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Esto dice la nueva ley de solidaridad que espera el veto de Daniel Noboa

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El fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad es uno de los puntos centrales de la ley. EFE

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 7 de junio de 2025 la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, un cuerpo legal que crea un régimen jurídico especial para enfrentar el conflicto armado interno que vive el país y que fue decretado en enero de 2024.

La norma establece medidas excepcionales de carácter tributario, penal, económico y de seguridad pública y ahora está en manos del presidente Daniel Noboa, quien deberá vetarla parcialmente, totalmente o promulgarla. Fue Noboa quien envió el proyecto de ley al congreso donde ser realizaron varios cambios.

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Según el texto aprobado, el objetivo principal de la ley es garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país, fortalecer a las fuerzas del orden —Fuerzas Armadas y Policía Nacional— y proteger a la población civil. Lo hace bajo el reconocimiento del conflicto armado interno como un régimen jurídico especial, distinto del estado de excepción, en aplicación de principios del Derecho Internacional Humanitario. Aunque esto consta en el texto legal, los expertos han adelantado que la propuesta no superará la evaluación constitucional por tener contradicciones.

Uno de los aspectos centrales de la norma es el reconocimiento oficial del conflicto armado interno por parte del presidente de la República, lo que le permitirá adoptar medidas operativas, financieras y tributarias de manera inmediata. Se definen como requisitos para este reconocimiento la existencia de grupos armados organizados y una intensidad de violencia verificable, siguiendo criterios internacionales, como lo ha señalado la Corte Constitucional en varios dictámenes.

La ley ahora debe ser
La ley ahora debe ser vetada, total o parcialmente, por el presidente, quien la propuso en primer lugar. REUTERS/Karen Toro

En materia económica y fiscal, la ley permite que personas naturales y jurídicas donen bienes inmuebles, equipamiento y suministros nuevos a las fuerzas del orden, con un beneficio tributario de hasta el 30% de rebaja en el impuesto a la renta. Además, establece incentivos para pequeños productores, actores de la economía popular y jóvenes emprendedores de zonas afectadas por el conflicto, así como medidas especiales de protección a víctimas, con énfasis en salud mental, desplazamiento forzado y violencia sexual.

Desde el punto de vista penal, se reforman múltiples artículos del Código Orgánico Integral Penal. Se crean tipos penales específicos para delitos cometidos en el contexto del conflicto armado interno, se endurecen las penas para el tráfico de combustibles, el uso indebido de uniformes, el lavado de activos, el reclutamiento de menores, el sicariato y el testaferrismo y se introduce un procedimiento penal especial para el juzgamiento de estos casos. Esta vía procesal concentra todas las etapas del juicio en una sola audiencia, permite la participación de jueces especializados y restringe el acceso a medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

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Otro punto polémico de la ley es la posibilidad de otorgar indultos presidenciales con efecto diferido en casos excepcionales vinculados directamente al conflicto. Esta figura podrá aplicarse a procesados por hechos relacionados con operativos de seguridad si colaboran significativamente con la justicia o si padecen enfermedades graves. Sin embargo, se excluye a quienes estén imputados por delitos de corrupción, genocidio, tortura o desaparición forzada.

De entrar en vigencia, las
De entrar en vigencia, las donaciones para las fuerzas de seguridad permitirán la reducción de impuestos (Foto de Rodrigo BUENDÍA / AFP)

Asimismo, la ley autoriza la incautación inmediata de bienes muebles e inmuebles utilizados por los grupos armados organizados o relacionados con economías criminales, los cuales serán administrados por el Estado. Si no se reclama su propiedad lícita en 90 días, pasarán a manos del Estado de forma definitiva.

La normativa también define qué bienes pueden ser considerados objetivos militares en el marco del conflicto armado interno. Entre ellos se incluyen inmuebles usados para el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas o secuestros. Esta disposición ha generado debate entre juristas y defensores de derechos humanos, quienes han advertido sobre la necesidad de que su aplicación respete estrictamente los principios de distinción, proporcionalidad y protección de civiles.

El texto de la ley incorpora reformas a más de cinco cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley de Compañías, la Ley de Movilidad Humana y la Ley de Prevención de Lavado de Activos. En este último punto, se otorgan nuevas atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que priorice la detección de flujos ilícitos vinculados a economías criminales y grupos armados.

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Ecuador vive una fuerte crisis
Ecuador vive una fuerte crisis de seguridad que lo han convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica. EFE/ Jonathan Miranda

Además, se autoriza a los gobiernos autónomos descentralizados a destinar hasta el 10% de su presupuesto anual para apoyar directamente a las fuerzas del orden con equipamiento, instalaciones y logística, siempre que sea en el marco de sus competencias.

