Los cadáveres hallados cerca de una base militar de Ecuador corresponden a los cuatro adolescentes que desaparecieron tras ser detenidos por soldados hace tres semanas, conformó la Fiscalía este martes, poco después de que un juez civil ordenara prisión preventiva para 16 uniformados.

«Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en #Taura corresponden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre» en el puerto de Guayaquil, informó el ente acusador en la red X.

Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años de edad, fueron detenidos por una patrulla de 16 militares en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una de las principales ciudades golpeadas por la violencia del narcotráfico y donde el gobierno mantiene desplegadas en las calles a las Fuerzas Armadas. Los chicos venían de un entrenamiento de fútbol.

El 24 de diciembre, después de que la justicia civil determinara que hubo una «desaparición forzada» de los chicos, cuatro cuerpos fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil, y a la que pertenece la patrulla.

Los cadáveres estaban «destruidos e incinerados», señaló la semana pasada Billy Navarrete, director del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil.

Este martes, minutos antes de que se confirmara la identidad de los cuerpos, un juez penal de esa misma ciudad ordenó prisión preventiva por 90 días para los 16 miembros de la FAE.

«Lamentamos profundamente» la confirmación de que los cuerpos son de los adolescentes, el hecho «enluta a todo el país», dijo a nombre del gobierno el Ministerio de Defensa en un comunicado.

«Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato», agrega el texto.

La Fiscalía acusó del delito de desaparición forzosa, sancionado con hasta 26 años de cárcel, a los 16 soldados, bajo custodia militar en un cuartel.

Navarrete, quien acompaña a las familias de las víctimas, dijo el martes a la AFP que «al salir de la audiencia de formulación de cargos (…) el fiscal a cargo del caso señaló que había recibido información oficial de Criminalística, que señalaba que los cuerpos que se encontraban en examen de dactilar, antropológico y de ADN correspondían a los chicos desaparecidos».

«Eso significa que hay un proceso nuevo por las muertes que se, digamos, compagina con el de las desapariciones», añadió el activista, enfatizando que «se sumaría este nuevo agravante, que es la muerte».

En cuanto a dónde deberán cumplir prisión preventiva los uniformados, Navarrete indicó que los acusados quedaron a cargo del organismo estatal que administra las penitenciarías para civiles (SNAI). «Deben ingresar al sistema regular de privación de libertad, que los cuarteles no lo son», apuntó.

Los militares sostienen que tras arrestarlos por un presunto robo en curso, dejaron en libertad y en buenas condiciones a los menores.

Para reclamar justicia por la suerte que corrieron los chicos, decenas de familiares, vecinos y activistas realizaron el martes un plantón ante el tribunal que dictó la prisión para los uniformados, lanzando gritos de protesta y portando carteles con leyendas como «vivos los queremos ya».

Una mujer exhibió un muñeco de cartón, que luego fue quemado, del presidente Daniel Noboa con huellas de manos ensangrentadas en su rostro. «Noboa asesino», decía otro cartel.

El caso conmueve al país en el inicio de la campaña electoral para las presidenciales de febrero, en las que el mandatario buscará su reelección.

Noboa llegó al poder a fines de 2003 para terminar el mandato que dejó inconcluso el conservador Guillermo Lasso -que renunció cuando el Congreso amenazaba con destituirlo por un supuesto caso de corrupción- y centró su presidencia en la lucha contra el narcotráfico y la violencia.

Su política de mano dura fue cuestionada por organismos de derechos humanos y la brutal muerte de estos cuatro chicos en Guayaquil reaviva las críticas.

El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, expresó el lunes ante la comisión parlamentaria de la Niñez en Quito que la patrulla que brindaba apoyo a agentes de aduanas «habría actuado (…) ante un presunto delito flagrante» al detener a los adolescentes y que «no se dispuso ninguna operación» en Las Malvinas.

Organismos de la ONU y la OEA, así como ONGs internacionales han expresado su preocupación por el caso.

Unas 40 organizaciones sociales responsabilizaron a Noboa por las «graves violaciones a los derechos humanos» registradas en 2024, en el marco de su lucha contra el crimen organizado que le llevó a declarar en enero a Ecuador en conflicto armado interno, movilizando a los militares a las calles.

La semana pasada, en una entrevista radial, Noboa pidió intensificar la búsqueda y expresó su intención de que los menores sean declarados «héroes nacionales», algo criticado por varios sectores.

El Congreso, de mayoría opositora, declaró tres días de luto institucional y exhortó al gobierno y a la justicia a «ejercer todo el peso de la ley» en el caso, que empaña la imagen de Noboa en vísperas de su campaña por la reelección en los comicios de febrero.