, señaló Al Kheetan, quien reiteró el llamado a investigar cada uno de los asesinatos para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Sobre los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo Hamas, Al Kheetan aclaró que estos “no son la única fuente”, aunque recordó que “experiencias pasadas mostraron que sus cifras eran cercanas a los datos verificados posteriormente”.

Desde Hamas, se exigió a Naciones Unidas la creación de una comisión internacional independiente para investigar las muertes de civiles durante la distribución de ayuda humanitaria. La organización islamista se basó en un reportaje del diario israelí Haaretz, que indicó que militares israelíes admitieron haber recibido órdenes de disparar contra personas que buscaban ayuda, incluso si no representaban una amenaza directa. Hamas calificó estos hechos como “una nueva confirmación del verdadero papel de este mecanismo criminal como medio para un genocidio”.

(Con información de AFP)

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission, the federal agency responsible for enforcing laws against workplace discrimination, will allow some complaints by transgender workers to proceed, a change from earlier guidance that indefinitely halted cases alleging workplace discrimination against transgender people.

An email was sent earlier this month to leaders of the EEOC in which Thomas Colclough, director of the agency’s Office of Field Programs, said if new transgender worker complaints involve «hiring, discharge or promotion, you are clear to continue processing these charges.»

Even with the change, those complaints will still face higher scrutiny than other workplace discrimination cases, requiring approval from acting EEOC chair Andrea Lucas, who was appointed by President Donald Trump earlier this year.

Lucas has said one of her priorities would be «defending the biological and binary reality of sex and related rights.»

UTAH BATH & BODY WORKS MANAGER SAYS SHE WAS FIRED OVER COMPANY’S PRONOUN POLICY

Since Trump returned to the presidency in January, the EEOC has shifted away from its previous interpretation of civil rights law that included prohibiting workplace discrimination against people based on their gender identity.

This comes after the agency issued a landmark finding a decade ago that a transgender civilian employee of the U.S. Army had faced discrimination when her employer refused to use the worker’s preferred pronouns or allow the individual to use bathrooms based on gender identity rather than biological sex.

Under Lucas’ authority, the EEOC has dropped several lawsuits alleging discrimination against transgender workers. Lucas defended that decision during her Senate committee confirmation hearing last month, citing Trump’s executive order stating that there are only two sexes — male and female.

But she also acknowledged that the 2020 Supreme Court ruling Bostock v. Clayton County «did clearly hold that discriminating against someone on the basis of sex included firing an individual who is transgender or based on their sexual orientation.»

US EQUAL OPPORTUNITY COMMISSION DEMANDS 20 LAW FIRMS DISCLOSE DEI EMPLOYMENT PRACTICES

Since Trump returned to the presidency in January, the EEOC has shifted away from its previous interpretation of civil rights law. (Andrew Harrer/Getty Images)

Colclough said in his email that the EEOC will consider transgender discrimination complaints that «fall squarely under» the Supreme Court’s ruling, including cases involving hiring, firing and promotion, which reversed an earlier policy that de-prioritized cases filed on behalf of transgender workers.

«Under federal law, charge inquiries and charges of discrimination made to the EEOC are confidential,» an EEOC spokesperson told The Associated Press, while declining to comment on the specifics of its updated policy.

«Pursuant to Title VII and as statutorily required, the EEOC is, has been, and will continue to accept and investigate charges on all bases protected by law, and to serve those charges to the relevant employer,» the spokesperson added.

But even the cases the EEOC will consider under the Supreme Court ruling must still be reviewed by a senior attorney advisor and sent to Lucas for final approval.

The expanded review process for transgender cases is not typical of other discrimination complaints and reflects the agency’s increased scrutiny of these cases, according to former EEOC commissioner Chai Feldblum, who was appointed by former President Barack Obama.

Under current leadership, the EEOC has dropped several lawsuits alleging discrimination against transgender workers. (Getty Images)

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«It is a slight improvement because it will allow certain claims of discrimination to proceed,» Feldblum told The Associated Press. «But overall it does not fix a horrific and legally improper situation currently occurring at the EEOC.»

