Su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos… Desde hace algunos meses, varios miembros del entorno de Pedro Sánchez están siendo investigados en diferentes causas por corrupción que complican la vida del presidente del Gobierno español.

Todos niegan las acusaciones contra ellos, pero la oposición se apoya en estas causas para atacar al dirigente socialista. A continuación, las más importantes:

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de 49 años, está siendo investigada por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias en una causa abierta tras las denuncias formuladas por dos asociaciones próximas de la extrema derecha, Manos Limpias y Hazte Oír.

Gómez, que dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid, está acusada de haberse aprovechado del cargo de su marido en sus relaciones profesionales.

El juez Juan Carlos Peinado, que ya la citó a declarar a finales de julio y la recibió de nuevo este miércoles, investiga también si se apropió indebidamente de un software creado para la cátedra de la Complutense que ella dirigía y que fue financiado presuntamente por empresas.

A mitad de noviembre, Gómez aseguró ante una comisión del Parlamento regional de Madrid, donde gobierna la derecha, que las denuncias en su contra tienen «un objetivo político evidente».

Considerado durante mucho tiempo como el brazo derecho de Pedro Sánchez, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está siendo investigado en un caso de presunta corrupción y desvío de fondos, junto a un antiguo asesor suyo, Koldo García.

La justicia trata de determinar si Ábalos participó en la presunta contratación irregular de barbijos y material sanitario durante la pandemia de covid, recibiendo comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama, junto a Koldo García.

Citado el lunes por el juez, De Aldama reiteró sus acusaciones contra Ábalos, que niega todo, y Koldo García, que también dijo que ni él ni el exministro recibieron comisiones del empresario.

Según un documento judicial al que tuvo acceso AFP en noviembre, la justicia investiga si, como «compensación económica» a sus servicios, Ábalos disfrutó de una vivienda adquirida en Cádiz, Andalucía, por parte de la empresa que recibió los contratos para proveer el material sanitario.

El entonces titular de Transportes fue cesado de su cargo en la renovación del Gobierno que Sánchez realizó en julio de 2021, con la que según él solo buscaba darle un «impulso» a su gabinete.

Ábalos fue expulsado del Partido Socialista cuando explotó el caso en febrero, aunque sigue manteniendo su acta como diputado, ahora como independiente.

La justicia abrió una investigación a David Sánchez, hermano menor de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, tras otra denuncia formulada por Manos Limpias.

Según la prensa española, este colectivo cercano a la extrema derecha denunció a David Sánchez, responsable de Artes Escénicas de la Diputación provincial de Badajoz (suroeste), por presuntamente percibir un sueldo público sin acudir debidamente a su trabajo.

Manos Limpias cuestiona también las condiciones en las que fue contratado en 2017 por la administración de esta provincia, dirigida por los socialistas.

El hermano del presidente del Gobierno tendrá que acudir a declarar ante el juez el próximo 9 de enero.

El entorno del presidente del Gobierno también está siendo investigado por la presunta filtración a los medios de comunicación de informaciones relativas al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una influyente figura del Partido Popular (derecha), el primero de la oposición.

Durante una investigación por fraude fiscal en su contra, el empresario habría enviado un mail a la Fiscalía proponiéndole alcanzar un acuerdo que implicaría declararse culpable. Esta comunicación llegó rápidamente a la prensa.

La polémica filtración derivó a mediados de octubre en un hecho sin precedentes en la historia judicial española, cuando el Tribunal Supremo abrió una investigación al fiscal general del Estado, como sospechoso de haberla promovido.

También provocó la dimisión del responsable del partido socialista en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, quien se vio internamente forzado a renunciar tras haber implicado en la presunta filtración a una asesora de Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno.