Varios abogados destacados han publicado duras críticas académicas y opiniones jurídicas sobre el recientemente concluido “juicio del siglo” del Vaticano. Hablan de violación de los derechos básicos de defensa y de las normas del Estado de derecho que, según advierten, podrían tener consecuencias para la Santa Sede en el futuro.

Las opiniones citan el papel del papa Francisco en el juicio, en tanto cambió secretamente la ley del Vaticano cuatro veces durante la investigación para beneficiar a los fiscales. Y ponen en duda la independencia e imparcialidad del tribunal, ya que sus jueces juran obediencia a Francisco, quien puede contratarlos y despedirlos a voluntad.

Las críticas subrayan los crecientes problemas de la escena internacional para el peculiar microestado que la Santa Sede llama hogar: una monarquía absoluta donde Francisco ejerce el poder legislativo, ejecutivo y judicial supremos.

Es probable que las opiniones legales aparezcan en las apelaciones presentadas ante el sistema judicial del Vaticano por las nueve personas que en diciembre fueron declaradas culpables de varios delitos financieros relacionados con la fallida inversión del Vaticano de 350 millones de euros en una propiedad de Londres. Y también podrían plantearse durante la actual revisión del cumplimiento de las normas europeas por parte de la Santa Sede en el Consejo de Europa.

Durante dos años de audiencias, los abogados defensores pusieron de relieve muchas de las mismas cuestiones que ahora plantean los analistas externos. Pero el tribunal presidido por el juez Giuseppe Pignatone rechazó repetidamente sus mociones.

Después de que se emitieran los primeros veredictos, el director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli, insistió en que el proceso había sido justo, que los jueces habían actuado con independencia y que el juicio se había desarrollado «respetando plenamente las garantías de los sospechosos».

Geraldina Boni, profesora de derecho canónico y eclesiástico de la Universidad de Bolonia y asesora de la oficina jurídica del Vaticano, mostró su desacuerdo en un artículo publicado el lunes en la revista jurídica revisada por pares de la Universidad de Milán.

Junto a los expertos legales de la iglesia Manuel Ganarin y Alberto Tomer, Boni dijo que los cuatro decretos ejecutivos secretos que Francisco redactó durante la investigación dieron a los fiscales “esencialmente, y de forma un poco surrealista, ‘carta blanca’” para continuar con la causa sin que ningún juez los supervisara.

Los decretos, que nunca fueron publicados, otorgaron a los fiscales autorización para interceptar las comunicaciones de los sospechosos y tomar contra ellos «cualquier» medida preventiva que fuera necesaria, incluso desviándose de la ley vaticana existente. La defensa sólo tuvo conocimiento de su existencia una vez iniciado el juicio.

Boni, que dijo que le habían pedido que diera una opinión jurídica para la defensa del cardenal Angelo Becciu, condenado por malversación de fondos, afirmó que los decretos representan una clara violación del derecho a un juicio justo, que exige «la igualdad de armas» entre la defensa y la fiscalía.

«Es obvio que las personas investigadas en la causa se encontraban en una situación de desventaja considerable y onerosa, dado que desconocían por completo las nuevas facultades de investigación de la fiscalía y, por lo tanto, no podían prever razonablemente los efectos de sus acciones», escribió en » Estado, Iglesia y pluralismo confesional”.

Francisco aparentemente ha tratado de justificar las medidas tomadas para poner en marcha el juicio diciendo al personal del tribunal en 2023 que debería “evitar el riesgo de confundir el dedo con la luna’” o permitir que se interpongan obstáculos en el camino de un mayor bien.

Pero Boni argumentó que, en el derecho penal y procesal, los fines no pueden justificar los medios. Semejante actitud, advirtió, “podría terminar justificando cualquier conducta y cualquier uso del poder soberano en la búsqueda de los culpables a toda costa”.

Aunque el tribunal intentó compensar tales “abusos inaceptables”, escribió, las anomalías fueron tan graves que “invalidaron toda la justicia del juicio, anticipando una violación de la ley divina a la que incluso el Papa está sujeto”.

Paolo Cavana, profesor de derecho canónico y eclesiástico de la Universidad LUMSA, asociada al Vaticano, argumentó que la Santa Sede está sujeta a las normas europeas que garantizan un juicio justo «por un tribunal independiente e imparcial», a pesar de que técnicamente nunca firmó la Convención Europea sobre Derechos Humanos.

En la misma revista que Boni, Cavana argumentó que la Santa Sede se comprometió a defender los principios fundamentales de la convención cuando en 2009 firmó un acuerdo monetario con la UE que permitía al Vaticano utilizar el euro como moneda oficial.

Pero dijo que es un tema de debate si los jueces del Vaticano son verdaderamente independientes “dado el carácter omnipresente de los poderes del pontífice”.

Está claro que los decretos papales ejercieron sobre los jueces “una fuerte presión respecto del resultado del juicio en sí”, escribió.

Cavana, que desde 2019 también se desempeña como asesor del primer ministro italiano en asuntos eclesiásticos y vaticanos, advirtió que Italia y otros estados podrían no reconocer las sentencias dictadas por un tribunal si los jueces no son considerados independientes e imparciales.

Rodney Dixon, un experimentado abogado británico de derechos humanos e internacionales, dijo lo mismo en una opinión jurídica preparada a pedido del acusado Raffaele Mincione. Dixon señaló que los países deberían negarse a cooperar con el tribunal del Vaticano y a respetar sus veredictos, en tanto el juicio había estado “empañado por violaciones considerables de obligaciones legales internacionales consagradas y aplicables a todos los procesos penales”.

Dixon, que ha trabajado como abogado ante el Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hizo referencia a los cuatro decretos papales, la negativa del tribunal a permitir a Mincione llamar a siete testigos y la negativa de los fiscales a entregar todas las pruebas a la defensa.

El presidente del tribunal, Pignatone, rechazó repetidamente las afirmaciones de la defensa de que los sospechosos no estaban recibiendo un juicio justo e incluso llegó a excluir el testimonio del acusado Gianluigi Torzi, que fue arrestado y estuvo detenido durante diez días sin ser acusado como resultado de las facultades especiales otorgadas a los fiscales por el Papa.

En una ordenanza del 1º de marzo de 2022, Pignatone dijo que, si bien el Vaticano no había adherido a ninguna convención internacional de derechos humanos, sus propias leyes incorporaban plenamente sus principios.

Señaló que tanto los tribunales italianos como los suizos han reconocido anteriormente la independencia e imparcialidad de los jueces vaticanos y recordó que, en el ejercicio real de su trabajo, los jueces vaticanos están «sólo sometidos a la ley».

La autora es periodista de Associated Press

Traducción: Elisa Carnelli