El plan de Pedro Sánchez para combatir la desinformación a través de un registro oficial de medios de comunicación en España: ¿Transparencia o control a la prensa?
Entre los coletazos más memorables que generó la investigación a la esposa del presidente español Pedro Sánchez por presunta corrupción y tráfico de influencias que comenzó en abril, los españoles no olvidan los cinco días de reflexión y suspenso que se tomó Sánchez para meditar si seguir o no al frente del gobierno de España y el anuncio de un plan de regeneración democrática para luchar contra la desinformación que su gabinete aprobó esta semana.
Desde entonces, la oposición critica lo que considera una estrategia de “censura” del gobierno de coalición, mientras la opinión pública pide aclarar aspectos del plan que, para algunos sectores, es una clara señal de injerencia política en el control de la prensa.
“Asumo mi compromiso de trabajar sin descanso por la regeneración democrática”, prometió Pedro Sánchez cuando anunció que no se iba, para nada, del Palacio de la Moncloa.
Según el gobierno progresista PSOE-Sumar que él lidera, el plan que tiene pensado llevar a la práctica durante los tres años de gestión que tiene por delante apunta a dos objetivos: la transparencia y la rendición de cuentas. Y pone el foco en dos de los principales actores de la sociedad: los medios de comunicación y el sistema político.
“Para que los ciudadanos tengan acceso a una información veraz”, lo presentaron los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun,
“Los españoles deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas”, reclamaba Sánchez en julio. “Que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores”, insistía.
Para evitarlo, el plan de su gobierno postula que habrá un registro para conocer quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y cómo se financian. Y que ese registro estará a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyos integrantes son elegidos por el Parlamento.
Se van a establecer, además, los criterios que definan qué es un medio de comunicación “frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar”, subrayó el martes el ministro de Cultura.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Foto EFE
“La máquina del fango consiste en financiar a pseudo-medios de comunicación para que publiquen ‘bulos’ (mentiras), difamaciones, de las que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijóo, y por último esos bulos se convierten en acusaciones falsas”, había estallado Pedro Sánchez cuando el juez Juan Carlos Peinado, de Madrid, admitió como válida, para iniciar una investigación, la denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente, basada en recortes periodísticos de un diario online.
Sánchez acusó, desde un primer momento, a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de ser los instigadores de las denuncias contra su mujer.
El plan de acción democrática contempla, para estos casos, que el derecho de rectificación se acote a plazos delimitados y a indemnizaciones para que las fake news (noticias falsas) sean desmentidas.
“No se veía una cosa así desde Franco”
Este miércoles, durante la sesión de control al gobierno, Alberto Núñez Feijóo, criticó el plan del gobierno.
“El presidente censura y persigue a quien ose criticarle”, dijo el líder del principal partido de la oposición.
“No se veía una cosa así desde Franco”, agregó Núñez Feijóo.
La pauta
El plan de Sánchez prevé, además, establecer límites a la pauta oficial. “Se utilizarán criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, aclararon los ministro que presentaron el programa del gobierno.
A su vez, será obligatorio publicar la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
También se garantizará que los sistemas de medición de audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusión, proporcionalidad, no discriminación, comparación y verificación.
Proteger las fuentes de información
Habrá una ley de secreto profesional de los periodistas que será la garantía jurídica para que puedan proteger a sus fuentes de información y se eliminarán los llamados delitos de opinión. Esto va a implicar reformas en el Código Penal, sobre todo en aquellos artículos que afecten al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, incluso cuando se refiera a las instituciones del Estado.
Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular. Foto EFE
Se reformará la ley de secretos oficiales y la que pena a los considerados delitos de injurias a las instituciones del Estado. Hasta ahora, el gobierno no aclaró, sin embargo, si esta medida incluirá o no las injurias a la Corona española.
Sí confirmó que se va a reformar la ley de protección ciudadana, conocida como “ley mordaza”, y que el uso de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado será sancionado.
Aseguró, además, que se tomarán medidas para hacer frente a casos de lawfare, es decir, de instrumentalización política de la justicia.
Los diputados y los senadores que no declaren sus bienes o lo hagan con información falsa serán sancionados. También los partidos políticos deberán informar sobre sus cuentas.
Una vez por año será obligatorio celebrar una sesión parlamentaria sobre el estado de la Nación y los debates electorales serán obligatorios para todos los candidatos.
Las 31 medidas
El plan incluye 31 medidas, muchas de las cuales deberán ser aprobadas por el Congreso, ámbito áspero para el gobierno a la hora de cosechar adhesiones.
El llamado “bloque de la investidura” que apoyó la última reelección de Pedro Sánchez y agrupa a los partidos de izquierda y a las fuerzas independentistas catalanas y vascas, ya dejó de ser un bloque.
El Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, apoyó el reconocimiento del ex candidato opositor al chavismo Edmundo González Urrutia como presidente electo que la semana pasada propuso el PP, una medida que los partidos de la coalición de gobierno, el PSOE y Sumar, rechazaron.
Y esta semana, Junts per Catalunya -la plataforma separatista de derecha del ex presidente catalán Carles Puigdemont-, votó en contra de un proyecto de Sumar para establecer topes al alquiler de temporada.
Aun sin saber cómo reunirá los votos, el gobierno de Sánchez se escuda en que el plan español está inspirado en la normativa que la Comisión Europea aprobó contra la desinformación y que todos los países del espacio Schengen deberán implementar a partir del año que viene.
“¿Por qué votan a favor del plan de acción por la democracia que apoyó la Comisión Europea en 2020-23 y apoyó el Parlamento Europeo en el ’24 y sin embargo en España dicen que no?”, fue la pregunta retórica que el ministro de la presidencia Félix Bolaños le hizo al PP este miércoles en el Congreso.
¿Cuál fue el verdadero rol de España en la salida del ex candidato opositor Edmundo González Urrutia de Venezuela? Es la pregunta difícil de dilucidar en medio del fuego cruzado de acusaciones y revelaciones de las últimas horas que confirmarían las presiones y negociaciones, negadas por España, entre el gobierno de Pedro Sánchez, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición al chavismo.
Edmundo González Urrutia, el ex diplomático de 75 años que aceptó ser candidato en las últimas elecciones venezolanas de la coalición opositora liderada por María Corina Machado -imposibilitada para presentarse-, aterrizó en Madrid en la tarde del 8 de septiembre. Vivía oculto desde que la oposición lo declaró vencedor de los comicios que el presidente Nicolás Maduro se adjudicó haber ganado.
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Así abandonaba Venezuela Edmundo González Urrutia en un avión de la fuerza aérea española.
Mientras volaba rumbo a España, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que le concedería asilo político.
Según el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, fue un pedido del ex candidato opositor que no implicó negociación alguna con el régimen de Maduro.
Albares dijo, además, que él mismo le ofreció al venezolano la residencia del embajador español en Caracas, si la voluntad de González Urrutia era permanecer en su país.
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Lo hizo a través de un mensaje que divulgó en redes sociales.
Sin embargo, en las últimas horas, Edmundo González Urrutia confirmó que fue forzado a abandonar Venezuela.
“Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, afirma el opositor en un video.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones -asegura González Urrutia-. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano”.
Qué dijo cada uno
Edmundo González Urrutia:“Estando en la residencia del embajador de España, el
presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la
república, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que
refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba
o me atenía a las consecuencias».
Jorge Rodríguez: “Aquí (en el documento), este señor dice que acata la
sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (que reconoce
la victoria de Nicolás Maduro). Eso no es una coacción -dice Jorge Rodríguez-. Le pedí el favor de que pusiera la
media firma en cada una de las páginas”.
José Manuel Albares,
canciller español: “El asilo
político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. Edmundo González ha
solicitado personalmente venir a España” (…) «no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno
de España y el gobierno de Venezuela”
María Corina
Machado: “El régimen quería que se fuera. Lo obligaron. Él no quería irse”.
José
Vicente Haro, abogado de Urrutia: “En modo alguno hay
solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna
embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo ni una situación en
calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia ni el
señor Edmundo”
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana lo desmiente: “Aquí (en el documento), este señor dice que acata la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (que reconoce la victoria de Nicolás Maduro). Eso no es una coacción -dice Jorge Rodríguez-. Le pedí el favor de que pusiera la media firma en cada una de las páginas”.
Y agrega: “Si está firmado bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas vive en Venezuela tranquilamente?”.
Edmundo González Urrutia es padre de dos hijas. Carolina, la menor, vive en España desde hace una década. Mariana, la mayor, quedó en Caracas con su familia. Está casada y tiene dos hijos menores.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, muestra un documento en el que Urrutia reconoce las instituciones del Estado. Foto: Xinhua
Circulan versiones según las cuales el régimen de Maduro no habría permitido la salida de Venezuela de todos los familiares de González Urrutia.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, dice el opositor sobre el escrito que, según él, lo obligaron a firmar.
“Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar”, asegura en Madrid.
Sucedió en la residencia del embajador
Desde Caracas, el presidente del Parlamento venezolano mostró fotos tomadas durante ese encuentro en la residencia del embajador español en la que se ve al ex candidato firmando papeles. En la imagen lo acompañan los hermanos Rodríguez -Delcy y Jorge- y el embajador Ramón Santos.
Jorge Rodríguez muestra una foto en la que Urrutia firma los documentos. Foto: Reuters
La Cancillería española se desmarca del hecho. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguran que no tuvieron nada que ver en la firma de ningún documento.