Uno de los elementos más debatidos es el establecimiento de un marco de legalidad que permite el uso directo de la fuerza armada sin que exista estado de excepción, siempre que el conflicto haya sido oficialmente reconocido por decreto presidencial. En los dictámenes 1-24-EE/24 y 2-24-EE/24 de la Corte Constitucional se indica que la existencia de un conflicto armado no depende de su declaratoria sino de hechos verificables como la organización y la intensidad de las hostilidades.



South America / Central America,Government / Politics,QUITO

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INTERNACIONAL

Pro-life group ‘elated’ after Planned Parenthood shutters Houston facilities: ‘Tremendous victory’

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EXCLUSIVE: A pro-life group is celebrating a «tremendous victory» after Planned Parenthood announced two of its facilities in Houston, Texas, will be shutting down this fall, as Republican lawmakers continue to target the organization.

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In an exclusive interview with Fox News Digital, 40 Days for Life CEO and founder Shawn Carney, a Houston resident, expressed «both personal and professional elation» at the shuttering of the facilities, including the 78,000-square-foot clinic that he said was the largest abortion facility in the Western Hemisphere.

«This is massive news for the pro-life movement and shows the direction that Planned Parenthood is going, which is down,» Carney said.

Planned Parenthood Gulf Coast — which runs six clinics in the Houston area and two in Louisiana — will close its Prevention Park and Southwest centers on Sept. 30, while the other Houston facilities will be acquired by the organization’s largest Texas affiliate.

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FEDERAL JUDGE PARTIALLY BLOCKS LAW BANNING ADULTS FROM HELPING MINORS GET OUT-OF-STATE ABORTIONS

A pro-life group is celebrating a «tremendous victory» after Planned Parenthood announced that two of its Houston facilities would be shutting down. (Getty Images)

This comes amid several closures of Planned Parenthood facilities in various states, including New York, where the organization is selling its only Manhattan health center building for $39 million.

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Facilities in GOP-led states with abortion restrictions, including Texas, have also been forced to cease procedures following the 2022 Supreme Court decision that overturned Roe V. Wade and sent decisions regarding abortion back to the states.

«Now they are closing the largest abortion facility in the world,» Carney said. «Their flagship. They’re very proud of it in Houston, Texas. They’re finally closing it, and it’s unbelievable.»

The company cited rising costs, staffing shortages and low reimbursement rates as the reasons for closing the two Houston facilities. GOP officials in recent years have made repeated attempts to shut down Planned Parenthood, even after nearly all abortions were banned under Texas law.

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The Trump administration has sought to impose funding cuts to Planned Parenthood that could lead to the closure of additional facilities. A provision in a GOP-backed bill would end Medicaid payments for one year to abortion providers that received more than $800,000 from the program in 2023.

A judge granted a preliminary injunction earlier this week blocking the government from cutting Medicaid payments to Planned Parenthood member organizations that either do not provide abortions or did not meet a threshold of at least $800,000 in Medicaid reimbursements in a given year.

Planned Parenthood

Planned Parenthood Gulf Coast will close its Prevention Park and Southwest centers on Sept. 30. (Getty Images)

Carney said 40 Days for Life has prayed and held vigils outside the Houston mega-facility since 2006.

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«Countless people have gone out, offered alternatives. We’ve had pro-life buses outside to do free ultrasounds. There have been so many lives saved, but to be honest, it just seemed like they were Goliath and it didn’t matter if we were David,» he said, adding that the «behemoth» facility even provided late-term abortions at one point. «They were just going to always be open and always be victorious.»

FEDERAL JUDGE BLOCKS TRUMP ADMINISTRATION FROM DEFUNDING SOME PLANNED PARENTHOOD FACILITIES 

Carney described the closing of the facilities as a «tremendous victory» for the pro-life movement and said it represents «one of the biggest victories that we’ve had» following the overturning of Roe v. Wade.

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«Planned Parenthood has always been very top-heavy in D.C., and that’s been a weakness for the pro-life movement. But once [the court] sent it back to the states, it was sending it back to the place where the pro-life movement was the strongest, which was the grassroots,» he said.

Planned Parenthood sign

The company cited rising costs, staffing shortages and low reimbursement rates as the basis for the closing of the two facilities. (REUTERS/Lucas Jackson)

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The closure of the two Houston facilities shows «more than anything else» that «the pro-life movement is built for a post-Roe America,» Carney said, adding that Planned Parenthood is not a «monster that can’t go away.»

