Comparada con el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, una prisión de máxima seguridad se levanta en un inhóspito paraje de la costa de Ecuador frente al rechazo de una comunidad local y como símbolo de la «mano dura» que quiere imponer al crimen organizado el presidente, Daniel Noboa, quien busca su reelección en las elecciones de este domingo.

La prisión, denominada por el Gobierno como la ‘Cárcel del Encuentro’, en referencia al lema usado por la Administración del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), al que reemplazó Noboa, es una de las dos que el mandatario pretende construir para hacer frente a la crisis penitenciaria que vive el país, donde entre 2021 y 2024 fueron asesinados más de 500 reclusos.

«El sistema estaba secuestrado y humillado por organizaciones criminales. Hoy tenemos orden en los centros penitenciarios y estamos haciendo historia. En este centro se pondrá fin a la impunidad y al desorden penitenciario», dijo Noboa en junio del año pasado, cuando puso la primera piedra que dio inicio a la obra.

La construcción está a cargo de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del español Grupo Puentes, que controla la empresa estatal China Road and Bridge Corporation, y tiene un presupuesto de 52 millones de dólares.

Se prevé que albergue a unos 800 reos, y al estar aislada se prevé que reciba a los líderes de las bandas criminales ecuatorianas que hasta la llegada al poder de Noboa controlaban las prisiones antiguas, donde contaban con todo tipo de comodidades como internet de alta velocidad y televisores.

El proyecto se encuentra en una zona rural entre las comunidades de Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico, en la provincia costera de Santa Elena, y al comenzar la obra el Gobierno anunció que estaría lista en 300 días.

Sin embargo, el pasado 25 de diciembre un grupo de hombres armados ingresó a la zona y perpetró un atentado calificado por el Gobierno como «terrorista» que dejó un muerto. El incidente llevó a paralizar la construcción.

Este proyecto no es visto con buenos ojos por los habitantes de las comunidades vecinas, quienes en diciembre solicitaron a la Justicia suspender la obra.

Ellos reclaman que el terreno de 16,2 hectáreas donde se levanta la cárcel pertenece a sus ancestros desde «tiempos inmemoriales», por lo que buscan que se proteja el derecho a la consulta previa, libre e informada, un recurso que se aplica a los proyectos que se realizan en territorios indígenas para obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes.

Además, señalan que la prisión se construye en un ecosistema de bosque seco tropical, donde hay alrededor de 75 especies de aves y vegetación endémica. El Ministerio de Ambiente dijo en julio pasado que la zona no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni al patrimonio forestal nacional.

Donald Cabrera, representante de Bajada de Chanduy, dijo a EFE en conversación telefónica que ellos han probado con documentos que el lugar «nunca ha sido del Estado» y que les pertenece.

Otra de sus preocupaciones es la inseguridad, pues Cabrera afirmó que, desde que empezó la construcción, surgieron delitos como la extorsión y el secuestro y empezaron a recibir visitas de «personas extrañas» que querían comprar sus terrenos.

«Vivimos en un completo temor. Las comunidades, las familias, nuestros hijos… vivimos en una zozobra, en permanente amenaza», señaló.

El comunero dijo que temen que la zona se transforme en violenta, tal y como ha ocurrido en otros lugares del país. «Nuestros territorios siempre fueron de paz, nunca ha habido este tipo de amenazas y hoy vivimos temiendo lo peor», agregó.

Asimismo, anticipó que llevarán los recursos hasta las últimas instancias. «Como comunidad afectada no nos cansaremos de pedir que se haga justicia», agregó.

En una reciente entrevista, Noboa dijo que el proyecto sigue en pie y que se prevé que «la primera parte importante» esté lista en el tercer trimestre de este año, aseguró que servirá para la «reestructuración total del sistema penitenciario».

«Debemos de descongestionar y desarticular donde se concentra el problema, que es en la Penitenciaría del Litoral (la cárcel más grande y peligrosa del país). Solo ahí hay más de 8.000 personas», dijo el gobernante, quien aseguró que han conversado sobre este plan con la Unión Europea y con Estados Unidos.