Y a pesar de que la residencia diplomática es suelo español en Venezuela, el gobierno de Sánchez argumenta que Edmundo González Urrutia tuvo libertad para reunirse en la residencia del embajador con quien quisiera y que siempre contó con autonomía para resolver sobre su situación. Subrayan, además, que el ministro Albares le habría pedido al embajador Santos que no interfiriera.
¿Quién pidió el asilo?
“El asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. Edmundo González ha solicitado personalmente venir a España”, fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores español sobre la llegada del opositor al chavismo a Madrid.
“Días después de las elecciones del 28 de julio hablé con él y le dije que si lo que él quería era venir a España, pondríamos todos los medios materiales para que pudiera venir. Y que si su deseo era solicitar asilo como me estaba trasladando, nosotros se lo concederíamos -contó el canciller el 8 de septiembre-. También (le dije) que si, por algún motivo, él prefería permanecer en Caracas, podía hacerlo en la residencia de nuestro embajador, como hicimos con (el líder opositor venezolano) Leopoldo López durante un año y medio.”
«Lo obligaron a irse»
En un video que circula desde hace unas horas, se ve a González Urrutia, de madrugada y con sombrero, subir las escalinatas del Falcon de la Fuerza Aérea española que lo trajo a Madrid. Hasta la escalerilla lo acompañó el embajador español en Caracas.
Días antes, su abogado, José Vicente Haro, aseguraba que no pensaba salir de Venezuela. “En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo ni una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia ni el señor Edmundo”, decía Haro.
José Vicente Haro, abogado de Edmundo Gonzalez. Foto: Reuters
En una entrevista que concedió desde la clandestinidad y que el diario El País publica este jueves, la líder opositora María Corina Machado afirma: “El régimen quería que se fuera. Lo obligaron. El no quería irse”.
Negociaciones
El canciller español insistía, durante aquellas primeras horas de exilio de González Urrutia, que “no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela”.
“El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González”, aseguraba Albares.
La vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez -que estuvo en la residencia del embajador español en Caracas cuando González Urrutia firmó el reconocimiento de Maduro como ganador de las elecciones y su salida del país- lo desmentía: “La falsaria no es buena consejera”, ironizaba.
“Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos”, decía Delcy Rodríguez.
“Sólo para que aterrice en Caracas un avión de la Fuerza Aérea española y para garantizar la seguridad del vehículo en el que se trasladaba Edmundo González con el embajador de España era necesario pedir una autorización del gobierno venezolano”, retrucaba el canciller Albares.
La mediación de Rodríguez Zapatero
El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Caracas para participar como observador internacional de las elecciones del 28 de julio.
Sus conexiones con el régimen de Maduro no son ningún secreto y su intermediación consiguió la liberación de numerosos presos políticos.
Esta vez, sin embargo, Rodríguez Zapatero no se pronunció sobre el resultado electoral en Venezuela. Tampoco lo hizo respecto de la persecución que padeció González Urrutia ni sobre su asilo en Madrid.
“Fue una operación que incluye además otros actores que se disfrazan de oposición -aludió al ex presidente español María Corina Machado en su charla por videoconferencia con El País-. Gente de buenos oficios que viene a ofrecer salvoconductos pero que en el fondo son operadores del propio régimen. Todo el mundo sabe de quién estoy hablando.”
Reconocimiento
El gobierno de Pedro Sánchez no reconoce como presidente electo a Edmundo González Urrutia quien, junto a su esposa, está por cumplir sus primeras dos semanas en Madrid.
España tampoco admite la reelección de Nicolás Maduro hasta que el régimen muestre las actas electorales, posición detrás de la que están alineados los 27 países que integran la Unión Europa.
Sin embargo, en el terreno doméstico, Sánchez soporta la presión del Congreso de los Diputados y del Senado que, fogoneados por una propuesta del Partido Popular, ya reconocieron la legitimidad de González Urrutia como el presidente que votaron los venezolanos.
Este reconocimiento enfureció al Parlamento venezolano que pidió a Maduro que rompa, cuanto antes, las relaciones diplomáticas y comerciales con España.
La legitimidad de Edmundo González Urrutia como presidente electo fue, además, reconocida por el Parlamento Europeo este jueves.
Esteban González Pons, vicesecretario general del Partido Popular, opinó sobre las imágenes que muestran al ex candidato opositor en la residencia del embajador español en Caracas: “La sensación primera es de asco y de vergüenza. Y después de indignación”, dijo González Pons.
“Más allá de ver cómo se chantajea a una persona en directo para descabezar a la oposición, lo que queda claro es la complicidad del gobierno de España”, subrayó.
“España implicada en la operación de convertir a Maduro en dictador por un tiempo indeterminado -insistió-. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela.”
Jorge Rodríguez muestra una foto en la que Urrutia firma los documentos. Foto: Reuters 
José Vicente Haro, abogado de Edmundo Gonzalez. Foto: Reuters
POLITICA3 días ago