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«They are very, very vulnerable. When you look at the New York closing and the Houston closing, this is what that represents. All the nonsense about other services and serving women and helping low-income women. Because when you take away abortions or you offer alternatives, they close, and they close their most prosperous locations,» he said.

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INTERNACIONAL

Eva Copa y Mariana Prado: quiénes son las únicas dos mujeres que disputarán las elecciones presidenciales de Bolivia

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Las dos únicas mujeres que disputan las elecciones presidenciales de Bolivia. Copa buscará la Presidencia con el partido Morena y Prado la Vicepresidencia con Alianza Popular.

Solo dos de los nueve frentes que participan en las elecciones generales de Bolivia incluyeron mujeres en sus fórmulas presidenciales. Se trata de Eva Copa que postula a la Presidencia por su propio partido, Movimiento de Renovación Nacional (Morena); y Mariana Prado, candidata a la Vicepresidencia por Alianza Popular, el frente que encabeza Andrónico Rodríguez, quien fue considerado el “heredero político” de Evo Morales (2006-2019).

Ambas candidatas vienen de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ocuparon cargos importantes dentro del Estado. Con orígenes sociales y académicos distintos, las dos postulantes se presentan como parte de la renovación de la izquierda boliviana y sus propuestas tienen más similitudes que diferencias: ambas buscan consolidar los avances sociales del MAS, pero hacer ajustes en la política financiera manteniendo al Estado como un actor protagónico de la economía nacional.

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La actual alcaldesa de El Alto nació en 1987, es la sexta de siete hermanos de una familia humilde y de vocación diversa: hay desde una enfermera hasta un cerrajero. Su formación política inició en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) de donde se tituló como trabajadora social. Fue miembro del centro de estudiantes y desde ahí pasó a las listas del MAS para el Legislativo en 2014.

Eva Copa en una sesión
Eva Copa en una sesión del Senado (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Fue elegida senadora, pero su gestión no destacó públicamente hasta casi el final de su mandato en 2019, cuando la crisis post electoral provocó la renuncia de Evo Morales y de todos los que lo seguían en la línea de sucesión constitucional.

Huérfanos de sus líderes políticos, los parlamentarios del MAS eligieron a Copa, de 32 años, como presidenta del Senado. La mujer que hasta entonces era desconocida a nivel nacional ocupó las primeras planas de los medios al ser una figura clave en la estabilización del país en medio de la convulsión política y social de aquellos días. La senadora viabilizó la ley de convocatoria a elecciones durante el mandato interino de Jeanine Añez, lo que le valió ser acusada de traidora por el ala radical de su partido. En medio de las críticas, ella defendió el haberse quedado a dar la cara cuando el país ardía y los padres de la patria huían.

Copa fue la primera mujer del bloque popular que interpeló a Morales y se le ha parado de frente en un momento clave, ahí reside su principal capital político”, explica el analista político Carlos Saavedra. La entonces senadora ganó popularidad por haberse mostrado valiente y conciliadora en un momento en el que “el país necesitaba certezas”, apunta el experto.

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La presidenta interina Jeanine Añez
La presidenta interina Jeanine Añez y Eva Copa en la promulgación de la ley de convocatoria a elecciones (REUTERS/David Mercado)

Sin embargo, el haber pactado con el gobierno de Jeanine Añez le pasó factura con el MAS. En 2021, Morales la apartó del frente y le negó la candidatura a la Alcaldía de El Alto. Como un efecto bumerán, la estrategia del líder cocalero salió mal: Copa postuló con otro partido y arrasó en la votación.

En 2022 fue distinguida entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y visitó Nueva York vestida de chola paceña, reivindicando sus orígenes y a las clases populares bolivianas.

Si bien logró mantener un capital simbólico importante, tuvo dificultades de gestión en una ciudad que tiene tanta población como necesidades. En paralelo creó su propio partido, con una sigla idéntica a la de Claudia Scheinbaum en México, y mostró una buena coordinación con el Gobierno de Luis Arce. De hecho, su candidato a vicepresidente y su jefe de campaña fueron colaboradores cercanos del presidente.

Con Morales la relación no ha hecho más que enfriarse. Si bien nunca hubo un trato cercano y sus encuentros se limitaron a unas pocas reuniones de bancada para tratar temas de gestión, a ella le molestó el haberse enterado de su renuncia por televisión, haber sentido “abandono” cuando se quedó a cargo de la Asamblea Legislativa y por ser desplazada del partido en las elecciones municipales.

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Eva Copa en una gala
Eva Copa en una gala de la Revista Time en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

Su nueva apuesta electoral no parece muy prometedora. Las encuestas le dan menos del 2% de intención de voto y su campaña política para las elecciones es un misterio, no ha hecho ningún acto de propaganda público salvo por algunas entrevistas televisivas.