Colclough’s email did not clarify how long the review process might take, or whether cases that include additional claims, such as harassment or retaliation, would be eligible to proceed, and the EEOC declined to address those questions.

«This is not the EEOC being clear to either its own staff or to the public what charges are going to be processed,» Feldblum said. «This is not a panacea.»

The Associated Press contributed to this report.

El gobierno japonés está evaluando indicios de posible injerencia extranjera en la campaña electoral para los comicios parciales de la Cámara Alta que se celebrarán este domingo 20 de julio, una votación crucial para el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Shigeru Ishiba, que actualmente gobierna en minoría.

El viceportavoz del Ejecutivo, Kazuhiko Aoki, confirmó este miércoles en conferencia de prensa que “no se descarta la posibilidad de que se haya producido una injerencia”, y aseguró que el gobierno “está trabajando para garantizar unas elecciones justas”. Las declaraciones de Aoki se produjeron tras las advertencias del ministro de Digitalización, Masaaki Taira, quien informó que se han recibido reportes sobre actividades sospechosas en redes sociales que podrían estar vinculadas a esfuerzos externos de manipulación.

“Si bien existen aspectos positivos, como la posibilidad de obtener información, también debemos considerar los negativos”, señaló Taira, al referirse al uso político de las redes sociales y su potencial para intensificar divisiones sociales y promover la radicalización. Según informó la agencia de noticias Kyodo, el gobierno se encuentra en proceso de análisis para identificar el origen y naturaleza de estos intentos de influencia.

La votación del domingo tiene un carácter decisivo para el oficialismo. Tras la derrota en la Cámara Baja en octubre pasado, el PLD busca mantener la mayoría parlamentaria junto a su socio Komeito. Sin embargo, las encuestas anticipan una posible pérdida de hegemonía, debido al crecimiento de partidos minoritarios con discursos nacionalistas, antiinmigración y antisistema, amplificados en redes en medio de un contexto económico adverso.

Las sospechas sobre injerencia se producen en un clima de tensión con China. El martes, el Ministerio de Defensa japonés publicó su informe anual de seguridad en el que advirtió que las actividades militares chinas “podrían impactar seriamente la seguridad de Japón”. El documento destaca como precedente la incursión confirmada de un avión militar chino en el espacio aéreo japonés en agosto del año pasado. Además, en septiembre, un portaviones chino y dos embarcaciones de escolta navegaron entre las islas japonesas de Okinawa y Miyako, cerca de Taiwán.

El libro blanco repite la advertencia del informe anterior: las ambiciones militares de China representan “un desafío estratégico sin precedentes y el más grave” para Japón y la comunidad internacional. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, declaró que el informe “exagera la llamada amenaza china” y que Beijing “expresa una fuerte insatisfacción y oposición firme”.

En paralelo, Japón reportó que cazas chinos volaron a solo 30 metros de un avión patrulla japonés sobre el mar de China Oriental, en otro incidente que agrava las fricciones. El año pasado, buques chinos se acercaron 355 veces a las islas Senkaku, administradas por Japón y reclamadas por China. Tokio también confirmó que en junio, por primera vez, dos portaviones chinos realizaron ejercicios simultáneos en aguas económicas japonesas, hechos que Beijing calificó de “entrenamiento rutinario”.

El informe de Defensa señala además que las maniobras conjuntas de China y Rusia son “claramente una demostración de fuerza contra Japón” y reafirma que Corea del Norte sigue representando “una amenaza más grave e inminente que nunca”.

En respuesta a estos desafíos, Japón continúa incrementando su gasto en defensa y reforzando su cooperación militar con Estados Unidos y sus aliados regionales. Este fortalecimiento incluye negociaciones bilaterales para definir el rol que Tokio asumiría en caso de un conflicto entre Washington y Beijing por Taiwán.

(Con información de EFE y AFP)