Más de 30 mil argentinos que estarían viviendo en España ilegalmente podrían regularizar su situación gracias a una reforma en el reglamento de extranjería que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar.

La medida, que el gabinete acordó en su última reunión del consejo de ministros, podría ser efectiva a partir de mayo.

Con esta iniciativa, España apunta a regularizar, en los próximos tres años, a unos 900 mil inmigrantes que hoy, aun sin papeles, trabajan, estudian o están buscando cómo sobrevivir en suelo español.

La modificación apunta, sobre todo, a facilitar los trámites de la reagrupación familiar para que los extranjeros en España puedan reunirse con los suyos sin tanta burocracia y la regularización de los trabajos temporales, rubro en el que la gran mayoría de la mano de obra es migrante.

“El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: la formación, el empleo y la familia. Tres llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos”, comentó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

“Debemos permitir a las personas realizar su proyecto de vida en España facilitando los cambios de estatus, por ejemplo, si un estudiante viene a formarse y luego se incorpora al mercado laboral, o si un familiar reagrupado decide obtener un permiso de trabajo propio”, explicó la ministra.

El centro de investigación económica y social Funcas elaboró un estudio según el cual se estima que unos 30.500 argentinos estarían viviendo sin papeles en España.

La cifra surge de cruzar datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España, de la Estadística Continua de Población, del Observatorio Permanente de la Inmigración y de la agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, entre otras fuentes.

En total, más de 600 mil inmigrantes del continente americano que residen en España sin permiso podrían verse favorecidos por la modificación del reglamento de extranjería.

Según este relevamiento de Funcas, los colombianos serían la comunidad latinoamericana con mayor cantidad de personas en situación irregular, seguidos por los hondureños, los peruanos y los venezolanos.

“Somos el único país de la Unión Europea que cuenta con una figura tan importante como es el arraigo, que lo llevamos ahora a cinco situaciones para dar respuestas a cada persona migrante y eso, desde luego, es un discurso absolutamente necesario en la Unión Europea”, aseguró la ministra Saiz.

Mejoran las condiciones para los inmigrantes residentes y para los ciudadanos con nacionalidad española que tengan familia extranjera residiendo fuera de España: podrán tramitar para sus hijos de hasta 26 años -actualmente es para los menores de 21- una residencia para familiares. Y respecto de las parejas de hecho, ya no será necesario presentar certificados de convivencia.

Entrarán en esta categoría los hijos y los padres de víctimas de trata de personas, violencia de género o agresión sexual.

El nuevo reglamento amplía el abanico de posibilidades para obtener un permiso de residencia según sea por “motivos sociales, socio-laborales, familiares, socio-formativos o de segunda oportunidad (para quienes hayan tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no la hayan renovado)”. Se podrá trabajar desde el primer momento, sin tener que tramitar una autorización especial.

Incluso los estudiantes extranjeros podrán trabajar. Les será permitido tener un empleo que no sobrepase las 30 horas semanales.

“El trabajo es la verdadera palanca de la inclusión”, sostuvo Saiz.

Su ministerio citó algunas cifras: a finales de 2023, había más de 210.000 personas con autorización para permanecer en España por arraigo, 85.000 más que en 2022. “Gracias a esto, la afiliación (a la seguridad social) entre las personas con arraigo aumentó un 30,4 por ciento de 2022 a 2023”, dicen desde Migración.

Respecto de las visas de residencia para permanecer en España, todas pasan a tener una validez, como mínimo, de un año. Y aquellos que tramiten su renovación, la obtendrán por cuatro.

Se amplía también la duración de los visados de búsqueda de trabajo: pasan de tener una vigencia de tres meses a doce, tiempo en el que quienes buscan empleo podrán residir en España. Y ya no será necesario salir del país y volver a ingresar para los que pasen de tener una residencia temporal a una de larga duración.

Para los trabajadores temporales, habrá una autorización específica que facilitará los trámites de contratación de personal temporero. Y una serie de medidas que protegerán sus derechos como trabajadores desde que salen de su país.

Los estudiantes podrán tramitar permisos de estadía que durarán lo que dure la formación que estén realizando en España. Y si una vez graduados surgen posibilidades laborales, las administraciones facilitarán los trámites para pasar del permiso de estudios a la autorización de trabajo correspondiente.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, España acogió en 2023, 364.100 migrantes que se sumaron legalmente a su población. Esta cifra la coloca en el quinto lugar después de Estados Unidos, Reino Unidos, Alemania y Canadá.

Sin embargo, España lucha aún con altos índices de xenofobia.

“Ver el impacto del racismo en nuestro Producto Bruto Interno (PBI) es algo demoledor”, confesó la ministra de Inclusión.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia publicó el lunes un informe sobre el impacto económico “de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España”. Los datos del estudio afirman que los salarios que las personas migrantes dejan de percibir por ser discriminadas representan unos 17.000 millones de euros, lo que equivale al 1,3 por ciento del PBI español.

El informe subraya que la tasa de desocupación entre personas extranjeras se sitúa en un 18,2 por ciento mientras que, entre los españoles ronda el 11,6.