Al parecer, la estrategia pasaba por ser la única opción de izquierda alternativa al MAS si Andrónico Rodríguez no era habilitado a las elecciones. Cuando faltan 21 días para la votación, las listas de Morena están abiertas y casi vacías: de los más de 300 candidatos al Legislativo solo tiene siete inscritos, lo que le da pie para anotar candidatos a último minuto porque la norma electoral lo permite en caso de inhabilitación.

Se sabe que hubo acercamientos con el evismo para canalizar esa fuerza política a través de Morena, pero su jefe de campaña, Iván Lima, afirmó que el acuerdo no incluiría a Morales. Sin embargo, hasta ahora no hay nada asegurado, ni siquiera la continuidad de su candidatura: según Lima, bajarse de las elecciones “es una de las posibilidades” que consideran ante su bajo desempeño en las encuestas y la falta de acuerdos entre los candidatos de izquierda.

Después de casi cinco años con un perfil bajo, la ex ministra de Planificación del Desarrollo del Gobierno volvió a la palestra pública. Mariana Prado, de 43 años, es la compañera de fórmula de Andrónico Rodríguez, el aprendiz de Evo Morales que tomó vuelo propio y ahora disputa la Presidencia.

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Mariana Prado, la candidata de
Mariana Prado, la candidata de Alianza Popular, cuando se desempeñaba como ministra de Planificación del Desarrollo (Foto: Urgente Bo)

Prado tiene una larga trayectoria en la gestión pública y créditos académicos. Se graduó de uno de los colegio más exclusivos de La Paz, es abogada y administradora de empresas con especialización en gestión pública y habla tres idiomas. Sus amigas de la escuela la recuerdan como alguien que “hacía todo bien”.

Conoció a Evo Morales en Francia cuando dio una charla en la Casa de América Latina poco antes de asumir la Presidencia por primera vez y ella era una estudiante Lengua y civilización francesa en una universidad afiliada a la Sorbona. Fue a escucharlo y tuvo la oportunidad de saludarlo al finalizar el evento. Diez años después diría en una entrevista que ese día sintió “su aura y su carisma” y que ser parte de su equipo le parecía “un sueño”.

Prado retornó a Bolivia en 2006 y pronto empezó a trabajar en la función pública. Pasó por algunos ministerios, por el directorio de la empresa estatal de aviación y la Vicepresidencia del Estado, donde fue jefa de gabinete de Álvaro García Linera, a quien considera uno de sus mentores. En 2018, a los 34 años, fue designada ministra de Planificación del Desarrollo por sugerencia del vicepresidente. “Casi el 80% de mi perfil ha sido orientado al sector público, he tenido experiencia en el ámbito internacional y algo muy reducido en el sector privado, pero soy una nena del Estado”, manifestó hace poco en una entrevista que se ha viralizado.

Mariana Prado, en la presentación
Mariana Prado, en la presentación de su candidatura, en un hotel de La Paz, el 19 de mayo de 2025 (REUTERS/Claudia Morales)

Tras la caída del Gobierno en 2019, Prado prácticamente desapareció del ojo público y mantuvo un perfil bajo. En el Gobierno de Luis Arce fue designada vicepresidenta de Fonplata hasta que su vida dio un giro en mayo de este año.

Estaba en Argentina cuando recibió la llamada de alguien del entorno de Rodríguez que le dijo que el candidato quería comunicarse con ella. Pensó que le pediría asesoramiento para su redactar plan de Gobierno y se sorprendió cuando la invitó a ser su compañera de fórmula. Se habían conocido cuando ella era ministra y él dirigente sindical de los cocaleros.

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Prado retornó a Bolivia para reunirse en persona y la ex ministra puso dos condiciones para aceptar la propuesta: terciar con un partido que esté en línea con sus principios políticos y no hacer “nada contra Evo”. Con las bases sentadas, aceptó y empezó la tormenta.

El binomio de Alianza Popular
El binomio de Alianza Popular durante una proclamación de su candidatura.

En cuanto Prado asomó en el escenario electoral inició una campaña en su contra. La denuncia más mediática viene de una organización feminista que la acusa de haber “defendido” a un feminicida en 2018, cuando acudió a una citación judicial para testificar sobre la clase de persona que había sido con ella su ex novio, el acusado del feminicidio. Sus detractoras dicen que su asistencia a los tribunales fue un acto político por su posición de ministra. En su defensa ella sostiene que fue incluida en la lista antes de ocupar el cargo y que no testificó sobre el hecho en sí porque no lo presenció.

