Luego del asesinato de dos alcaldes esta semana, y en medio de una crisis energética que obliga a grandes apagones, los ecuatorianos votarán el domingo para definir si endurecen las leyes contra narcos y criminales, entre otros temas.

Cerca de 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están convocados a votar Sí o No a once preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa y que posiblemente marquen lo que resta de su mandato.

Entre las principales propuestas está la extradición de nacionales vinculados al crimen organizado, en un país donde las bandas ligadas al narcotráfico imponen un régimen de terror. Este viernes el asesinato de otro alcalde se sumó a una docena de homicidios de políticos desde 2023.

La consulta popular llega en un momento difícil para la nación. En enero, una arremetida de las organizaciones ilegales dejó una veintena de muertos y llevó a Noboa a declarar un conflicto armado interno.

Militares se instalaron dentro de las cárceles y desplegaron operativos en las calles para frenar la violencia, que en 2023 dejó una tasa récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. En 2018 esta cifra fue de 6 muertes violentas.

A la guerra interna se sumó una crisis internacional por el asalto policial de la embajada mexicana en Quito a comienzos de abril por orden del mandatario para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas (2013-2017), indagado por corrupción.

Noboa, de 36 años, afirma que tiene «cero arrepentimientos» por la incursión en la legación, que le costó al país una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Hay «percepciones de que la crisis diplomática con México no le ha generado efectos negativos (a Noboa dentro del país). Por el contrario, la gente está avalando las decisiones que ha tomado en el tema de seguridad», dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La consulta se desarrollará además en medio de una crisis energética que tiene al país bajo apagones de hasta 13 horas debido a la sequía.

La extradición está en el centro del debate en un país que pide mano dura contra las bandas. El Ejecutivo admite el escenario adverso.

«El país está atravesando momentos sumamente difíciles, momentos en donde estamos sufriendo arremetidas que son el resultado de un combate decidido que debemos hacer al crimen organizado», dijo el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta.

Noboa también enfrenta un déficit histórico en los embalses que abastecen las centrales hídricas, lo que le llevó a suspender la jornada laboral por dos días (hasta el viernes) y ordenar cortes de energía.

Pese a la tormenta política y eléctrica, el gobierno tiene «expectativas de poder ganar la consulta el domingo», según Basabe.

De acuerdo a la encuestadora Cedatos, en un sondeo realizado entre el 8 y 11 de abril, un 55% de los ecuatorianos votará a favor de endurecer las leyes contra el narcotráfico.

Por su parte, la firma Comunicaliza señala que un 43% de la población apoya, pero que los indecisos alcanzan un 28%.

Noboa dice que el mal momento de cara a la consulta popular está orquestado por un «sabotaje» y una «campaña sucia», aunque sin acusar directamente a nadie. Sostiene que la falta de luz no solo responde a la sequía, sino a la corrupción.

«Han querido fregarnos con el sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia, y han tratado inclusive con presión internacional de sancionarnos a nosotros como país (…) porque están nerviosos, el domingo va a ganar el Sí», dijo Noboa días antes de la votación.

El domingo los ecuatorianos decidirán sobre la participación de militares en el control de armas, el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado y la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales.

Noboa, que coquetea con la reelección en 2025, también propuso reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales y dar luz verde al trabajo por horas. Los sindicatos y la poderosa organización indígena Conaie se oponen, como lo han hecho en el pasado cuando protagonizaron revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.

De las once preguntas, que se votan individualmente, seis van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo).

Para Basabe, en la práctica la consulta no traerá cambios de fondo.

Por ejemplo, sobre el aumento de penas «puedes poner mil años», pero eso no va a reducir la violencia ni el narcotráfico, sostuvo.

Se trata de preguntas que «uno difícilmente podría decir que no», pero «son una forma de legitimar al gobierno de tur

Bno», según el analista.