También enfrentó el rechazo de sectores que respaldan a la Alianza Popular y que posiblemente querían meter a su gente en un país acostumbrado a los cuoteos. Durante algunos días hubo incertidumbre y rumores de relevo.

El 28 de junio, Rodríguez y Prado aparecieron tomados de la mano en la proclamación de su candidatura, como dos sobrevivientes de una ola de ataques políticos y judiciales. En medio de algunas críticas, que han bajado de tono, pero no han cesado y que apelan incluso a su condición social; la candidata defiende su compromiso con el país, su perfil académico y su trayectoria en asuntos de Estado como sus mejores credenciales para dirigir el primer poder del Estado en un quinquenio que se anuncia conflictivo por la crisis económica y política que atraviesa el país.

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Next-gen missile shown off in first Pacific test as US expands long-range arsenal

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In a milestone moment, the Army Friday conducted a live-fire test of its precision strike missiles in Australia, the first ever west of the international dateline. 

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The test, seen in footage obtained by Fox News Digital, marks a significant advancement in the region’s long-range strike capabilities. The precision strike missile (PrSM) has an unclassified range of 300 miles and can hit moving targets on land or at sea. 

The test saw a U.S.-manufactured PrSM launched from a High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) vehicle owned by the Australian Defence Force. 

TAIWAN CONDUCTS LIVE-FIRE DRILLS WITH US-MADE TANKS AS PRESIDENT LOOKS ON

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It was a show of force between the U.S. and Australia at a time of increasing tension in the Indo-Pacific. 

«This is just one of the key steps we’re taking throughout the region to deter conflict, while ensuring that our soldiers have the best capabilities available,» said Army Secretary Dan Driscoll, who observed the test at the Mount Bundey Training Area in Australia. «The PrSM allows our forces to hold land and maritime regions at risk, which gives adversaries pause and increases deterrence.»

In a milestone moment, the Army on Friday conducted a live-fire test of its precision strike missiles in Australia, the first ever west of the international dateline.  (US Army )

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The PrSM is the U.S. Army’s newest addition to its long-range precision fires (LRPF) portfolio, a triad of advanced strike systems that includes HIMARS-launched missiles, the mid-range capability platform and the Dark Eagle hypersonic missile.

While HIMARS has already proven itself in combat zones like Ukraine, where its ability to rapidly fire and evade counterattack has made it a prized system, the integration of the PrSM into this platform significantly enhances its strategic utility. 

The mobile launcher can be deployed from C-17 and C-130 aircraft, a U.S. Navy landing craft and even from ships at sea, a capability tested in joint drills with the U.S. Navy and Marine Corps.

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Unlike the 90-mile-range Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System (ER GMLRS), which fires six missiles per HIMARS, the PrSM packs two missiles per launcher and can reach more than triple the distance.

Asked why the missiles were an important part of preparation for a potential war in the Indo-Pacific, Driscoll told reporters, «I think if you look at the way conflict is unfolding now, what is not being rewarded is large, massive presences with static locations and big footprints and signatures. What is being rewarded is the ability to be agile, hide your signature and move quickly.» 

rocket test

A U.S.-manufactured PrSM was launched from a High Mobility Artillery Rocket System vehicle owned by the Australian Defence Force.  (US Army )

Fielding of HIMARS continues across the U.S. Indo-Pacific Command, with the 25th Infantry Division in Hawaii recently receiving 16 launchers, a first for a light infantry division tasked with jungle and archipelagic warfare. Officials say they are looking to increase munitions production with key allies.

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PENTAGON MAY SINK BIDEN-ERA DEAL TO SELL AUSTRALIA NUCLEAR-POWERED SUBMARINES

The test comes after it was revealed the Pentagon privately pressed Australia to define how it might help if war broke out over a Chinese invasion of Taiwan. Australia responded by stressing it would not commit troops in advance of any conflict.

Daniel Driscoll, President Donald Trump's nominee to be the Department of Defense's Secretary of the Army, testifies before a Senate Armed Services Committee hearing on his nomination on Capitol Hill, Thursday, Jan. 30, 2025, in Washington

Army Secretary Dan Driscoll, who observed the test at the Mount Bundey Training Area in Australia. (AP)

Australia does not permit permanent foreign military bases, but the U.S. is expanding its rotational presence at Australian sites. Australia and the U.S. recently led a major joint exercise in Sydney involving 30,000 troops from 19 countries.

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It also comes at a time when Washington is reconsidering whether to sell nuclear-powered, Virginia-class submarines to Sydney through the Australia-UK-US (AUKUS) deal.

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The three nations would jointly design a new class of submarines, with Australian production beginning in the 2040s. 

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